ESTA NOCHE lunes 23 enero 2017

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¿Cómo que “igualito”?

Jorge Morelli

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El ministro de Energía ha dejado congelados a quienes le escucharon decir ayer que el Gasoducto debe ser vuelto a concesionar “sin modificaciones”. "El contrato suscrito tiene una característica inusual”, dijo, por lo cual se tiene que licitar “el mismo proyecto”, sostuvo increiblemente.   

Ya había dicho el ministro de Economía también que lo que se va a subastar es el contrato mismo. Es decir, sin modificaciones.

La cosa adquiere ribetes pintorescos, sin embargo, cuando en entrevista reciente el gerente de Graña y Montero -luego de lamentar copiosamente haber sido engañado por Odebrecht- aseveró con impertinencia -siendo la suya una empresa investigada-, que esa contructora tiene interés en participar en la próxima licitación, pero que, según el contrato, tiene que subastarse “el contrato igualito a la vez anterior. Es una nueva licitación –dijo-, pero no se pueden cambiar las bases”. Esto afirma el gerente de la empresa cuestionada. Asombrosamente, agregó aun que el intento de cambiar la garantía del Estado que se cobra en las tarifas eléctricas puede complicar la subasta.

En efecto, el ministro de Energía anunció ayer, como ya había adelantado el propio Kuczynski, que el mecanismo de financiamiento que involucra el pago a través de los recibos de luz será eliminado. No dijo, sin embargo, que la garantía del Estado vaya a ser eliminada. Dijo solo que ya no la pagarán los usuarios. No, qué va. En adelante la pagarán los contribuyentes.

Más vale que el gobierno piense bien los que está haciendo. Subastar el contrato de la concesión sin rediseñar el proyecto, con el mismo costo escandalosamente sobredimensionado, es algo que la opinión pública no va a tolerar. Ahora ya sabe que el proyecto fue inflado seis veces en su valor y que Proinversión, a nombre del Estado peruano, le entregó por medios escandalosamente corruptos la concesión a Odebrecht como postor único.    

REPORTE DE NOTICIAS en Internet

Las siguientes notas periodísticas de política y economía han sido seleccionadas, editadas y ordenadas

temáticamente. No se las debe citar como tomadas directamente de sus fuentes originales, las mismas que se indican sólo como una forma de reconocer el crédito y agradecer la cortesía.

MENU DEL DIA

GOBERNABILIDAD, DEMAGOGIA, AUTORITARISMO, DEMOCRACIA

El Comercio, Gestión

El Gobierno resolvió terminar la concesión del Gasoducto Sur Peruano debido a que el consorcio no cumplió con lograr el financiamiento necesario para la  obra, informó el ministro de Energía, Gonzalo Tamayo.

No obstante, el Ministro dijo que las normas señalan que el Gasoducto debe ser vuelto a concesionar antes de un año, pero “sin modificaciones”. "El contrato suscrito tiene una característica inusual”, por lo cual se tiene que licitar “el mismo proyecto”, sostuvo.

Tamayo aseguró, de otra parte, que el mecanismo de financiamiento, que involucra un pago a través de los recibos de luz, será eliminado.

Gestión

La cláusula 6.5 del contrato de concesión menciona el plazo para el cierre financiero y la 6.7 establece que en caso el concesionario no acredite el cierre financiero al término de los plazos establecidos, el concedente (es decir, el Estado) queda facultado a declarar la terminación de la concesión por causa imputable al concesionario, y facultado para ejecutar la garantía de fiel cumplimento al 100%, esto último es por US$ 262 millones.

Es decir, hoy que vence el plazo, el Estado debe enviarle una comunicación al consorcio para informarle la terminación del contrato. La finalización no es automática, el Estado debe enviar la comunicación.

Asimismo, según lo establece la cláusula 20.4.1, ocurrida la terminación del contrato, el concedente (el Estado a través del Ministerio de Energía y Minas) nombrará a un funcionario para que actúe como interventor del consorcio GSP.

En tanto, la cláusula 20.4.2 señala que el concedente, a través del interventor, convocará a una subasta pública para la transferencia de la concesión. El contrato establece tres posibles subastas a realizarse en un plazo máximo de un año.

Para la primera subasta, el precio de referencia es el 100% del valor contable. Si no se presentaran postores hay una segunda subasta con un precio que tiene como referencia el 85% del valor contable. La tercera subasta, en caso nuevamente no hubiera postores, sería al 72.25%. Finalmente, si las subastas no alcanzan el valor contable referido, el Estado debe completar el monto. Es decir, en última instancia si no hubiera subasta de los bienes el Estado tendría que pagar el 72.25% del valor contable de los activos.

Del monto que se reciba en la subasta se establece como máximo a pagar por el Gobierno el valor contable de los bienes descontando los gastos incurridos en la intervención y la propia subasta. Si luego hubiera un saldo, se paga remuneraciones, derechos laborales, dinero que hubiera sido dado como deuda garantizada, tributos, multas y cualquier otro pasivo. Por último, si quedara dinero se le entrega al consorcio GSP. Si producto de la subasta se obtiene más del valor en libros de los activos la diferencia es para el Estado

Surgen dos interpretaciones acerca de cómo llevar a cabo la subasta de los activos que entregue GSP. Las interpretaciones se dan a partir de que el ministro de Economía, Alfredo Thorne, afirmó que el contrato de concesión tiene varios candados, advirtiendo que, de no realizarse el cierre financiero, lo que se tiene que subastar es el contrato mismo, con lo cual no sería tan fácil en la licitación a llevarse a cabo hacer modificaciones.

En esa misma línea, el gerente general de Graña y Montero, Mario Alvarado, dijo el viernes que, según las cláusulas del contrato, lo que se tiene que subastar es exactamente “el contrato igualito a la vez anterior. Es una nueva licitación, pero no se pueden cambiar las bases”. Alvarado agregó que lo que puede complicar la subasta es el intento de cambiar el esquema de ingresos garantizados que se cobra en las tarifas eléctricas por una garantía del Estado.

Para otros expertos consultados por Gestión, la transferencia de la concesión no tiene que hacerse bajo los mismos términos. En opinión de los especialistas, el Estado puede cambiar los términos y condiciones. Señalan que siendo el contrato un acuerdo obligatorio entre las partes, una vez terminado el mismo nada obliga al Estado a mantener los mismos términos de la concesión ante nuevos postores interesados en la concesión.

Advierten que, caso contrario, se estaría asumiendo la garantía que se carga a los recibos de luz.

El ministro Tamayo dijo que se nombrará una comisión en ProInversión para la relicitación.

El último informe de la Contraloría que se conoce señala que a junio pasado el consorcio ha ejecutado US$ 1,440 millones del proyecto.

ESTA NOCHE

Carta abierta de Keiko Sofía Fujimori

“Amigas y amigos, hoy me permito usar las redes sociales para hacer algunas reflexiones y dar ciertas opiniones. Los acontecimientos de este fin de semana en torno al caso Odebrecht, nos muestran que tanto la Fiscalía como el Poder Judicial ya encendieron los motores, lo cual es positivo, sin embargo esperamos que las recientes detenciones sean sólo el inicio de una gran ruta para llegar a la verdad, y así identificar a todos los responsables. Los peruanos necesitamos tener plena confianza en las instituciones encargadas de administrar la Justicia. Los tribunales tienen una gran oportunidad.

“Por otro lado, estas denuncias de corrupción con pagos de coimas tienen una serie de implicancias sociales y económicas. Un hecho importante: hoy ha vencido el plazo para asegurar la continuidad del proyecto del Gasoducto del Sur y es claro que dicha obra no será administrada por Odebrecht y, si el gobierno se pone de costado carente de sentido proactivo, esto podría perjudicar seriamente al sur de nuestro país. Por ejemplo, cerca de 4,000 personas perderían su trabajo. Además muchas otras actividades económicas que giraban en torno a esa gran obra se podrían detener.

“Similar es la situación en el norte del país: en La Libertad, el proyecto Chavimochic III para irrigar la zona comprendida entre el valle Moche y Paiján también quedaría paralizado en perjuicio de nuestros hermanos liberteños. En Lambayeque, en el proyecto Olmos, quienes compraron tierras y esperan un suministro seguro de agua por los próximos años, verán su inversión en peligro.

“Estando así la situación, me permito invocar al Presidente de la República para que ejerza su liderazgo como Jefe de Estado y tome las decisiones políticas que impidan que el comportamiento ilegal y equivocado de ciertas empresas y de malos funcionarios afecte el crecimiento de nuestro país. El Estado peruano debe asumir el rol que la emergencia obliga y garantizar que estos proyectos salgan adelante cuidando todas sus etapas.

“El sur, el norte y todo el país necesita que esos proyectos funcionen. Presidente, en sus manos y en las de su equipo está asegurar su justa y transparente operatividad. No permita que se generen espacios para nuevos baches en nuestra economía ni para más conflictos sociales. Ninguna investigación, ningún proceso y ninguna empresa puede ponerle trabas al desarrollo de nuestros pueblos”.

ANTICORRUPCION, PERSECUCION, JUDICIALIZACION POLITICA

El Comercio

Edwin Luyo, ex funcionario del segundo gobierno aprista acusado de recibir coimas de la empresa brasileña Odebrecht, afirmó que "todos saben que la pita se rompe por el lado más débil".

Luyo integró el comité que otorgó la buena pro de la Línea 1 al Consorcio Tren Eléctrico de Lima y fue funcionario de la Autoridad Autónoma del Tren Eléctrico de Lima (AATE), encargada de la ejecución de la Línea 1 durante el mandato del ex presidente Alan García.