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EL COMERCIO
Luz para la bicameralidad
Kenji Fujimori Higuchi
Se ha reabierto el debate público sobre el
retorno a la bicameralidad. Por mi parte, quiero expresar que ha llegado el
momento de revisar esta posición de largo tiempo del fujimorismo. El argumento
que me parece medular es que hay necesidad de atender las circunstancias
cambiantes de nuestra historia.
Cuando el Perú adoptó la unicameralidad en la
Constitución de 1993, había poderosas razones para ello. Esas razones ya no
existen.
La esencia del fujimorismo no es dogmática,
consiste en adaptar una política pública a la naturaleza propia del problema en
sus circunstancias específicas, para poder conducir eficazmente la realidad
hacia el cambio que se necesita.
A comienzos de los 90, el país se encontraba
en una situación terminal y necesitaba ser puesto en una unidad de cuidados
intensivos. Hacía falta reformas profundas en el ordenamiento constitucional y
legal para luchar contra el terrorismo y reconstruir una economía en ruinas, y
era indispensable llevarlas a cabo rápida y eficazmente. Así lo hizo el
gobierno, lo que la ciudadanía reconoce, y el unicameralismo fue el
instrumento.
Pero las respuestas de ayer no son necesariamente
funcionales en todos sus extremos para enfrentar los problemas de hoy. Lo que
hoy hace falta es más debate, más pausa reflexiva, menos vehemencia, menos
confrontación. Con los años la práctica parlamentaria ha generado una
sobreproducción legislativa creciente. Y de una calidad que la ciudadanía
encuentra muy insatisfactoria. Hay casos en los que lamentablemente se ha
legislado de manera precipitada luego de un debate insuficiente. Algunos
ejemplos son de público conocimiento: los temas involucrados en la llamada ‘ley
pulpín’ merecían un tratamiento distinto, lo mismo que los relativos a la
seguridad previsional y el destino de las AFP.
La bicameralidad permitiría ayudar a moderar
el proceso legislativo a unas proporciones más acordes con la ponderación que
necesitan las leyes de la República. Una cámara revisora ofrece no solo la
posibilidad de controlar la proliferación legal nociva, sino también la
garantía de un mejor debate de las leyes.
En los 90 había necesidad de decisiones
políticas difíciles para restablecer la seguridad nacional. Hoy hace falta
seguridad jurídica. Es lo que requiere la inversión, sobre todo la de largo
plazo, que es la que el Perú demanda clamorosamente en agua y en bosques,
agroindustria e infraestructura.
Eso requiere reglas estables que no se pueden
cambiar precipitadamente, porque ese ruido político conspira contra la
inversión y la condena al cortoplacismo. Es la sistemática creación de
incertidumbre la que ha hecho colapsar en los últimos años la inversión que tanto
esfuerzo costó levantar. Hoy mismo, el ruido político –los rumores banales de
cierre del Congreso y de censura ministerial, la confrontación– no es bueno
para la economía, no es el clima que necesita la inversión. Porque la economía
no es una máquina, es un árbol que necesita tiempo y un entorno estable para
crecer sano y fuerte.
La bicameralidad podría ayudar a la seguridad
jurídica que el país necesita. Podría ayudar también a reducir la incertidumbre
y evitar la confrontación política innecesaria. El pueblo peruano no estaría en
desacuerdo a condición de que no suponga un incremento del número total de
representantes parlamentarios. Eso obliga a plantear el retorno a la
bicameralidad bajo la condición de mantener estrictamente el número actual de representantes.
Lo previsible es que el debate político sobre
la bicameralidad necesite tiempo. Evitando toda precipitación, la eventual
elección de un Parlamento bicameral debería contemplarse con miras a los
comicios del 2021, con el bicentenario de la República, para regir a partir del
siguiente quinquenio.
Por encima de toda coyuntura política se
halla nuestra convicción de que solo un mejor debate público podrá contribuir a
la institucionalización del Perú. Y alcanzar una sana reforma de las
instituciones del país para hacerlas más democráticas.
REPORTE DE NOTICIAS en Internet
Las siguientes notas periodísticas de
política y economía han sido seleccionadas, editadas y ordenadas
temáticamente. No se las debe citar como
tomadas directamente de sus fuentes originales, las mismas que se indican sólo
como una forma de reconocer el crédito y agradecer la cortesía.
MENU DEL DIA
ü
El Ministerio Público dispuso el congelamiento
de las cuentas de la constructora brasileña Camargo Correa en
el Perú.
ü Odebrecht Engenharia e Construção (OEC), unidad del holding Odebrecht, espera cerrar
acuerdos individuales con los 12 países en los que tiene obras y donde admitió
que cometió actos ilícitos
ü Hasta la fecha, Odebrecht ha vendido 5.000 millones de reales (US$1.600
millones) de los 12.000 millones de reales en activos que puso a la venta para
aliviar una crisis de liquidez en 2016
ü Tras la decisión de la fiscalía de congelar
las cuentas de la empresa Camargo y Correa, Mauricio Mulder consideró que ha sido un avance “tibio” pues,
a su juicio, Ministerio Público debió haber actuado de la misma manera
con la constructora Odebrecht.
ELECCIONES, PARTIDOS, ENCUESTAS, MEDIOS,
PSICOSOCIALES
La República
El grupo de trabajo de Control
Constitucional sobre los actos normativos
del Poder Ejecutivo a través de los decretos
legislativos –presidido por la congresista fujimorista Úrsula Letona– observó
artículos de cinco de los primeros 32 DL que se discutieron ayer. Estos –dijo–
deben resolverse hoy.
El Nº 1246 –que aprueba
diversas medidas de simplificación administrativa– fue observado, pues su
artículo 7 señala que "el vencimiento de la vigencia
de la fecha del DNI no constituye impedimento para la participación del
ciudadano en actos civiles, comerciales, administrativos, notariales,
registrales, judiciales, policiales y, en general, para todos aquellos casos en
que deba ser presentado para acreditar su identidad". Para Letona, dicho
artículo contraviene la Ley
Orgánica del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (RENIEC) y, también, resta
seguridad jurídica al padrón electoral.
Los DL Nº 1250, 1258, 1277
y 1311 también presentan observaciones.
Al primero –que modifica
la Ley Nº 29230,
que impulsa la inversión pública regional y local con la participación del
sector privado, y la Ley Nº 30264, que establece medidas para promover el
crecimiento económico– se le pide modificar su redacción porque se hace mención
a que la Contraloría General de
la República emitirá un informe previo
a todo proyecto de inversión para detectar si este provocaría endeudamiento al
Estado. Según el grupo de trabajo, dicha situación podría perjudicar a
gobiernos locales porque la mayoría de ellos no cuenta con un equipo que
identifique cuáles serían dichas operaciones.
Los otros tres DL
mencionados líneas atrás quedaron en stand by, pues ayer solo hubo
dos parlamentarios facultados para votar: Úrsula Letona y el oficialista Vicente
Zevallos.
Mención aparte, el DL Nº
1305 –que incorpora al Instituto
Nacional de Enfermedades Neoplásicas (INEN) como órgano
desconcentrado del Ministerio de Salud– será visto hoy porque al parlamentario
Zevallos no le alcanzaron a tiempo las revisiones que se hicieron.
En adelante, el
procedimiento será enviar el informe de este grupo de trabajo a la Comisión
de Constitución,
que preside el fujimorista Miguel Torres. En esta se volverá a sustentar y
votar para pasar al Pleno del Congreso o a la Comisión
Permanente, la cual emitiría una resolución de inconstitucionalidad.
Letona informó que su
equipo sesionará todos los martes y que no se hará un informe único de los DL,
sino que se separarán por paquetes. El de ayer será enviado este jueves al
grupo que preside su colega de bancada.
GOBERNABILIDAD, DEMAGOGIA, AUTORITARISMO,
DEMOCRACIA
Gestión,
Reuters
Odebrecht Engenharia e Construção (OEC), unidad del holding Odebrecht, espera cerrar
acuerdos individuales con los 12 países en los que tiene obras y donde admitió
que cometió actos ilícitos para adjudicarse contratos, dijeron dos fuentes a
Reuters con conocimiento directo del tema.
Desde que cerró un acuerdo
en diciembre con el Ministerio Público Federal, el Departamento de Justicia de
Estados Unidos y la Procuraduría General de Suiza, pagando 3,830 millones de
reales para poner fin a investigaciones sobre su participación en “actos
ilícitos”, Odebrecht ha cerrado acuerdos individuales con gobiernos de América
Latina.
En las últimas semanas, la
constructora aceptó pagar US$ 32 millones al Gobierno de Colombia, US$ 59
millones a Panamá y US$ 8.9 millones a Perú.
El
Comercio, Bloomberg
En
reunión de mediados de diciembre, Odebrecht trazó un plan para enfocarse en
solo dos sectores de negocios: la división de construcción y el productor
petroquímico Braskem SA que, en conjunto, representan 84% de los ingresos del
grupo, según tres personas con conocimiento directo del plan estratégico
multianual de Odebrecht.
Un
paso importante incluirá la venta de más activos que los anunciados previamente
y la obtención de nuevos contratos de construcción, con una buena parte de los
esfuerzos enfocados en países extranjeros donde la imagen de Odebrecht no esté tan dañada,
dijeron las fuentes.
El
plan estratégico marcaría una reducción adicional del coloso de la construcción
que opera en 26 países a través de 12 áreas de negocio que van desde los
sectores de agricultura a energía y defensa.
Hasta
la fecha, Odebrecht ha
vendido 5.000 millones de reales (US$1.600 millones) de los 12.000 millones de
reales en activos que puso a la venta para aliviar una crisis de liquidez en
2016 y redujo el tamaño de su fuerza laboral en alrededor de 60.000 personas a
128.000 personas en los tres años hasta 2015, anunció la oficina de prensa. Los
esfuerzos le han permitido reducir su carga de deuda en casi un 15% a
95.000 millones de reales en los seis meses hasta junio de 2016.
“Odebrecht planea mantener su
negocio en mercados donde opera, incluyendo en el extranjero”, dijo la oficina
de prensa de Odebrecht en un correo electrónico en respuesta a preguntas.
En
diciembre, la empresa, que ha negado actos indebidos, llegó a un acuerdo con
autoridades estadounidenses para pagar más de US$3.500 millones, la mayor multa
que se haya registrado, por violar la Ley de Prácticas Corruptas en el
Extranjero.
El Comercio
El
congresista Mauricio
Mulder (Célula Parlamentaria Aprista) exhortó al presidente
Pedro Pablo Kuzcynski (PPK) que decrete la resolución del contrato del
Gaseoducto Sur Peruano, el cual está concesionado a la constructora brasileña Odebrecht.
“PPK
debe cortar de plano el contrato del gaseoducto. Seguimos pagando en nuestros
recibos de luz un dinero que no va al Estado peruano, va a los bolsillos de Odebrecht. Y con esa plata a lo mejor
le da los 30 millones al Estado peruano”, señaló Mulder.
Tras
la decisión de la fiscalía de congelar las cuentas de la empresa Camargo y
Correa, Mauricio Mulder consideró
que ha sido un avance “tibio” pues, a su juicio, Ministerio Público debió haber
actuado de la misma manera con la constructora Odebrecht.
El Comercio
El
Ministerio Público dispuso el congelamiento de las cuentas de la
constructora brasileña Camargo Correa en
el Perú.
La
fiscalía informó anoche que tomó la medida en coordinación con Unidad de
Inteligencia Financiera (UIF).
El
Ministerio Público abrió una indagación a Camargo Correa por
presunto pago de sobornos en la adjudicación del tramo 4 de la carretera
Interoceánica.
Gracias
a la asistencia judicial del Reino Unido, el Ministerio Público comprobó una
transferencia de US$91.667 de Camargo Correa a
la cuenta de una empresa de Josef Maiman.
La
semana pasada, el semanario “Veja” informó que Camargo Correa está
en negociaciones con fiscales federales de Brasil para lograr un acuerdo. Según
la publicación, se está negociando acuerdos con 40 ejecutivos de la
constructora brasileña.
ANTICORRUPCION,
PERSECUCION, JUDICIALIZACION POLITICA
El Comercio
El
Poder Judicial resolvió hoy que la ex primera dama Nadine
Heredia, investigada por la fiscalía por el presunto delito de
lavado de activos, deberá pedir autorización judicial para salir del país. El
juez Richard Concepción Carhuancho, del Primer Juzgado de Investigación
Preparatoria, declaró fundado el pedido del Ministerio Público de
variar la regla de conducta de “dar aviso” al juez, e imponer a los
investigados la obligación de contar con una autorización judicial cuando deseen
salir del territorio nacional.
Según el magistrado, adoptó esta decisión al advertir que existen nuevas circunstancias en el desarrollo de la investigación, que convierten a la norma de conducta de “dar aviso” al juez, en frágil e ineficaz.
El juez de investigación preparatoria ya comunicó su decisión a la Superintendencia Nacional de Migraciones, para que ejerza el control correspondiente. Esta regla de conducta también alcanza a los investigados Ilan Heredia Alarcón , Rocío del Carmen Calderón Vinatea, Antonia Alarcón Cubas y Mario Julio Torres Aliaga.
Según el magistrado, adoptó esta decisión al advertir que existen nuevas circunstancias en el desarrollo de la investigación, que convierten a la norma de conducta de “dar aviso” al juez, en frágil e ineficaz.
El juez de investigación preparatoria ya comunicó su decisión a la Superintendencia Nacional de Migraciones, para que ejerza el control correspondiente. Esta regla de conducta también alcanza a los investigados Ilan Heredia Alarcón , Rocío del Carmen Calderón Vinatea, Antonia Alarcón Cubas y Mario Julio Torres Aliaga.
El Comercio
Alejandro
Toledo reveló hoy que es profesor “visitante" de la Escuela de Graduados
en Educación de la Universidad de Stanford en respuesta a una nota periodística
donde se indica que este no tiene vínculo laboral con dicha casa de estudios.
Toledo publicó en Twitter un documento de
dicha universidad donde se indica que tiene esa condición desde setiembre del
2016 y hasta agosto del presente año.
En
la nota del diario se informa que el ex presidente no tiene horas
asignadas este año, de acuerdo a fuentes.
La
víspera Toledo emitió un comunicado donde asegura
que no ha fugado del país. Esto, en medio de denuncias sobre el dinero
depositado por Odebrecht en cuentas de Josef Maiman, amigo de Toledo.
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