sábado, 8 de agosto de 2015

ESTA NOCHE sábado 8 agosto 2015




ESTA NOCHE, donde usted se entera no de todo lo que ocurre, sino de lo que necesita saber.


MENU DEL DIA


ü  Expreso: una persona del entorno de Eleodoro Mayorga, exministro de Energía, y de Luis Castilla, quien dirigía el sector Economía, laboró para Odebrecht y luego fue colocada en ProInversión, donde aprobó licitaciones a esta misma firma

ü  Zaida Sisson afirmó que se reunió con Ricardo Pessoa, directivo de UTC Engenharia, uno de los delatores del mega esquema de corrupción de Petrobrás, por intermedio del ex ministro brasileño José Dirceu. Pessoa es el mismo que afirma haberse reunido también con un emisario del gobierno del Perú y sostiene que esta persona fue Rocío Calderón, la amiga de Nadine Heredia

ü  Luiz Eduardo de Oliveira e Silva, hermano del ex jefe del gabinete del gobierno brasileño, José Dirceu, afirma que Zaida Sisson trabajó con varias empresas en negocios en nuestro país y citó entre ellas a OAS, Galvão Ingeniería, Queiroz Galvão y UTC Engenharia. El novio brasileño de la amiga de Nadine Heredia fue gerente de Galvao Ingeniería

ü  Jorge Chang Soto, ex gerente de Centros Capilares y ex personero del partido Nacionalista, dijo ayer a la comisión Belaunde Lossio que la compañía no tenía fondos para pagar US$50.000 a Nadine Heredia, pues solo facturaba entre S/.3.000 y S/.5.000 mensuales


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MEDIA COLUMNA
Propiedad


Jorge Morelli
@jorgemorelli1
jorgemorelli.blogspot.com


Tres personas han sido asesinadas en las alturas de Ayabaca, miembros de la expedición de topógrafos de la minera Río Blanco que trazaba el camino a una mina. La zona está tomada hoy por la minería ilegal y el narcotráfico desde aquel caso de años atrás -el primero de los grandes conflictos- que estalló en la sierra de Piura. El Estado terminó por claudicar y abandonar esa región del país convertida hoy en una “zona liberada” en la que ya no puede entrar la Policía.

Es exactamente el plan del radicalismo antiminero. Se propone “liberar” porciones del territorio nacional para impedir la inversión en el Perú de cien mil millones de dólares en minería, energía e infraestructura en los próximos diez años. 

El Estado no sabe hasta ahora cómo responder a esto. Luego de Conga, Cañariaco y Tía María, el gobierno humalista tiene miedo de otro baño de sangre y la denuncia de violación de derechos humanos. El premier, Pedro Cateriano, anuncia que retomará el diálogo sobre Tía María en Islay, porque –dice- la recaudación fiscal se ha caído desde que se paralizaron las inversiones mineras.

Lo realista para comenzar de nuevo es georeferenciar, titular y registrar la propiedad de las seis mil comunidades andinas y las dos mil comunidades amazónicas de todo el Perú. La mitad de las comunidades andinas y al menos un tercio de las amazónicas no tienen títulos.

Los académicos repiten como loros que los partidos políticos no prestan atención o son indiferentes ante esta situación clamorosa. En este sentido, merece felicitaciones el trabajo de un equipo de jóvenes de la escuela de formación política de Fuerza Popular presentado a un concurso interno -al que concurrieron otros nueve trabajos sobre seguridad y ambiente, de los cuales tuve el honor de ser jurado-, que propone retomar la titulación masiva de las tierras comunales del Perú. Su trabajo documentado da cuanta exacta de la situación en que se halla la titulación, hoy en el abandono. Sin título no hay propiedad. Incluso en los temas de seguridad y ambiente la clave está en la propiedad.

La inexistencia de propiedad claramente establecida y reconocida desemboca siempre en la violencia, porque es un estado absurdo de congelamiento fuera de la historia. Sin título, nadie en su sano juicio se arriesga a asociarse o a alquilar la tierra a una empresa aunque sea formal por temor a ser despojado de ella.

Registrar formalmente la propiedad es la piedra fundamental de la economía peruana del siglo XXI. Hace cuarenta años recuerdo haber visto en la comunidad de San Damián -una antigua reducción del virrey Toledo del siglo XVI-, guardados en el cajón de un vetusto escritorio los títulos coloniales emitidos por la Corona española. En casi 200 años de vida republicana, el Estado peruano no ha sido capaz de organizarse para hacer lo mismo.  



REPORTE DE NOTICIAS en Internet
 Las siguientes notas periodísticas de política y economía han sido seleccionadas, editadas y ordenadas
temáticamente. No se las debe citar como tomadas directamente de sus fuentes originales, las mismas que se indican sólo como una forma de reconocer el crédito y agradecer la cortesía.



ANTICORRUPCION, PERSECUCION, JUDICIALIZACION POLITICA



Expreso
Una persona del entorno de Eleodoro Mayorga, exministro de Energía, y de Luis Castilla, quien dirigía el sector Economía, laboró para Odebrecht y luego fue colocada en ProInversión, donde aprobó licitaciones a esta misma firma.
El 7 de mayo del 2014 se publicó la Resolución Suprema 020-2014-EF con la firma del presidente Ollanta Humala y el entonces jefe del MEF, designando como presidente del Comité de Proyectos de Seguridad Energética a Edgar Ramírez Cadenillas, ingeniero de gas y petróleo.
Según el currículo del referido profesional, fundó la consultora Latin Energy Global Services. Con el apoyo público de Mayorga fue el encargado de darle visto bueno al nuevo concurso público para el Gasoducto del Sur Andino.
¿En qué reside el conflicto de intereses? Latin Energy había realizado estudios para Kuntur Transportadora del Gas, subsidiaria de Odebrecht.
A fines de junio de ese año, ProInversión decidió anular el plan, pero en vez de entregárselo a otro postor consorciado o no, hizo un nuevo proceso donde la empresa brasilera quedó como único postor final.



La República
Zaida Sisson afirmó al portal brasileño 'Veja' que se reunió con Ricardo Pessoa, directivo de UTC Engenharia, uno de los delatores del mega esquema de corrupción operado en la Petrobrás, por intermedio del ex ministro brasileño José Dirceu.
También contó que llevó a Léo Abeto y César Uzêda, de OAS, a una audiencia con el presidente Lula da Silva y el ex presidente Alan García, en Palacio de Gobierno, en Lima.
La consultora dice que prestó servicios para la SPA Ingeniería, que consta en la lista de clientes de Dirceu. También confirmó haber trabajado para la Engevix y para la filial peruana de Galvão Ingeniería, de la cual recibió 180,000 dólares.
La fiscalía de Brasil sospecha que Sisson es el enlace en nuestro país de un esquema de lavado de dinero que habría sido orquestado por Dirceu, a tráves de JD Consultoría.
La consultora manifestó que Dirceu intermedió en las negociaciones con UTC, OAS, Engevix y Galvão. 
En esos años, el ex ministro brasileño y su hermano ofertaban los proyectos a las empresas. . 
La UTC fue una de las últimas constructoras indicadas a Sisson. La empresa de Pessoa pagó a la consultora de Dirceu 1,377 millones de reales en el 2012, según ella, más de una vez. Pero tras los primeros contactos las relaciones no avanzaron.
Comentó que el hermano de Dirceu, Luiz Eduardo de Oliveira e Silva, la llamó para que se reúna con Pessoa en el 2013; este último le habría dicho que tenía muchos proyectos pero no una buena relación con el gobierno de Ollanta Humala. "Pero hablé de que saldría un proyecto de metro grande, el metro 2, hasta le mandé el proyecto a él (Pessoa)", agregó.



La República
Luiz Eduardo de Oliveira e Silva, hermano del ex jefe del gabinete del gobierno brasileño, José Dirceu, amplió detalles sobre el papel de Zaida Sisson, esposa del ex ministro aprista Rodolfo Beltrán Bravo. Relató a la Policía que cuando su hermano –el "hombre fuerte" del primer mandato del ex presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva– vino al Perú sabía del "expertise" de Sisson y que "comenzó a ser utilizada por JD Consultoría", la compañía del ex ministro brasileño, que, se presume, era una fachada para recibir sobornos de constructores en el exterior.
Agregó que ella trabajó con varias empresas en los negocios en nuestro país, y citó entre ellas a OAS, Galvão Ingeniería, Queiroz Galvão y UTC Engenharia.
En otro momento, Luiz Eduardo confesó a las autoridades brasileñas que investigan el caso de corrupción 'Lava Jato' que recibió más de 8 mil dólares mensuales (30 mil reales brasileños) entre el 2012 y 2013 del lobista Milton Pascowitch, hoy colaborador eficaz, que actuaba como intermediador del pago de sobornos en los negocios de Petrobrás.



El Comercio
Uno de los principales detenidos por el Caso Lava Jato en Brasil ha ofrecido ante la Fiscalía Federal de ese país nuevos elementos que vincularían a Zaida Sisson, la esposa del ex ministro del gobierno aprista Rodolfo Beltrán Bravo, con negocios de otras grandes constructoras brasileñas que operan en el Perú, hoy involucradas en el Caso Lava Jato. 
Su nombre es Luiz Eduardo de Oliveira e Silva, hermano de José Dirceu, el otrora brazo derecho de Luiz Inácio ‘Lula’ da Silva, ex presidente de Brasil. Este hombre fue detenido esta semana.



El Comercio
Jorge Chang Soto, ex gerente general de la empresa Centros Capilares y personero del Partido Nacionalista en el 2006, se presentó ayer ante la Comisión Belaunde Lossio del Congreso. 
Según fuentes del grupo, Chang señaló que la compañía no tenía fondos para pagar US$50.000 a Nadine Heredia en el 2006, pues solo facturaba entre S/.3.000 y S/.5.000 mensuales. En la investigación que el Ministerio Público realizó a la primera dama entre el 2009 y el 2010, ella señaló que el pago fue hecho por asesorías en márketing. Como se recuerda, esa pesquisa fue archivada. 
Actualmente, Heredia tiene una investigación por lavado de activos, en la que también se ha indagado el pago de Centros Capilares. Sin embargo, un hábeas corpus presentado por la primera dama anuló la investigación de esos pagos. El Poder Judicial analiza la apelación que la fiscalía presentó para investigar las cuentas de Heredia. 
El recurso de amparo que Nadine Heredia presentó contra la Comisión Belaunde Lossio, este fue declarado inadmisible ayer por el Poder Judicial. La resolución señala que el recurso no cumple las formalidades requeridas para ser admitido y contiene algunas imprecisiones. 
Se ha dado un plazo de tres días útiles para subsanar las omisiones.



El Comercio
Uno de los abogados de Nadine Heredia, Aníbal Quiroga, afirmó que la declaración de inadmisibilidad a la acción de amparo interpuesta por la primera dama contra la Comisión Belaunde Lossio no significa que esta haya sido rechazada y que, tras subsanar las imprecisiones detectadas por el Poder Judicial, la presentarán el próximo lunes.
El amparo requiere aclaraciones en cinco puntos.



El Comercio
El presidente Ollanta Humala volvió a criticar a la Comisión Belaunde Lossio al defender a su esposa, Nadine Heredia, quien es investigada por ese grupo parlamentario.
"Al parecer, es una comisión que está aprovechando el mandato del pleno para hacer cera y pabilo de las honras en la etapa preelectoral", dijo.






AGUA, MINERIA, CONFLICTOS AMBIENTALES, REGIONALIZACION



Peru21
¿Se imagina usted que para titular su vivienda sea un requisito obligatorio llevar una muestra de la tierra que ocupa en un saco para que sea analizada por un perito? ¿Se imagina que deba trasladar esa tierra desde una provincia hasta Lima? ¿Se imagina cómo trasladar la tierra si viviera en una comunidad alejada, a la que solo se llega luego de un viaje de varios días por río?
Para las comunidades indígenas del Perú esto no es imaginación, es la dura realidad. Llevar los sacos de tierra desde sus zonas de origen a Lima es solo el primer paso de un largo y engorroso proceso para titular sus tierras, el cual, con buena suerte, puede demorar entre 15 y 20 años.
Este domingo se celebra el Día Internacional de los Pueblos Indígenas y en el Perú la falta de formalización de la propiedad de los territorios de estas comunidades es aún uno de los mayores problemas, pues en la actualidad no hay un catastro oficial y no se sabe con exactitud cuántas comunidades nativas y campesinas faltan titular.
Según el Viceministerio de Interculturalidad, solo en la Amazonía habría 500 comunidades que aún no tienen títulos de propiedad. Sin embargo, la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana calcula que se trata de 1,300 comunidades. Por otro lado, el Instituto del Bien Común (IBC) indica que están pendientes de titulación 666 comunidades nativas y 3,303 comunidades campesinas.
“Lo cierto es que no hay información clara. Tampoco bases cartográficas estandarizadas y, en la medida que el proceso de titulación pasó de una dependencia a otra –del Programa Especial de Titulación de Tierras al Cofopri, al Ministerio de Agricultura y a los gobiernos regionales– se han manejado bases de datos diferentes que no son compatibles y complejizan el tema”, dijo Daniel Sánchez, jefe del programa de Pueblos Indígenas de la Defensoría del Pueblo.
Una titulación da a las comunidades indígenas la seguridad jurídica para defenderse de terceros que intentan invadir su tierra o adueñarse de sus recursos. Sin embargo, Sánchez anotó que en el Perú hasta ahora no existen normas claras sobre el proceso de titulación de comunidades indígenas y eso da pie a que madereros y mineros ilegales o narcotraficantes ocupen los territorios de las comunidades.
“Actualmente hay muchas normas y varias son contradictorias entre sí. Además, el trámite mismo de la titulación tiene cerca de 20 pasos, lo cual lo hace muy engorroso para las comunidades y las desmotiva”, manifestó.
Hasta la fecha, las comunidades que quieren titular sus tierras deben enviar una calicata (muestra) de cada hectárea de su suelo a Lima, para que uno de los 20 ingenieros encargados de hacer ese análisis determine si se trata de un recurso forestal o agrícola. Solo ese primer paso puede costar a la comunidad unos 60 mil soles.
No obstante, la viceministra de Interculturalidad, Patricia Balbuena, informó que para tratar de aliviar el problema el Ministerio de Agricultura y Riego ha reducido la clasificación de suelos y ahora pide una muestra más pequeña.
“Antes, si una comunidad indígena tenía 40 mil hectáreas debía sacar 40 mil calicatas de tierra. Eso encarecía el proceso de titulación, que puede costar entre 300,000 y 500,000 soles; por eso las comunidades están atoradas reclamando títulos desde hace 20 años”, acotó.
Aunque se trata de una buena noticia, el proceso aún es caro, pues también se debe delimitar el terreno. Ante la falta de recursos económicos de las comunidades y el Estado, los ilegales se aprovechan y ofrecen el dinero para la titulación a cambio de explotar sus recursos naturales.
Pero eso no es todo. Otra limitante es la superposición de la tierra. Es decir que hay terrenos donde se han entregado a la vez muchos derechos de propiedad, como áreas naturales protegidas, que a la vez son terreno comunal y a la vez son concesiones forestales o lotes petroleros y que dan lugar a conflictos sociales.

La ley señala que para que una comunidad se beneficie de un proyecto de inversión que pasa por su territorio, se debe contar con título de propiedad.



Peru21
Juan Carlos Ruiz, del Instituto de Defensa Legal (IDL), lamentó que el gobierno, en lugar de titular a las comunidades, siga entregando servidumbres gratuitas a empresas sobre territorios indígenas. “Se favorece la inversión, por eso hasta ahora no hay consulta previa en los proyectos del sector minero que involucran a sus comunidades”, dijo.
El Ministerio de Cultura ya ha terminado la identificación de los pueblos amazónicos y está avanzando con el registro de los pueblos andinos, el cual debe estar terminado a fines del presente año. La relación incluye a los pueblos indígenas que se mantienen vivos, aún si han perdido su lengua o han sido desplazados de sus zonas de origen por diversas razones.



La República
Dos compañías de Suiza, MKS Finance y Metalor Technologies –socias del prestigioso  London Bullion Market Association (LBMA), gremio que fija el precio del metal en el mundo– fueron las principales compradoras del oro de origen sospechoso de Madre de Dios hasta fines del 2013. La primera compañía fue mencionada en una investigación del Ministerio Público por lavado de dinero de la minería ilegal y la segunda fue incluida en dos pedidos fiscales de asistencia internacional al gobierno suizo el 2014, para establecer sus nexos con acopiadores y proveedores de mineral de procedente de Puerto Maldonado, Cusco y otras partes del país.
En junio pasado, luego de una investigación de ojo-público.com, MKS y Metalor negaron las acusaciones de haber negociado con acopiadores de la minería ilegal en nuestro país y prefirieron no identificar a sus proveedores nacionales, ni detallar la relación comercial que mantuvieron con aquellos.
Sin embargo, Aduanas de la Sunat, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), la Procuraduría de Lavado de Dinero y una división especializada de la Dirincri han identificado a estas empresas en investigaciones sobre sus operaciones financieras y a las exportadoras locales que recibieron depósitos bancarios a cambio de los envíos del mineral a Europa.
Hoy publicamos la lista de proveedores de oro de MKS y Metalor en base a estas pesquisas y detallamos la cadena de comercialización que siguió el metal desde Madre de Dios a Suiza.
La nómina fue encabezada por el empresario Jorge Zavaleta Vargas, natural de La Libertad y dueño de Universal Metal Trading (UMT) en Lima, una de las principales exportadoras de metal del país. Esta compañía –con sedes registradas en Arequipa, Puno, Cusco y Madre de Dios y cuyo directivo fue acusado por fraude tributario en la venta de mineral– fue la gran abastecedora de metal de MKS hasta el 2012, que paralizó sus compras aquel año luego de una investigación periodística. Desde entonces, las operaciones de la compañía suiza y sus contactos con los acopiadores de Puerto Maldonado quedaron en el olvido, hasta ahora.
Los documentos revelan que UMT envió a la suiza MKS más de 60 toneladas de oro entre el 2008 y 2012, en gran parte acopiadas por personajes sospechosos de lavar activos de la minería ilegal: los cusqueños Aníbal Sucari Sucari de AS Perú, Efraín Vargas Garzón de E&M Company (contador de Gregoria Casas ‘Goya’, por años la mayor productora de mineral de Huepetuhe), Percy Sumarriva Ortiz de Minera Tambopata y su hermano Mario Covarrubias Ortiz de Corporación Mega Express y Quechua Gold; al igual que Arturo Ortiz Ortiz de Oro Fino (cerrada hace pocos meses), Omar Díaz Yanapa de Inversiones Kopakabana (a quien le confiscaron US$2 millones de la minería ilegal en el aeropuerto de Lima el 2013), el apurimeño Leonardo Callalli Warthon de Los Poderosos Minera Aurífera (condenado a 10 años de prisión junto a su hijo por blanqueo de dinero), entre otras.
Ojo-público.com accedió a la declaración policial del dueño de UMT, Jorge Zavaleta Vargas. En ella aceptó que su cliente principal era MKS y que las compañías citadas eran sus proveedoras, pero dijo desconocer el origen del oro que recibía de ellas, así como si estas tenían autorización del Ministerio de Energía y Minas (MEM). “Yo sólo firmaba un contrato de procedencia lícita [del metal]”, indicó Zavaleta, quien también reconoció que compraban directamente a los mineros artesanales de Madre de Dios. Las toneladas de oro acopiadas por estas empresas –casi todas ubicadas en el centro aurífero de Puerto Maldonado– eran enviadas a la oficina de UMT en San Borja, para luego ser trasladadas en aviones comerciales desde el aeropuerto internacional Jorge Chávez a Ginebra.
Cuando la Policía de Lavado de Dinero hizo pericias contables a los acopiadores del proveedor final de MKS descubrió que el oro enviado a Suiza procedía de regiones de minería ilegal como Huepetuhe, Laberinto y Puerto Maldonado y que aquellas comercializaban cantidades mayores a las que finalmente eran declaradas ante el MEM. Uno de los casos que más sorprendieron en las pesquisas fue el de Leonardo Callalli (57), investigado por fraude tributario en la venta de mineral en los 90 y dueño de la empresa Los Poderosos, creada el 2011 en Madre de Dios. Este personaje, involucrado en dos casos de tráfico de dinero en efectivo y de oro en la frontera con Bolivia y en el aeropuerto de Puerto Maldonado, recibió millonarias sumas de dinero de Universal Metal Trading a cambio de grandes cantidades de mineral.
Un informe inédito de la UIF –que considera a la minería ilegal como una actividad tan lucrativa como el narcotráfico– reveló el flujo de dinero ingresado al sistema financiero nacional desde el extranjero: “Entre el 2011 y 2012 se realizaron 125 depósitos por US$ 66.5 millones, cuyo ordenante fue Universal Metal Trading [proveedor en Lima de MKS], y [otros] 63 depósitos por US$ 6.2 millones [de dicha empresa]”, indica el documento. En base a estas transacciones bancarias, las pericias contables y los reportes del MEM, se concluyó que Callalli dirigió una red de lavado de activos que compró “el cuádruple de la producción total de oro declarado [oficialmente] por la minería artesanal en Cusco y Madre de Dios…, realizó operaciones comerciales extrañas e incrementó su patrimonio de forma inusual”.
En el caso de la refinería suiza Metalor –con oficina dentro de la empresa de seguridad Hermes en Chorrillos– los expedientes judiciales indican que se abasteció de oro de Aníbal Sucari de ASPerú y Efraín Vargas de E&M hasta finales del 2013. Durante años, ambas compañías acopiaron mineral de personajes que hoy son investigados a nivel judicial por la Procuraduría de Lavado de Dinero. Estas exportadoras, con tiendas en diversas zonas de Madre de Dios, también despacharon cargamentos que acabaron en MKS y recibieron millonarias sumas de dinero que son investigadas en reserva por la Sunat y la Policía, pero que recién hoy salen a la luz.
Según los informes, Metalor transfirió US$521 millones a ASPerú por la compra de 10 toneladas de oro entre el 2009 y el 2013 y otros US$223 millones a E&M Company a cambio de cinco toneladas de mineral en ese mismo lapso. Hoy, mientras siguen las pesquisas por los 25 casos por decomisos de metal ocurridos en los almacenes aduaneros del Callao, el Ministerio Público ya ha pedido asistencia judicial internacional a Suiza para interrogar a los representantes de Metalor Technologies así como ha identificado a MKS Finance, la otra compañía helvética. Hecho inédito, ya que traslada la lucha contra la minería ilegal desde los deforestados bosques de Tambopata hasta lo más alto de la cadena de comercialización del oro de origen sospechoso: las refinerías suizas de Ginebra y Neuchatel.

Compañías niegan nexos con minería ilegal

Las compañías suizas MKS Finance y Metalor negaron a ojo-público.com tener nexos con la minería ilegal. Lo hicieron a través de cartas y comunicados publicados en junio pasado, pero sin mencionar sus negocios en Lima y sin responder interrogantes sobre sus proveedores.
La primera dijo que dejó de comprar mineral procedente del Perú en el 2012, mientras que la segunda reconoció que uno de sus clientes fue involucrado en un caso de lavado de dinero a raíz de la incautación de un cargamento de oro que debía llegar a Suiza.
Metalor no lo dijo, pero se refiere al operativo realizado por Aduanas a inicios del 2014 contra la empresa Famyr Group, que intentaba exportar 10 kilos de oro a Ginebra. El cargamento fue intervenido por ser de procedencia sospechosa. Actualmente se viene investigando al dueño de la compañía peruana, Jorge Malpartida Ramos, y a otros personajes vinculados a la cadena de acopio del metal. Metalor también ha sido mencionada en la investigación contra la exportadora E&M de Cusco, una de sus clientes.



Expreso
Las declaraciones que dio el jueves el premier Pedro Cateriano, en las que aseguraba que el Gobierno ha realizado las inversiones necesarias en equipos logísticos que permitan enfrentar el fenómeno de El Niño y asignado recursos para las medidas de precaución frente a este evento natural, fueron desvirtuadas por especialistas y autoridades del norte del país.
“Días atrás ha llovido en Chiclayo, en el puerto de Eten se afirma que ha llegado el perico, un pez de aguas calientes, los vientos son inusuales en el litoral norte del país”, refiere el alcalde provincial de Ferreñafe, Jacinto Muro Távara, sobre lo que se nos viene: un fenómeno que puede ser muy fuerte, con características similares de los años 1997-1998 o el de 1983.
Rodolfo Rodríguez, director del Radar Atmosférico de la Universidad de Piura (UDEP), afirma que si las condiciones térmicas actuales se mantienen y continúa aumentando la temperatura del océano, la costa norte del Perú sufrirá un fenómeno de El Niño de gran magnitud.
Para el experto, las lluvias pueden comenzar a finales de noviembre de este año hasta alcanzar su mayor intensidad en el verano del 2016, lluvias que “serían mucho más fuertes que las registradas en el fenómeno de El Niño de 1983”.
Y hay la probabilidad –en un 85 %– de que las temperaturas del mar permanezcan elevadas hasta febrero del 2016, según los estudios de la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA), es decir, la entidad que estudia el fenómeno en Estados Unidos.
Muro Távara agrega que, si esto es previsible, se puede afirmar que la pesca habitual puede mermar drásticamente si en el norte aumenta en intensidad el fenómeno climático que nos ocupa, donde precisamente está el stock más grande de la pesca peruana.
En situaciones de esta naturaleza, para otros expertos, como el vicealmirante en retiro Luis Giampietri, ante la desaparición de la anchoveta, que es una especie de aguas frías y no soporta las cálidas de El Niño, a veces llega la sardina como sucedió el 97-98, cuando perdimos el 50 % de la biomasa de anchoveta. Pero eso es un albur, reflexiona.
(…)
Autoridades aseguran que los gobiernos regionales están trabajando en el peor escenario no solo porque todo está retrasado sino que el presupuesto inicial de 50 millones de soles, y ahora de 200 millones, para 14 regiones, es una cifra que no puede cubrir las obras de prevención en Lambayeque. Sólo en Tumbes y Lambayeque se necesitarán 160 millones de soles adicionales para las referidas obras de prevención y respuestas a la emergencia.
Se trata entonces de mitigar un problema que ya lo tenemos encima desde mayo del año pasado y que nos puede generar pérdidas superiores a 4 mil millones de dólares.






GOBERNABILIDAD, DEMAGOGIA, AUTORITARISMO, DEMOCRACIA



El Comercio
El 11 de junio de 1990, un día después de ganar las elecciones en segunda vuelta, el entonces presidente electo Alberto Fujimori llamó a Hernando de Soto para ofrecerle la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), oferta que el economista rechazó, porque el líder de Cambio 90 insistía en no realizar el shock económico.
Tras dos meses, Juan Carlos Hurtado Miller, quien sí aceptó ser el jefe del Gabinete y ministro de Economía de Fujimori, anunció el paquetazo concluyendo con la tan recordada y criticada frase: “Que Dios nos ayude”.
Junio, el mes previo a la asunción de poder, fue clave para que Fujimori, quien en campaña había prometido no ejecutar el shock, cambiara de opinión y dejará de lado la propuesta hecha por sus asesores económicos, apodados como los “Siete Samuráis”. Ellos planteaban sanear progresivamente la quebrada economía peruana, que no tenía opciones para préstamos internacionales, con cifras en negativo y con más de 7,000% de inflación.
Durante las semanas post segunda vuelta, De Soto y el fallecido economista Carlos Rodríguez Pastor elaboraron el ‘fujishock’, plan que fue expuesto a fines de junio en Nueva York a Fujimori y a los representantes del Banco Mundial, del Banco Interamericano de Desarrollo, del Fondo Monetario Internacional y de las Naciones Unidas, los principales acreedores del Perú en ese momento.
“El nuevo presidente del Perú logra acuerdo sobre deuda”, tituló el 1 de julio el diario estadounidense “The New York Times”, donde Fujimori anunció, por primera vez, la aplicación del shock económico.
A su regreso a Lima, Alberto Fujimori convocó a un viejo conocido suyo: Juan Carlos Hurtado Miller, con quien había estudiado en la Universidad Agraria La Molina y que había sido ministro de Agricultura del segundo gobierno de Fernando Belaunde Terry (1980-1985). Le ofreció la PCM y el Ministerio de Economía y Finanzas.
Hurtado Miller, según contó a El Comercio el congresista acciopopulista Víctor Andrés García Belaunde, le pidió permiso al ex presidente y líder de su partido, Fernando Belaunde Terry, para colaborar con Fujimori y, además, le planteó una alianza entre Acción Popular y el gobierno fujimorista.
“La respuesta de Belaunde fue que no, que la posición de Acción Popular era independiente, que el partido no podía sumarse al carro del candidato que ganó las elecciones. Le dijo que si quería colaborar con el nuevo Gobierno debía hacerlo a título personal y desligándose del partido. Y así ocurrió”, refirió.
Veintiún días más tarde, a la misma hora, el jefe del Gabinete Ministerial anunció, desde los estudios del Canal 5, el más terrible shock que podía imaginarse en la época: el galón de gasolina de 84 octanos pasó de 21.000 a 675.000 intis (30 veces más) y los precios de los productos de la canasta familiar también se dispararon: la lata de leche pasó de I/.120.000 a I/.330.000; el kilo de azúcar blanca, de I/.150.000 a I/.300.000; y el kilo de fideos de I/.200.000 a I/.775.000.
Juan Carlos Hurtado Miller responsabilizó de la crisis económica al gobierno de Alan García. Como ejemplo de la irresponsabilidad del manejo monetario del aprismo, mostró un billete 500 mil intis, “con el que hace cinco años se hubiera podido comprar una casa de 40 mil dólares; hoy, solo alcanza, en el mejor de los casos, para un tubo de pasta de dientes”.
Tras decir que el gobierno tenía esperanza en el pueblo peruano para superar la crisis, vinieron las palabras sepulcrales que hasta hoy son recordadas: “Que Dios nos ayude”.



El Comercio
¿Y Dios,¿nos ayudó?
Carlos Meléndez
Hace exactamente veinticinco años, el ministro de Economía se dirigía a todos los peruanos –en cadena nacional– para anunciar lo que sería el más severo shock económico de nuestra historia. El gobierno del –entonces– ‘outsider’ Alberto Fujimori iniciaba así un paquete radical de reformas de ajuste –incoherente con sus promesas electorales– que implicó altos costos sociales para una población mayoritariamente pobre. La decisión fue arriesgada, al punto que dicho mensaje a la nación culminó con una frase surrealista: “Que Dios nos ayude”. Vale la pena preguntarnos ahora si efectivamente Dios nos ayudó.
El inventario de las cifras macroeconómicas arroja sin duda un balance positivo. El porcentaje de peruanos que viven bajo la línea de pobreza se redujo del 55% en 1990 al 22,7% en el 2014, la inflación mensual nunca más volvió a superar el dígito después de los noventa y el crecimiento económico ha sido una constante a pesar de baches de recesión (como el actual). Si a un peruano promedio le preguntaban en aquel entonces sobre el futuro del país, lo más probable es que no hubiese apostado por la tendencia positiva que surcó nuestra economía en el largo plazo. Un balance economicista diría que, efectivamente, Dios es peruano.
¿Pero hasta qué punto el alto nivel de informalidad e ilegalidad que hunde a nuestra sociedad en el hoyo de la inseguridad y la precariedad institucional constituyen la otra cara de la misma moneda del ajuste estructural? ¿Acaso ese retumbante “Que Dios nos ayude” no fue el inicio legitimador del “sálvese cómo pueda” y “salga a la calle a vender limones”? Aunque la informalidad laboral precede a las reformas de mercado, considero que el ‘fujishock’ no solo fortaleció su tendencia expansiva, sino que además la legitimó políticamente como estrategia de subsistencia para los de abajo y remedio indiferente para los de arriba. El “éxito” de las cifras económicas fue demasiado atractivo como para voltear la mirada al gran problema que se ha cultivado. No asoma ninguna reforma que revierta la tendencia de la informalidad en sus diferentes dimensiones (laboral, empresarial, tributaria, etc.).
La ética del informal ha calado en el Perú contemporáneo. No se trata de un mero “desborde” u “otro sendero”. Estas visiones tradicionales enfatizan la brecha entre la regularidad de las prácticas y la legalidad de las normas y descuidan el enraizamiento de patrones de comportamiento anómicos que penetran la política con impunidad y hasta celebración. Al ser permisivos con la informalidad, la puerta de la ilegalidad queda abierta. La ola de criminalidad se explica en gran parte por este crecimiento sin instituciones, por esta clase media enclenque de informales y de ilegales que reinan tanto en valles cocaleros y socavones mineros como entre los mayoristas sin RUC y las antiguas barriadas sin protección. La “mano invisible” del mercado terminó por invisibilizar al Estado ineficiente, socavando así cualquier salvaguarda contra sicarios de a pie, raqueteros en Mercedes y secuestradores express.
A veces medidas económicas exitosas (y aisladas) son deficitarias en otras esferas. Sus consecuencias negativas no se registran necesariamente en la memoria de los macroeconomistas, sino en la vida cotidiana del país que usted critica con frecuencia.



El Comercio
La reforma esperada
Luis Iberico
(…)
Me toca dirigir el Congreso de la República en el último año de gobierno del presidente Ollanta Humala. Un año electoral en el que las diversas agrupaciones alimentan sus justas expectativas de llegar al poder por el camino de las urnas. Año complejo pero al mismo tiempo desafiante para todos quienes nos llamamos demócratas pues –como es sabido– obran en manos del Parlamento nacional proyectos de ley destinados a regir con más transparencia, eficiencia y decencia los siguientes comicios generales del país.
Tales proyectos fueron remitidos por las instituciones del sistema electoral, luego de propiciar un amplio debate entre los actores públicos, académicos, periodistas y representantes de la sociedad civil. Se trata de aportes con un alto grado de consenso, una visión de largo plazo y la búsqueda de estándares universales recogidos de las democracias más sólidas del planeta. No son, por tanto, propuestas exóticas o disparatadas. Son el fruto de un Perú dialogante, capaz de autoevaluarse y hasta autocriticarse para que su orden democrático se enriquezca y refleje el sentir ciudadano.
Manifesté, en el discurso de toma de posesión de mi cargo, que el reto de la nueva Mesa Directiva del Congreso es garantizar la gobernabilidad y estabilidad del país. Señalé como temas prioritarios las iniciativas concernientes al ámbito electoral y el funcionamiento de los partidos políticos. Celebré los avances propiciados en ese sentido, como el establecimiento de la ventanilla única de antecedentes, lo cual permitirá a los partidos seleccionar mejor a sus candidatos. También la aprobación de la ley que obliga a los postulantes a consignar en sus hojas de vida las sentencias condenatorias firmes por delitos dolosos y demandas por violencia familiar.
Cabe ahora apuntalar las normas que permitan una supervisión óptima del financiamiento de los partidos políticos y los aportes a las campañas electorales. Es inaudito e inmoral que una legislación defectuosa permita la filtración de dinero ilícito a estas campañas y –lo peor– que no existan herramientas adecuadas para sancionar dicha práctica.
Asimismo, debemos consolidar la democracia interna de los grupos políticos a través de las elecciones primarias. Evitemos hacia el futuro altos niveles de deserción en las bancadas parlamentarias creando mecanismos que fortalezcan la identidad entre representantes y representados. Serán estos últimos quienes nos pedirán cuentas a los políticos que somos tributarios de un sufragio y no siempre terminamos honrándolo.
También está pendiente debatir el dictamen para hacer efectivo el financiamiento público a los partidos. Como se observa, la agenda de la reforma electoral es variada y añadiría que urgente. Antes del mes de octubre debería aprobarse, pues se enmarca en el plazo constitucional en el que el presidente de la República está obligado a convocar comicios generales y las entidades electorales a empezar a organizarlos.
Confío en que así será. Y siento que el pueblo peruano confía en que nos pongamos a la altura de esta reforma esperada.

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