ESTA NOCHE,
donde usted se entera no de todo lo que ocurre, sino de lo que necesita saber.
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MEDIA
COLUMNA
Nadie
lo amenaza, no hace falta
Jorge Morelli
@jorgemorelli1
jorgemorelli.blogspot.com
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El gobierno ha tomado su decisión, la que marcará el
resto de su existencia. Anuncia que va a parir la nueva licitación del
Gasoducto en nueve meses. Eso significa que la decisión no es ir a un nuevo
contrato. La decisión es subastar el mismo contrato que tenía Odebrecht.
Continúa entonces la garantía del Estado, y poco importa si
la cobra en los recibos de luz o la pagan los contribuyentes. La garantía le asegura
al ganador sus ingresos por si no hay gas o no hay clientes para el gas. Esa
garantía es por 912 millones de dólares anuales (menos los ingresos que obtenga
el Gasoducto) durante los próximos 30 años.
Es fácil predecir que con tales condiciones, leoninas para
los peruanos, la licitación va a tener una cola interminable de postores
interesados.
El gobierno ha resuelto, pues, continuar con la trampa que
dejó Humala al pueblo peruano en lugar de desactivarla. Pero qué puede importarle
endeudar a los peruanos por 30 años si se irá en cinco, o antes. Es una bomba
de tiempo, comenta una opinión calificada.
La
otra decisión del gobierno –también equivocada- es subastar los activos de Odebrecht y Graña y Montero y devolverles, antes o después, a ambas empresas
y su socia española lo que invirtieron. Las empresas, encima, exigen que el gobierno subaste los
activos cuanto antes y les pague. La
crítica del diario El Comercio, que comparte el interés de una de las empresas se
limita a la otra, la brasileña. Lo otro ni lo publica.
El
gobierno debió haber rediseñado el contrato y licitar
de nuevo sin subastar nada. Debió embargar los activos y discutir desde esa
posición. El contrato previó situaciones que le habrían permitido al Estado
terminarlo si quería. La actual es una de ellas. Pero el gobierno opta hoy por
convivir en adelante con el contagio de la corrupción.
Al
gobierno, en efecto, nadie lo amenaza. No hace falta. Se echa solo.
REPORTE DE NOTICIAS en Internet
Las siguientes notas periodísticas de
política y economía han sido seleccionadas, editadas y ordenadas
temáticamente. No se las debe citar como tomadas
directamente de sus fuentes originales, las mismas que se indican sólo como una
forma de reconocer el crédito y agradecer la cortesía.
GOBERNABILIDAD, DEMAGOGIA, AUTORITARISMO,
DEMOCRACIA
Correo
El informe reservado que entregó
la Contraloría de la República a
la comisión “Lava Jato” reveló
que en los contratos que tuvo la empresa brasileña Odebrecht junto a Graña y Montero durante los años 2005 al 2011, hubo
incrementos en $1,327 millones.
Por ejemplo, para el proyecto de
la Línea 1 del Metro de Lima-Tramo 1, en el 2011, la mencionada obra tenía una
inversión inicial de $583 millones, pero luego hubo un incremento de $302
millones más, y llegó a costar $885 millones.
Para el tramo 2 de Línea 1 del
Metro de Lima, la inversión inicial fue de $410 millones y se incrementó en
$109, costando en total $519 mlls. El contrato se realizó con la Autoridad
Autónoma del Sistema Eléctrico de Transporte Masivo de Lima y Callao (AATE).
En el 2005, para las obras de
IIRSA Sur en los tramos 2 y 3, los costos iniciales de la obra fueron de $236 y
$395 millones, respectivamente, pero ambas terminaron con un costo de $1285
millones.
En ambos proyectos participaron Odebrecht, Graña y Montero, así como Ingenieros Civiles y Contratistas General.
Asimismo, la obra IIRSA Norte iniciada en el 2005
por Graña y Montero, Odebrecht y la participación de
la constructora brasileña Andrade
Gutierrez, también investigada por pagar coimas a funcionarios para
ganar licitaciones, tenía una inversión inicial de $258 millones, pero terminó
incrementándose en $290 millones por lo que en total costó $548 millones,
reveló la Contraloría.
Además, la Contraloría detectó, a través de
una auditoría, que en la obra del Metro de Lima Línea 1-Tramo 1 (Villa El
Salvador-Av. Grau) realizada por Graña
y Montero y Odebrecht, se
otorgó indebidamente una ampliación de plazo, liberando al contratista del
cobro de penalidades por $915,352.
También señaló que se favoreció
al contratista en la elaboración del expediente técnico y en la ejecución de
los trabajos respecto al suministro de accesorios de material rodante, al
aceptársele la no ejecución de esta partida, liberándolo de las penalidades de
hasta $50’921,274.
Incluso, se aceptó la no
participación del jefe de proyectos ofrecido en su propuesta técnica.
También se pagó irregularmente al
contratista por la partida de rehabilitación de la infraestructura de la vía
férrea por $6’423,930.
Los mencionados detalles, así
como otros, según la Contraloría, generaron un costo de presunto perjuicio
económico al Estado de $111’296,528.
Para la contraloría existe
responsabilidad penal, civil y administrativa. El caso se encuentra también en
el Segundo Juzgado de
Investigación Preparatoria de Lima.
ESTA NOCHE (tomado de Correo)
Correo conoció ayer que Graña y
Montero, socia de Odebrecht en el Gasoducto Sur Peruano, solicitó activar el dispositivo contractual
del Valor Contable Neto de los
Activos de Concesión (VCN), con el cual estima que recuperará el 95% de
su inversión en ese proyecto.
Como se sabe, el Gobierno rescindió el contrato
del Gasoducto Sur Peruano,
que integraban Odebrecht, Enagás y Graña y Montero.
La estimación de lo que GyM espera recuperar fue
comunicada a la Superintendencia
de Mercado de Valores el martes 24 de enero a través de una carta
firmada por la representante Claudia
Drago.
Allí se sostiene que, de acuerdo
con el contrato, el Consorcio tiene
derecho de recibir, en el plazo de 12 meses, un pago que puede oscilar entre el
72.25% y el 100% del total invertido.
De ser efectivo el 72.25%, GyM recuperaría 220 millones de
dólares (95% de su inversión).
Al respecto, el abogado Adolfo Román, del estudio Rodríguez Angobaldo Abogados,
explicó que “cuando (el Gobierno) saque a subasta los activos del GSP”, parte del dinero deberá ser devuelto.
Sostuvo que el monto saldrá de lo que pague el nuevo postor por los activos de
la concesión.
El Comercio
Al
menos US$130 millones para garantizar el Gasoducto ya habrían sido recaudados a
través de los recibos eléctricos, cobre que ya ha sido suspendido, informaron
fuentes del sector.
Correo
El congresista Víctor Andrés García Belaunde consideró
que Pedro Pablo Kuczynski debe
ser enérgico e impedir que el dinero de la subasta de activos vaya a parar
nuevamente al consorcio formado por Odebrecht, Graña y MOntero y Enagás.
“Hay que defender los intereses
del Estado, no de los amigos”, manifestó. Precisó que el consorcio incumplió el
contrato y “no debería ganar ni recuperar nada (...) Hay que recordar que hay
una cláusula de corrupción del contrato, por lo tanto, la pérdida debe ser de
todo”, acotó.
“Me llama la atención que (en
GyM) no se hayan dado cuenta de que salía dinero. Además, cuando entraron en
consorcio, (Odebrecht) ya tenía cuestionamientos en Brasil por lavado de
activos”, dijo.
Gestión
El directorio del Grupo Graña y Montero aprobó el plan de
desinversiones en activos no estratégicos hasta por un monto de US$ 300
millones. El monto toal de activos asciende a US$ 550 millones, de los cuales
el grupo espera vender los US$ 300 millones que ayer anunció.
Peru21
El
fiscal Hamilton Castro que investiga el caso Odebrecht no asistió ayer a la
comisión Lava Jato que indaga el presunto pago de coimas a funcionarios
públicos por parte de empresas brasileñas a cambio de obtener contratos para
obras públicas.
El
fiscal Hamilton Castro debía informar sobre los acuerdos entre la Fiscalía y la
empresa brasileña, así como las razones por las cuales se solicitó a la Unidad
de Inteligencia Financiera (UIF) que no congele las
cuentas de Odebrecht en el Perú.
Peru21
Columna de Juan José Garrido
El ex procurador Ronald Gamarra dijo a
Perú21–en una entrevista de Ricardo Monzón– que la Fiscalía está bailando “al
son de Odebrecht”. Y no le falta razón. Hasta ayer, los peruanos creíamos que
la Fiscalía actuaba persiguiendo los mejores intereses de los peruanos.
Habíamos escuchado al fiscal Hamilton Castro asegurando que habían firmado un
acuerdo con la empresa y que todo estaba bajo control. También habíamos
escuchado al fiscal de la Nación, Pablo Sánchez, diciendo que confiaba en el
fiscal Castro, que seamos pacientes, que ya caerían los peces gordos.
Pues parece que acá los únicos gordos (e
ingenuos, tontos, timoratos y demás) somos nosotros. En entrevista publicada
ayer en el diario El Comercio, el gerente general de la firma brasileña,
Mauricio Cruz, nos dice muy tranquilo que “lo que se ha firmado es un
preacuerdo…” y aún existe –entonces– la expectativa de llegar a un “acuerdo
final”.
¿Cómo? ¿Qué dices qué dijo? Así, como leen. O
sea, que no hay ninguna garantía de que la empresa dirá todo lo que sabe,
cuánto dieron en coimas, a quiénes, etcétera, etcétera. ¿Comprendes? Así, como
cuando sientes que te estafaron… igualito.
Entonces uno recuerda a Gamarra, “bailando al
son”, y recuerda cuando el congresista García Belaunde le preguntó al fiscal de
la Nación, Pablo Sánchez, si conocía el acuerdo firmado entre el fiscal Castro
y la empresa, a lo que el fiscal dijo que no, y ahora te enteras de que no era
un acuerdo sino un “preacuerdo”… y entonces cuestionas ¿para quién trabaja el
fiscal Castro?
Nos preguntábamos en esta columna, hace unos días, quién le había dado al fiscal el encargo y el poder para cerrar un trato de ese tipo con Odebrecht, y no había respuesta. Hoy, con estas evidencias, exigimos que se haga público el preacuerdo, así como las razones por las cuales no se congelaron las cuentas de la empresa en su momento. Basta de tanto servilismo, tanta cobardía y tanta humillación. El fiscal Castro tiene que dar explicaciones, presentar el “preacuerdo” y, de ser el caso, dar un paso al costado.
Nos preguntábamos en esta columna, hace unos días, quién le había dado al fiscal el encargo y el poder para cerrar un trato de ese tipo con Odebrecht, y no había respuesta. Hoy, con estas evidencias, exigimos que se haga público el preacuerdo, así como las razones por las cuales no se congelaron las cuentas de la empresa en su momento. Basta de tanto servilismo, tanta cobardía y tanta humillación. El fiscal Castro tiene que dar explicaciones, presentar el “preacuerdo” y, de ser el caso, dar un paso al costado.
Peru21
Para
el presidente del Poder Judicial, Duberlí Rodríguez, Odebrecht tiene que dejar
de lado “las amenazas”. “Exhorto a la empresa brasileña a que, en lugar de dar
una suerte de amenazas si no le brindan ciertas concesiones, colabore”,
expresó.
La
congresista Yeni Vilcatoma considera que una de las acciones que debe seguir la
Fiscalía es solicitar al Poder Judicial que pida la liquidación de la empresa.
“Paralelamente se dictarían medidas de embargo y se expulsaría a la empresa del
país”, indicó.
El
congresista Víctor García Belaunde (AP) manifestó que lo que están haciendo la
empresa y el Ministerio Público “es una burla para el país”. “No hay ningún
pedido de arresto contra los representantes de Odebrecht y les dan todas las
facilidades para que sigan enviando dinero a su casa matriz”, expresó. Indicó
que la compañía quiere “borrón y cuenta nueva” para seguir operando en el país.
A
su turno, el vocero alterno de PpK, Juan Sheput, tildó de “ridículo” que
Odebrecht condicione su colaboración a quedarse. “No podemos tener una actitud
pusilánime con la empresa”, afirmó.
Mauricio
Mulder (Apra) sostuvo que la labor del Ministerio Público en el proceso refleja
“que no le importa lo que la gente necesita saber”. Señaló que el Ministerio
Público tiene que explicar a qué se refiere el preacuerdo. “También creo que la
gente de Odebrecht no tiene ninguna autoridad para hacer algún tipo de
exigencia”, añadió.
La República
Eran las 10 y 40 de la
mañana del jueves 26 de enero del 2006. La Comisión Permanente del Congreso inició la sesión. Entre las
iniciativas se encontraba el proyecto de ley 28670 que declaraba de necesidad
pública y de interés nacional los tramos 2, 3 y 4 de la Interoceánica Sur y el
Proyecto Olmos. Los 21
integrantes de la comisión aprobaron la ley.
El Ministerio Público ha considerado que este
proyecto pudo haber sido para favorecer a Odebrecht y Graña y Montero, así como
a Queiroz Galvao.
Estas empresas enfrentaban
procesos judiciales con el Estado y estaban impedidas de participar en una
licitación pública. Con la ley 28670 consiguieron sortear la prohibición.
Cuando presidía la Junta
de Portavoces, Gilberto Díaz consiguió agendar el proyecto tan solo 40 minutos
antes de que comenzara la sesión de la Comisión Permanente.
Cinco meses antes,
Proinversión le había otorgado a Odebrecht y Graña y Montero la adjudicación de
la construcción de los tramos 2 y 3 de Interoceánica del Sur, a pesar de que la
Contraloría ya había informado que dichas compañías no podían contratar con el
Estado. También concedió el tramo de la misma carretera a un consorcio que
estaba compuesto por Queiroz Galvao, otra empresa enjuiciada por el Estado
peruano.
En el proyecto original
que presentó Gilberto Díaz el texto del primer artículo decía:
"Se propone declarar
de necesidad pública y de interés nacional la implementación de las tareas
previas a cargo del Poder Ejecutivo, así como la ejecución y celebración de los
contratos de concesión para la construcción, operación y mantenimiento de los
tramos viales del Eje Multimodal del Amazonas Norte del Plan de Acción de
Infraestructura IIRSA y las obras de los tramos viales del proyecto Corredor
Vial Interoceánico Sur Perú-Brasil, ratificándose su plena validez".
De acuerdo con Gilberto
Díaz, dos
meses antes de la aprobación de la ley consultó el texto con el ex presidente
Alejandro Toledo, el ex ministro de Economía Fernando Zavala, y el director
ejecutivo de Proinversión, René Cornejo.
"Hubo una reunión en
la que yo presenté el proyecto de ley ante el presidente Toledo, el ministro
Zavala y el director de Proinversión, René Cornejo", relató Gilberto Díaz.
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