ESTA NOCHE martes 2 agosto 2016

ESTA NOCHE, donde usted se entera no de todo lo que ocurre, sino de lo que necesita saber.

La opinión en MEDIA COLUMNA representa exclusivamente a su autor. Usted puede reenviar y publicar libre y gratuitamente cualquier MEDIA COLUMNA tomándola de este correo o de

jorgemorelli.blogspot.com

MEDIA COLUMNA

¿Alguien manda en el Vraem?  

Jorge Morelli

@jorgemorelli1

jorgemorelli.blogspot.com

Nadie ha preguntado quién va a reemplazar a Vega Loncharich en la jefatura de operaciones de la Policía en el Vraem.

La atención de la prensa está en la investigación del Lobo, el “escuadrón de la muerte”, la supuesta banda parapolicial que habría cometido violaciones de derechos humanos. Basombrío ha ofrecido resultados en diez días.

Las proyecciones del asunto no son de poca monta. Mauricio Mulder ha señalado que podrían llegar hasta el propio Ollanta Humala, de aplicarse en su caso la autoría mediata.

En segundo y tercer plano, en lo que a medidas contra la inseguridad se refiere, hay cuestiones logísticas del sector: cuántos generales debe haber en la Policía, y qué hacer con los patrulleros que más que inteligentes resultaron descerebrados.

Nadie pregunta quién será el jefe de las operaciones de la Policía en el Vraem.

Como se sabe, en el Vraem la Policía lucha solo contra el narcotráfico, no puede hacerlo contra el terrorismo. También las Fuerzas Armadas tienen la manos atadas, solo luchan contra el terrorismo, no contra el narcotráfico. Esta separación artificial y nociva ha creado un estado de cosas intolerable.

Tampoco la política de interceptación de narcoavionetas se aplica, a pesar de que está vigente la ley que la aprobó.

Esta es la clase de escenario disfuncional que -como vimos muchas veces en el pasado- desemboca en la violación de los derechos humanos.   

El país sigue sin tomar en serio la lucha contra el narcoterrorismo, que es uno solo.

Por lo tanto, tampoco avanza la lucha contra la inseguridad y la corrupción, directamente vinculadas al narcotráfico. Inseguridad y corrupción es lo que el narcotráfico genera deliberadamente proveyendo las armas y el dinero para crear el caos funcional a sus operaciones.

El síndrome complejo del narcoterrorismo con corrupción y delincuencia organizada es uno solo, y no cuatro frentes distintos. La tarea del gobierno es abordarlo como tal.

Pero el narcotráfico ni siquiera fue mencionado en el mensaje presidencial.

REPORTE DE NOTICIAS en Internet

 Las siguientes notas periodísticas de política y economía han sido seleccionadas, editadas y ordenadas

temáticamente. No se las debe citar como tomadas directamente de sus fuentes originales, las mismas que se indican sólo como una forma de reconocer el crédito y agradecer la cortesía.

NARCOTERRORISMO, INTELIGENCIA, FFAA, DDHH, USO DE LA FUERZA

La República

Los detalles han sido brindados en este diario y otros medios: existe una denuncia sobre la actuación de un escuadrón de la muerte en la PNP que fue ingresada a la Inspectoría de dicha institución. Los posibles asesinados son por lo menos dieciocho presuntos delincuentes, en cinco operativos policiales que transcurrieron entre 2012 y 2014. Las cifras reales son mayores, quizá mucho mayores, pero lo dicho es lo formalizado hasta ahora por la Inspectoría de la PNP. ¿Qué hicieron después la Policía, el Ministerio del Interior, el Ministerio Público? Es lo más asombroso del asunto.

La denuncia fue hecha por el comandante de la PNP Franco Moreno Panta. No era un neófito, porque pertenecía a la División de Investigación Criminal. La narración, con pelos y señales, fue escuchada por el entonces director de Investigaciones de Inspectoría de la PNP, general Alfredo Basilio, el 29 de enero del 2015. Dos semanas después, fue nombrada una Comisión Especial, a cargo del coronel PNP Edgar Aybar. La comisión viajó a distintas ciudades en las que se reportaron hechos. Sus primeras indagaciones comprobaron lo denunciado en un nivel preliminar. En las matanzas habría participado un mismo grupo de policías, con el apoyo de oficiales superiores. Varios generales tendrían responsabilidad, al menos por negligencia. Aybar derivó los hechos al Ministerio Público y pidió que los generales implicados fueran investigados por el Tribunal de Disciplina Policial, la instancia correspondiente para oficiales de ese nivel.

Todo esto ocurrió en los primeros meses del 2015. Hace pocos días, luego de que La República difundiera el Informe de Inspectoría, el ministro del Interior del gobierno saliente, José Luis Pérez Guadalupe, fue interrogado al respecto, en Sin Medias Tintas, de Latina. Ante una pregunta de Aldo Mariátegui dijo:

—Yo recién me he enterado.

Esa respuesta refleja una segunda dimensión de la gravedad del caso. ¿Cómo así una investigación que involucra a varias fiscalías, a ochenta suboficiales y 16 oficiales —sin contar a los generales, que nunca fueron indagados— queda fuera de la atención de un ministro del Interior por tanto tiempo? Los siguientes hechos dan una pauta.

El 31 de agosto del 2015, tras recibir el informe de la Comisión Aybar, el Tribunal de Disciplina Policial (TDP), que procesa a generales de la PNP, decidió devolver el expediente a Inspectoría. No aceptó que se hablara de “probables responsabilidades de generales”; quería precisión y claridad. La Sala de Primera Instancia que resolvió así estaba presidida por Henry Ávila, quien había sido viceministro de Derechos Humanos y era, a la sazón, coordinador de la Comisión Nacional Anticorrupción.

Sin embargo, la lectura del informe Aybar dejaba con la boca abierta al más incrédulo. En cinco operativos desarrollados en Lima, Chincha y Lambayeque, bajo el liderazgo del comandante PNP Raúl Prado Ravines, cuerpos combinados de la policía abatieron a supuestos delincuentes creando falsos escenarios de enfrentamiento, con presupuesto de los órganos de inteligencia de la PNP y el Ministerio del Interior, y autorizados por oficiales superiores y generales que jamás estuvieron presentes ni supervisaron. Los operativos fueron realizados sin fiscal. Las supuestas víctimas o no estaban presentes o habían sido apalabradas por los policías. Los testigos negaban enfrentamientos, las pericias desmentían el fuego cruzado. Desde luego, faltaba investigar más. Documentos sobre nuevos hechos no habían llegado de algunas dependencias policiales.

Aún peor: el 29 de junio del 2015, luego de que el informe Aybar fuera presentado a la superioridad, hubo una nueva matanza: cinco delincuentes fueron muertos a balazos en la avenida Ramiro Prialé, cuando supuestamente se dirigían a robar un grifo de las inmediaciones. Prado los coordinaba, el comando policial apareció en el lugar para bendecir la acción. Pero Luis Laos, un vendedor de cometas recibió tres disparos, sobrevivió y pudo contar la verdad de lo que sucedió.

Después de que el Tribunal de Disciplina Policial se negara a investigar a los generales, se produjo una vuelta de tuerca en la Inspectoría de la PNP. En mayo del 2016 Edgar Aybar preparó un proyecto de resolución para dar de baja a 97 policías que su investigación comprometía. El documento fue encarpetado, y el propio Aybar reemplazado. El coronel PNP Belermino Vásquez pasó a ser jefe de la Comisión Especial. En junio, el instructor del caso, comandante José García Cjuiro, nombrado por Aybar en marzo de 2016, renunció a continuar investigando. Hizo el tardío descubrimiento que era compañero de promoción de Raúl Prado, el principal incriminado. Vásquez declaró compleja la indagación y dispuso prolongarla. En realidad la congeló.

Llegados hasta aquí se revela incomprensible que un ministro del Interior no hubiera estado informado. Una situación de esta naturaleza requería una actuación rotunda, fulminante, del encargado del sector. Como la que anunció la noche del domingo el ministro Carlos Basombrío: en diez días, el Ministerio del Interior hará público un informe interno. Pero Pérez Guadalupe ha dicho que no sabía.

Habría que concluir que no fue informado por el general Jorge Flores Goicochea, nombrado director general de la PNP el 11 de marzo del 2013. Dejó el cargo a fines de agosto del 2015, para convertirse en viceministro de Orden Interno hasta hace unos días. ¿Por qué no le informó al ministro? ¿O sí lo hizo? Este es un punto crucial, porque un funcionario que haya ocultado actos delictivos de esta naturaleza, o rehusó actuar ante los mismos, puede incurrir en delitos…

(…)

En el Ministerio Público y el Ministerio del Interior se produjeron ayer decisiones que darían un vuelco a la investigación de los supuestos asesinatos de delincuentes a manos de fuerzas combinadas de la policía.

El fiscal de la Nación, Pablo Sánchez, confirmó a este diario que los casos serán investigados por una fiscalía especializada en Crimen Organizado, que tiene un alcance supranacional. Hasta el momento los casos eran vistos por la 35 Fiscalía Provincial Penal, a cargo de José Ulloa. Sánchez dijo que la decisión se tomó en vista de la gravedad de las denuncias. Hoy, adelantó,  sería designado el fiscal encargado de la investigación.

Por otra parte, al cierre de esta edición, el Ministerio del Interior alistaba una resolución para nombrar una Comisión Investigadora que tendría algunos miembros externos al portafolio. El ministro Carlos Basombrío ha ofrecido resultados en diez días.

Peru21

El congresista aprista Mauricio Mulder demandó una profunda investigación de las denuncias periodísticas que dan cuenta de la presunta existencia de un ‘escuadrón de la muerte’ al interior de la Policía Nacional para ejecutar extrajudicialmente a delincuentes. Agregó que, por este tema, Ollanta Humala podría ser denunciado por crímenes de lesa humanidad.

Mulder señaló que este debe ser uno de los primeros temas a tratar en la nueva Comisión de Defensa o, si alguien propone la moción respectiva, por una comisión especial de investigación.

“Que se vea realmente quiénes son las personas que cayeron en este tipo de operativos y que se aclare que no solo fueron operativos para justificar el uso de dinero de la DINI, lo cual sería un caso de corrupción adicional. Hay que ser prudentes”, puntualizó.

GOBERNABILIDAD, DEMAGOGIA, AUTORITARISMO, DEMOCRACIA

Peru21

El premier Fernando Zavala expresó el martes sus disculpas a la presidenta del Congreso, Luz Salgado, por las declaraciones del mandatario Pedro Pablo Kuczynski, quien, en el diario El País, de España, mostró su intención de “jalarse” a unos 30 congresistas que postularon por Fuerza Popular por “prebendas”.

“El primer tema de la agenda fue extender mis disculpas; entiendo que una publicación en un diario extranjero generó malestar en los congresistas. Ya el presidente señaló, catégoricamente, que no es parte de la política de gobierno ninguna posibilidad de crear divisionismo. Vine a presentar mis disculpas a los congresistas por esa publicación que no reflejó lo que piensa este gobierno”, indicó Zavala al culminar la reunión.

Según puntualizó, por “indicaciones claras” del presidente Kuczynski, una de sus funciones principales como premier será “buscar los puentes para lograr políticas consensuadas con el Congreso”.

En declaraciones a la prensa, Luz Salgado dijo que recibieron las disculpas del primer ministro y recalcó que no se puede permitir que se afirme que los parlamentarios ingresaron a un partido por “prebendas”.

El Comercio, editorial

La disposición poco protocolar con la que Pedro Pablo Kuczynski se ha estrenado en su rol de presidente de la República le ha reportado hasta ahora algunas simpatías entre la población, pero también ciertos costos políticos que no se puede dar el lujo de asumir.

Una cosa es, en efecto, insinuar pasos de baile en medio de circunstancias finalmente festivas o cubrirse la cabeza con un pañuelo durante una ceremonia mientras le consiguen una gorra para protegerse del sol. Y otra, muy distinta, prestar declaraciones de naturaleza política en las que expresa la intención de aprovechar el interés por las ‘prebendas’ que pudiera existir en los integrantes menos comprometidos de la bancada de Fuerza Popular para ‘jalárselos’ a la suya. Porque, por más que luego él mismo y otros voceros del gobierno hayan querido sostener que lo “interpretaron mal”, eso fue exactamente lo que sugirió en la entrevista que concedió días atrás al diario español “El País”.

A una pregunta sobre los problemas de un gobierno en minoría y la eventual colaboración que pudiera esperar del fujimorismo, Kuczynski respondió lo siguiente: “No todos los 73 congresistas de la bancada fujimorista son miembros del partido; habrá como 30 que se subieron al carro creyendo que ella [Keiko Fujimori] ganaba y que recibirían una prebenda. Lo que hay que trabajar desde un punto de vista completamente egoísta es ‘jalarse’ a algunos de esos”.

Decir que determinados congresistas se subieron al carro del fujimorismo a la espera de prebendas es la inequívoca descripción de una partida de aventureros políticos. Y ‘jalarse’ a alguien (sobre todo con el enclítico ‘se’ final) no tiene el sentido de atraerlo por la vía de los argumentos, como pretende ahora el oficialismo, sino el de incorporar, por la vía de la oferta tentadora, a un jugador o miembro de otro equipo, al propio. Máxime cuando eso es entendido, además, como un gesto ‘egoísta’. Es decir, que ha de beneficiar a quien habla (en este caso al nuevo presidente) en perjuicio de alguien más (en este caso, Fuerza Popular).

Eso lo sabe y lo comprende cualquier hablante competente del castellano con el que nos comunicamos cotidianamente los peruanos. Y tratar de persuadirnos de que no se dijo lo que se dijo –como invariablemente hacen los políticos cada vez que desbarran en sus expresiones– es solo ahondar el problema.

Reflexión aparte merece, por otro lado, el que fuesen precisamente esos presuntos parlamentarios sedientos de prebendas los que se señalase como apetecibles para el enrolamiento. Eso es, sin coartadas posibles, un guiño al peor de los transfuguismos.

En realidad, todo indica que PPK fue una vez más víctima de lo que él considera una forma ‘casual’ de hablar. La misma que le hizo decir durante la campaña que Verónika Mendoza no había hecho nada en “su perra vida” o que lo más probable es que el hijo de un ratero sea “ratero también”, en clarísima alusión a Keiko Fujimori. O la que lo movió a convocar a los trabajadores de Doe Run a una marcha de protesta hasta el Congreso, cuando ya era presidente electo… para luego, cuando resultó evidente que la iniciativa era un despropósito, afirmar: “Eso fue un decir nada más”.

El problema, no obstante, es que ni como candidato presidencial ni como presidente electo sus palabras podían ser tomadas como ‘un decir’. La gente, más bien, tendió a asimilarlas como el anuncio de un estilo o de acciones concretas una vez que asumiera el poder, y en esa medida tuvieron un costo para él.

¿Cuánto más grave será, entonces, que ahora haya dicho lo que dijo ya como mandatario en funciones?

Por eso, en lugar de tratar de echarle la culpa al prójimo con la tesis de la mala interpretación, lo que tendrían que hacer desde el oficialismo es ofrecer disculpas, asimilar que las palabras del presidente tienen ahora un valor distinto y empezar a dispensarlas con el cuidado que corresponde a quien ha asumido una responsabilidad tan grande.

ANTICORRUPCION, PERSECUCION, JUDICIALIZACION POLITICA

El Comercio

Entrevista a Guido Aguila, presidente del CNM.

—El plan de gobierno de Pedro Pablo Kuczynski propone, entre otras cosas, una reforma en el sistema de justicia. ¿Se debe hacer? 
Claro que sí. En todo el sistema de justicia y, en primer lugar, en el CNM… Las reformas judiciales son bienvenidas en tanto se respete el ámbito legal y el constitucional.

—Gino Costa, congresista de PPK, ha sido uno de sus mayores críticos. Él propone, por ejemplo, una recomposición del CNM. 
Eso sí es antidemocrático. Decir que se tiene que disolver, desactivar…

—¿Qué cambios se deben hacer en el CNM, a su juicio? 
Se deben reformar los mecanismos de elección. Hay que poner la vara más alta. Si llegó un consejero al CNM como Alfredo Quispe, es porque el mecanismo está mal.

—Pero ustedes ratificaron a Quispe como consejero. Si la ciudadanía no presionaba, no lo hubieran vacado. Esa es la impresión. 
No fue así. La elección de Quispe Pariona no la hace el CNM, sino el Colegio de Psicólogos y el JNE… Nosotros no somos competentes para vacar a uno de nuestros pares.

—Pero aun así lo hicieron. ¿Quispe los puede denunciar? ¿Presentar, tal vez, un recurso de amparo? 
Sí, está habilitado para hacerlo. Puede decir que lo ha vacado un órgano que no es competente.

(…)

—En diciembre, nombraron a cinco magistrados supremos. Sin embargo, entre ellos se escogió a un juez [Ángel Romero] que fue personero del Apra y a un fiscal [Tomás Gálvez] que era investigado por peculado.
Ese concurso ya estaba en marcha cuando llegamos al CNM. Los cuestionamientos aparecieron en la etapa de las entrevistas. Así que lo que determinamos fue realizar los nombramientos en base a tres principios: la meritocracia, la disciplina y la facultad de declarar, dentro del año, nulos esos nombramientos.

(…)

El Comercio

Justicia: una nueva oportunidad

Javier de Belaunde

Hoy nadie duda de que un sistema de justicia confiable y eficaz es fundamental para un Estado de derecho vigente. La democracia, los derechos humanos, el fin de la impunidad, el ejercicio responsable del poder público, el desarrollo económico y social, necesitan de un sistema de justicia que funcione razonablemente.

No obstante avances recientes, nuestra justicia padece de una crónica desconfianza debido a su deficiente funcionamiento. El malestar ciudadano no permite apreciar los esfuerzos y cambios impulsados desde la judicatura. No son suficientes. Tal malestar no es un estado de ánimo coyuntural, responde a la demanda de un cambio profundo que atienda a necesidades elementales del usuario y que muestre una justicia comprometida con los principales problemas del país, creíble, razonable y predecible.

Esta no es solo tarea del Poder Judicial. Es una política de Estado. Por ello, resulta indispensable un proceso de transformación profunda del sistema de justicia. Ello requiere de un compromiso entre los actores políticos, institucionales y sociales que permita no solo incorporar los principales temas de la reforma a la agenda pública y debate nacional, sino la adopción de medidas normativas y administrativas que la hagan viable y eficaz.

Hace más de una década, la Comisión Especial para la Reforma Integral de la Administración de Justicia (Ceriajus) planteó el Pacto de Estado por la Justicia para aprobar las reformas constitucionales y legales necesarias, asegurar el presupuesto indispensable e implementar medidas conducentes a la reforma. Este pacto debía involucrar a los actores políticos, poderes del Estado, instituciones del sistema de justicia y organizaciones sociales. Sin embargo, faltó liderazgo y voluntad política para concretarlo.

En una década la reforma de la justicia ha entrado y salido de la agenda pública en virtud de acontecimientos coyunturales. Entre tanto, a los problemas endémicos se han sumado cuestiones apremiantes: lucha contra la corrupción, necesidad de responder a nuevas modalidades de criminalidad u obtener mayores avances en la justicia especializada en la reparación de los derechos fundamentales.

Este pacto es necesario. Pone la reforma judicial por encima de intereses políticos e institucionales de coyuntura. Asimismo, debe partir de acuerdos mínimos en los que los diversos actores comprometan y definan su rol. En esa línea está la propuesta de Transparencia y el plan de gobierno de Peruanos por el Kambio que expresan la necesidad de abrir el ámbito de la reforma, involucrando a todos los actores, con el Poder Judicial a la cabeza.

Pero como la Defensoría del Pueblo oportunamente recordó, la reforma del sistema de justicia no significa solo la reforma del Poder Judicial. El sistema de justicia incluye un conjunto de instituciones (como el Ministerio Público, el Tribunal Constitucional, el Consejo Nacional de la Magistratura y la Academia de la Magistratura) y operadores que deben guiar sus esfuerzos de cambio según un plan y estrategias previamente consensuadas.

El Congreso tiene un rol imprescindible en la generación de reformas constitucionales y legales. El Poder Ejecutivo en la formulación de políticas de acceso a la justicia, en la dotación de recursos presupuestales y en instituciones adscritas (por ejemplo, el INPE).

Pero más allá de ello, el cambio de gobierno constituye una nueva oportunidad para que haciéndose eco del reclamo ciudadano, el Poder Ejecutivo propicie el acuerdo por la justicia que permita, respetando autonomías, concertar un programa integral de reforma con compromisos claros y metas precisas.