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COLUMNA
¿Cómo que “igualito”?
Jorge Morelli
@jorgemorelli1
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El ministro de Energía ha dejado congelados a
quienes le escucharon decir ayer que el Gasoducto debe ser vuelto a concesionar “sin
modificaciones”. "El contrato suscrito tiene una característica inusual”, dijo,
por lo cual se tiene que licitar “el mismo proyecto”, sostuvo increiblemente.
Ya había dicho el
ministro de Economía también que lo que se va a subastar es el contrato mismo. Es decir, sin modificaciones.
La
cosa adquiere ribetes pintorescos, sin embargo, cuando en entrevista reciente el
gerente de Graña y Montero -luego de lamentar copiosamente haber sido engañado
por Odebrecht- aseveró con impertinencia -siendo la suya una empresa investigada-,
que esa contructora tiene interés en participar en la próxima licitación, pero que, según el contrato, tiene que subastarse “el
contrato igualito a la vez anterior. Es una nueva licitación –dijo-, pero no se
pueden cambiar las bases”. Esto afirma el gerente de la empresa cuestionada. Asombrosamente,
agregó aun que el intento de cambiar la garantía del Estado que se cobra en las
tarifas eléctricas puede complicar la subasta.
En efecto, el ministro de Energía anunció ayer, como ya
había adelantado el propio Kuczynski, que el mecanismo de financiamiento que involucra el
pago a través de los recibos de luz será eliminado. No dijo, sin embargo, que la garantía del Estado vaya
a ser eliminada. Dijo solo que ya no la pagarán los usuarios. No, qué va. En adelante
la pagarán los contribuyentes.
Más vale que el gobierno piense bien los que está
haciendo. Subastar el contrato de la concesión sin rediseñar el proyecto, con
el mismo costo escandalosamente sobredimensionado, es algo que la opinión pública
no va a tolerar. Ahora ya sabe que el proyecto fue inflado seis veces en su
valor y que Proinversión, a nombre del Estado peruano, le entregó por medios escandalosamente
corruptos la concesión a Odebrecht como postor único.
REPORTE DE NOTICIAS en Internet
Las siguientes notas periodísticas de
política y economía han sido seleccionadas, editadas y ordenadas
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como una forma de reconocer el crédito y agradecer la cortesía.
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El
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El
Gobierno resolvió terminar la concesión del Gasoducto Sur Peruano debido a que
el consorcio no cumplió con lograr el financiamiento necesario para la obra, informó el ministro de Energía, Gonzalo
Tamayo.
No
obstante, el Ministro dijo que las normas señalan que el Gasoducto debe ser
vuelto a concesionar antes de un año, pero “sin modificaciones”. "El
contrato suscrito tiene una característica inusual”, por lo cual se tiene que
licitar “el mismo proyecto”, sostuvo.
Tamayo
aseguró, de otra parte, que el mecanismo de financiamiento, que
involucra un pago a través de los recibos de luz, será eliminado.
Gestión
La cláusula 6.5 del
contrato de concesión menciona el plazo para el cierre financiero y la 6.7
establece que en caso el concesionario no acredite el cierre financiero al
término de los plazos establecidos, el concedente (es decir, el Estado) queda
facultado a declarar la terminación de la concesión por causa imputable al
concesionario, y facultado para ejecutar la garantía de fiel cumplimento al
100%, esto último es por US$ 262 millones.
Es
decir, hoy que vence el plazo, el Estado debe enviarle una comunicación al
consorcio para informarle la terminación del contrato. La finalización no es
automática, el Estado debe enviar la comunicación.
Asimismo,
según lo establece la cláusula 20.4.1, ocurrida la terminación del contrato, el
concedente (el Estado a través del Ministerio de Energía y Minas) nombrará a un
funcionario para que actúe como interventor del consorcio GSP.
En
tanto, la cláusula 20.4.2 señala que el concedente, a través del interventor,
convocará a una subasta pública para la transferencia de la concesión. El
contrato establece tres posibles subastas a realizarse en un plazo máximo de un
año.
Para
la primera subasta, el precio de referencia es el 100% del valor contable. Si
no se presentaran postores hay una segunda subasta con un precio que tiene como
referencia el 85% del valor contable. La tercera subasta, en caso nuevamente no
hubiera postores, sería al 72.25%. Finalmente, si las subastas no alcanzan el
valor contable referido, el Estado debe completar el monto. Es decir, en última
instancia si no hubiera subasta de los bienes el Estado tendría que pagar el
72.25% del valor contable de los activos.
Del monto que se reciba en
la subasta se establece como máximo a pagar por el Gobierno el valor contable
de los bienes descontando los gastos incurridos en la intervención y la propia
subasta. Si luego hubiera un saldo, se paga remuneraciones, derechos laborales,
dinero que hubiera sido dado como deuda garantizada, tributos, multas y
cualquier otro pasivo. Por último, si quedara dinero se le entrega al consorcio GSP. Si
producto de la subasta se obtiene más del valor en libros de los activos la
diferencia es para el Estado
Surgen dos
interpretaciones acerca de cómo llevar a cabo la subasta de los activos que
entregue GSP. Las
interpretaciones se dan a partir de que el ministro de Economía, Alfredo
Thorne, afirmó que el contrato de concesión tiene varios candados,
advirtiendo que, de no realizarse el cierre financiero, lo que se tiene que
subastar es el contrato mismo, con lo cual no sería tan fácil en la licitación
a llevarse a cabo hacer modificaciones.
En
esa misma línea, el gerente general de Graña y Montero, Mario Alvarado, dijo el
viernes que, según las cláusulas del contrato, lo que se tiene que subastar es
exactamente “el contrato igualito a la vez anterior. Es una nueva licitación,
pero no se pueden cambiar las bases”. Alvarado agregó que lo que puede
complicar la subasta es el intento de cambiar el esquema de ingresos
garantizados que se cobra en las tarifas eléctricas por una garantía del
Estado.
Para otros expertos
consultados por Gestión, la transferencia de la concesión no tiene que hacerse
bajo los mismos términos. En opinión de los especialistas, el Estado puede
cambiar los términos y condiciones. Señalan que siendo el contrato un acuerdo
obligatorio entre las partes, una vez terminado el mismo nada obliga al Estado
a mantener los mismos términos de la concesión ante nuevos postores interesados
en la concesión.
Advierten que, caso
contrario, se estaría asumiendo la garantía que se carga a los recibos de luz.
El
ministro Tamayo dijo que se nombrará una comisión en
ProInversión para la relicitación.
El
último informe de la Contraloría que se conoce señala que a junio pasado el
consorcio ha ejecutado US$ 1,440 millones del proyecto.
ESTA NOCHE
Carta abierta de Keiko
Sofía Fujimori
“Amigas y amigos, hoy me permito usar las redes sociales para hacer
algunas reflexiones y dar ciertas opiniones. Los acontecimientos de este fin de
semana en torno al caso Odebrecht, nos muestran que tanto la Fiscalía como el
Poder Judicial ya encendieron los motores, lo cual es positivo, sin embargo
esperamos que las recientes detenciones sean sólo el inicio de una gran ruta
para llegar a la verdad, y así identificar a todos los responsables. Los
peruanos necesitamos tener plena confianza en las instituciones encargadas de
administrar la Justicia. Los tribunales tienen una gran oportunidad.
“Por otro lado, estas denuncias de corrupción con pagos de coimas tienen
una serie de implicancias sociales y económicas. Un hecho importante: hoy ha
vencido el plazo para asegurar la continuidad del proyecto del Gasoducto del
Sur y es claro que dicha obra no será administrada por Odebrecht y, si el
gobierno se pone de costado carente de sentido proactivo, esto podría
perjudicar seriamente al sur de nuestro país. Por ejemplo, cerca de 4,000
personas perderían su trabajo. Además muchas otras actividades económicas que
giraban en torno a esa gran obra se podrían detener.
“Similar es la situación en el norte del país: en La Libertad, el
proyecto Chavimochic III para irrigar la zona comprendida entre el valle Moche
y Paiján también quedaría paralizado en perjuicio de nuestros hermanos
liberteños. En Lambayeque, en el proyecto Olmos, quienes compraron tierras y
esperan un suministro seguro de agua por los próximos años, verán su inversión
en peligro.
“Estando así la situación, me permito invocar al Presidente de la
República para que ejerza su liderazgo como Jefe de Estado y tome las
decisiones políticas que impidan que el comportamiento ilegal y equivocado de
ciertas empresas y de malos funcionarios afecte el crecimiento de nuestro país.
El Estado peruano debe asumir el rol que la emergencia obliga y garantizar que
estos proyectos salgan adelante cuidando todas sus etapas.
“El sur, el norte y todo el país necesita que esos proyectos funcionen. Presidente,
en sus manos y en las de su equipo está asegurar su justa y transparente
operatividad. No permita que se generen espacios para nuevos baches en nuestra
economía ni para más conflictos sociales. Ninguna investigación, ningún proceso
y ninguna empresa puede ponerle trabas al desarrollo de nuestros pueblos”.
ANTICORRUPCION,
PERSECUCION, JUDICIALIZACION POLITICA
El
Comercio
Edwin
Luyo, ex funcionario del segundo gobierno aprista acusado de recibir coimas de
la empresa brasileña Odebrecht,
afirmó que "todos saben que la pita se rompe por el lado más débil".
Luyo integró
el comité que otorgó la buena pro de la Línea 1 al Consorcio Tren Eléctrico de
Lima y fue funcionario de la Autoridad Autónoma del Tren Eléctrico de Lima
(AATE), encargada de la ejecución de la Línea 1 durante el mandato del ex
presidente Alan García.
