ESTA NOCHE miércoles 19 abril 2017

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El virus duerme

Jorge Morelli

@jorgemorelli1
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¿Por qué no habría de poner un alcalde la mafia de Chilca si una empresa brasileña corrupta puede poner presidentes en el Perú? Es el mismo fenómeno, la diferencia está en la escala. La mafia puede deshacerse del alcalde cuando ya no lo necesita. El encarcelado dueño de la empresa puede hacer meter preso a ex presidentes para que su delación sea eficaz.

La corrupción es un virus, se expande siguiendo las mismas leyes probabilísticas. La corrupción es altamente contagiosa. Infecta el principal mecanismo del mercado: la libre competencia. Si una empresa es desplazada del mercado por un competidor corrupto y la situación se prolonga en el tiempo sin ser atajada por la acción del Estado, las empresas tarde o temprano tendrán que optar entre venderse a la corrupción o la quiebra.

Así, por ejemplo, la demolida constructora peruana debe estarse preguntando: ¿qué se suponía que hiciera, quebrar dejando en la calle a diez mil trabajadores? No es una defensa legal eficaz, pero puede ser un atenuante ante los ojos de los peruanos que viven lo mismo todos los días en pequeña escala.

Nadie lo sabe mejor que la población de Chilca o la del Callao. O la de Ancash, Moquegua o Ayacucho, cuyos gobernadores están sentenciados, o las otras once regiones cuyos gobernadores están procesados o investigados. ¡Catorce regiones atacadas por la corrupción de un total de veinticinco! Eso ya cae fuera de toda normalidad. Es peor: en los últimos diez años se ha sentenciado a otros siete ex gobernadores distintos de los anteriores y procesado a seis.

La corrupción se desató viralmente como una explosión en cadena en los años recientes, de vacas gordas, a causa de la masiva transferencia del presupuesto público a los gobiernos regionales. ¿Quién es responsable? Además de las corruptos, la vehemencia política inexcusable que creó arcas abiertas en la ingenua creencia de que así el crecimiento se aceleraría. Y por la omisión flagrante, luego, en detener a tiempo la corrupción.

Confinar al virus de la corrupción y mantenerla dentro de dimensiones “normales” pasa por un rediseño institucional de los tres poderes del Estado. El poder judicial es un escarnio cotidiano y debe ser devuelto a un único sistema de justicia bajo la autoridad de la Corte Suprema. El poder Ejecutivo necesita rediseñar el equilibrio interno entre el gobierno nacional y las regiones, porque la regionalización ha fracasado y es necesario reconstruir la descentralización. Y todo esto debe hacerlo el Congreso comenzando por su propia reforma para asegurar la gobernabilidad cuando el gobierno no tiene mayoría parlamentaria.   

Llegadas hoy las vacas flacas, la corrupción probablemente disminuya en magnitud, pero no porque se avanza contra ella sino porque ya no hay plata. Se halla ahí larvada, intacta, y amenaza el esfuerzo de la reconstrucción y la prevención necesarias para enfrentar el Niño que irremediablemente volverá en algunos años.

El virus solo duerme.

REPORTE DE NOTICIAS en Internet

Las siguientes notas periodísticas de política y economía han sido seleccionadas, editadas y ordenadas

temáticamente. No se las debe citar como tomadas directamente de sus fuentes originales, las mismas que se indican sólo como una forma de reconocer el crédito y agradecer la cortesía.

GOBERNABILIDAD, DEMAGOGIA, AUTORITARISMO, DEMOCRACIA

El Comercio

En mensaje a la nación, el presidente Pedro Pablo Kuczynski aseguró que el gobierno iniciará el proceso de reconstrucción.

Indicó que el Ejecutivo envió hoy un proyecto de ley para iniciar la reconstrucción este año y culminarla el 2019.

Indicó que se frenará el tráfico ilegal de tierras y se responsabilizará a alcaldes y funcionarios, y se iniciará una campaña contra "el cáncer de la basura".

“Debemos reconstruir, pero debemos hacerlo mucho mejor que antes: no más pistas que se caen, no más desagües que se atoran, no más construcciones precarias en quebradas peligrosas”, indicó. Aseguró que el gobierno procurará que la población viva en zonas más seguras.

“Nuestra primera tarea es controlar los 30 valles de la costa, encauzando los ríos y escalonándolos para reducir su velocidad y recargar el agua subterránea en la napa freática”, precisó.

El Comercio

El presidente del Consejo de Ministros Fernando Zavala presentó hoy a la junta de portavoces del Congreso el proyecto de ley "Reconstrucción con cambios", que crea la Autoridad de la Reconstrucción, presidida por él. La institución contará con los ministros de Economía, Vivienda, Agricultura y Transportes. Indicó que tendrá una vigencia de tres años, tiempo que tomaría la reconstrucción.

Zavala se presentará ante el pleno del Congreso este lunes a las 10 de la mañana, en sesión extraordinaria.

Dijo que se tendrá "el control concurrente de la Contraloría o empresas auditoras que estén del lado de la autoridad". El proyecto de ley incluiría "mecanismos de transparencia en línea" a disposición de la sociedad civil.

El Comercio

El presidente Pedro Pablo Kuczynski dijo hace unas semanas a la prensa local que se estudiaba crear "una especie de zar de la reconstrucción" y que se determinaría quién sería luego de acabados los desastres.

Días después, ante la BBC, manifestó que "no habrá ningún zar" y que "esa era una idea de alguna gente de los medios".

El Comercio

El Gobierno ya tiene listo un proyecto de ley para llevar a cabo la reconstrucción y lo presentará al Congreso la próxima semana. Una de las principales apuestas del Ejecutivo será la participación del sector privado a través del mecanismo de obras por impuestos (OxI), a cuenta del Impuesto a la Renta.

A la fecha hay 140 proyectos, que suman alrededor de S/1.295 millones.

Para atraer el interés del sector privado, el Gobierno ha propuesto, entre otras cosas, la posibilidad de agrupar proyectos –por ejemplo, un conjunto de puentes– para que así las empresas se beneficien de economías de escala.
Detalló que las obras por impuestos no solo comprenderán el Impuesto a la Renta de las empresas, sino también los S/1.000 millones que existen hoy en el Fondo de Desastres (Fondes), a cargo del MEF.

Se sumará la creación de una agencia encargada de la planificación de los proyectos y que funcionará por tres años (al 2019).

La agencia encargada de la planificación de obras por impuestos para la reconstrucción estará liderada por la Presidencia del Consejo de Ministros e integrada por los ministerios de Economía y Finanzas, Transportes y Comunicaciones, Vivienda y Agricultura.

El Comercio

Entrevista a Fernando Zavala

— ¿Cuál es el objetivo de este proyecto de ley?

Se plantea un rol subsidiario para la reconstrucción: si un gobierno local no tiene las capacidades para asumir este proceso, lo hará el gobierno regional. Y si el gobierno regional no puede, lo hará el gobierno nacional a través de los sectores.

— ¿Cómo se determinará que un gobierno local tiene o no dicha capacidad?

Se usará la experiencia. Por ejemplo, si se identifica que una autoridad tiene niveles muy bajos de ejecución, allí es donde debería entrar el siguiente nivel de gobierno.

— ¿Dónde tendrá alcance la reconstrucción?

En las zonas donde se hayan establecido niveles de emergencia 4 y 5. Es decir, de alto o muy alto riesgo, según el Cenepred [Centro Nacional de Estimación, Prevención y Reducción del Riesgo de Desastres]. También se abarcarán áreas vinculadas que sean necesarias para la sostenibilidad integral de la localidad afectada.

— Uno de los ejes del proyecto de ley es la creación de la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios (RCC), que tendría un director ejecutivo con rango de ministro. ¿Quién asumiría este cargo?

Aún no lo sé. Me gustaría alguien con experiencia en la administración pública, que comunique bien y que conozca la realidad del Perú.

— ¿El ministro Martín Vizcarra encaja en ese perfil?

No será ningún ministro.

(…)

— Uno de los mecanismos “ágiles” que se propone es que se puedan realizar contrataciones de bienes, servicios y consultorías “sin que se aplique el límite fijado”. ¿Esto podría abrir las puertas a la corrupción?

Lo que buscamos es que, cualquier contratación bajo el plan de reconstrucción, entre en un procedimiento simplificado, así que no se aplicará el límite. Sin embargo, también proponemos un control simultáneo de la ejecución de este proceso por parte de la Contraloría.

— Otro mecanismo planteado es que las zonas declaradas con riesgo no mitigable sean administradas por el gobierno regional.

Sí, serán declaradas intangibles. Allí, el gobierno regional tendrá que supervisar que, por donde pasa un río, ahora sea imposible que se construyan edificaciones.

— ¿Qué pasará con los ciudadanos que hoy tienen inmuebles en estas zonas?

Bueno, la ley establece que deben salir. Por ello, se les debe incentivar con buenas opciones; tierras prósperas y cercanas a donde se ubica una vivienda vulnerable.

— Si un municipio dio una licencia de construcción en una de estas zonas de riesgo no mitigable, ¿esta autorización se anulará?

No se puede anular un título si no se va primero al Poder Judicial.

— Con los obstáculos judiciales que puedan presentarse, ¿no es muy optimista creer que la reconstrucción culminará en tres años?

Por eso hemos pedido la aprobación de estos mecanismos, para poder cumplir con el plazo. Se ha propuesto también un sistema de adjudicación de obras más sencillo, el silencio administrativo positivo para los permisos, la herramienta de ‘obras por terrenos’, entre otros.

— ¿No se sobrepasarán las competencias de los gobiernos locales con este ‘rol subsidiario’ que se plantea?

No. Los municipios seguirán asumiendo sus roles, como el de otorgar nuevas licencias.

(…)

El Comercio

La principal ruta de acceso a la mina Las Bambas, propiedad de la empresa MMG Las Bambas, en Cotabambas (Apurímac), fue abierta  en parte ayer después de seis meses, luego de que el 11 de abril el Ministerio de Transportes y la minera llegarán a un acuerdo con las comunidades.

Según informó el MTC, el acuerdo para reabrir la vía fue que el Gobierno pague a las comunidades dueñas de las tierras S/25 por m2 por uso del derecho de vía, la cual tiene 30 metros de ancho por 40 km de longitud (30 millones de soles).

El pago se hará en cuatro meses. Para ello se formará una comisión técnica que coordinará los trabajos de campo necesarios para la medición de las áreas.

El costo del asfaltado será dividido entre el Estado y la empresa. “En estos momentos la empresa está haciendo el estudio de ingeniería de cuánto costará la carretera. Una vez que lo tengamos plantearemos a la empresa cuánto debe aportar”, dijo Vizcarra quien también precisó que la empresa pagará la mayor parte de la obra.

Esta vía fue cerrada en octubre pasado luego de protestas y la muerte del comunero Quintino Cereceda, quien falleció de un disparo en la cabeza durante un enfrentamiento con la PNP.

En febrero, el Gobierno inició la ejecución del Plan de Desarrollo de Cotabambas, elaborado entre el Ejecutivo y autoridades provinciales con  291 proyectos de mejora en distintas áreas.

Su ejecución pasó a manos de la Oficina Nacional de Diálogo y Sostenibilidad, y ahora al Viceministerio de Gobernanza Territorial.

El Comercio

El viceministro de Minas, Ricardo Labó, señaló que la meta del Gobierno al 2021 es concretar inversiones mineras por US$37.000 millones.

Indicó que otra meta es incrementar en 30% la producción anual de cobre.

Otra meta es formalizar a 15.000 mineros que ya se encuentran en este proceso.

También se optimizará el proceso de consulta previa.

El Comercio

El Gasoducto Sur Peruano será adjudicado el primer trimestre de 2018, informó hoy en rueda de prensa el ministro de energía y minas, Gonzalo Tamayo.

"En algún momento había indicado un año de plazo y el Presidente nos planteó nueve meses. Eso nos pone cerca a fin de año… [la adjudicación del Gasoducto] estaría muy cerca a principios del próximo año", declaró. "Diría en el primer trimestre del próximo año", precisó.

Según indicó, el proyecto está en etapa de liquidación, luego de que el gobierno rescindiera el contrato con la Consecionaria el 24 de enero pasado, al no presentar el cierre financiero.

Tamayo recordó que el Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería (Osinergmin) tiene a su cargo la selección del administrador del proyecto. Informó que este proceso debía concluir este viernes 21, pero que se postergará puesto que el organismo ha recibido unas 300 consultas al respecto.

Evalúan dos opciones de financiamiento del proyecto: que sea asumida de manera íntegra por privados o de manera compartida con el Estado. Tamayo estimó que en dos meses tomarán una decisión al respecto.

Para financiar el GSP se planteó en un inicio emplear la recaudación del Cargo de Afianzamiento de la Seguridad Energética (CASE), que era asumido por los usuarios cada mes en el recibo de luz. Este cargo fue derogado por el Congreso de la República en febrero pasado.

El Comercio

El ministro de Transportes y Comunicaciones, Martín Vizcarra, dijo que a lo largo de este año se instalarán 20 puentes baileys en Piura, de un total de 37 que se requieren. Añadió que en todo el país las lluvias del Niño Costero causaron el colapso de 200 puentes y 6 mil kilómetros de carreteras.

Estos puentes baileys no son provisionales, son obras definitivas”, comentó en Tambogrande.

Vizcarra dijo horas antes en Salitral, sierra de Piura, que solo su sector requerirá de S/. 7 mil millones para la reconstrucción de 200 puentes y 6 mil kilómetros de carreteras.

La República

Al menos 14 gobernadores regionales de los 25 que hoy ejercen están vinculados a delitos de corrupción, varios de ellos incluso ya fueron sentenciados, mientras que otros son procesados e investigados por el Ministerio Público.

Las autoridades sentenciadas son tres: Wilfredo Oscorima (Ayacucho), Enrique Vargas (Áncash) y Jaime Rodríguez (Moquegua). Oscorima purga condena por cinco años desde marzo del año pasado por la compra de maquinaria y vehículos sin licitación. Vargas cumple igual sanción en el penal de Huaraz, por falsificación de documentos y Rodríguez fue condenado a cuatro años de pena suspendida por favorecer a su hermano en un programa social.

Son procesados en el Poder Judicial los reelectos gobernadores del Callao, Félix Moreno, quien cumple prisión preventiva por supuesta recepción de coimas de Odebrecht y de Cajamarca, Gregorio Santos, quien afronta un juicio con comparecencia restringida acusado de favorecer a un empresario durante su primera gestión.

Los gobernadores regionales investigados por la Fiscalía son más numerosos. Suman nueve.

Se trata de Juan Luque (Puno), Omar Jiménez (Tacna) y Ricardo Flores (Tumbes). Al primero se le acusa de autorizar compras estatales a su esposa, al segundo del nombramiento ilegal de funcionarios y al tercero de sobrevalorar gastos en las compras regionales.

También figuran Edwin Licona (Cusco), Ángel Unchupaico (Junín), Gilmer Horna (Amazonas), Fernando Meléndez (Loreto), Manuel Gambini (Ucayali), quienes son indagados por lavado de activos.

Asimismo, Walter Mori, vicepresidente regional del Callao, quien reemplazará a Félix Moreno. La Contraloría ha solicitado su inhabilitación en cargos públicos por cuatro años.

En los últimos diez años han sido sentenciados por diversos delitos de corrupción siete ex gobernadores regionales: Gerardo Viñas (Tumbes), Yván Vásquez (Loreto), Waldo Ríos (Áncash), Alexander Kouri (Callao) Jorge Velásquez (Ucayali), José Aguirre Pastor (Madre de Dios) y Hugo Gonzales (Cusco). Solo este último está libre.

Con procesos judiciales en curso están los ex gobernadores de Pasco, Kléver Meléndez; de Apurímac, Elías Segovia; de Arequipa, Juan Guillén y del Cusco, Jorge Acurio y Hugo Gonzales. También César Álvarez (Áncash), quien purga prisión preventiva.

Como investigado está el ex gobernador de Tacna, Tito Chocano. Según la Contraloría, este benefició a dos hijos con terrenos del gobierno regional.

El gobernador regional de Áncash, Enrique Vargas, sentenciado por falsificar documentos, fue internado en el penal de Huaraz, donde su antecesor, Waldo Ríos, purga condena por corrupción.

La República, miércoles 12

La lección de Chilca

Mirko Lauer

El tweet de Juan de la Puente es elocuente: “Caso Chilca; es la 1ª vez que una mafia ya operativa busca el poder político, capta a su candidato y gana elecciones”. Hay cierto optimismo en eso de una primera vez, pero el texto se entiende: nunca se había visto tan clara esta modalidad de relación entre negocios delictivos y política.

El fondo del asunto es que nuestra política, que ya ha perdido al partido político propiamente dicho como institución, ha pasado a perder su preeminencia como organizadora de la vida en sociedad. Incluso hasta aquí teníamos entendido que el jefe político siempre era el mafioso Nº 1, usando su poder político para organizar, mandar, obtener beneficios.

Se sabe que el poder del dinero siempre ha podido influir en la política. Pero nunca habíamos visto políticos con un papel tan visiblemente subalterno como el del alcalde Richard Ramos. La mafia de traficantes de tierras casi de seguro lo designó para que se quemara una vez que todos los certificados truchos estuvieran firmados.

Es obvio que este modelo de negocios chilcano opera entre nosotros desde hace ya cierto tiempo. Es probable que haya habido autoridades más proclives que otras a delinquir por su propia iniciativa. Pero cuando las mafias no pueden arriesgar que llegue al poder alguien dispuesto a enfrentarlas, empiezan a pensar en elecciones.

Pero quizás esto no es hoy exclusivo de las mafias. Son conocidos los casos de grupos empresariales perfectamente legítimos que se organizaron para reclutar candidatos al Congreso afines a sus ideas. Todo esto perfectamente legal y a rostro descubierto. Promover un candidato es una práctica de la democracia representativa.

El problema está en la representación misma. No es igual representar a un partido político serio que representar intereses particulares, legales o mafiosos. Al no haber partidos fuertes, sino meros membretes, la cosa se complica. Entonces Chilca puede ser vista como un caso extremo y criminal de un fenómeno cotidiano en la política electoral.

Sin duda casos como el de Chilca son tareas policiales (muy exitosa en este caso), pero sobre todo son tareas urgentes para la tan reclamada y postergada reforma política del Perú. Antes de que las propias mafias se pongan también a reformar por su cuenta.

El Comercio

¿Y si anexamos el Callao a Lima?

Fernando Vivas

No estoy bromeando. La autonomía chalaca ha dado malos resultados para el Callao, para Lima y para el Perú. Con su condición de provincia constitucional (o sea, provincia con rango de región); ha tenido menos controles para infestarse de mafias que manejan el paso de la droga y cobran cupos a su relativa bonanza económica. Sus principales políticos, desde el entronamiento de Chim Pum Callao dos décadas atrás, decidieron aliarse a los malos y eso le ha dado al puerto orden y eficiencia en la corrupción.

A Lima le ha crecido una amenaza extorsiva para su progreso y formalidad. Miren nomás el caso de la reforma del transporte. ¿Rfecuerdan cuando la vecina provincia de Huarochiri daba licencias de rutas que caotizaban Lima? Bueno, Luis Castañeda, en su incipiente reforma del transporte, logró que el Poder Judicial librara a la capital de esa lacra; pero una vez que Susana Villarán quiso dar un paso adelante en la reforma instaurando corredores, la oposición al cambio se ha articulado desde el Callao. ¡Y el hoy reo Alex Kouri quiso ser alcalde de Lima, qué miedo!

Vamos, la lógica política de muchas mafias que quieren atacar la principal plaza del país, que es Lima, ha sido cooptar, con aliados políticos formales, regiones adyacentes desde donde asaltar a la capital y al país. El plan de convertir a San Juan de Lurigancho en provincia, que ya contaba con la venia de Alan García, entrañaba ese peligro. ¿Y el vecino Áncash de César Álvarez, abriendo sus brazos a zamarros tan disímiles como Rodolfo Orellana o Martín Belaunde Lossio, acaso no fue una bocanada de esa ambición maligna?

El Callao, aunque su autonomía se debió a peculiares intereses de Ramón Castilla al develar una rebelión en 1857, degeneró en las últimas décadas en perversa autorregulación y convivencia de política y crimen. En el puerto no solo se ha erizado la inseguridad, pues las mafias y sus ajustes de cuentas han desbordado a sus aliados políticos –al punto que la región se declaró en emergencia entre el 2015 y el 2016–, sino que se han establecido pautas infecciosas, malas señales para el país. En el Callao, por ejemplo, hay extrañas colaboraciones entre las autoridades locales y las fuerzas del orden que, en lugar de servir a la lucha contra la inseguridad, podría comprometerla.

Por todo esto, algunos políticos están sugiriendo que el Gobierno Central intervenga la región; lo que podría ser una medida coyuntural de polémica aplicación. Propongo debatir una medida de mayor aliento y más legítima que esa, pues tendría que pasar necesariamente por la autodeterminación de chalacos y limeños en un referéndum: fusionar Lima y Callao en una sola región metropolitana.