ESTA NOCHE martes 10 enero 2017
ESTA NOCHE,
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MEDIA
COLUMNA
El modo de corrupción
Jorge Morelli
@jorgemorelli1
jorgemorelli.blogspot.com
Modos
de producción les llamó Carlos Marx en “Formas precapitalistas” (más conocido
como “Formen”) a los arreglos generados sucesivamente por la historia en Occidente
para el control de los medios de producción del mundo antiguo y el moderno.
Incluso inventó una categoría sui generis, a la que llamó modo de producción
asiático que uso para explicar también los casos de México y el Perú.
Exploremos
ahora la posible existencia de modos de corrupción. A primera vista, puede
haber dos, ambos caracterizados por la complicidad del sector privado con el
público. Ambos para la colocación de proyectos que el país supuestamente
beneficiario no necesita.
En el
primer caso, el modo de corrupción original, el que ejecuta la obra es el
sector público. En el segundo, más sofisticado, el sector privado financia y
ejecuta la obra, algo mucho más eficiente.
¿Cuándo
comenzó la corruptela de venderles a los países emergentes proyectos que no
necesitan? Los antecedentes remotos se encuentran en grandes elefantes blancos,
obras faraónicas de la pos guerra tardía en países subdesarrollados, como se
decía entonces. Como la represa de Asuán en Egipto en los 60, cuando todavía se
creía que el desarrollo dependía de intervenciones para destrabar una máquina
supuestamente trabada. Se hizo entonces con fondos de organismos públicos
multilaterales, como el Banco Mundial. Es decir, varios Estados prestan, el Estado
beneficiario ejecuta.
Probablemente
el modo de corrupción no mereció ese nombre, sin embargo, sino hasta después de
que, en 1972, el presidente Nixon acabara con el patrón oro y dejara flotar el
dólar en la economía global. El dólar se devaluó a la mitad (de 35 a 70 dólares
por onza de oro). Para resarcirse del golpe, los países productores de petróleo
elevaron el precio del crudo a más del doble. Esogeneró, a su vez, la marea de los
entonces llamados “petrodólares” que fueron a dar de vuelta, directamente, a los
bancos occidentales. Estos tenían que colocarlos y se los prestaron en masa a
los primeros que alzaron la mano. Así nació la mega deuda latinoamericana de
los 70, y la crisis de la deuda cuando a principios de los 80 ya no hubo cómo pagar.
Hasta
entonces, sin embargo, se trataba todavía de préstamos de bancos privados para
obras ejecutadas todavía por el Estado beneficiario mediante una empresa o
corporación pública. Desde luego, una cornucopia de corrupción.
Pero el
primer modo de corrupción pronto mostró su ineficacia. Las empresas estatales brillan
por su incompetencia para ejecutar rápidamente proyectos faraónicos. Fue así
como surgió el nuevo modo de corrupción en todo su esplendor expeditivo. En
adelante la propia empresa privada fue el ejecutor de las obras y, naturalmente,
la que se encargó también de la ingeniería financiera mediante consultoras
privadas que dieron la luz verde técnica a los proyectos cambio del uno por
ciento del valor del mismo.
¿Para
qué incluir a los Estados, salvo como deudores? Así es como el modo de corrupción
devino en modo de producción, organizando los recursos.
Creció
exponencialmente en pocos años colocando en todas partes obras innecesarias con
enormes sobrecostos para despejar los obstáculos mediante sobornos. Una máquina
eficiente. Solo en el Perú en los últimos quince años se contrató con las
empresas brasileñas obras por casi veinte mil millones de dólares. Doce mil de
ellos con Odebrecht. Ocho mil de ellos del humalismo. El modo de corrupción “privatizó”
de manera subterránea el proceso entero de la mega estafa con que esquilmó por
década y media a los contribuyentes de una docena de países por más de 700 mil
millones de dólares. Este es el desague que hoy ha reventado e inunda nuestra
casa.
Pero el
modo de producción corrupto solo terminará realmente gracias a la libre
competencia. Hoy el desague colapsa porque
la competencia global no toleró más este modo de corrupción de mercado cerrado.
Espió sus prácticas y organizó su denuncia. En adelante veremos a empresas de
países desarrollados compitiendo en las licitaciones públicas de países
emergentes. No solo ya argollas locales vendiendo cual encomenderos posmodernos
a consumidores cautivos obras que no necesitan.
La corrupción
no desaparece, pero tiene modos y proceso evolutivo.
REPORTE DE NOTICIAS en Internet
Las siguientes notas periodísticas de
política y economía han sido seleccionadas, editadas y ordenadas
temáticamente. No se las debe citar como
tomadas directamente de sus fuentes originales, las mismas que se indican sólo
como una forma de reconocer el crédito y agradecer la cortesía.
ANTICORRUPCION, PERSECUCION,
JUDICIALIZACION POLITICA
El
Comercio
El
jefe del Gabinete Ministerial, Fernando Zavala, sostuvo hoy que el gobierno no
permitirá que Odebrecht se
beneficie de la venta de sus activos en el Perú. Esto a raíz del interés del
fondo de inversión canadiense Brookfield y la petrolera china CNPC de adquirir
la participación que tiene la firma brasileña en el proyecto del Gasoducto del
Sur.
Zavala
indicó que el fondo de inversiones canadiense no tiene relación directa con la
constructora.
Si
bien Brookfield y la petrolera china CNPC están interesados en comprar la
participación de Odebrecht en
el Gasoducto Sur Peruano, ninguna está dispuesta a pagar si la empresa
brasileña no asume el riesgo de la denominada cláusula anticorrupción del
contrato de concesión.
Esta
cláusula establece que el gasoducto retornará al Estado Peruano de comprobarse
pagos indebidos en su licitación.
Ante
ello, Odebrecht habría
ofrecido una solución a los postores: que el monto a pagar por sus acciones no
fuera entregado de inmediato, sino luego de un plazo a pactar, y siempre y
cuando no se encontraran evidencias de corrupción que gatillen la pérdida del
proyecto para el consorcio GSP.
El
ministro de Economía y Finanzas, Alfredo Thorne, pareció confirmar esta versión
ayer en Canal N.
“Odebrecht,
si es que vende, no cobraría su participación por el gasoducto del sur. Ese
dinero pasa a ser garantía en caso haya eventos de corrupción [...]. El dinero
que se recaudaría iría a una garantía y esa garantía la va a poder cobrar Odebrecht si es que limpia su
trayectoria sobre los casos de corrupción”, dijo Thorne.
Expreso
Si Odebrecht vende su
parte en el proyecto, no podrá cobrar este dinero y quedará como garantía si se
comprueba corrupción, informa el ministro Alfredo Thorne. Para el experto en
hidrocarburos Aurelio Ochoa, no pasa de ser una “buena intención” porque de lo
que se trata es de rescindir el contrato o aplicar la cláusula anticorrupción.
El
ministro Thorne anunció también que el Gobierno presentará en los próximos días
un proyecto de ley al Congreso de la República para que se elimine el cobro del
Gasoducto del Sur en los recibos de luz que pagan las familias peruanas. “Se va
a retirar [el pago que se realiza para la construcción del Gasoducto del Sur en
el recibo de luz], nosotros estamos presentando el proyecto de ley”, indicó el
ministro.
Este cobro viene en los
recibos de luz con el nombre de Cargo por Afianzamiento de la Seguridad
Energética (CASE), que genera un aumento de entre 1 % y 2 % en las tarifas
eléctricas que paga el consumidor final por el Gasoducto Sur Peruano.
El
monto es alrededor de 2 soles en un recibo de 100 soles al mes, con lo cual se
calcula que el CASE ha recaudado más 50 millones de dólares al año, fondo que
no va directo a la concesionaria, sino a un fideicomiso, cuyo responsable es
Osinergmin.
Más
de un experto considera que este subsidio queda sin efecto en caso de que el
contrato del proyecto del GSP se anule.
Como
se recuerda, la empresa Odebrecht ganó la obra en el año 2014 para la
construcción del Gasoducto Sur Peruano, tras resultar favorecida en el proceso
de licitación de forma indebida.
Por
otro lado, Thorne sostuvo que los recursos obtenidos por la venta de las
acciones de Obebrecht en el Gasoducto Sur Peruano –cuyo plazo vence el 24 de
enero– no serían trasladados a la empresa brasileña.
“En
este caso, Odebrecht, si es que vende, no cobraría por su participación en el
Gasoducto Sur Peruano, pues ese dinero pasa a ser garantía en caso haya eventos
de corrupción”, enfatizó. El titular del MEF señaló que el dinero que se
recaudaría lo va a poder cobrar Odebrecht, siempre y cuando limpie su
trayectoria por los casos de corrupción.
Aurelio Ochoa,
expresidente de Perupetro, consideró que si el Gobierno en serio busca una
solución debe aplicar la cláusula anticorrupción del contrato del gasoducto.”¿Por
qué no se usa la cláusula anticorrupción que hay en el contrato, aplicarla ya”,
dijo a EXPRESO.
Se
mostró sorprendido que el Gobierno hasta ahora no tome esta decisión.
La
República
Entrevista
a Alfredo Thorne, ministro de Economía
El futuro del Gasoducto es
incierto, puesto que el 24 de enero concluye el plazo para que Odebrecht presente su cierre financiero (es decir que garantice que cuenta con
un monto mínimo de recursos de deuda para ejecutar el proyecto) o venda sus
acciones. Los aspirantes a compradores se desaniman debido a la llamada
cláusula anticorrupción, según la cual el Gobierno puede disolver el contrato
de comprobarse que hubo actos de corrupción
en el proceso.
En caso de que Odebrecht
no consiga vender su participación ni presente el cierre financiero, el Estado reiniciará la licitación.
"El contrato revierte
al Estado. Hay un procedimiento en el cual el Gobierno tiene que entregarle una
carta al contratista diciéndole que no ha cumplido con el cierre financiero y
después de un periodo determinado el contrato regresa al Estado peruano y el
Estado tiene un periodo para relicitarlo", explicó el titular del Ministerio de Economía y Finanzas.
El
Comercio
Casi
veinte obras. Más de 12 mil millones de dólares. Diez años. Esas son, en
resumen, las últimas cifras de Odebrecht en
el Perú de la constructora brasileña. Más allá de las posibles coimas en las
regiones, ¿qué pasó con los proyectos que concluyó –y los que no– en el país?
El
caso más reciente es el Gasoducto del Sur, obra valorizada en más de US$7 mil
millones que Odebrecht se
adjudicó en junio del 2014 durante el gobierno de Ollanta Humala.
El
ducto, que transportará gas natural del yacimiento de Camisea hacia la costa
sur, se encuentra paralizado.
El
fiscal anticorrupción Reynaldo Abia investiga si hubo direccionamiento para
favorecer a Odebrecht en
la licitación, que se dio durante la gestión de Eleodoro Mayorga como ministro
de Energía y Minas.
Además,
la contraloría detectó una serie de irregularidades en esta obra; por ejemplo,
que en la versión final del contrato se cambiaron las cláusulas en beneficio
del ganador.
Mayorga
es testigo del caso y en los próximos días Abia definirá si él, junto con la ex
primera dama Nadine Heredia y el ex representante de Odebrecht Jorge Barata, pasa a
ser investigado.
Otro
caso, que se encuentra en la fiscalía de Cusco, son los presuntos actos de
corrupción en torno a la vía de evitamiento de esta ciudad, uno de los
proyectos emblemáticos de la región.
La
obra de asfaltado vial concluyó con un incremento de S/58 millones y con un
retraso de más de un año en la entrega.
El
Ministerio Público investiga preliminarmente este caso desde el 2015 por los
presuntos delitos de colusión, peculado, entre otros. Hay 20 imputados, y uno
de ellos es el ex gobernador regional Jorge Acurio.
La
empresa ha iniciado un proceso de arbitraje contra el gobierno regional por
supuestamente haber puesto obstáculos a la ejecución de la obra. Estarían en
juego S/63 millones.
Dirsse
Valverde Varas habría sido uno de los operadores de la empresa brasileña en
Áncash. Esa sería una de las hipótesis que manejó la Procuraduría
Anticorrupción cuando, hace algunos meses, solicitó a la fiscalía que lo
incluya en las investigaciones por los presuntos sobornos de Odebrecht en el Perú.
Valverde
fue subgerente de la Gerencia de Infraestructura del Gobierno Regional de
Áncash, durante la gestión del hoy preso César Álvarez. Es sindicado como uno
de sus testaferros en el Caso ‘La Centralita’.
El ex
funcionario recibió dinero por “consultorías” de la empresa brasileña poco
tiempo después de que esta se adjudicó la carreta Chacas-San Luis. Las
autoridades consideran que se trataría de una persona clave. Aún está prófugo.
GOBERNABILIDAD, DEMAGOGIA, AUTORITARISMO,
DEMOCRACIA
El Comercio
La
congresista de Fuerza Popular Úrsula
Letona sostuvo que aún es prematuro señalar si el Ejecutivo se
excedió en el uso de las facultades
legislativas que le dio el Congreso al promulgar 112 decretos
legislativos.
"Estamos
en pleno proceso de revisión, todavía no podemos decir si se ha excedido o
no", declaró la parlamentaria fujimorista, quien preside un grupo de
trabajo de la Comisión de Constitución.
Úrsula Letona adelantó a El Comercio que su grupo de trabajo, también integrado por el
oficialista Vicente Zeballos y el aprista Javier Velásquez Quesquén, tomaría
todo el mes de enero para completar su trabajo.
"Se
va a revisar la totalidad de los decretos que son más de cien… He averiguado
que en la anterior comisión de control político, de los 67 decretos que se
dieron con las facultades solo se revisaron 12 decretos", enfatizó.
“Se
irá evacuando los informes por grupos. Ya hemos aprobado el informe de un grupo
de cinco proyectos, en la próxima reunión esperamos tener 15 decretos",
adelantó Letona.
De
otro lado, Úrsula Letona informó
que algunos decretos tienen vacíos y se ha pedido mayor sustento. Sostuvo que
en el caso del decreto que dispone el regreso del Instituto Nacional de
Enfermedades Neoplásicas (INEN) al Ministerio de Salud no se está viendo si ha
sido un error administrativo pasarlo al Minsa. "Lo que tenemos que ver es
si la ley le faculta al Ejecutivo legislar en materia de salud y si
este traspaso significa necesariamente un tema de modernización del Estado
que sí está dentro de las facultades delegadas, pero aún no hemos
llegado a eso y no podemos adelantar nada", explicó.
Expreso
En el Minsa serían los DL
1289, 1290, 1305, 1345, y un decreto supremo que se promulga hoy.
Luego
de que el 7 de enero concluyera el plazo del Ejecutivo para emitir las
facultades legislativas otorgadas por el Congreso, voces autorizadas afirmaron
que entre los 112 decretos legislativos aprobados hay algunos que tendrían
carácter inconstitucional, tanto en el sector Salud, Interior, Transportes y
Comunicaciones, entre otros.
“Realizamos
el siguiente análisis sobre los decretos que han sido promulgados en materia de
Salud, que estimamos no cautelan el interés público y, por el contrario,
benefician solamente intereses económicos de carácter mercantilista”, señalan
expertos, quienes solicitaron mantener sus identidades en reserva.
Es
el caso del DL N° 1290, que eliminaría varios filtros para impedir que
productos importados de mala calidad ingresen al país. De igual manera el ya
conocido DL N° 1305, que le quitaría la autonomía operativa al INEN (Instituto
Nacional de Enfermedades Neoplásicas); el DL N° 1289 que relajaría las
obligaciones de las instituciones que prestan servicios de salud de poseer la
infraestructura adecuado para sus fines; y, finalmente, el N° 1345, que
permitiría que todos los cosméticos tengan libre comercialización.
El
Decreto Legislativo N° 1290 “fortalece la inocuidad de los alimentos
industrializados y productos pesqueros y acuícolas”, afirman. El nombre por sí
solo constituye una falsedad, porque esta norma elimina todos los requisitos de
inocuidad de los alimentos para poder comercializar en el mercado peruano.
“Anteriormente
todo producto debía ser objeto de análisis integral, en el que se verificase su
inocuidad y su composición porcentual. En otras palabras, el consumidor podría
estar seguro de la pureza del producto que iba a ingerir y cuál era su
composición”, sostienen los especialistas.
Afirmaron
además que el Decreto
Legislativo N° 1305, “que optimiza el funcionamiento de los servicios de
salud”, resulta fuera de toda lógica pues le quita la autonomía operativa a una
institución como el INEN, que, siendo pública, tiene todas las características
de las más destacadas empresas privadas en el Perú.
“Si
comparamos los estándares de equipamiento, de calidad profesional y de
servicios prestados en el INEN, un análisis objetivo nos indica que lo que hay
que hacer en esta entidad es dotarlo de más recursos y de ningún modo quitarle
la autonomía operativa de la que ha sabido hacer un buen uso”, señalaron.
En
el caso del Decreto Legislativo N° 1289, “que dicta disposiciones destinadas a
optimizar el funcionamiento y los servicios de la Superintendencia Nacional de
Salud”, afirmaron que este elimina todas las exigencias que se obligaban a las
instituciones que prestan servicios de salud, de modo que estos servicios
tuvieran la infraestructura y equipamiento adecuado para sus fines.
En
el caso del Decreto Legislativo N° 1345, “que complementa y optimiza el marco
normativo para los productos cosméticos, productos de higiene doméstica y
productos químicos especializados”, indicaron que en nada reactiva la economía
nacional.
“Es el permitir que todos los cosméticos tengan libre comercialización y que
quien verifique estos productos no sea Digemid, que tradicionalmente ha sido
exigente, sino Digesa, donde si bien es cierto que hay normas que cumplirse,
estas fundamentalmente han estado en el ámbito de alimentos, plaguicidas,
juguetes, residuos, vectores, etc.”, recordaron.
También
advirtieron que en el caso del decreto de urgencia en relación con los
suplementos y complementos alimenticios, señalan que actualmente está bajo
competencia de Digemid y que pasará a Digesa.
Tal
como lo señalamos en la edición del último 2 de enero, se suman a estos, los DL
N°1242, N°1266, N°1267 y N°1268. Esto porque, si bien es cierto que el Congreso
otorgó facultades legislativas al Ejecutivo mediante la Ley 30506, se autorizó
para normar sobre seguridad ciudadana y otros, mas no para los cambios
propuestos con los referidos DL.
“Como
se puede ver, el DL 1242 sirvió para violar los derechos laborales de los 790
efectivos policiales; el DL 1266 conceptualiza a la Policía como una
institución de carácter civil; el DL 1267 también la conceptualiza como una
institución civil; y la 1268, que es el nuevo Reglamento del Régimen
Disciplinario, igualmente está plagado de una serie de errores”, comentó el
exdirector de Defensa Legal de la Policía Máximo Ramírez.
En
el caso de Transportes y Comunicaciones, se afirma que sería ilegal que este
sector asuma los trabajos de infraestructura de los Juegos Panamericanos, con
lo cual la realización de este evento deportivo nuevamente se pondría en
cuestión, tema este que abordaremos en una edición especial.
El Comercio
El
Gobierno terminó de usar las facultades
legislativas que le otorgó el Congreso durante el fin de
semana. Al término de los 90 días de plazo, el Ejecutivo emitió 112 decretos
concernientes a las materias de reactivación económica, lucha contra la
inseguridad ciudadana, lucha contra la corrupción, agua y saneamiento y sobre
la reorganización de Petro-Perú.
Sin
embargo, ya han surgido críticas de parte de congresistas sobre el uso de las facultades legislativas. Un primer
cuestionamiento apareció tras la publicación del Decreto Legislativo N°1305,
que dispuso que el Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas (INEN)
se convierta en parte de Ministerio de Salud.
La
encargada de revisar los decretos emitidos será la Comisión de Constitución del
Congreso. Hoy, su presidente, el legislador fujimorista Miguel Torres, criticó
al primer ministro, Fernando Zavala, por el uso de algunos decretos. "No
es que cuando el Congreso da facultades da una carta abierta para que ellos
puedan inspirarse", dijo.
¿Pudo
haberse excedido el Ejecutivo al usar las facultades legislativas? El ex presidente del Tribunal
Constitucional Víctor García Toma opina que "las facultades no están
dirigidas en estricto sentido a una rama de la administración pública".
"Por
ejemplo, cuando digo 'seguridad ciudadana' no necesariamente tengo que hablar
del Ministerio del Interior. Eso puede involucrar a las municipalidades, al
Poder Judicial o al Ministerio Público", explicó.
En esa
línea, el constitucionalista sostuvo que el haber dictado decretos sobre salud
aun cuando el sector no aparecía en las facultades solicitadas no es
inconstitucional. "Lo que va a tener que acreditar el Ejecutivo es que esa
medida dictada para el sector salud incide de manera directa en una de las
facultades delegadas", añadió.
Opinión
contraria es la del constitucionalista y ex congresista Natale Amprimo. Él
considera que "la delegación no puede entenderse en términos laxos, sino
más bien reducidos. La delegación es expresa y se da en los términos
autorizados. No se puede hacer una interpretación tan amplia".
"Yo
puedo estar de acuerdo en el fondo, pero si el Ejecutivo se ha atribuido una
delegación que no otorgué, ese decreto es inconstitucional", detalló.
A
partir de ello, Amprimo expresó que, desde su análisis, "hay un desborde
en las facultades". "Hay una serie de normativas que son
discutibles y podría entenderse que hay un exceso", consideró.
Como
ejemplo, puso el decreto que establece la reducción en 1% del Impuesto General
a las Ventas (IGV) en julio, siempre y cuando la recaudación anualizada del IGV
neto de sus devoluciones internas alcance al 31 de mayo el 7,2% del PBI. Hoy la
cifra se encuentra por debajo de 7%.
Para
Amprimo, este decreto "está sujeto a la recaudación". "¿Eso cómo
se determina? La norma tiene que tener certeza, las condiciones son figuras que
están en el ejercicio jurídico", cuestionó.
Finalmente,
García Toma advirtió que la constitucionalidad o no de los decretos los
definirá finalmente el pleno del Congreso. "Puede que incluso se equivoquen
o que sea malintencionado o que lo usen como un pretexto", anotó.
El Comercio, editorial
En los últimos días, el primer ministro
Fernando Zavala ha ido explicando en distintos medios de comunicación
–incluyendo un artículo de opinión en este Diario– el contenido de los 112
decretos aprobados gracias a las facultades legislativas otorgadas por el Congreso
en setiembre del año pasado. En este esfuerzo comunicativo, el presidente del
Consejo de Ministros ha privilegiado los comentarios sobre las facilidades y
beneficios que dichas normas han deparado para los ciudadanos.
Aunque disposiciones encomiables como no
tener que presentar la copia del DNI ante una entidad pública, poder constituir
una empresa en 24 horas, o no tener que renovar el permiso de lunas
polarizadas, ciertamente, facilitan la vida de miles de personas, los grandes
aciertos que ha tenido el paquete normativo aprobado por el Ejecutivo se
encuentran en otra parte. Nos referimos a las reformas administrativas
transversales –contenidas en normas como los decretos legislativos 1256, 1272 y
1310– cuyo impacto potencial alcanza no solo a los miles de empresarios de todo
tamaño que operan en el país, sino también a millones de peruanos que podrían
beneficiarse con el crecimiento de la inversión privada y la eventual
reactivación económica.
Basta con pensar en cuántas empresas podrían
expandir sus negocios exitosos de Lima a Huancayo y de ahí a Iquitos, si
contaran con la certeza de no tener que lidiar con requisitos y trámites
distintos a aquellos que les fueron exigidos en la ciudad de origen. La
arbitrariedad y disparidad de criterios son una de las grandes limitantes
que enfrenta la inversión privada en el país, y que pueden quedar en el pasado
si se implementan adecuadamente los procedimientos y TUPA estandarizados,
conforme a lo previsto en el Decreto Legislativo 1272.
O en cuántos inversionistas nacionales y
extranjeros se sentirán atraídos de apostar en el Perú al constatar que los
requisitos y regulaciones que les exigen solo surgirán o subsistirán en cuanto
sean necesarios y razonables y que, al cabo de tres años, estos caducarán si acaso
la entidad pública a su cargo no sustenta adecuadamente su utilidad, y pasa la
validación de una comisión multisectorial de calidad regulatoria presidida por
la PCM, como lo dispone el Decreto Legislativo 1310. Es decir, invertir en un
país donde prevalece la libertad de empresa y la tramitología es la excepción.
De igual forma, no debe subestimarse la
confianza que puede generar a un inversionista el saber que, frente a la
indolencia estatal, cuenta con un arma eficaz como el procedimiento de
eliminación de barreras burocráticas a cargo del Indecopi, y que el Ejecutivo
ha reforzado a través del Decreto Legislativo 1256. Gracias a esta norma,
bastará con una sola resolución del Indecopi para que una barrera burocrática
ilegal no vuelva a ser aplicada a ningún otro empresario.
El esfuerzo del Consejo de Ministros por la
simplificación administrativa es el más serio y ambicioso que se recuerde en
las últimas dos décadas, y dependerá en gran medida del propio Ejecutivo que no
le agüen la fiesta. Ello demanda, en primer lugar, destreza comunicacional para
resaltar la importancia de estas reformas y lograr, así, el respaldo del
Congreso, la ciudadanía y los propios empresarios. Algo fundamental si se
quiere levantar, además, las alicaídas confianza empresarial (debajo de los 70
puntos desde el 2010) e inversión privada (con tasas decrecientes desde el
2014).
En segundo lugar, el Ejecutivo debe
asegurarse de que la implementación de estas reformas sea la adecuada y que a
nivel reglamentario no se pongan trabas al destrabe. No hay que ser demasiado
sagaz para advertir que los principales enemigos de la eliminación de
procedimientos burocráticos podrían ser los mismos burócratas encargados de
ellos, por el peligro de dejarlos sin trabajo o privarlos de cuotas de poder
que la simplificación administrativa acarrea.
El cambio de mentalidad que las normas
aprobadas supone es muy grande. Durante muchos años, los ciudadanos hemos
vivido soportando regulaciones y trámites sin comprender su sentido, y los
funcionarios acostumbrados a que su poder equivale a arbitrariedad sin tener
que responder a nadie. La libertad que se está empezando a recuperar es muy
preciada como para subestimarla o no asegurarla.
El Comercio
Minería informal y exclusión
Roberto Abusada
El Estado lleva años intentando sin éxito
formalizar a la minería informal. El esfuerzo del anterior gobierno constituye
un amplio catálogo de desatinos. Se le exigía a un minero artesanal que extrae
unas cuantas latas de piedras al día los mismos requisitos que a una mina que
procesa 300.000 toneladas diarias, o la aplicación de métodos que rayan con lo
socialmente criminal, como dinamitar maquinarias que bien se podrían decomisar.
La idea de que tales políticas podrían cumplir algún objetivo benéfico es solo
concebible emergiendo de algún conjunto de mentes perturbadas. Del total de
mineros informales, unos 70 mil se acogieron al proceso de formalización
ofrecido por el Estado, y solo el 0,2% de ellos pudo sortear los alucinantes
requisitos. Lograba así el ‘Gobierno de la inclusión’ perpetrar una innoble
tarea de exclusión masiva.
Con los decretos legislativos 1293 y 1336
emitidos por el Ejecutivo en los últimos doce días, al amparo de las facultades
delegadas por el Congreso, se intentará nuevamente formalizar a la minería
informal. Estos decretos demuestran un grado de comprensión conmensurablemente
mayor del problema de la informalidad minera, pero son insuficientes para
lograr el objetivo, y menos aun bajo la administración de los gobiernos
regionales.
Se debe diferenciar la minería artesanal de
socavón que opera principalmente en zonas desérticas y que ocupa al grueso de
los informales, de la minería aluvial de oro en las zonas de selva. La primera
no incluye necesariamente el procesamiento metalúrgico, mientras que la aluvial
utiliza mercurio que se ventea en el medio ambiente causando un daño enorme que
trasciende al área de sus operaciones.
Al daño que causa esta última modalidad de
explotación, hay que agregar el de la deforestación. Ante las acciones de
interdicción y la imposibilidad de cumplir con barreras absurdas, los mineros
aluviales conservan sus áreas concesionadas como coartada, pero obligados por
tales barreras se internan en la selva afectando áreas de reserva. Esto no
implica que se deba prohibir la minería aluvial, sino obligar a cambiar el
actual proceso de extracción del oro por el que se usa en países ambientalmente
responsables como Canadá, donde el circuito cerrado para el uso del mercurio es
obligatorio, evitando que se disperse en el ambiente.
Tanto en el caso de la minería de socavón
como en el de la aluvial, se debe partir por prohibir el uso de cianuro y
mercurio fuera de las plantas donde se procese el mineral.
El Estado debe controlar estrictamente la
utilización de estos insumos, y ayudar a que todos los mineros pequeños y
artesanales tengan acceso a plantas de procesamiento formales, fomentando a la
vez el incremento de estas en todo el territorio. Un ente estatal
especializado, ubicado en la vecindad de las plantas, concentraría todas las
tareas de asistencia en formalización, impartiría directivas de seguridad
laboral y asistencia técnica general, además de verificar el cumplimiento
tributario. El pequeño minero vería sus ingresos incrementados al tener acceso
a un proceso industrial eficiente.
Las ideas aquí expuestas ciertamente son solo
esquemáticas, y excluyen la consideración de varias otras medidas a adoptar
como la necesidad de normar un sistema razonable para la adquisición,
transporte, almacenamiento y uso de muy pequeñas cantidades de explosivos,
poniendo fin a la ilegal venta de estos a informales por parte de muchos
municipios y gobiernos regionales. También la conveniencia de elevar los
derechos de vigencia de concesiones en áreas de explotación aluvial para financiar
tareas de reforestación. Igualmente, se deberá considerar la disminución del
tamaño mínimo del área denunciable, adecuándola a las características de la
minería artesanal, y permitir por ejemplo denunciar una cuarta parte del actual
mínimo de las cien hectáreas que abarca una cuadrícula del catastro minero.
Hoy los empresarios de la mediana y gran
minería mantienen con la minería informal una relación de mutua desconfianza. A
partir de las disposiciones de la nueva legislación que facilita los acuerdos
entre estos dos grupos es posible que se empiece a construir un mejor nivel de
entendimiento. Más aun, la gran minería puede encontrar en el pequeño minero a
un defensor de la industria minera, evitando que en su marginación se sienta
tentado, como ahora, a volcar su simpatía hacia el movimiento antiminero.
Lo que sí se puede afirmar con convicción es
que el Estado no puede seguir cual avestruz enterrando la cabeza en la arena,
desatendiendo el derecho a ganarse la vida de cientos de miles de peruanos, avalando
el despectivo epíteto de “minería mendicante” con el que alguien describió
alguna vez a la actividad que permite que miles de compatriotas encuentren su
sustento.
La República
El ministro Alfredo Thorne
dijo que el Gobierno prevé una tasa de crecimiento
del 5% para el 2017, aunque admitió que "todo estimado
tiene margen de error".
"En julio estimamos
que el crecimiento del 2016 sería de 4% y va a terminar muy cercano a esos
niveles y el consenso del mercado estimó en 3%. Nadie tiene una bola de
cristal, nuestro estimado también tiene margen de error", expuso.
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