sábado, 28 de enero de 2017

ESTA NOCHE sábado 28 enero 2017

ESTA NOCHE sábado 28 enero 2017


ESTA NOCHE, donde usted se entera no de todo lo que ocurre, sino de lo que necesita saber.

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MEDIA COLUMNA
El new deal de EEUU
y el resto del mundo


Jorge Morelli
@jorgemorelli1
jorgemorelli.blogspot.com


Hace 80 años, el presidente Roosevelt propuso a los americanos, en plena depresión económica, un new deal que abrió una globalización que duró 40 años hasta desembocar en la inflación y el estancamiento.  

En 1985 publicamos con Manuel Ulloa y Jaime de Althaus un ensayo –“La Viabilidad de América Latina”- que entreveía el nacimiento de una nueva globalización con una nueva división mundial del trabajo.  EEUU venía abandonando las actividades productivas en las que ya no era competitivo. Estas eran asumidas por las economías emergentes de todo el mundo, que en adelante exportarían masivamente al mercado americano.

La pieza central en esa división del trabajo era el dólar fuerte, que abarataba las importaciones para los consumidores americanos (y las exportaciones para los productores del resto del mundo). A cambio, el mismo dólar fuerte convertía a EEUU en la aspiradora de los capitales de todo el planeta y a Nueva York en el centro del mercado financiero global. 

El esquema producía, es cierto, un fuerte desbalance entre las importaciones y las exportaciones americanas. Pero el déficit creciente de su balanza comercial era milagrosamente compensado, casi exactamente, por la masiva entrada de capitales a EEUU. Un  equilibrio perfecto.

Esa división del trabajo era tácita, nunca tuvo un tratado internacional, no hacía falta alguna. Era mucho más que eso: era un paradigma para la economía global, el del liberalismo.

Ya para 1985, sin embargo, el canciller alemán Helmut Schmidt había advertido que algo no estaba bien. La aspiradora de capitales había causado que el valor total de las transacciones del mercado financiero solo de Nueva York fuera ya entonces 25 veces más grande que el movimiento del comercio mundial. La economía virtual de las finanzas había perdido toda proporción con la economía real. 

Treinta años después, en 2008, esa desproporción había llegado a ser quizás de 70 a uno o más. El crecimiento desbocado del mercado de capitales desembocó en corrupción, en la creación descontrolada de papeles sin respaldo de bienes y, finalmente, en el colapso de la burbuja global ese año.

Esto, mientras en el resto del mundo la economía informal -de bienes sin papeles- crecía sin control igualmente hasta estallar también en una marea de corrupción, de proteccionismo y mercados cerrados para argollas de empresas locales y partidos políticos cómplices -como en Brasil-, y en una ola incontenible de exportación de droga e inmigración ilegal.

Han transcurrido nueve años desde el colapso de 2008, y la economía global aun no recupera el crecimiento, se halla en estado de coma. Donald Trump es la reacción contra esto. Y, como toda reacción, es instintiva.

Trump ha firmado esta semana la orden de construir el muro en la frontera con México. Y suele repetir una frase que parece una burla hiriente: que el muro va a ser bueno para México. Trump no tiene todavía las palabras para expresar lo que quiere decir. Lo que está diciendo, en realidad, es que el muro va a obligar a México a formalizarse para poder exportar a EEUU y a los mexicanos a formalizarse para poder migrar.

Tal vez el muro sea un medio criticable, tal vez ni siquiera sea factible, pero el fin no está equivocado. La cruzada de Trump no es contra el libre comercio como tal, es contra el comercio trucho, sin reglas, contra la ausencia de fair play, ante la que los Estados son impotentes o se hacen de la vista gorda. Y tiene razón.

La oposición de Trump al libre comercio –el neo proteccionismo que supuestamente propugna- parece anunciar el fin del paradigma del liberalismo. Pero es una ilusión óptica, un espejismo. La economía global es un ser vivo, respira. Treinta años atrás se expandía, hoy se contrae. El libre comercio avanza con la globalización y retrocede con ella. Y lo mismo ocurre con el liberalismo, que es su expresión ideológica.  

Lo que le falta decir a Trump es la otra mitad de la negociación, un new deal con el resto del planeta.

Simbólicamente, consistirá en derribar el muro cuando la formalización haya ganado la batalla en las economías emergentes. Cuando en nuestras economías los bienes –desde la tierra hasta las ideas- tengan papeles que pongan en valor la propiedad, el mercado de capitales global podrá vender nuevos papeles con verdadero valor detrás.

Cuando todos nuestros ciudadanos tengan papeles y crédito y compren esos papeles y paguen impuestos, no habrá muro que los detenga ni necesidad alguna de él. Entonces la economía global saldrá del estado de coma y habrá una nueva globalización.   

Este es el new deal de EEUU y el resto del mundo, el que Trump implícitamente está proponiendo.   
    


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Las siguientes notas periodísticas de política y economía han sido seleccionadas, editadas y ordenadas
temáticamente. No se las debe citar como tomadas directamente de sus fuentes originales, las mismas que se indican sólo como una forma de reconocer el crédito y agradecer la cortesía.



GOBERNABILIDAD, DEMAGOGIA, AUTORITARISMO, DEMOCRACIA



Correo
Luego de conocerse que la empresa Graña y Montero (GyM), socia de la cuestionada empresa brasileña Odebrecht, tiene la intención de recuperar $220 millones (95%) de su inversión en el Gasoducto Sur Peruano (GSP), legisladores de diferentes bancadas cuestionaron esa intención y recordaron que GyM participó en el GSP con conocimiento de las coimas que ya daban las empresas cariocas en su país.
Mientras que en Brasil se develaban las coimas que entregaron las empresas de ese país a funcionarios deL Perú durante la gestión de Ollanta Humala (2014), se firmaba el contrato con la corrupta empresa Odebrecht para que realice la construcción del Gasoducto Sur Peruano (GSP).
La cronología de los hechos fue así. El ministro de Energía y Minas (MEM), Eleodoro Mayorga, anunció el 23 de julio del 2014 con bombos y platillos el “inicio de la era del gas en el sur” al anunciar la adjudicación de la obra.
El proyecto del GSP no solo era un proyecto ganado por Odebrecht sino también por la española Enagás. En ese entonces, Graña y Montero no formaba parte de ese consorcio.
Entre tanto, las investigaciones en Brasil seguían avanzando y el tema de las coimas a funcionarios peruanos ya era conocido por las autoridades de ese país.
En el 2015, precisamente el 19 junio, Marcelo Odebrecht era detenido junto a otros funcionarios de su empresa.
Fue un escándalo mundial. No obstante, la empresa peruana GyM, el 10 de agosto del 2015, suscribía un memorándum de entendimiento con Odebrecht para adquirir el 20% del capital social de la empresa GSP.
Luego, el 29 de setiembre del mismo año, GyM anunciaba la inversión de $215 millones para ser socia del proyecto.
“¿Es normal que una empresa se arriesgue a invertir todo ese capital? ¿A seguir acciones de una empresa que venía siendo investigada y cuyo máximo representante estaba ya en la cárcel?”, cuestionó al respecto el fujimorista Héctor Becerril.
Desde el punto de vista de Becerril, la empresa GyM no habría gastado su dinero para una inversión tan riesgosa.
“Ambas empresas han participado en varias obras y concesiones. Graña y Montero acude a realizar una operación ficticia y simulada. Supuestamente, compra ese 20% y ahora sale a pedir el 95% de su inversión (...) Está jugando un papel en favor de Odebrecht y en contra del Estado. Es su testaferro”, manifestó.
En esa línea, exhortó a Graña y Montero a que diga de dónde sacó el dinero para formar parte del proyecto GSP.
“Eso se puede averiguar y eso lo tiene que hacer el fiscal, que demuestre de dónde sacó Graña y Montero ese dinero para esa inversión. Que revise sus cuentas financieras”, indicó.
El legislador dijo que si el Estado hubiese abierto una investigación a GyM, la empresa ya no podría pedir ese 95% de dinero invertido, ya que la ley lo impide.
“El Ejecutivo es muy blando (...) Ojalá que no le tiemblen las piernas a PPK y resuelva las concesiones que actualmente tiene Odebrecht junto a Graña y Montero”, destacó.
Por su parte, su colega de bancada Karina Beteta declaró que la empresa Graña y Montero no tiene, en estos momentos, los argumentos legales para que pueda exigir al Estado su inversión.
El vocero de la bancada oficialista, Carlos Bruce, indicó que GyM es una empresa que conocía con quién realizaba negocio. “Muchos creemos que Graña y Montero debió saber con quién se asociaba (...) Es importante que la Fiscalía pueda actuar con las pruebas para tener certezas de que participó en irregularidades y aplicarle la cláusula anticorrupción”, sostuvo. Bruce dijo que es seguro de que en alguna de las obras entre Odebrecht y Graña y Montero haya habido actos de corrupción.
“Graña y Montero dice que desconocía y que por lo tanto los costos de esos pagos los ha asumido Odebrecht, eso es algo difícil de creer. Es poco creíble que Graña y Montero no supiera”, destacó.



Expreso
El gran papelón
Martha Meier Miró Quesada
Los medios cercanos al (des)gobierno de Pedro Pablo Kuczynski siguen tratando de confundir a la opinión pública sobre los alcances de la corrupción de Odebrecht. La pus brasilera cubre a políticos y empresarios peruanos, así como a ciertos abogados y periodistas que se auto-proclamaban la reserva moral del Perú.
La agonizante gran prensa se inunda tratando de tapar la corrupción de los suyos y minimizar los montos festinados. Vale la pena recordar: las coimas no son de 29 millones de dólares como se quiere hacer creer; son más de 600 millones de dólares -sí, 600 millones de dólares-, esto sin contar miles de millones de sobrecostos, que solo en el gaseoducto del sur sobrepasan los ¡cinco mil millones de dólares! Insistir en la cifra de 29 millones es mentir y tratar de satisfacernos con la captura de pececitos de acuario, o sea Luyo, Cuba y demás chivos expiatorios.
Indigna que se pretenda limpiar a las empresas peruanas consorciadas con la brasilera, como el caso de Graña y Montero, GyM, que tiene en su directorio a un accionista minoritario (4%) del grupo “El Comercio”; pero  el señor José Alejandro Graña tiene la suerte de que dos de sus primos hermanos integren el Consejo Editorial del diario: Alejandro “Alejo” Miró Quesada Cisneros y el cocinero Bernardo Roca Rey, a la sazón ex vice ministro del gobierno de Alan García Pérez. A este dúo se suma la esposa de Emilio Rodríguez Larraín, representante de buena parte de los intereses chilenos en el Perú, (vaya coincidencia, Pedro Pablo Errázúriz, ex ministro de Transportes del régimen de Piñera y ex gerente de Lan Chile, integra el directorio de GyM).
En una entrevista con el periodista Hernán Floríndez (revista Ideele Nº 257), el presidente del Consejo Editorial, Alejo M.Q. dijo: “tampoco pidan que El Comercio sea un detractor de José Graña, a no ser que sea una cosa grosera…”.  Nadie pide tal cosa, solo que el diario deje de mentir, confundir y publicar irrelevancias para tapar las vinculaciones de GyM con Odebrecht en 5 de las 7 obras bajo investigación.
La empresa Graña y Montero afirma que no sabía nada; eso resulta curioso pues se asoció con Odebrecht para el gaseoducto del sur cuando Marcelito Odebrecht ya estaba preso. ¿Qué cosa no sabía?
“El Comercio” alguna vez fue una institución nacional, hoy es apenas un papelón que editorializa contra quienes se indignan ante la corrupción. El indescifrable señorito director de ese diario, Fernando Berckemeyer y su cófrade, el becario Fullbright, Enrique Pasquel, sostienen puerilmente que quienes alzan la voz [la izquierda local] contra Odebrecht quieren “relacionar los casos de corrupción con el modelo del libre mercado”.
Perdón, pero me dio naúseas, hasta el próximo sábado.



Correo
A pesar de que formó parte del consorcio del Gasoducto Sur Peruano junto a Odebrecht, la empresa peruana Graña y Montero (GyM) señaló ayer que no está inhabilitada para participar en la nueva licitación que anunció el gobierno en 12 meses.



El Comercio
Graña y Montero reportó que durante el último trimestre del 2016 tuvo una pérdida de 130 millones de soles, con lo cual su utilidad neta durante todo el año fue de 8,6 millones de soles, frente a los más de 80 millones que ganó el 2015.
Los ingresos de la empresa en 2016 fueron de 6.055,3 millones de soles, lo que implica una reducción de 22,7% respecto al 2015.
Las acciones de Graña y Montero en la Bolsa de Valores de Lima, caían ayer 3,15 soles por acción.



El Comercio
¿Es posible expulsar a la empresa Odebrecht del Perú por los escándalos de corrupción?
Según el abogado Luis Lamas Puccio, no es posible expulsar a una empresa del país ya que este procedimiento no está regulado en el Perú. De la misma opinión es el penalista Carlos Caro, quien señala que la única posibilidad que tiene el Estado para impedir que una empresa siga operando es iniciar un proceso penal ante el Poder Judicial para que esta entidad ordene la disolución de la empresa.
¿Cuál es el procedimiento para el Poder Judicial disuelva o liquide una empresa?
Según ambos juristas, el Poder Judicial solo puede ordenar la disolución de una empresa luego de que haya una sentencia firme en contra de un trabajador de la empresa por un delito. Para dichos efectos, el juez podrá dictar una medida accesoria que va desde una multa hasta la disolución y liquidación. En el Perú, un juez ordenó la disolución de la empresa que administraba la discoteca Utopía.
¿Qué otras alternativas tiene el gobierno para que Odebrecht no siga operando?
El Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE) tiene competencias para sancionar a una empresa administrativamente e impedir que contrate con el Estado. Según Lamas Puccio, el Gobierno también puede demandar en la vía civil a la compañía por atentar contra la moral y las buenas costumbres. Luego de culminado el proceso judicial, el juez podrá ordenar la disolución.



La República
La brasileña Odebrecht se mostró dispuesta a dejar el Perú, pero antes considera vender sus activos en proyectos en el país.
"Si es necesario, todas las concesiones podrían ser vendidas", refieren en un comunicado enviado a la agencia Reuters. Sin embargo, precisó que esta es solo una posibilidad, puesto que no han recibido un pedido del Poder Ejecutivo.
Odebrecht es dueña de las empresas IIRSA Norte e IIRSA Sur encargadas de mantener carreteras y tiene una participación del 25 por ciento en la empresa de autopistas Rutas de Lima.

Asimismo, ha puesto a la venta la hidroeléctrica Chaglla y está a la espera de que el gobierno regional autorice la venta del proyecto de irrigación de Olmos, el cual tendría como comprador al fondo canadiense Brookfields.



Correo
El procurador anticorrupción Amado Enco ya no estará al frente de las investigaciones del caso “Lava Jato”. El caso estará a cargo de una procuraduría ad hoc, la cual contará con un procurador titular y otro adjunto.
Así se anunció mediante un comunicado del Consejo de Defensa Jurídica del Estado, presidido por Julia Príncipe.
En el comunicado también se detalla que el acuerdo de creación de la procuraduría especializada data del 24 de enero.
Según algunos trascendidos, Efraín Núñez Zelaya, exprocurador adjunto de la Superintendencia de Registros Públicos, ocuparía el cargo de procurador público ad hoc. Liliana Meza Quito sería designada procuradora ad hoc adjunta. La letrada es actualmente integrante de la Procuraduría de Lavado de Activos con Príncipe.
Un trascendido señala que no se le comunicó a Amado Enco que se iba a crear una procuraduría especializada. El 13 de diciembre del 2016, el Poder Ejecutivo nombró a Enco procurador anticorrupción.



Peru21
Parlamentarios cuestionaron la labor de la Fiscalía en el caso Odebrecht.
El vicepresidente de la comisión Lava Jato, Jorge Castro (FA) y Karina Beteta (Fuerza Popular), miembro de ese grupo, rechazaron que hasta el momento no se haya congelado las cuentas bancarias de la empresa.
Coincidieron en que el Ministerio Público tiene que explicar el preacuerdo al que ha llegado con la empresa, y bajo qué marco tomó esa acción.
Destacó la importancia de que el fiscal Hamilton Castro asista a la comisión investigadora del Congreso. El jueves, la comisión esperaba la llegada del fiscal, sin embargo nunca acudió.






LIBERTAD ECONOMICA, GLOBALIZACION, REFORMAS, INVERSION



Peru21
Entrevista a Francisco Tudela
-En 2016, usted dijo que “las propuestas de Trump iban a ser moderadas por la realidad”. Pero parece que sí cumplirá lo que prometió.
Trump ha decidido fabricar la realidad. En los pocos días que lleva en la Casa Blanca ha producido una revolución en los Estados Unidos, una revolución energética, en el campo de la seguridad. Trump está abriendo varios capítulos al mismo tiempo y en un plazo muy corto, lo que tiene un solo nombre: revolución.
-¿Para bien o mal?
El mundo en el siglo XXI ha pasado a una etapa histórica diferente, en la cual la vida política se vuelve confrontacional, las posiciones irreconciliables. EE.UU. confirma la regla de lo que vemos en los procesos electorales europeos. Estamos entrando a una época de gran conflictividad ideológica. Estamos viendo lo que probablemente es la revolución ideológica más profunda de los EE.UU. desde la época de Franklin D. Roosevelt.
-Pero parte de esa “revolución” es construir un muro en la frontera con México, lo que es, al menos, polémico. 
El muro es un ángulo de ataque para los adversarios de Trump. Las administraciones anteriores han construido alrededor de 430 km de muro, que es algo así como de Lima a Trujillo. Lo que Trump propone es algo que se viene haciendo desde 1990. La guerra política es así: mucha hipocresía y falsa indignación.
-Y parece que el gobierno mexicano no sabe qué hacer. 
Enrique Peña Nieto está respondiendo a tremendas presiones internas. El conflicto con Trump le abre el camino a Andrés Manuel López Obrador para las próximas elecciones mexicanas. Y claro, este último es un Maduro, un Chávez, entonces México podría ser una Venezuela gigante si es que no hay una política de Estado uniforme y constante respecto a la agenda con EE.UU.
-En su experiencia como canciller, ¿considera que está bien el plan migratorio de Trump?
El ex presidente Barack Obama expulsó a millones de ilegales durante sus ocho años de mandato. Lo que sucede con países como EE.UU. es que las políticas pueden ser agudizadas, pero son políticas de Estado, que a veces se siguen con vigor y a veces con relajo, como es el caso del muro y la expulsión de los ilegales. Trump solo va a actuar con más rapidez en esos terrenos.
-También tenemos a un Trump proteccionista.
También es muy vistoso para la guerra política, pero no es exacto, porque él no propone colocar aranceles irrestrictos a las importaciones. EE.UU. importa el 40% de todo lo producido en el mundo. La verdadera guerra es la ideológica por la transformación social desde el punto de vista del progresivismo: transformación social hacia cierto tipo de socialismo; y desde el punto de vista de Trump y sus partidarios, transformación social que debe descartar el modelo progresivista y ser un modelo más de corte tradicional. La corrección política ha entrado en guerra con Trump y viceversa. El Brexit es un rechazo a lo políticamente correcto. Entonces, Trump no está solo, está con Viktor Orbán en Hungría y Theresa May en Inglaterra. El mundo ha entrado a una revolución. Hay una rebelión de los electores contra los modelos políticos imperantes.
-Casi el curso natural de la historia, ¿no?
Lo que Giambattista Vico hablaba del ‘corsi e ricorsi’: el péndulo que va en una dirección hasta que la ley de la gravedad lo tira en la dirección contraria.
-Trump ha mostrado acercamiento a Putin. ¿Cómo se va a reordenar la geopolítica mundial?
Tengo la impresión de que el acercamiento de Trump a Rusia tiene que ver con la expansión de China y la amenaza a Japón y Corea del Sur. El 70% de la flota americana se encuentra hoy en el Pacífico Norte.
-¿Todos esos movimientos cómo afectan a Latinoamérica, donde la izquierda está perdiendo poder?
Usted lo dice, es el mismo fenómeno que se da en EE.UU. y Europa. En el caso de Cuba, si no deja viajar a sus ciudadanos y no aplica la carta democrática de la OEA y hace elecciones libres, Trump dará marcha atrás. Y en Venezuela falta la acción de EE.UU. Si Trump decidiera colocar ese ingrediente, el chavismo se acaba.
-¿Y en Perú cómo afectará?
Puede afectarlo positivamente en el sentido del aumento en el precio de las materias primas, por lo tanto, de mayor valor en sus exportaciones. Políticamente, hay que ser conscientes de las asimetrías, que nos obligan a cierta adaptabilidad.

-¿Los peruanos que viven en EE.UU. están en riesgo?
Los legales no. Los ilegales sí. Los consulados tienen que preocuparse del registro de estos compatriotas, para que en caso de que sean detenidos tengan la garantía del respeto de sus derechos y sean repatriados de una manera correcta.

viernes, 27 de enero de 2017

ESTA NOCHE viernes 27 enero 2017



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Nadie lo amenaza, no hace falta


Jorge Morelli
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El gobierno ha tomado su decisión, la que marcará el resto de su existencia. Anuncia que va a parir la nueva licitación del Gasoducto en nueve meses. Eso significa que la decisión no es ir a un nuevo contrato. La decisión es subastar el mismo contrato que tenía Odebrecht.

Continúa entonces la garantía del Estado, y poco importa si la cobra en los recibos de luz o la pagan los contribuyentes. La garantía le asegura al ganador sus ingresos por si no hay gas o no hay clientes para el gas. Esa garantía es por 912 millones de dólares anuales (menos los ingresos que obtenga el Gasoducto) durante los próximos 30 años.

Es fácil predecir que con tales condiciones, leoninas para los peruanos, la licitación va a tener una cola interminable de postores interesados.  

El gobierno ha resuelto, pues, continuar con la trampa que dejó Humala al pueblo peruano en lugar de desactivarla. Pero qué puede importarle endeudar a los peruanos por 30 años si se irá en cinco, o antes. Es una bomba de tiempo, comenta una opinión calificada.

La otra decisión del gobierno –también equivocada- es subastar los activos de Odebrecht y Graña y Montero y devolverles, antes o después, a ambas empresas y su socia española lo que invirtieron. Las empresas, encima, exigen que el gobierno subaste los activos cuanto antes y les pague. La crítica del diario El Comercio, que comparte el interés de una de las empresas se limita a la otra, la brasileña. Lo otro ni lo publica.     

El gobierno debió haber rediseñado el contrato y licitar de nuevo sin subastar nada. Debió embargar los activos y discutir desde esa posición. El contrato previó situaciones que le habrían permitido al Estado terminarlo si quería. La actual es una de ellas. Pero el gobierno opta hoy por convivir en adelante con el contagio de la corrupción.

Al gobierno, en efecto, nadie lo amenaza. No hace falta. Se echa solo.



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GOBERNABILIDAD, DEMAGOGIA, AUTORITARISMO, DEMOCRACIA



Correo
El informe reservado que entregó la Contraloría de la República a la comisión “Lava Jato” reveló que en los contratos que tuvo la empresa brasileña Odebrecht junto a Graña y Montero durante los años 2005 al 2011, hubo incrementos en $1,327 millones.
Por ejemplo, para el proyecto de la Línea 1 del Metro de Lima-Tramo 1, en el 2011, la mencionada obra tenía una inversión inicial de $583 millones, pero luego hubo un incremento de $302 millones más, y llegó a costar $885 millones.
Para el tramo 2 de Línea 1 del Metro de Lima, la inversión inicial fue de $410 millones y se incrementó en $109, costando en total $519 mlls. El contrato se realizó con la Autoridad Autónoma del Sistema Eléctrico de Transporte Masivo de Lima y Callao (AATE).
En el 2005, para las obras de IIRSA Sur en los tramos 2 y 3, los costos iniciales de la obra fueron de $236 y $395 millones, respectivamente, pero ambas terminaron con un costo de $1285 millones.
En ambos proyectos participaron Odebrecht, Graña y Montero, así como Ingenieros Civiles y Contratistas General.
Asimismo, la obra IIRSA Norte iniciada en el 2005 por Graña y Montero, Odebrecht y la participación de la constructora brasileña Andrade Gutierrez, también investigada por pagar coimas a funcionarios para ganar licitaciones, tenía una inversión inicial de $258 millones, pero terminó incrementándose en $290 millones por lo que en total costó $548 millones, reveló la Contraloría.
Además, la Contraloría detectó, a través de una auditoría, que en la obra del Metro de Lima Línea 1-Tramo 1 (Villa El Salvador-Av. Grau) realizada por Graña y Montero y Odebrecht, se otorgó indebidamente una ampliación de plazo, liberando al contratista del cobro de penalidades por $915,352.
También señaló que se favoreció al contratista en la elaboración del expediente técnico y en la ejecución de los trabajos respecto al suministro de accesorios de material rodante, al aceptársele la no ejecución de esta partida, liberándolo de las penalidades de hasta $50’921,274.
Incluso, se aceptó la no participación del jefe de proyectos ofrecido en su propuesta técnica.
También se pagó irregularmente al contratista por la partida de rehabilitación de la infraestructura de la vía férrea por $6’423,930.
Los mencionados detalles, así como otros, según la Contraloría, generaron un costo de presunto perjuicio económico al Estado de $111’296,528.
Para la contraloría existe responsabilidad penal, civil y administrativa. El caso se encuentra también en el Segundo Juzgado de Investigación Preparatoria de Lima.



ESTA NOCHE (tomado de Correo)
Correo conoció ayer que Graña y Montero, socia de Odebrecht en el Gasoducto Sur Peruano, solicitó activar el dispositivo contractual del Valor Contable Neto de los Activos de Concesión (VCN), con el cual estima que recuperará el 95% de su inversión en ese proyecto.
Como se sabe, el Gobierno rescindió el contrato del Gasoducto Sur Peruano, que integraban Odebrecht, Enagás y Graña y Montero.
La estimación de lo que GyM espera recuperar fue comunicada a la Superintendencia de Mercado de Valores el martes 24 de enero a través de una carta firmada por la representante Claudia Drago.
Allí se sostiene que, de acuerdo con el contrato, el Consorcio tiene derecho de recibir, en el plazo de 12 meses, un pago que puede oscilar entre el 72.25% y el 100% del total invertido.
De ser efectivo el 72.25%, GyM recuperaría 220 millones de dólares (95% de su inversión).
Al respecto, el abogado Adolfo Román, del estudio Rodríguez Angobaldo Abogados, explicó que “cuando (el Gobierno) saque a subasta los activos del GSP”, parte del dinero deberá ser devuelto. Sostuvo que el monto saldrá de lo que pague el nuevo postor por los activos de la concesión.



El Comercio
Al menos US$130 millones para garantizar el Gasoducto ya habrían sido recaudados a través de los recibos eléctricos, cobre que ya ha sido suspendido, informaron fuentes del sector.



Correo
El congresista Víctor Andrés García Belaunde consideró que Pedro Pablo Kuczynski debe ser enérgico e impedir que el dinero de la subasta de activos vaya a parar nuevamente al consorcio formado por Odebrecht, Graña y MOntero y Enagás.
“Hay que defender los intereses del Estado, no de los amigos”, manifestó. Precisó que el consorcio incumplió el contrato y “no debería ganar ni recuperar nada (...) Hay que recordar que hay una cláusula de corrupción del contrato, por lo tanto, la pérdida debe ser de todo”, acotó.
“Me llama la atención que (en GyM) no se hayan dado cuenta de que salía dinero. Además, cuando entraron en consorcio, (Odebrecht) ya tenía cuestionamientos en Brasil por lavado de activos”, dijo.



Gestión
El directorio del Grupo Graña y Montero aprobó el plan de desinversiones en activos no estratégicos hasta por un monto de US$ 300 millones. El monto toal de activos asciende a US$ 550 millones, de los cuales el grupo espera vender los US$ 300 millones que ayer anunció.



Peru21

El fiscal Hamilton Castro que investiga el caso Odebrecht no asistió ayer a la comisión Lava Jato que indaga el presunto pago de coimas a funcionarios públicos por parte de empresas brasileñas a cambio de obtener contratos para obras públicas.
El fiscal Hamilton Castro debía informar sobre los acuerdos entre la Fiscalía y la empresa brasileña, así como las razones por las cuales se solicitó a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) que no congele las cuentas de Odebrecht en el Perú.



Peru21
Columna de Juan José Garrido
El ex procurador Ronald Gamarra dijo a Perú21–en una entrevista de Ricardo Monzón– que la Fiscalía está bailando “al son de Odebrecht”. Y no le falta razón. Hasta ayer, los peruanos creíamos que la Fiscalía actuaba persiguiendo los mejores intereses de los peruanos. Habíamos escuchado al fiscal Hamilton Castro asegurando que habían firmado un acuerdo con la empresa y que todo estaba bajo control. También habíamos escuchado al fiscal de la Nación, Pablo Sánchez, diciendo que confiaba en el fiscal Castro, que seamos pacientes, que ya caerían los peces gordos.
Pues parece que acá los únicos gordos (e ingenuos, tontos, timoratos y demás) somos nosotros. En entrevista publicada ayer en el diario El Comercio, el gerente general de la firma brasileña, Mauricio Cruz, nos dice muy tranquilo que “lo que se ha firmado es un preacuerdo…” y aún existe –entonces– la expectativa de llegar a un “acuerdo final”.
¿Cómo? ¿Qué dices qué dijo? Así, como leen. O sea, que no hay ninguna garantía de que la empresa dirá todo lo que sabe, cuánto dieron en coimas, a quiénes, etcétera, etcétera. ¿Comprendes? Así, como cuando sientes que te estafaron… igualito.
Entonces uno recuerda a Gamarra, “bailando al son”, y recuerda cuando el congresista García Belaunde le preguntó al fiscal de la Nación, Pablo Sánchez, si conocía el acuerdo firmado entre el fiscal Castro y la empresa, a lo que el fiscal dijo que no, y ahora te enteras de que no era un acuerdo sino un “preacuerdo”… y entonces cuestionas ¿para quién trabaja el fiscal Castro?
Nos preguntábamos en esta columna, hace unos días, quién le había dado al fiscal el encargo y el poder para cerrar un trato de ese tipo con Odebrecht, y no había respuesta. Hoy, con estas evidencias, exigimos que se haga público el preacuerdo, así como las razones por las cuales no se congelaron las cuentas de la empresa en su momento. Basta de tanto servilismo, tanta cobardía y tanta humillación. El fiscal Castro tiene que dar explicaciones, presentar el “preacuerdo” y, de ser el caso, dar un paso al costado.



Peru21
Para el presidente del Poder Judicial, Duberlí Rodríguez, Odebrecht tiene que dejar de lado “las amenazas”. “Exhorto a la empresa brasileña a que, en lugar de dar una suerte de amenazas si no le brindan ciertas concesiones, colabore”, expresó.
La congresista Yeni Vilcatoma considera que una de las acciones que debe seguir la Fiscalía es solicitar al Poder Judicial que pida la liquidación de la empresa. “Paralelamente se dictarían medidas de embargo y se expulsaría a la empresa del país”, indicó.
El congresista Víctor García Belaunde (AP) manifestó que lo que están haciendo la empresa y el Ministerio Público “es una burla para el país”. “No hay ningún pedido de arresto contra los representantes de Odebrecht y les dan todas las facilidades para que sigan enviando dinero a su casa matriz”, expresó. Indicó que la compañía quiere “borrón y cuenta nueva” para seguir operando en el país.
A su turno, el vocero alterno de PpK, Juan Sheput, tildó de “ridículo” que Odebrecht condicione su colaboración a quedarse. “No podemos tener una actitud pusilánime con la empresa”, afirmó.
Mauricio Mulder (Apra) sostuvo que la labor del Ministerio Público en el proceso refleja “que no le importa lo que la gente necesita saber”. Señaló que el Ministerio Público tiene que explicar a qué se refiere el preacuerdo. “También creo que la gente de Odebrecht no tiene ninguna autoridad para hacer algún tipo de exigencia”, añadió.



La República
Eran las 10 y 40 de la mañana del jueves 26 de enero del 2006. La Comisión Permanente del Congreso inició la sesión. Entre las iniciativas se encontraba el proyecto de ley 28670 que declaraba de necesidad pública y de interés nacional los tramos 2, 3 y 4 de la Interoceánica Sur y el Proyecto Olmos. Los 21 integrantes de la comisión aprobaron la ley.
El Ministerio Público ha considerado que este proyecto pudo haber sido para favorecer a Odebrecht y Graña y Montero, así como a Queiroz Galvao.
Estas empresas enfrentaban procesos judiciales con el Estado y estaban impedidas de participar en una licitación pública. Con la ley 28670 consiguieron sortear la prohibición.
Cuando presidía la Junta de Portavoces, Gilberto Díaz consiguió agendar el proyecto tan solo 40 minutos antes de que comenzara la sesión de la Comisión Permanente.
Cinco meses antes, Proinversión le había otorgado a Odebrecht y Graña y Montero la adjudicación de la construcción de los tramos 2 y 3 de Interoceánica del Sur, a pesar de que la Contraloría ya había informado que dichas compañías no podían contratar con el Estado. También concedió el tramo de la misma carretera a un consorcio que estaba compuesto por Queiroz Galvao, otra empresa enjuiciada por el Estado peruano.
En el proyecto original que presentó Gilberto Díaz el texto del primer artículo decía:
"Se propone declarar de necesidad pública y de interés nacional la implementación de las tareas previas a cargo del Poder Ejecutivo, así como la ejecución y celebración de los contratos de concesión para la construcción, operación y mantenimiento de los tramos viales del Eje Multimodal del Amazonas Norte del Plan de Acción de Infraestructura IIRSA y las obras de los tramos viales del proyecto Corredor Vial Interoceánico Sur Perú-Brasil, ratificándose su plena validez".
De acuerdo con Gilberto Díaz, dos meses antes de la aprobación de la ley consultó el texto con el ex presidente Alejandro Toledo, el ex ministro de Economía Fernando Zavala, y el director ejecutivo de Proinversión, René Cornejo.
"Hubo una reunión en la que yo presenté el proyecto de ley ante el presidente Toledo, el ministro Zavala y el director de Proinversión, René Cornejo", relató Gilberto Díaz.