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COLUMNA
Congresistas con candado
Jorge Morelli
@jorgemorelli1
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Si uno se atiene a las declaraciones de Marisa
Glave, se concluye que la ley nacida para evitar el mal del transfuguismo se ha
desnaturalizado al permitir abusos de parte de quien tiene la titularidad del partido
que ostenta la inscripción electoral.
Como si este hubiera llegado al Congreso reclutando
transeúntes en el camino.
Ella ha hablado de chantajes e imposiciones. Y cita dos incidentes: el
primero que Tierra y Libertad, la agrupación titular, se negó a abrir el padrón
del partido para que pudieran inscribirse los militantes de la otra facción, la
de Glave. El segundo es que un miembro de la bancada habría sido expulsado de
ella de manera arbitraria en un proceso disciplinario supuestamente irregular.
Tal
parece, según Glave, que unos congresistas hubieran sido esclavos del capricho
de otros de la misma bancada, remando encadenados contra su voluntad al duro
banco de la galera turquesca, como dice el poeta.
O, como
en la novela de Orwell, todos los miembros del grupo eran iguales, pero al cabo
resulta unos eran más iguales que otros.
De otra
parte, sin embargo, si el tenedor del título hubiera abierto su padrón, habría
modificado la base misma de su titularidad. ¿Es razonable entonces, en aras del
altruismo democrático, exigirle a unos renunciar a la titularidad que los llevó
a todos al Congreso?
Este
es un tício problema en el que las dos partes parevcen tener algo de razón y
donde no se ha hallado aun, digamos, el marco en que la contradicción se resueve
naturalmente. Problemas complejos como este no puede resolverlos un candado por
más que la ley haya tenido la mejor intención de erradicar una práctica
indeseable.
REPORTE DE NOTICIAS en Internet
-Las siguientes notas periodísticas de
política y economía han sido seleccionadas, editadas y ordenadas
temáticamente. No se las debe citar como
tomadas directamente de sus fuentes originales, las mismas que se indican
sólo como una forma de reconocer el crédito
y agradecer la cortesía.
GOBERNABILIDAD,- DEMAGOGIA, AUTORITARISMO,
DEMOCRACIA
El Comercio
En segunda instancia, el
Poder Judicial rechazó nuevamente el hábeas corpus que se presentó a favor del
sentenciado Alberto
Fujimori. La Segunda Sala Penal para Reos Libres de Lima
confirmó la resolución del 43 Juzgado Penal que declaró improcedente el recurso
constitucional que buscaba la libertad del ex presidente.
El pasado 23 de mayo, el citado juzgado rechazó el hábeas corpus que presentó Keiko Fujimori y que pretendía anular la sentencia que condenó a su padre a 25 años de prisión.
El juez Arnaldo Sánchez concluyó en su resolución que no se vulneró ningún derecho del ex mandatario en los procesos en los que se le condenó por los casos de Barrios Altos y La Cantuta ni en los procesos en los que esos fallos fueron ratificados.
La abogada de Alberto Fujimori, Liz Ramos Dávila, apeló la decisión del juez Sánchez y sustentó su pedido ante la Segunda Sala Penal de Lima el pasado 5 de julio. Tras la respectiva evaluación, dicha sala resolvió rechazar la apelación y ratificar la resolución del juez Sánchez.
Horas antes de conocerse la decisión judicial, la abogada Ramos Dávila había anunciado que si rechazaban su pedido acudiría al Tribunal Constitucional.
La letrada aseguró que el TC fallaría a favor de ellos, ya que este tribunal "ya ha resuelto temas como este", en el cual consideran que se están vulnerando derechos de Alberto Fujimori.
"Nuestro principal sustento es que no hay un hecho que se le pueda atribuir a Alberto Fujimori en los delitos por los que ha sido condenado. Son tres crímenes: homicidio, lesiones y secuestro agravado", precisó Ramos.
El pasado 23 de mayo, el citado juzgado rechazó el hábeas corpus que presentó Keiko Fujimori y que pretendía anular la sentencia que condenó a su padre a 25 años de prisión.
El juez Arnaldo Sánchez concluyó en su resolución que no se vulneró ningún derecho del ex mandatario en los procesos en los que se le condenó por los casos de Barrios Altos y La Cantuta ni en los procesos en los que esos fallos fueron ratificados.
La abogada de Alberto Fujimori, Liz Ramos Dávila, apeló la decisión del juez Sánchez y sustentó su pedido ante la Segunda Sala Penal de Lima el pasado 5 de julio. Tras la respectiva evaluación, dicha sala resolvió rechazar la apelación y ratificar la resolución del juez Sánchez.
Horas antes de conocerse la decisión judicial, la abogada Ramos Dávila había anunciado que si rechazaban su pedido acudiría al Tribunal Constitucional.
La letrada aseguró que el TC fallaría a favor de ellos, ya que este tribunal "ya ha resuelto temas como este", en el cual consideran que se están vulnerando derechos de Alberto Fujimori.
"Nuestro principal sustento es que no hay un hecho que se le pueda atribuir a Alberto Fujimori en los delitos por los que ha sido condenado. Son tres crímenes: homicidio, lesiones y secuestro agravado", precisó Ramos.
El Comercio
El presidente de la República, Pedro Pablo Kuczynski (PPK), afirmó que le da
"mucho optimismo" la reunión que sostuvo con la lideresa de Fuerza
Popular. Keiko Fujimori, que duró más de dos horas.
"Me da mucho optimismo el tono de esta reunión,
que estoy seguro tendrá frutos en el futuro no muy distante",
expresó PPK en diálogo
con la prensa, luego de reunirse con Keiko Fujimori.
Sobre la cita, el mandatario dijo que tuvieron
"una larga conversación" sobre temas como la lucha anticorrupción y
la mejora del sistema judicial, de la contraloría y de los órganos de supervisión.
PPK también señaló que dialogó con Keiko Fujimori sobre la
reactivación de la economía; de la relacionada a grandes inversiones y de la
vinculada a zonas rurales y referida a proyectos de riego.
"Estoy absolutamente seguro que el Perú, con un
buen diálogo entre sus principales fuerzas políticas, tiene todo lo que
necesitamos para salir de esta desaceleración económica, que es tan costosa
para los trabajadores", afirmó finalmente.
El Comercio
“Mis propósitos: 1.Liberar a mi padre. 2.Trabajar por
libertades. 3.Dar gobernabilidad al país. ¡Hoy comienza el diálogo, pónganle
corazón!”, escribió Kenji Fujimori en su cuenta de Twitter.
Afirmó que “no se necesita ser presidente de un poder
del Estado para servir al Perú”.
ANTICORRUPCION,
PERSECUCIÓN, JUDICIALIZACION POLITICA
El Comercio
Hoy por la mañana, el fiscal provincial Germán Juárez
Atoche presentó un pedido de prisión preventiva contra el ex presidente Ollanta Humala y
su esposa, Nadine Heredia,
por presuntos delitos de lavado de activos y asociación ilícita para delinquir.
Según fuentes judiciales, la solicitud fue presentada
ante el juez Richard Concepción Carhuancho, titular del Primer Juzgado de
Investigación Preparatoria, quien tiene como plazo máximo para pronunciarse
hasta el jueves.
El pedido de prisión preventiva contra el ex mandatario
y su esposa no solo se basa en el testimonio del empresario brasileño Marcelo
Odebrecht, quien aseguró haber entregado US$3 millones para la campaña
nacionalista en el 2011, sino también en las declaraciones de otros
colaboradores eficaces que habrían presentado pruebas a la fiscalía sobre
entrega de dinero realizados a la pareja.
La documentación que entregó el fiscal Juárez
contra Ollanta Humala y Nadine Heredia es abundante y,
entre las nuevas evidencias, se encontrarían transferencias de dinero que la ex
primera dama habría recibido de la cuenta del Partido Nacionalista hacia la suya.
Antes de tomar una decisión, el juez Concepción
Carhuancho convocará a una audiencia pública para resolver la situación legal
del ex jefe del Estado y su esposa. Por la urgencia del caso y evitar un
posible peligro de fuga del país del ex jefe de Estado así como de su esposa,
esta podría realizarse entre mañana y pasado.
Los delitos que se le imputan a Ollanta Humala se produjeron
antes de que este asuma la presidencia, por lo tanto no lo ampara la garantía
del antejuicio.
El Comercio
El ex presidente Ollanta
Humala y su esposa, Nadine
Heredia, habrían transferido a su patrimonio dinero de origen
“ilícito”, que recibieron de parte del gobierno de Venezuela y de las empresas
brasileñas Odebrecht y OAS para las campañas del 2006 y 2011, según la
fiscalía, que los investiga por el presunto delito de lavado de activos y
asociación ilícita para delinquir.
Según informó la Unidad de Investigación de El
Comercio, el fiscal Germán Juárez Atoche solicitó esta mañana la prisión
preventiva contra el ex jefe de Estado y la ex primera dama.
De acuerdo a la resolución fiscal, a la que este Diario
tuvo acceso, existen “cuantiosas” sumas de dinero que habría recibido Ollanta Humala y Nadine Heredia, “tanto del gobierno
Venezolano, como de las empresas brasileras Odebrecht y OAS” para el
financiamiento de las campañas del Partido Nacionalista.
“Se observa que estos no habrían utilizado todo el
dinero obtenido en las campañas electorales en mención, sino que una fracción
de dicho dinero se encontraría formando (hasta la actualidad) parte de su
patrimonio personal”, se lee en el documento.
Con este dinero, calificado de “ilícito”, el fiscal
argumenta que ambos adquirieron el inmueble ubicado en Calle Castrat N° 177-
183 - Urbanización Chama - Santiago de Surco; así como el vehículo camioneta
rural Grand Cherokee Laredo, con placa de rodaje N° RIH-176.
El Ministerio Público también señala que parte de los recursos
permanecieron bajo la posesión de Rocío Calderón Vinatea, ex funcionaria
Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE) y amiga cercana de
Heredia Alarcón. De esta forma, se ocultó su verdadero origen y titularidad.
El requerimiento también usa la transcripción de una
conversación, interceptada de manera legal, entre Julio Torres Aliaga e Ilan
Heredia, donde se establece que el primero solo ocupa el cargo de tesorero del
nacionalismo en el “papel”, mientras que el hermano de la ex primera dama era
quien realmente manejaba el dinero que ingresaba al partido de Humala.
El fiscal Juárez Atoche, además, adjunta un informe de
la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), que determina que el
Partido Nacionalista reportó S/24’989.819 como gastos de la campaña del 2011,
pero los ingresos suman S/ 22’574.794.
De esta manera se produce un exceso de gastos sobre
ingresos, por mi total de S/2’415.024.
ELECCIONES, PARTIDOS, ENCUESTAS, MEDIOS,
PSICOSOCIALES
El Comercio
La congresista Marisa Glave, una de
las diez personas que abandonaron la bancada del Frente Amplio y que se agrupan
en el bloque conocido como Nuevo Perú, dijo que tomaron esta decisión porque no
podían seguir trabajando en medio de chantajes e imposiciones.
"Creíamos que, tras lo logrado en la campaña, los
ciudadanos debían tener derechos plenos en (el Frente Amplio) pero no se
aceptó. Se planteó que la inscripción seguiría cerrada (a favor de Tierra y
Libertad)", señaló Glave en declaraciones a TV Perú.
A esto, la congresista le sumó la crisis que se generó
tras la decisión de sancionar y expulsar a Richard Arce de la bancada luego que
fuera sometido a un proceso disciplinario que ellos desconocen.
"Ese tipo de cosas no pueden permitirse. Uno no
puede trabajar con chantaje, imposición y arbitrariedad", añadió la
parlamentaria.
Ella y otros nueve integrantes de Nuevo Perú decidieron
abandonar la bancada a pesar de que esto significará que no sean reconocidos
como un grupo parlamentario oficial y, como tales, tampoco podrán presidir una
comisión o integrar la Mesa Directiva.
"Vamos a seguir funcionando como un bloque
articulado. Trabajaremos de manera directa con organizaciones sociales y la
ciudadanía para tener voz en el Parlamento", indicó Marisa Glave.
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