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MEDIA
COLUMNA
El
virus duerme
Jorge Morelli
@jorgemorelli1
jorgemorelli.blogspot.com
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¿Por qué no habría de poner un alcalde la mafia de
Chilca si una empresa brasileña corrupta puede poner presidentes en el Perú? Es
el mismo fenómeno, la diferencia está en la escala. La mafia puede deshacerse
del alcalde cuando ya no lo necesita. El encarcelado dueño de la empresa puede
hacer meter preso a ex presidentes para que su delación sea eficaz.
La corrupción es un virus, se expande siguiendo las
mismas leyes probabilísticas. La corrupción es altamente contagiosa. Infecta el
principal mecanismo del mercado: la libre competencia. Si una empresa es
desplazada del mercado por un competidor corrupto y la situación se prolonga en
el tiempo sin ser atajada por la acción del Estado, las empresas tarde o
temprano tendrán que optar entre venderse a la corrupción o la quiebra.
Así, por ejemplo, la demolida constructora peruana debe
estarse preguntando: ¿qué se suponía que hiciera, quebrar dejando en la calle a
diez mil trabajadores? No es una defensa legal eficaz, pero puede ser un atenuante
ante los ojos de los peruanos que viven lo mismo todos los días en pequeña
escala.
Nadie lo sabe mejor que la población de Chilca o la del
Callao. O la de Ancash, Moquegua o Ayacucho, cuyos gobernadores están
sentenciados, o las otras once regiones cuyos gobernadores están procesados o investigados.
¡Catorce regiones atacadas por la corrupción de un total de veinticinco! Eso ya
cae fuera de toda normalidad. Es peor: en los últimos diez años se ha
sentenciado a otros siete ex gobernadores distintos de los anteriores y
procesado a seis.
La corrupción se desató viralmente como una explosión
en cadena en los años recientes, de vacas gordas, a causa de la masiva
transferencia del presupuesto público a los gobiernos regionales. ¿Quién es
responsable? Además de las corruptos, la vehemencia política inexcusable que creó
arcas abiertas en la ingenua creencia de que así el crecimiento se aceleraría.
Y por la omisión flagrante, luego, en detener a tiempo la corrupción.
Confinar al virus de la corrupción y mantenerla dentro
de dimensiones “normales” pasa por un rediseño institucional de los tres
poderes del Estado. El poder judicial es un escarnio cotidiano y debe ser
devuelto a un único sistema de justicia bajo la autoridad de la Corte Suprema. El
poder Ejecutivo necesita rediseñar el equilibrio interno entre el gobierno
nacional y las regiones, porque la regionalización ha fracasado y es necesario
reconstruir la descentralización. Y todo esto debe hacerlo el Congreso
comenzando por su propia reforma para asegurar la gobernabilidad cuando el
gobierno no tiene mayoría parlamentaria.
Llegadas hoy las vacas flacas, la corrupción
probablemente disminuya en magnitud, pero no porque se avanza contra ella sino
porque ya no hay plata. Se halla ahí larvada, intacta, y amenaza el esfuerzo de
la reconstrucción y la prevención necesarias para enfrentar el Niño que
irremediablemente volverá en algunos años.
El virus solo duerme.
REPORTE DE NOTICIAS en Internet
Las siguientes notas periodísticas de
política y economía han sido seleccionadas, editadas y ordenadas
temáticamente. No se las debe citar como
tomadas directamente de sus fuentes originales, las mismas que se indican sólo
como una forma de reconocer el crédito y agradecer la cortesía.
GOBERNABILIDAD, DEMAGOGIA, AUTORITARISMO,
DEMOCRACIA
El
Comercio
En
mensaje a la nación, el presidente Pedro Pablo Kuczynski aseguró que el gobierno iniciará
el proceso de reconstrucción.
Indicó
que el Ejecutivo envió hoy un proyecto de ley para iniciar la reconstrucción
este año y culminarla el 2019.
Indicó
que se frenará el tráfico ilegal de tierras y se responsabilizará a alcaldes y
funcionarios, y se iniciará una campaña contra "el cáncer de la
basura".
“Debemos
reconstruir, pero debemos hacerlo mucho mejor que antes: no más pistas que se caen,
no más desagües que se atoran, no más construcciones precarias en quebradas
peligrosas”, indicó. Aseguró que el gobierno procurará que la población
viva en zonas más seguras.
“Nuestra
primera tarea es controlar los 30 valles de la costa, encauzando los ríos y
escalonándolos para reducir su velocidad y recargar el agua subterránea en la
napa freática”, precisó.
El
Comercio
El
presidente del Consejo de Ministros Fernando Zavala presentó hoy a la
junta de portavoces del Congreso el proyecto de ley "Reconstrucción con
cambios", que crea la Autoridad de la Reconstrucción, presidida por él. La institución contará
con los ministros de Economía, Vivienda, Agricultura y Transportes. Indicó
que tendrá una vigencia de tres años, tiempo que tomaría la reconstrucción.
Zavala
se presentará ante el pleno del Congreso este lunes a las 10 de la
mañana, en sesión extraordinaria.
Dijo
que se tendrá "el control concurrente de la Contraloría o empresas
auditoras que estén del lado de la autoridad". El proyecto de ley
incluiría "mecanismos de transparencia en línea" a disposición de la
sociedad civil.
El
Comercio
El
presidente Pedro Pablo Kuczynski dijo hace unas semanas a la prensa local
que se estudiaba crear "una especie de zar de la reconstrucción" y
que se determinaría quién sería luego de acabados los desastres.
Días
después, ante la BBC, manifestó que "no habrá ningún zar" y que
"esa era una idea de alguna gente de los medios".
El Comercio
El Gobierno ya tiene listo un proyecto de ley
para llevar a cabo la reconstrucción y lo presentará al Congreso la próxima
semana. Una de las principales apuestas del Ejecutivo será la participación del
sector privado a través del mecanismo de obras por impuestos (OxI), a cuenta del Impuesto a la
Renta.
A
la fecha hay 140 proyectos, que suman alrededor de S/1.295 millones.
Para
atraer el interés del sector privado, el Gobierno ha propuesto, entre otras
cosas, la posibilidad de agrupar proyectos –por ejemplo, un conjunto de
puentes– para que así las empresas se beneficien de economías de escala.
Detalló que las obras por impuestos no solo comprenderán el Impuesto a la Renta de las empresas, sino también los S/1.000 millones que existen hoy en el Fondo de Desastres (Fondes), a cargo del MEF.
Detalló que las obras por impuestos no solo comprenderán el Impuesto a la Renta de las empresas, sino también los S/1.000 millones que existen hoy en el Fondo de Desastres (Fondes), a cargo del MEF.
Se
sumará la creación de una agencia encargada de la planificación de los
proyectos y que funcionará por tres años (al 2019).
La
agencia encargada de la planificación de obras por impuestos para la
reconstrucción estará liderada por la Presidencia del Consejo de Ministros e
integrada por los ministerios de Economía y Finanzas, Transportes y
Comunicaciones, Vivienda y Agricultura.
El Comercio
Entrevista a Fernando Zavala
—
¿Cuál es el objetivo de este proyecto de ley?
Se
plantea un rol subsidiario para la reconstrucción: si un gobierno local no
tiene las capacidades para asumir este proceso, lo hará el gobierno regional. Y
si el gobierno regional no puede, lo hará el gobierno nacional a través de los
sectores.
—
¿Cómo se determinará que un gobierno local tiene o no dicha capacidad?
Se
usará la experiencia. Por ejemplo, si se identifica que una autoridad tiene
niveles muy bajos de ejecución, allí es donde debería entrar el siguiente nivel
de gobierno.
—
¿Dónde tendrá alcance la reconstrucción?
En
las zonas donde se hayan establecido niveles de emergencia 4 y 5. Es decir, de
alto o muy alto riesgo, según el Cenepred [Centro Nacional de Estimación,
Prevención y Reducción del Riesgo de Desastres]. También se abarcarán áreas
vinculadas que sean necesarias para la sostenibilidad integral de la localidad
afectada.
—
Uno de los ejes del proyecto de ley es la creación de la Autoridad para la
Reconstrucción con Cambios (RCC), que tendría un director ejecutivo con rango
de ministro. ¿Quién asumiría este cargo?
Aún
no lo sé. Me gustaría alguien con experiencia en la administración pública, que
comunique bien y que conozca la realidad del Perú.
—
¿El ministro Martín Vizcarra encaja en ese perfil?
No
será ningún ministro.
(…)
—
Uno de los mecanismos “ágiles” que se propone es que se puedan realizar
contrataciones de bienes, servicios y consultorías “sin que se aplique el
límite fijado”. ¿Esto podría abrir las puertas a la corrupción?
Lo
que buscamos es que, cualquier contratación bajo el plan de reconstrucción,
entre en un procedimiento simplificado, así que no se aplicará el límite. Sin
embargo, también proponemos un control simultáneo de la ejecución de este
proceso por parte de la Contraloría.
—
Otro mecanismo planteado es que las zonas declaradas con riesgo no mitigable
sean administradas por el gobierno regional.
Sí,
serán declaradas intangibles. Allí, el gobierno regional tendrá que supervisar
que, por donde pasa un río, ahora sea imposible que se construyan
edificaciones.
—
¿Qué pasará con los ciudadanos que hoy tienen inmuebles en estas zonas?
Bueno,
la ley establece que deben salir. Por ello, se les debe incentivar con buenas
opciones; tierras prósperas y cercanas a donde se ubica una vivienda
vulnerable.
—
Si un municipio dio una licencia de construcción en una de estas zonas de
riesgo no mitigable, ¿esta autorización se anulará?
No
se puede anular un título si no se va primero al Poder Judicial.
—
Con los obstáculos judiciales que puedan presentarse, ¿no es muy optimista
creer que la reconstrucción culminará en tres años?
Por
eso hemos pedido la aprobación de estos mecanismos, para poder cumplir con el
plazo. Se ha propuesto también un sistema de adjudicación de obras más
sencillo, el silencio administrativo positivo para los permisos, la herramienta
de ‘obras por terrenos’, entre otros.
—
¿No se sobrepasarán las competencias de los gobiernos locales con este ‘rol
subsidiario’ que se plantea?
No.
Los municipios seguirán asumiendo sus roles, como el de otorgar nuevas
licencias.
(…)
El
Comercio
La
principal ruta de acceso a la mina Las Bambas, propiedad de la empresa MMG Las
Bambas, en Cotabambas (Apurímac), fue abierta en parte ayer después de
seis meses, luego de que el 11 de abril el Ministerio de Transportes y la
minera llegarán a un acuerdo con las comunidades.
Según
informó el MTC, el acuerdo para reabrir la vía fue que el Gobierno pague a las
comunidades dueñas de las tierras S/25 por m2 por uso del derecho de vía, la
cual tiene 30 metros de ancho por 40 km de longitud (30 millones de soles).
El
pago se hará en cuatro meses. Para ello se formará una comisión técnica que
coordinará los trabajos de campo necesarios para la medición de las áreas.
El
costo del asfaltado será dividido entre el Estado y la empresa. “En estos
momentos la empresa está haciendo el estudio de ingeniería de cuánto costará la
carretera. Una vez que lo tengamos plantearemos a la empresa cuánto debe
aportar”, dijo Vizcarra quien también precisó que la empresa pagará la mayor
parte de la obra.
Esta
vía fue cerrada en octubre pasado luego de protestas y la muerte del comunero
Quintino Cereceda, quien falleció de un disparo en la cabeza durante un
enfrentamiento con la PNP.
En
febrero, el Gobierno inició la ejecución del Plan de Desarrollo de Cotabambas,
elaborado entre el Ejecutivo y autoridades provinciales con 291 proyectos
de mejora en distintas áreas.
Su
ejecución pasó a manos de la Oficina Nacional de Diálogo y Sostenibilidad, y
ahora al Viceministerio de Gobernanza Territorial.
El
Comercio
El
viceministro de Minas, Ricardo Labó, señaló que la meta del Gobierno al 2021 es concretar inversiones mineras por US$37.000 millones.
Indicó
que otra meta es incrementar en 30% la producción anual de cobre.
Otra
meta es formalizar a 15.000 mineros que ya se encuentran en este proceso.
También
se optimizará el proceso de consulta previa.
El
Comercio
El
Gasoducto Sur Peruano será adjudicado el primer trimestre de 2018, informó hoy
en rueda de prensa el ministro de energía y minas, Gonzalo Tamayo.
"En
algún momento había indicado un año de plazo y el Presidente nos planteó nueve
meses. Eso nos pone cerca a fin de año… [la adjudicación del Gasoducto] estaría
muy cerca a principios del próximo año", declaró. "Diría en el primer
trimestre del próximo año", precisó.
Según
indicó, el proyecto está en etapa de liquidación, luego de que el gobierno
rescindiera el contrato con la Consecionaria el 24 de enero pasado, al no
presentar el cierre financiero.
Tamayo
recordó que el Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería
(Osinergmin) tiene a su cargo la selección del administrador del proyecto.
Informó que este proceso debía concluir este viernes 21, pero que se postergará
puesto que el organismo ha recibido unas 300 consultas al respecto.
Evalúan
dos opciones de financiamiento del proyecto: que sea asumida de manera íntegra
por privados o de manera compartida con el Estado. Tamayo estimó que en dos
meses tomarán una decisión al respecto.
Para
financiar el GSP se planteó en un inicio emplear la recaudación del Cargo de
Afianzamiento de la Seguridad Energética (CASE), que era asumido por los
usuarios cada mes en el recibo de luz. Este cargo fue derogado por el Congreso
de la República en febrero pasado.
El
Comercio
El
ministro de Transportes y Comunicaciones, Martín Vizcarra, dijo que a lo largo de este año
se instalarán 20 puentes baileys en Piura, de un total de 37 que se requieren. Añadió
que en todo el país las lluvias del Niño Costero causaron el colapso de 200
puentes y 6 mil kilómetros de carreteras.
Estos
puentes baileys no son provisionales, son obras definitivas”, comentó en
Tambogrande.
Vizcarra
dijo horas antes en Salitral, sierra de Piura, que solo su sector requerirá de
S/. 7 mil millones para la reconstrucción de 200 puentes y 6 mil kilómetros de
carreteras.
La
República
Al menos 14 gobernadores
regionales de los 25 que hoy ejercen están vinculados a delitos de corrupción, varios de ellos incluso ya fueron
sentenciados, mientras que otros son procesados e investigados por el Ministerio
Público.
Las autoridades
sentenciadas son tres: Wilfredo Oscorima (Ayacucho), Enrique Vargas (Áncash) y
Jaime Rodríguez (Moquegua). Oscorima purga condena por cinco años desde marzo
del año pasado por la compra de maquinaria y vehículos sin licitación. Vargas cumple igual
sanción en el penal de Huaraz, por falsificación de documentos y
Rodríguez fue condenado a cuatro años de pena suspendida por favorecer a su
hermano en un programa social.
Son procesados en el Poder
Judicial los reelectos gobernadores del Callao, Félix
Moreno,
quien cumple prisión preventiva por supuesta recepción de
coimas de Odebrecht y de Cajamarca, Gregorio
Santos, quien afronta un juicio con comparecencia restringida acusado de favorecer
a un empresario durante su primera gestión.
Los gobernadores
regionales investigados por la Fiscalía son más numerosos. Suman nueve.
Se trata de Juan Luque
(Puno), Omar Jiménez (Tacna) y Ricardo Flores (Tumbes). Al primero se le acusa
de autorizar compras estatales a su esposa, al segundo del nombramiento ilegal
de funcionarios y al tercero de sobrevalorar gastos en las compras regionales.
También figuran Edwin
Licona (Cusco), Ángel Unchupaico (Junín), Gilmer Horna (Amazonas), Fernando
Meléndez (Loreto), Manuel Gambini (Ucayali), quienes son indagados por lavado
de activos.
Asimismo, Walter
Mori,
vicepresidente regional del Callao, quien reemplazará a Félix Moreno. La Contraloría ha
solicitado su inhabilitación en cargos públicos por
cuatro años.
En los últimos diez años
han sido sentenciados por diversos delitos
de corrupción siete ex gobernadores regionales:
Gerardo Viñas (Tumbes), Yván Vásquez (Loreto), Waldo Ríos (Áncash), Alexander
Kouri (Callao) Jorge Velásquez (Ucayali), José Aguirre Pastor (Madre de Dios) y
Hugo Gonzales (Cusco). Solo este último está libre.
Con procesos judiciales en
curso están los ex gobernadores de Pasco, Kléver Meléndez; de Apurímac, Elías
Segovia; de Arequipa, Juan Guillén y del Cusco, Jorge Acurio y Hugo Gonzales.
También César Álvarez (Áncash), quien purga prisión
preventiva.
Como investigado está el
ex gobernador de Tacna, Tito Chocano. Según la Contraloría, este benefició a
dos hijos con terrenos del gobierno regional.
El gobernador regional de
Áncash, Enrique
Vargas,
sentenciado por falsificar documentos, fue internado en el penal de Huaraz,
donde su antecesor, Waldo Ríos, purga condena por corrupción.
La República, miércoles 12
La lección de Chilca
Mirko Lauer
El tweet de Juan de la Puente es elocuente: “Caso Chilca; es la 1ª vez
que una mafia ya operativa busca el poder político, capta a su candidato y gana
elecciones”. Hay cierto optimismo en eso de una primera vez, pero el texto se
entiende: nunca se había visto tan clara esta modalidad de relación entre
negocios delictivos y política.
El fondo del asunto es que nuestra política, que ya ha perdido al
partido político propiamente dicho como institución, ha pasado a perder su
preeminencia como organizadora de la vida en sociedad. Incluso hasta aquí
teníamos entendido que el jefe político siempre era el mafioso Nº 1, usando su
poder político para organizar, mandar, obtener beneficios.
Se sabe que el poder del dinero siempre ha podido influir en la
política. Pero nunca habíamos visto políticos con un papel tan visiblemente
subalterno como el del alcalde Richard Ramos. La mafia de traficantes de
tierras casi de seguro lo designó para que se quemara una vez que todos los
certificados truchos estuvieran firmados.
Es obvio que este modelo de negocios chilcano opera entre nosotros desde
hace ya cierto tiempo. Es probable que haya habido autoridades más proclives
que otras a delinquir por su propia iniciativa. Pero cuando las mafias no
pueden arriesgar que llegue al poder alguien dispuesto a enfrentarlas, empiezan
a pensar en elecciones.
Pero quizás esto no es hoy exclusivo de las mafias. Son conocidos los
casos de grupos empresariales perfectamente legítimos que se organizaron para
reclutar candidatos al Congreso afines a sus ideas. Todo esto perfectamente
legal y a rostro descubierto. Promover un candidato es una práctica de la
democracia representativa.
El problema está en la representación misma. No es igual representar a
un partido político serio que representar intereses particulares, legales o
mafiosos. Al no haber partidos fuertes, sino meros membretes, la cosa se
complica. Entonces Chilca puede ser vista como un caso extremo y criminal de un
fenómeno cotidiano en la política electoral.
Sin duda casos como el de Chilca son tareas policiales (muy exitosa en
este caso), pero sobre todo son tareas urgentes para la tan reclamada y
postergada reforma política del Perú. Antes de que las propias mafias se pongan
también a reformar por su cuenta.
El Comercio
¿Y si anexamos el Callao a Lima?
Fernando Vivas
No estoy bromeando. La autonomía chalaca ha
dado malos resultados para el Callao,
para Lima y para el Perú. Con su condición de provincia constitucional (o sea,
provincia con rango de región); ha tenido menos controles para infestarse de
mafias que manejan el paso de la droga y cobran cupos a su relativa bonanza
económica. Sus principales políticos, desde el entronamiento de Chim
Pum Callao dos décadas
atrás, decidieron aliarse a los malos y eso le ha dado al puerto orden y
eficiencia en la corrupción.
A Lima le ha crecido una amenaza extorsiva
para su progreso y formalidad. Miren nomás el caso de la reforma del
transporte. ¿Rfecuerdan cuando la vecina provincia de Huarochiri daba licencias
de rutas que caotizaban Lima? Bueno, Luis Castañeda, en su incipiente reforma
del transporte, logró que el Poder Judicial librara a la capital de esa lacra;
pero una vez que Susana Villarán quiso dar un paso adelante en la reforma
instaurando corredores, la oposición al cambio se ha articulado desde el Callao. ¡Y el hoy reo Alex Kouri quiso
ser alcalde de Lima, qué miedo!
Vamos, la lógica política de muchas mafias
que quieren atacar la principal plaza del país, que es Lima, ha sido cooptar,
con aliados políticos formales, regiones adyacentes desde donde asaltar a la
capital y al país. El plan de convertir a San Juan de Lurigancho en provincia,
que ya contaba con la venia de Alan García, entrañaba ese peligro. ¿Y el vecino
Áncash de César Álvarez, abriendo sus brazos a zamarros tan disímiles como
Rodolfo Orellana o Martín Belaunde Lossio, acaso no fue una bocanada de esa
ambición maligna?
El Callao, aunque su autonomía se debió a peculiares intereses de
Ramón Castilla al develar una rebelión en 1857, degeneró en las últimas décadas
en perversa autorregulación y convivencia de política y crimen. En el puerto no
solo se ha erizado la inseguridad, pues las mafias y sus ajustes de cuentas han
desbordado a sus aliados políticos –al punto que la región se declaró en
emergencia entre el 2015 y el 2016–, sino que se han establecido pautas
infecciosas, malas señales para el país. En el Callao, por ejemplo, hay
extrañas colaboraciones entre las autoridades locales y las fuerzas del orden
que, en lugar de servir a la lucha contra la inseguridad, podría comprometerla.
Por todo esto, algunos políticos están
sugiriendo que el Gobierno Central intervenga la región; lo que podría ser una
medida coyuntural de polémica aplicación. Propongo debatir una medida de mayor
aliento y más legítima que esa, pues tendría que pasar necesariamente por la
autodeterminación de chalacos y limeños en un referéndum: fusionar Lima y Callao en una sola región
metropolitana.
