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MEDIA COLUMNA
El Congreso suprime
la democracia local
Jorge Morelli
@jorgemorelli1
jorgemorelli.blogspot.com
jorgemorelli.blogspot.com
El Congreso ha eliminado las organizaciones políticas locales. En
adelante el buen vecino a quien el pueblo quiere de alcalde, tendrá que ir a
tocar la puerta de un partido nacional a ver si este quiere llevarlo de
candidato.
Me pregunto qué hubiera pensado de esto Fernando Belaunde, quien vivió orgulloso
de haber instituido las elecciones municipales en su primer gobierno y haberlas
restablecido en el segundo, luego de doce años de dictadura miltar.
Anota Martín Tanaka que los partidos nacionales pasaron de elegir 110 alcaldes
en 2001 a solo 47 en 2014, mientras los movimientos regionales pasaron de 30 alcaldes
en 2002 a 141 en 2014. Y las organizaciones locales que eligieron 54 alcaldes
provinciales en 2002, pasaron a 5 en 2014.
Concluye Tanaka de lo anterior que las organizaciones locales están
siendo desplazadas “de manera natural” por los movimientos regionales. Pero,
por lo visto, los movimientos regionales están desplazando “de manera natural” también
a los partidos nacionales. Desde ese punto de vista, si hay una amenaza para el
sistema de partidos, proviene de los movimientos regionales, no de las organizaciones
políticas locales.
Increíblemente, ante esta situación vergonzosa para los partidos, la decisión
de los mismos es volver al pasado por ley. La solución es imponerles a los
candidatos locales –no a los regionales- la obligación de ir con un partido para
poder presentarse a las elecciones.
Y el argumento con que se justifica el atropello contra la democracia local
es delirante. Se hace para evitar la fragmentación del sistema de partidos. Es decir,
los partidos en el Congreso deciden que la democracia local no sirve, porque perjudica
a los partidos. Es difícil imaginar un acto de prepotencia igual. Uno sin
relación lógica alguna con lo que la realidad muestra.
Y esto pasa inadvertido a la opinón pública porque viene disimulado al
interior de un paquete confuso de reformas electorales.
No hay otra democracia que la local, en primer lugar. Es la base del
orden político.
REPORTE DE NOTICIAS en Internet
Las siguientes notas periodísticas de
política y economía han sido seleccionadas, editadas y ordenadas
temáticamente. No se las debe citar como
tomadas directamente de sus fuentes originales, las mismas que se indican
sólo como una forma de reconocer el crédito
y agradecer la cortesía.
ANTICORRUPCION,
PERSECUCIÓN, JUDICIALIZAC ION POLITICA
La República
La Sub Comisión de Acusaciones
Constitucionales debatirá y votará este lunes las
acusaciones contra cuatro miembros del TC. El grupo,
presidido por la fujimorista Milagros Takayama, admitió a trámite
la denuncia constitucional contra los magistrados del TC Marianella Ledesma, José Luis Sardón, Carlos Ramos y Eloy Espinoza-Saldaña.
El
magistrado del TC Carlos Ramos comparó la decisión de la Comisión
Permanente del Congreso, de mayoría fujimorista, con la destitución de tres
magistrados que se opusieron a la interpretación auténtica de la re-reelección
de Alberto Fujimori, sancionados en 1997 por un Parlamento también bajo control
fujimorista.
Explicó
que existen mecanismos para expresar disconformidad con los votos de los
jueces, como la impugnación y el pedido de reposición que han presentado los marinos
procesados por la matanza de El Frontón que
discrepan de la sentencia.
“Pero
cuando se utilizan mecanismos políticos, como una acusación constitucional en
un caso que no está cerrado, como ocurre con El Frontón, lo único que se puede
pensar es que se está afectando la autonomía del Tribunal Constitucional”,
alertó. Recalcó que se debe tener cuidado con “las tentaciones autocráticas”.
“Esta
acusación es una amenaza para los magistrados que van a ver cosas actuales,
como las que van a venir después”, refirió.
Por
su parte, el magistrado Eloy Espinoza expresó su protesta
porque los congresistas estén tratando de interferir en este y otros casos en
curso en el ente constitucional, como el
expediente de Perubar.
“Tenemos
al presidente de la Comisión de Fiscalización (Héctor Becerril), vocero de una
bancada, hablando en los medios y mandando cartas diciendo cómo tenemos que
resolver”, requirió.
Por
otro lado, existe una medida cautelar presentada hace unas semanas por
ciudadanos peruanos ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
“Yo por lo menos me voy a adherir a este mecanismo”, indicó el magistrado Carlos
Ramos.
Asimismo,
se sabe que un relator de las Naciones Unidas para la independencia judicial ha
estado indagando sobre las denuncias de amenaza a la autonomía del TC por parte
del Congreso.
El Comercio
El viernes, durante el debate en la Comisión
Permanente, la legisladora de Nuevo Perú, Marisa Glave, expresó que aún no se
puede hablar de una infracción constitucional, "porque el caso todavía no
ha terminado de resolverse en ell TC".
Por su parte, Lourdes Alcorta, de Fuerza Popular, consideró que no se debía esperar a que concluya el proceso en el TC y que se debía iniciar la investigación.
Por su parte, Lourdes Alcorta, de Fuerza Popular, consideró que no se debía esperar a que concluya el proceso en el TC y que se debía iniciar la investigación.
El
Comercio, editorial
Mucho
se ha dicho en las últimas semanas sobre la actuación de cuatro magistrados
del Tribunal Constitucional respecto
de una sentencia relacionada con el Caso El Frontón, y que ha motivado una
acusación constitucional que se ventila en su contra ante el Congreso.
Para entenderlos en su real dimensión, es imprescindible recordar sucintamente los hechos. En el 2013, el Tribunal Constitucional (TC) resolvió, en última instancia, la demanda de hábeas corpus que había interpuesto un grupo de ex oficiales de la Marina de Guerra contra el proceso penal en el que se los acusa de una matanza en el penal El Frontón (que estaba tomado por terroristas presos), producida en 1986. Los investigados alegaban que no debían ser procesados, pues los hechos imputados ya habían prescrito por el paso del tiempo.
En dicha oportunidad, el TC resolvió (con cuatro votos a favor y dos en contra) que el Estado Peruano tenía el deber de investigar los hechos y, por tanto, el proceso penal debía continuar, en cumplimiento con lo que había dispuesto años atrás la Corte Interamericana de Derechos Humanos. También concluyó, sin embargo, que era nula la resolución que daba inicio al proceso penal en el extremo que declaraba que los hechos investigados constituirían crímenes de lesa humanidad. Para el voto mayoritario, los hechos que se imputaban a los ex marinos no ameritaban esa calificación. En particular, el magistrado Vergara Gotelli –quien votó con la mayoría– consideró además en un voto singular que “el delito de lesa humanidad cuya imprescriptibilidad se sanciona en el caso no se encontraban (sic) vigente en el ordenamiento del Estado Peruano” en 1986, cuando ocurrieron los hechos.
Para entenderlos en su real dimensión, es imprescindible recordar sucintamente los hechos. En el 2013, el Tribunal Constitucional (TC) resolvió, en última instancia, la demanda de hábeas corpus que había interpuesto un grupo de ex oficiales de la Marina de Guerra contra el proceso penal en el que se los acusa de una matanza en el penal El Frontón (que estaba tomado por terroristas presos), producida en 1986. Los investigados alegaban que no debían ser procesados, pues los hechos imputados ya habían prescrito por el paso del tiempo.
En dicha oportunidad, el TC resolvió (con cuatro votos a favor y dos en contra) que el Estado Peruano tenía el deber de investigar los hechos y, por tanto, el proceso penal debía continuar, en cumplimiento con lo que había dispuesto años atrás la Corte Interamericana de Derechos Humanos. También concluyó, sin embargo, que era nula la resolución que daba inicio al proceso penal en el extremo que declaraba que los hechos investigados constituirían crímenes de lesa humanidad. Para el voto mayoritario, los hechos que se imputaban a los ex marinos no ameritaban esa calificación. En particular, el magistrado Vergara Gotelli –quien votó con la mayoría– consideró además en un voto singular que “el delito de lesa humanidad cuya imprescriptibilidad se sanciona en el caso no se encontraban (sic) vigente en el ordenamiento del Estado Peruano” en 1986, cuando ocurrieron los hechos.
Aunque
esa parte de la sentencia ha sido objeto de mucha controversia –en particular,
porque la determinación de la naturaleza de un delito correspondería
propiamente a un proceso penal con instancia probatoria, y no a un proceso de
tutela de urgencia como el hábeas corpus–, quedó meridianamente claro que esa
había sido la determinación del voto mayoritario del TC. Sin embargo, en marzo de este año,
a raíz de un pedido de subsanación que se había presentado cuatro años atrás,
el TC (por cuatro
votos contra tres) decidió cambiar las cosas. Haciendo una lectura antojadiza
–por decir lo menos–, interpretó que el voto del magistrado Vergara había sido
distinto al que explícitamente rubricó y, dado que en su voto singular este
también opinó que no correspondía al TC calificar el hecho como un crimen de lesa humanidad,
cambió el resultado de esa parte de la sentencia. Así, entendió que tres votos
habían sido a favor de anular la calificación de crímenes de lesa humanidad en
el proceso penal contra los ex marinos, y otros tres votos se habían
pronunciado en contra (incluyendo en esa suma, increíblemente, el de Vergara),
y decidió inclinar la balanza a favor de estos últimos, porque contaban con el
voto dirimente del entonces presidente del TC. En buena cuenta, consideraron que el magistrado Vergara había
colocado su firma en el voto mayoritario “por error”.
¿Qué
cambió en cuatro años para que el TC modificara
el sentido de una sentencia definitiva? En el caso, nada. Pero sí en quienes
ocupaban las sillas de los magistrados. Fueron cuatro nuevos miembros del TC los que decidieron cambiar el
sentido a un fallo que había adquirido firmeza: Manuel Miranda, Marianella
Ledesma, Carlos Ramos y Eloy Espinosa-Saldaña. Ni siquiera el propio vocal
Urviola, que había fallado con la minoría en el caso original, respaldó el
intento de estos cuatro magistrados por reemplazar la voluntad declarada por el
juez Vergara.
Con prescindencia de lo que se pueda pensar respecto de los delitos imputados del Caso El Frontón y si estos calificarían o no como crímenes de lesa humanidad, la actuación de los cuatro magistrados del TC al querer suplantar la voluntad de uno de sus ex miembros y cambiar el sentido de un fallo firme es condenable y viola uno de los principios fundamentales de la Constitución que supuestamente están llamados a defender: la cosa juzgada. De acuerdo a la Carta Magna, ninguna autoridad “puede dejar sin efecto resoluciones que han pasado en autoridad de cosa juzgada […] ni modificar sentencias” y, lamentablemente, eso es precisamente lo que han hecho estos cuatro magistrados.
Así las cosas, mal hacen estos magistrados en calificar la acusación constitucional como una intromisión o amenaza a sus funciones, pues a los únicos a los que se puede responsabilizar por el trance legal que ahora enfrentan es a ellos mismos.
Con prescindencia de lo que se pueda pensar respecto de los delitos imputados del Caso El Frontón y si estos calificarían o no como crímenes de lesa humanidad, la actuación de los cuatro magistrados del TC al querer suplantar la voluntad de uno de sus ex miembros y cambiar el sentido de un fallo firme es condenable y viola uno de los principios fundamentales de la Constitución que supuestamente están llamados a defender: la cosa juzgada. De acuerdo a la Carta Magna, ninguna autoridad “puede dejar sin efecto resoluciones que han pasado en autoridad de cosa juzgada […] ni modificar sentencias” y, lamentablemente, eso es precisamente lo que han hecho estos cuatro magistrados.
Así las cosas, mal hacen estos magistrados en calificar la acusación constitucional como una intromisión o amenaza a sus funciones, pues a los únicos a los que se puede responsabilizar por el trance legal que ahora enfrentan es a ellos mismos.
El Comercio
El vocero de Fuerza Popular, Daniel Salaverry, aseguró
que la denuncia constitucional que ha presentado para remover del cargo al
fiscal de la Nación, Pablo
Sánchez, es por la investigación del Caso Lava Jato y no en
represalia por el proceso contra Keiko Fujimori. El parlamentario confirmó que
presentó dicha denuncia para "destituir e inhabilitar al actual Fiscal de
la Nación".
El vocero también manifestó que la denuncia fue
presentada a título personal y que en la reunión de bancada de Fuerza Popular de
este martes 7 la planteará a sus colegas.
El congresista Héctor Becerril dijo que nadie está
por encima de la ley, ni Pablo Sánchez, ni los miembros del Tribunal
Constitucional.
La congresista
fujimorista Úrsula Letona dijo que con la denuncia constitucional contra Pablo Sánchez, titular del Ministerio
Público, su colega está haciendo uso de su prerrogativa constitucional de
fiscalización. También afirmó que la postura de Salaverry no es una represalia
por la investigación a Keiko Fujimori.
GOBERNABILIDAD, DEMAGOGIA, AUTORITARISMO,
DEMOCRACIA
La República
El
presidente Pedro Pablo Kuczynski sostuvo
que es absolutamente fundamental que los poderes del Estado dialoguen, luego
que la bancada de Fuerza Popular se negara al diálogo
propuesto por la premier Mercedes Aráoz.
En
simultáneo, el mandatario volvió a mostrar una actitud complaciente hacia Fuerza
Popular al hablar una vez más del posible indulto de Alberto Fujimori.
Kuczynski
indicó que además de la delegación de facultades, existen varias medidas
legislativas que el Ejecutivo presentó al Legislativo desde
el 28 de julio y
que están relacionadas con facilitar las expropiaciones para hacer las obras
públicas, el tratamiento de aguas residuales, la Autoridad Metropolitana de
Tránsito. Sobre los proyectos el presidente Kuczynski indicó
que estos lamentablemente no han sido tratados por las comisiones con la
premura del caso, pese que así lo dice la Constitución.
El Comercio
El vocero alterno de Fuerza Popular, Héctor Becerril, rechazó que su bancada se haya negado a
recibir a la presidenta del Consejo de Ministros, Mercedes Aráoz, para dialogar. señaló que la bancada no ha
recibido ninguna invitación formal para una reunión, solo una llamada vía
telefónic al congresista Daniel Salaverry pidiendo una reunión.
“Deberíamos tener esa reunión, pero obviamente cuando
lleguen los temas sobre los cuales quieren la delegación de facultades en forma
oficial y acotada”, sostuvo.
El Comercio
El presidente Pedro Pablo Kuczynski (PPK) dijo esperar
que el Congreso brinde las facultades legislativas que la primera ministra
Mercedes Aráoz solicitará próximamente. El jefe de Estado reveló que mantiene
plena confianza en que los congresistas de Fuerza Popular reconsideren su
negativa a reunirse con la primera ministra.
El Comercio
El parlamentario de Fuerza Popular Kenji Fujimori se presentó ante el
Comité Disciplinario de su partido, luego que se abriera otro proceso en su
contra el pasado 19 de septiembre, el segundo desde que asumió sus funciones
legislativas.
En los
exteriores lo esperaban ya algunos de sus simpatizantes quienes, con pancartas
y arengas, le mostraron su apoyo.
Enre los argumentos por los cuales Fuerza
Popular le abrió un segundo proceso disciplinario se encuentran: publicar un
artículo en un semanario, emitir mensajes a través de Twitter y cubrirse la
boca con una cinta cuando se debatía en el pleno del Congreso la ley
antitránsfuga, una iniciativa de su propia bancada.
El
Comité Disciplinario está conformado por sus colegas Karina Beteta, Miguel
Torres y Freddy Sarmiento. La diligencia duró aproximadamente dos horas.
A su salida, Kenji Fujimori señaló que, a su juicio, se están vulnerando
sus derechos con este proceso. “Se están vulnerando mis derechos no solo como
congresista, sino como ciudadano”, expresó Fujimori.
El congresista Fujimori
llegó a dar sus descargos no sin antes escribir en su cuenta de Twitter un
mensaje en el cual ironizó sobre la acusación constitucional que ha presentado
el vocero de su bancada, Daniel Salaverry, contra el Fiscal de la Nación. "Camino
a presentarme al Comité Disciplinario. Mejor me apuro porque, de lo contrario,
me pueden poner 'denuncia constitucional'", escribió en las redes
sociales.
El Comercio
La congresista de Fuerza Popular Úrsula Letona consideró que su
colega de bancada Kenji Fujimori debe ser
suspendido por 120 días de sus derechos partidarios en el segundo proceso
disciplinario.
La República
El Hamlet del indulto
Mirko Lauer
Pedro
Pablo Kuczynski ha convertido su relación con el indulto en un arte de la
indecisión. Ha cavilado a lo largo de más de un año, y emitido sobre el tema
declaraciones para todos los gustos, ninguna concluyente. El efecto de tal
irresolución ha sido mantener la excarcelación de Alberto Fujimori como un
centro de la atención política. ¿Es lo que ha buscado?
PPK
ha sido consistente en ignorar el discurso de los abogados y en presentar sus
dudas sobre el indulto como una preocupación humanitaria: evitar que Fujimori
muera en la cárcel. El problema en esto es que el preso no ha podido demostrar
que sus males efectivamente son de ese calibre. Lo cual PPK parece haber
entendido como un alargamiento del plazo para tomar la decisión.
Al mismo tiempo la
cuestión tiene una faceta nada humanitaria, pues preso o libre el ex presidente
es una ficha importante en la política. Su prisión ayuda a mantener el orden
establecido en Fuerza Popular, en esa medida no indultar puede ser visto como
un aporte a mejores relaciones entre el Ejecutivo y la mayoría del Congreso.
Aunque quizás más ha ayudado darle a FP medio gabinete.
De otra parte el indulto
tendría un costo entre sectores influyentes del sentimiento oficialista, que lo
verían como una claudicación, y un error político en el mediano plazo. A estos
sectores el argumento humanitario les importa poco, y además consideran que el
peligro de muerte no está demostrado, y podría ser elemento de una farsa.
Frente a esta encrucijada
PPK parece considerar que sí va a producirse el momento adecuado para indultar
sin, o con pocas, consecuencias. Así, las declaraciones vagamente herméticas
que él va soltando de cuando en cuando serían maneras de sondear el ambiente.
Mientras tanto su gente va informando sobre los momentos en que el tema “no
está en la agenda”.
¿Puede esta mecánica
continuar indefinidamente? En el fondo no hay nada que se lo impida. Pero es
inevitable que termine siendo vista como la manera que PPK ha encontrado para
no indultar mientras va buscando la manera de hacerlo. En los bordes se van
acumulando la expectativa y la zozobra de los más interesados en el asunto.
ELECCIONES, PARTIDOS, ENCUESTAS, MEDIOS,
PSICOSOCIALES
La República
Sistema político subnacional
Martín Tanaka
En el debate sobre la reforma
política y electoral, el Congreso decidió abandonar el camino de una reforma
integral y optar por privilegiar en el corto plazo lo urgente, referido a las
próximas elecciones regionales y municipales. En esa dirección, se aprobaron
cambios en el cronograma electoral que apuntan a establecer plazos más
razonables y evitar el cambio en las reglas de competencia una vez iniciada
esta (lo que está muy bien en general); también la prohibición para competir
por parte de sentencionados por delitos graves (resultaba imprescindible). Hay
dictámenes aprobados por la Comisión de Constitución que todavía no llegan a
ser debatidos en el pleno del Congreso, como la iniciativa que busca hacer más
transparente el financiamiento de las campañas electorales, acaso el tema más
importante del paquete de iniciativas en debate. Como ya se ha mencionado aquí,
hay aspectos positivos, como la prohibición de aportes anónimos y la obligación
de bancarizarlos, pero el problema es que no hay sanciones efectivas al
incumplimiento: la sanción debería ser política, y en última instancia debería
llevar a la pérdida de registro de los partidos infractores.
Además, el Congreso acaba de
aprobar la eliminación de las organizaciones políticas locales (provinciales y
distritales) para las próximas elecciones, salvo las que hayan iniciado ya su
proceso de inscripción. Puede ser razonable a mediano plazo, dado que estas
organizaciones existen solamente para una elección y luego pierden su registro
y dan pie a una excesiva fragmentación, pero no es evidente la urgencia de una
medida como ésta, considerando que ya de manera “natural” estas organizaciones
están siendo desplazadas por los movimientos regionales (en las elecciones de
2002, las organizaciones locales eligieron 54 alcaldes provinciales, pero en
las de 2010 y 2014 apenas 6 y 5, respectivamente, mientras que los movimientos
regionales pasaron de elegir 30 en 2002 a 141 en 2014; los partidos nacionales
pasaron de 110 en 2001 a 47 en 2014, como referencia). Está también el dictamen
que eleva la valla requerida para ser elegido gobernador en primera vuelta, del
30% al 40% de los votos; se trata de una medida inútil, porque no ayudará a dar
más legitimidad a las autoridades, y más bien estimulará la fragmentación que se
quiere supuestamente reducir. Al ser más exigente el requisito para ganar en
primera vuelta se estimula la pelea por el segundo lugar, meta más accesible
para los actores secundarios.
Si la preocupación es la
legitimidad de las autoridades regionales, deberíamos pensar en cómo funcionan
los gobiernos regionales, en particular la relación entre el Gobernador y el
Consejo Regional. La experiencia sugiere que en las malas gestiones regionales
los Gobernadores suelen actuar con extrema discrecionalidad y arbitrariedad, lo
que termina dando lugar a malas administraciones, cuando no a extrema
corrupción. Los consejos no funcionan como espacios de fiscalización y control;
y así como no existen los partidos nacionales, tampoco los movimientos
regionales son representativos, los consejos se eligen sobre la base de las
provincias, con lo que los que llegan al consejo básicamente se representan a
sí mismos, antes que a colectividades. Para los gobernadores torcidos resulta
sencillo cooptar a los consejeros mediante prebendas destinadas a las
provincias que representan los consejeros. Si se quisiera hacer algo para
mejorar la legitimidad de los gobiernos regionales, se debería pensar en
iniciativas que fortalezcan la transparencia y el control de las decisiones de
las autoridades.
El Comercio
Tecnócratas bajo fuego
Alfredo Torres
La
renuncia de Pablo de la Flor a
la dirección ejecutiva de la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios,
luego de seis meses de su auspicioso nombramiento, ha reavivado las críticas
hacia la tecnocracia que ya eran intensas en los
meses previos a la censura de Fernando Zavala como presidente del Consejo de
Ministros. Como se sabe, De la
Flor cayó luego de enfrentarse a los gobernadores regionales por la
gestión de la reconstrucción y Zavala fue censurado al enfrentarse al Congreso
por la política educativa del Gobierno.
Las críticas a la tecnocracia provienen tanto de políticos como de analistas que se sienten desplazados o menospreciados por los tecnócratas, a quienes tildan de no entender la realidad nacional por provenir del sector privado, ser insensibles a las demandas sociales y actuar con arrogancia ante cualquier sugerencia. La mayoría de estas críticas son injustificadas, pero vale la pena profundizar en ellas para aclararlas. La tecnocracia ha sido un factor fundamental en el desarrollo y reducción de la pobreza alcanzados por el Perú en los últimos 25 años y es indispensable en cualquier Estado moderno. Sería irresponsable apartarla de la gestión pública.
Las críticas a la tecnocracia provienen tanto de políticos como de analistas que se sienten desplazados o menospreciados por los tecnócratas, a quienes tildan de no entender la realidad nacional por provenir del sector privado, ser insensibles a las demandas sociales y actuar con arrogancia ante cualquier sugerencia. La mayoría de estas críticas son injustificadas, pero vale la pena profundizar en ellas para aclararlas. La tecnocracia ha sido un factor fundamental en el desarrollo y reducción de la pobreza alcanzados por el Perú en los últimos 25 años y es indispensable en cualquier Estado moderno. Sería irresponsable apartarla de la gestión pública.
La
afirmación de que no entienden la realidad nacional por provenir del sector
privado es sencillamente falsa. No solo porque el desafío de pagar planillas y
atender necesidades de los consumidores pone a los ejecutivos de las empresas
muy cerca de la realidad social, sino porque la gran mayoría de los tecnócratas cuestionados cuentan
con una valiosa experiencia en el Estado. Por ejemplo, Zavala fue gerente
general del Indecopi, viceministro y ministro de Economía antes de volver como
primer ministro; y De la Flor fue
viceministro de Comercio Exterior en dos oportunidades. Ambos trabajaron en dos
gobiernos diferentes. Lo mismo se podría decir de la gran mayoría de los
integrantes del actual Gabinete Ministerial. De los 19 ministros, al menos 15
han trabajado antes en el Estado.
La acusación de que los tecnócratas son insensibles a las demandas sociales suele ser injustificada. Por ejemplo, si uno revisa las presentaciones de diversos tecnócratas invitados a CADE, encontrará frecuentemente objetivos expresados en indicadores sociales. Lo que ocurre es que, a diferencia de los políticos, suelen ser menos abiertos a atender día a día demandas específicas de distintos sectores de la población. La focalización del tecnócrata en el mediano plazo lo lleva muchas veces a descuidar las demandas de corto plazo. En su afán por no caer en el populismo o el clientelismo, se aleja del hombre de la calle.
La acusación de que los tecnócratas son insensibles a las demandas sociales suele ser injustificada. Por ejemplo, si uno revisa las presentaciones de diversos tecnócratas invitados a CADE, encontrará frecuentemente objetivos expresados en indicadores sociales. Lo que ocurre es que, a diferencia de los políticos, suelen ser menos abiertos a atender día a día demandas específicas de distintos sectores de la población. La focalización del tecnócrata en el mediano plazo lo lleva muchas veces a descuidar las demandas de corto plazo. En su afán por no caer en el populismo o el clientelismo, se aleja del hombre de la calle.
La
crítica a la arrogancia de los tecnócratas parece
tener algún sustento, pero es incorrecta. De lo que muchos pecan, más bien, es
de autosuficiencia. Su éxito académico y profesional les llevan a pensar que
casi siempre tienen la razón y que solo vale la pena escuchar a personas de su
mismo perfil. Pero la gestión pública demanda no solo conocimiento técnico sino
también saber escuchar, sin menospreciar, a políticos y profesionales de otras
especialidades.
Para desarrollar con tranquilidad su trabajo, algunos tecnócratas optan por el perfil bajo. Pero, salvo tareas muy especializadas, es una mala idea. En campos de mayor conflictividad, el perfil bajo implica comportarse como técnicos de mando medio y seguirles la corriente a los políticos más poderosos. Es decir, no estar a la altura de su responsabilidad.
Los mejores tecnócratas son los que despliegan habilidades políticas –por eso se les conoce también como ‘tecnopols’– tales como trasmitir con pasión una visión de un futuro mejor; construir alianzas con actores políticos y líderes de opinión; comunicarse con ideas-fuerza que permitan construir titulares. El ex ministro de Educación Jaime Saavedra, por ejemplo, fue un destacado ‘tecnopol’ que supo convocar e inspirar a políticos, líderes de opinión y ciudadanos de diferentes tendencias en su cruzada por revalorar la carrera docente, mejorar la calidad de la educación e incrementar el presupuesto de su sector.
Para desarrollar con tranquilidad su trabajo, algunos tecnócratas optan por el perfil bajo. Pero, salvo tareas muy especializadas, es una mala idea. En campos de mayor conflictividad, el perfil bajo implica comportarse como técnicos de mando medio y seguirles la corriente a los políticos más poderosos. Es decir, no estar a la altura de su responsabilidad.
Los mejores tecnócratas son los que despliegan habilidades políticas –por eso se les conoce también como ‘tecnopols’– tales como trasmitir con pasión una visión de un futuro mejor; construir alianzas con actores políticos y líderes de opinión; comunicarse con ideas-fuerza que permitan construir titulares. El ex ministro de Educación Jaime Saavedra, por ejemplo, fue un destacado ‘tecnopol’ que supo convocar e inspirar a políticos, líderes de opinión y ciudadanos de diferentes tendencias en su cruzada por revalorar la carrera docente, mejorar la calidad de la educación e incrementar el presupuesto de su sector.
Los tecnócratas como
los políticos tienen que saber librar batallas, aunque a veces las pierdan,
como ocurrió con Saavedra, cuya censura fue promovida por una coalición de
intereses afectados y mentalidades opuestas a sus reformas. Zavala, De la Flor y otros tecnócratas cayeron también ante
coaliciones de políticos y grupos de interés. En algunos casos cayeron porque
les faltó permeabilidad para las críticas, habilidad para construir sus propias
coaliciones y liderazgo para generar corrientes de opinión. En otros, su caída
era inevitable, dada la mayor fortaleza de sus opositores. Lo importante es que
un Estado moderno requiere seguir convocando tecnócratas, y que los políticos, a su vez, deben aprender a
convivir con ellos y a respetar su trabajo. El Perú los necesita.
