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Esto tiene que parar
Jorge Morelli
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Fue un
exceso que la Fiscalía ampliara la investigación a Keiko Fujimori a 36 meses
en la creencia de que con esto finalmente tendría tiempo para hallar lo que
está buscando, cuando ni siquiera tiene claro qué es lo que está buscando más
allá de una hipótesis.
Fue un
exceso, a su vez, que Fuerza Popular presentara denuncia constitucional contra
el Fiscal de la Nación por no investigar a las empresas peruanas socias de
Odebrecht. La prueba de que se las investigaba es que se ha procedido a la prisión
provisional de sus cinco directivos principales.
Fue un
exceso igualmente que Fuerza Popular incluyera a las empresas peruanas en el
mismo saco de su socia brasileña, maniatándolas y llevándolas al borde de la
quiebra sobre la misma falsa premisa de que estaban quedando impunes porque no
se las estaba investigando.
Fue un exceso que el juez dispusiera, a pedido de
la Fiscalía, la prisión preventiva de los cinco directivos de las empresas
socias de la corrupción brasileña, existiendo otras opciones legales.
Fue un exceso que Fuerza Popular agraviara a la Fiscalía al afirmar que,
de no ser por la denuncia presentada, no habría existido la prisión
provisional de los empresarios, lo que equivalía a sostener que la Fiscalía era
culpable de encubrimiento.
Fue un
nuevo exceso que la comisión Lava Jato aprobara citar a la señora Nancy Lange
en el contexto del tira y floja con el Presidente sobre el modo en que debe
presentar su testimonio a esa comisión. Tan exceso fue que entre los que
pidieron la citación ya hay un par de arrepentidos.
Ahora,
nuevamente es un exceso el allanamiento de los locales de Fuerza Popular, que
niega enfáticamente todos los cargos de la Fiscalía que esta tendrá que probar.
¿Pero cuál
será el exceso siguiente, la destitución por el Congreso del Fiscal de la
Nación?
No se
puede ocultar ya, para remate de todo lo anterior, la sospecha de que se está
fabricando un escenario artificial para forzar la acusación constitucional anticipada
contra Pedro Pablo Kuczynski y la vacancia de la Presidencia.
Este
festival de excesos no hace sino daño al Perú. ¿Qué se va a conseguir con este
despliegue de violencia política? Esto tiene que parar. Ahora.
REPORTE DE NOTICIAS en Internet
Las siguientes notas periodísticas de
política y economía han sido seleccionadas, editadas y ordenadas
temáticamente. No se las debe citar como
tomadas directamente de sus fuentes originales, las mismas que se indican
sólo como una forma de reconocer el crédito
y agradecer la cortesía.
ANTICORRUPCION,
PERSECUCIÓN, JUDICIALIZAC ION POLITICA
La República
La
lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, deploró la acción de la fiscalía que investiga el
financiamiento de sus campañas en el 2011 y el 2016, y afirmó que es falso que
exista una "doble contabilidad o contabilidad paralela".
Keiko
Fujimori manifestó
que el fiscal Pérez había recibido tanto las
copias como los originales de los libros contables de su organización política,
los mismos que habían sido revisados y aprobados por la Oficina Nacional de
Procesos Electorales (ONPE).
Keiko
Fujimori calificó
de "atropello", "abuso", "venganza" y
"persecución" el allanamiento de los locales de Fuerza Popular.
"Es
absolutamente falso que Fuerza Popular tenga doble contabilidad.
La copia legalizada y el original son iguales. Tan falso como señalar, como
dice el acta de allanamiento, que el señor Chlimper está obstruyendo la
justicia porque dentro del interrogatorio él contestó que no sabía sobre 2011.
Eso fue porque él se incorporó en el 2014", dijo.
"La
información es tergiversada, maliciosa y busca hacernos daño. Voy a ratificar
lo que he venido diciendo y afirmé a la comisión Lava Jato: Fuerza
Popular y
quien habla nunca han recibido dinero ni de Odebrecht ni de las
consorciadas", agregó.
Para Keiko Fujimori, eran
innecesarios los allanamientos a los locales de Fuerza
Popular "porque
se le ha entregado toda la información a la fiscalía, en original y
copia".
"Sabíamos
que luchar contra la corrupción sería difícil. Sabíamos que nos íbamos a
enfrentar a poderosos. Pero no nos van a callar. No nos van a doblegar",
dijo.
La República
Para
cambiar algo, hay que hacer algo distinto. Esto es lo que pretende hacer el
fiscal José Domingo Pérez Gómez en la investigación sobre los presuntos aportes
de Odebrecht a la candidata y lideresa
de Fuerza Popular (FP), Keiko Fujimori.
Con
ese objetivo, Pérez Gómez decidió salir de su
escritorio y enfrentar al partido político con mayoría hoy en el Congreso. Así, el martes
solicitó al juez de investigación preparatoria Richard Concepción Carhuancho
autorizar el allanamiento y registro domiciliario de los dos principales
locales de FP, la casona de la avenida 9 de Noviembre, ex Paseo Colón, N° 422,
en el Cercado de Lima, y el búnker de la calle Los Morochucos N° 140, en la
urbanización Santa Constanza, en Santiago de Surco.
En
este segundo lugar, Fujimori tiene una oficina
desde la que dirige su partido y el Congreso
de la República, vía
sus disciplinados parlamentarios. Allí también tienen oficinas sus colaboradores
Pier Figari, Ana Herz y probablemente algunos congresistas.
Los
allanamientos se sustentan en una investigación iniciada en agosto último por
el fiscal Germán Juárez Atoche por la anotación
“Aumentar Keiko para 500 e eu
fazer visita” en la agenda telefónica de Marcelo Odebrecht y parte de la
declaración que el empresario brasileño ofreció en mayo último, en la ciudad de
Curitiba, en la investigación al ex presidente Ollanta Humala y Nadine Heredia.
La
fiscalía aún no puede utilizar la declaración de Marcelo
Odebrecht,
realizada en noviembre último, porque este material permanece embargado en
Curitiba.
Tampoco
puede sustentarse en la investigación a los fujicócteles y la ONG Liberty
Institute, porque la jueza Elizabeth Arias Quispe, vía control de plazo, le ha
pedido pasar a investigación preparatoria o archivar el caso.
En
esta investigación, que Pérez Gómez retomó en setiembre,
la fiscalía ha incautado libros contables, recibido testimonios y realizado
pericias contables, en función de lo cual concluye la existencia de una
contabilidad paralela, falsos aportantes y aportantes fantasmas.
Según
documentos a los que anoche tuvo acceso La República, la fiscalía ha
determinado que los representantes de Fuerza
Popular
al ser requeridos por el Ministerio Público no exhibieron todos sus libros
contables, lo que "evidencia una doble contabilidad o contabilidad
paralela en el Partido Fuerza Popular (Fuerza 2011) que podría
implicar mecanismos para ocultar el dinero entregado por la empresa Odebrecht
y/o vinculadas". La misma información fue recogida y publicada por el
portal Ojo Público, previa a la conferencia de Keiko Fujimori.
Los
documentos judiciales obtenidos por La República confirman esa información que
sustentó la orden de allanamiento. Para el fiscal Pérez Gómez y el juez
Concepción Carhuancho hay
contabilidad paralela, falsos aportantes, maquillaje de las cifras y
ocultamiento de gastos.
La
fiscalía también sostiene que FP se resistió a entregar sus libros contables y
recién después de reiterados pedidos, el 11 de octubre del 2017 presentó copias
legalizadas de algunos.
Luego,
el 1° de diciembre último un representante de la fiscalía se constituyó a la
notaría del doctor Isaac Higa Nakamura, donde constató el Índice Cronológico de
Legalización y Apertura de Libros Contables del Partido Político Fuerza
Popular.
La
notaría registra la legalización de 14
libros contables, mientras
que hasta el momento solo se han exhibido ocho libros, por lo tanto se ha
iniciado la búsqueda de los otros seis que se esperaba encontrar en los locales
allanados.
Ante
esta situación el 24 de octubre se realizó una diligencia de incautación y
aseguramiento de los registros contables originales. En las copias legalizadas
presentadas por FP se ha evidenciado duplicado con el número de legalización,
correspondientes a libros diarios y de caja de marzo del 2010 y de abril del
2010. También se han encontrado inconsistencias entre los documentos que FP
había entregado al perito del Ministerio Público y los libros exhibidos,
asegurados e incautados, el 24 de noviembre.
Así,
por ejemplo, el perito tuvo en una cuenta un libro caja donde se registraron
aportes en especie por un total de S/ 980.305,93, pero en los libros contables
incautados aparecen otros montos.
"Se
establece que en el libro del partido político Fuerza
Popular empleado
en el dictamen pericial (...) no registraría cuentas o anotaciones que se
encuentran detalladas en el libro exhibido, asegurado e incautado por el
Ministerio Público, lo que podría implicar que en el Dictamen Pericial no se
haya analizado cuentas o partidas destinadas a ocultar el dinero entregado por
la empresa Odebrecht", subraya la fiscalía.
Igualmente,
se han encontrado facturas por publicidad electoral en televisión a favor de
Fuerza Popular (Fuerza 2011) no registradas en cuentas o anotaciones en los
Libros exhibidos, asegurados e incautados (...) lo que podría evidenciar que se
ha ocultado el dinero entregado por la empresa Odebrecht.
También
se evidencian discrepancias entre la información entregada por FP
a ONPE y
la registrada en los libros contables. A la ONPE se identifica determinado
aportante que no aparece en los libros contables.
Ante
la ONPE se identificó como aportante a un ciudadano extranjero, Osamu Miyamoto
con 8,210 soles, identificado con carnet de extranjería, que no aparece en los
registros de Migraciones.
Luego
se ha obtenido la declaración del testigo protegido TP-2017-55-1, quien según
el padrón de aportaciones realizó un abono de 13,845 soles, en tanto que a la
ONPE se presentó un recibo de aportaciones por US$ 5,000.
Este
testigo ha negado haber realizado dichos aportes y señala que Nolberto
Rimarachín Díaz y Rolando Reátegui Flores lo habrían inducido
a declarar ese aporte.
"El
señor Rolando Reátegui nos dice que se han excedido en la campaña y no pueden
sustentar sus gastos de campaña y por eso (...) que ustedes como gente de
confianza se pongan como donantes del partido" en la campaña del 2011,
declaró el testigo.
Luego,
dice, le hicieron firmar dos papeles en blanco y entregar copia de su DNI. Lo
mismo hicieron los que estaban en la reunión convocada por Reátegui y
Rimarachín.
A
partir de lo cual se concluye que los nombres de aportantes presentados ante la
ONPE no cuentan con la debida solvencia económica para acreditar los montos que
declaran haber aportado.
El
fiscal también sustentó que se evidenciaba una resistencia de los dirigentes
de Fuerza Popular para informar de sus
gastos y origen de sus ingresos e inclusos “olvidar” datos relevantes del
manejo económico, como los nombres de los tesoreros.
Por
ejemplo, el fiscal reseñó la declaración del secretario general de FP, José
Chlimper Ackerman. "El
Partido Político al que usted representa contó con algún tipo de asesoría para
la campaña del 2011, de ser así, quiénes fueron sus asesores, quiénes los
contrató o a cuánto ascendían sus remuneraciones y si estas habían sido
declaradas a la ONPE", preguntaron a Chlimper
"No
tengo conocimiento", respondió el dirigente. El fiscal infirió que
Chlimper "se opone a que el Ministerio Público obtenga evidencias del
aporte de la empresa Odebrecht y/o vinculadas a la organización".
Con
toda esa información, las declaraciones de los testigos y las pericias
contables, el fiscal Pérez Gomez logró que el juez
Concepción Carhuancho autorice el allanamiento.
El
allanamiento es un trámite simple que está normado en los artículos 214, 215 y
216 del Código Procesal Penal. De acuerdo con la norma, la orden de
allanamiento caduca en siete días y el fiscal tiene 48 horas para
desarrollarla.
Pérez
Gómez decidió actuar de inmediato. Encargó a un fiscal adjunto realizar el
interrogatorio a Keiko Fujimori. Ella no asistió,
según justificó más tarde, porque su abogado Edward García Navarro tenía que
participar en los allanamientos.
A
las 7:30 de la mañana, con el respaldo de la policía, Pérez y sus adjuntos
Walter Villanueva Luicho, Elvia del Carmen Caro Izquierdo y Jorge Vargas Sueldo
tocaban las puertas y empezaban los allanamientos. Luego de 10 horas, los
fiscales se retiraron con diversa documentación, computadoras y laptops.
La
República
Algunos
de los aportantes han declarado que no han donado dinero alguno a la campaña
de Keiko Fujimori, como
Abraham Vásquez, quien así se lo dijo a la revista Hildebrandt en sus Trece.
A
la misma publicación, Roberto Hoflich, ex trabajador del congresista Miguel Castro
Grández, relató que fue a la oficina del ex jefe de campaña del fujimorismo en
el 2011 Jaime Yoshiyama Tanaka y recogió dinero en efectivo para financiar las
actividades proselitistas.
El
testimonio es relevante porque Jaime
Yoshiyama denunció
que unos ladrones ingresaron en su residencia y se llevaron una laptop donde
estaban los estados financieros y contables de la campaña del 2011.
La República
Atropello mototaxista
Mirko Lauer
La actitud de Pedro Pablo
Kuczynski acaba de cambiar radicalmente. Tras un año y medio de soportar los
embates de la oposición confiado en el peso de su presidencia, PPK ha pasado a
afirmar que la democracia corre peligro. No es el único que lo está diciendo,
pero viniendo de él equivale a una señal de alerta frente a un riesgo presente.
Con toda razón PPK ha
percibido en la cita de la comisión Lava Jato a su esposa una escalada de
Fuerza Popular y su entorno. Las actividades de debilitamiento del Ejecutivo se
han desplazado hacia un intento de demolición de la Presidencia de la
República. El contexto del caso Odebrecht se está prestando a esta nueva
situación.
Probablemente las cosas
empezaron en FP como una alegre conspiración política: demostrar fuerza,
irritar al rival, canjear acusaciones recibidas por acusaciones lanzadas. Pero
a partir de un momento las cosas se han salido de control, las amenazas a la
presidencia inevitablemente ponen en jaque a todo el ordenamiento
institucional.
Aun si se aceptara que PPK
ha tenido algún grado de compromiso empresarial con Odebrecht, algo que él ha
venido negando y el fujimorismo machacando, y que parte del público piensa, el
camino emprendido por la oposición para dilucidar la posibilidad no es el más
adecuado. Pues desde la partida esas opiniones han tenido la forma de una
condena, acompañada de pedidos de renuncia.
Tanto así que una
interrupción del mandato de PPK ha pasado desde hace unas semanas a ser un tema
habitual de discusión política en el país. Es cierto que todavía se viene
tramitando sobre todo con la ligereza que caracteriza a buena parte de las
llamadas redes sociales. Pero la alerta de PPK sugiere que en algún sitio una
línea acaba de ser cruzada.
No se entiende cómo una
crisis terminal de esta presidencia podría favorecer a una política como Keiko
Fujimori, que desea candidatear en el 2021. Una implosión de la frágil
institucionalidad democrática del país no dejaría hueso sano en el sistema
político, y le abriría las puertas a la expresión desordenada del descontento.
No sorprende, entonces,
que congresistas opositores experimentados como Víctor Andrés García Belaunde o
Mauricio Mulder hayan tomado distancia de la decisión de citar a la primera
dama a la comisión Lava Jato.
NARCOTERRORISMO, INTELIGENCIA, FFAA, DDHH,
USO DE LA FUERZA
Expreso
El Pleno del Congreso
aprobó, en segunda votación y por mayoría, el proyecto de ley que autoriza la
participación de las Fuerzas Armadas en la interdicción contra el tráfico
ilícito de drogas en las zonas declaradas en estado de emergencia y que
comprende las jurisdicciones de los Valles de los Ríos Apurímac, Ene y Mantaro
(Vraem).
Esta norma fue aprobada
con 60 votos a favor, 15 en contra y dos abstenciones. El autor de esta ley, el
congresista de Fuerza Popular Carlos Tubino, explicó a EXPRESO que esta
permitirá convertirse en una excelente herramienta operativa para el personal
que se encuentra desplegado cumpliendo funciones para la pacificación de esta
zona del país.
“Espero que el Ejecutivo
promulgue esta ley porque esta norma legal va a ayudar mucho que las acciones
en el Vraem se lleven a cabo en una forma más eficiente. Tenemos 57 bases
militares con personal desplegadas en esta zona que, frente a los 300 mil kilos
de droga que se producen en el Vraem, pasta básica y cocaína, puedan
incrementar la interdicción en esa zona”, dijo.
Tubino explicó que una de
las fallas que el Estado ha cometido en su lucha contra el narcotráfico es
porque no se permitía la participación de las FF.AA. “El Perú solo realiza
interdicción en el 8 % de la droga que produce”, advirtió
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