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EL COMERCIO
El poder estéril
Jaime de Althaus
No deja de llamar la atención la frialdad estratégica con la
que Fuerza Popular (FP) se pronunció acerca
del indulto a Alberto Fujimori. Saludó su libertad “a pesar
de discrepar con la forma en que se logró”. Se le llamó “ex presidente” y no
“líder histórico”.
No se puede negar que en este tema Fuerza Popular ha mantenido una coherencia institucional.
Keiko Fujimori prometió no usar el poder político para liberar a su padre, y
mantuvo esa promesa aun a costa de dar la apariencia de una insensibilidad
filial poco común. Pero esa firmeza sin duda abona en su favor: no usar el
poder o la ley en beneficio propio es un principio republicano plausible.
Es la misma frialdad estratégica que convierte a Fuerza Popularen un grupo hermético
cuando se trata de buscar acuerdos sobre reformas fundamentales. O acuerdos
mínimos siquiera. Si el objetivo es ganar las elecciones del 2021, la idea es
capitalizar los déficits de un gobierno débil y poco hábil.
El problema es que, aferrada a una rigurosa coherencia estratégica
y disciplinaria, Fuerza Popular pierde
coherencia ideológica y programática y compromiso real con el país, y altera su
propia identidad. No usa el poder político para el beneficio familiar, pero
tampoco para el beneficio del país. Es un poder estéril.
Ello se debe al corte, también estratégico, con el pasado. Por
desvincularse de lo negativo de los 90, no recoge tampoco lo positivo ni lo
procesa intelectualmente para actualizar en clave democrática los medios que
permitieron los éxitos. Si se corta las raíces, el árbol no da frutos. Sin
procesar el pasado, no hay ideas para el futuro.
Si la democracia era débil y el Congreso un ‘estorbo’, ¿cuál es
la reforma política que necesitamos para construir una democracia funcional que
asegure gobernabilidad y resultados? Fuerza Popular tiene en el Congreso la responsabilidad de
sacar adelante la reforma política, pero no tiene idea de qué hacer porque no
ha revisado su propia experiencia histórica.
Fujimori pacificó el país –no con el grupo
Colina sino con medios correctos– y restableció orden y seguridad. Pero el
orden y seguridad en lenguaje institucional es el imperio de la ley. No el de
un hombre, sino el de la ley. ¿Cómo darle forma institucional a lo que hizo su
“líder histórico” en los 90? Esa es la reforma de la seguridad y la justicia
que Fuerza Popular podría
liderar desde Congreso.
Fujimori abrió y liberalizó la economía, privatizó
empresas estatales, y desató el crecimiento acelerado. Faltaron las reformas de
segunda y tercera generación para incorporar a todos al mercado formal.
Pero Fuerza Popular no
las quiere impulsar. Al contrario, se confunde y en lugar de representar, como
en los 90, a los emergentes informales, da leyes populistas y excluyentes en
beneficio de sectores formales organizados.
Lo incomprensible es que al mismo tiempo que tiende a recaer en
lo negativo de los 90 –comportamientos autoritarios–, rechaza, de otro lado, lo
positivo –el modelo económico que sacó de la pobreza a millones–, olvidándose
de su propia base social de origen. Es el aprendizaje al revés de su historia.
REPORTE DE NOTICIAS en Internet
Las siguientes notas periodísticas de
política y economía han sido seleccionadas, editadas y ordenadas
temáticamente. No se las debe citar como
tomadas directamente de sus fuentes originales, las mismas que se indican
sólo como una forma de reconocer el crédito
y agradecer la cortesía.
El congresista de Acción Popular, Yonhy
Lescano, presentó ante el Tribunal
Constitucional (TC) una acción de inconstitucionalidad contra la ley de bancada
mixta, aprobada por el pleno del Congreso en setiembre pasado.
De acuerdo al parlamentario, lo que sigue
es que se notifique al Congreso, se convoque a una audiencia y se emita la
decisión, lo que tomaría unos tres meses.
"El efecto es que no se sancione a
los congresistas si por alguna razón abandonan una bancada denunciado
corrupción o una acción justificada", explicó.
Uno de los alcances es que se puedan
conformar nuevas bancadas en el Parlamento.
Esto fue impedido por la ley aprobada a
solo horas de que el Tribunal Constitucional (TC) difundiera la sentencia que
declaró inconstitucional la ley contra el transfuguismo.
Esa ley dispuso que los parlamentarios
que hayan renunciado a sus bancadas o hayan sido expulsados —y a quienes el
Consejo Directivo haya atendido y validado sus apelaciones en segunda
instancia— puedan elegir entre volver a sus grupos parlamentarios originales,
unirse a otro grupo o integrar la llamada bancada mixta. En caso el TC acoja el
pedido de Lescano, se habilitaría nuevamente la posibilidad de conformación de
nuevas bancadas.
Actualmente hay 6 congresistas no
agrupados. Pero además, en Fuerza Popular, bancada con mayoría absoluta, existe
el bloque de 10 parlamentarios liderado por Kenji Fujimori.
La demanda de inconstitucionalidad lleva
en total 42 firmas. Entre
los firmantes se encuentra el bloque casi completo de Kenji Fujimori en Fuerza
Popular.
El Comercio
La legisladora fujimorista Alejandra Aramayo consideró esta
mañana que el parlamentario acciopopulista Yohny Lescano busca desestabilizar al
fujimorismo con la presentación —ante el Tribunal Constitucional— de una
demanda de inconstitucionalidad contra la ley de bancada mixta.
El Comercio
El presidente de la Comisión de
Transportes y Comunicaciones del Congreso, Roy Ventura (FP), justificó que el
proyecto de ley del aprista Mauricio Mulder,
que busca prohibir la publicidad del Estado en medios de comunicación privados
haya pasado de frente al pleno sin dictamen.
La
iniciativa legislativa se puso en la agenda de pleno de ayer, el último de la
legislatura 2017-2018, pero no se vio. De acuerdo a Mauricio Mulder, la
Comisión Permanente definirá el tema.
El
presidente de la Comisión de Transportes defendió el procedimiento seguido.
Destacó que el Reglamento del Congreso permite exonerar de dictamen y someterlo
a debate en la Comisión Permanente.
Ventura
se expresó a favor de regular la publicidad estatal en los medios de
comunicación.
El Comercio
La ampliación de la legislatura 2017-2018
no fue suficiente para abarcar todos los temas pendientes que el Congreso de la República tiene en agenda.
Sobre algunos de ellos, será la Comisión Permanente la que se pronuncie. Otros
tendrán que esperar hasta el inicio de la próxima legislatura: el 1 de marzo.
1.
Denuncias constitucionales
El 14 de diciembre, la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales aprobó y
derivó a la Comisión Permanente un informe que plantea la destitución del
magistrado del Tribunal Constitucional (TC) Eloy Espinoza Saldaña, así como la
suspensión de Marianella Ledesma, Carlos Ramos y Manuel Miranda por 30 días. Se
les acusa de cambiar el sentido de un voto en relación con el Caso El Frontón.
La Comisión Permanente tiene previsto reunirse el próximo martes y podría
ratificar la acusación. Para la aprobación final tendría que convocar a un
pleno extraordinario.
2.
Prohibición de publicidad estatal en los medios
El proyecto de ley que presentó el legislador aprista Mauricio Mulder y que
busca prohibir la publicidad del Estado en medios de comunicación privados fue
exonerado de comisión y se puso en agenda para el pleno de ayer. Sin embargo,
esta iniciativa no se vio y, según Mulder, será la Comisión Permanente la que
defina el tema.
3. El
secreto de las comunicaciones
Ayer se debatió en el pleno un proyecto de resolución legislativa que busca
modificar el artículo 88 del Reglamento del Congreso y establecer que las
comisiones investigadoras pueden acceder al secreto bursátil y al de las
comunicaciones de los investigados, previa autorización judicial. El proyecto
presentado por Rosa Bartra de Fuerza Popular –titular de la Comisión Lava Jato–
recibió críticas y, ante la falta de consenso, pasó a un cuarto intermedio.
4.
Facultades legislativas y el postergado D.U. 003
Para que las facultades pedidas por el Ejecutivo y las observaciones del
Gobierno al Decreto de Urgencia 003 lleguen al pleno solo necesitaban pasar un
filtro: la Comisión de Constitución. La presidenta de ese grupo, Úrsula Letona,
indicó que ya no se podrá sesionar con el receso. “Ojalá que el Ejecutivo saque
otro decreto de urgencia y modifique la norma ante la proximidad de su
vencimiento”, afirmó.
Se están organizando movilizaciones radicales,
bloqueo de carreteras, anulación de las concesiones mineras so pretexto del
indulto a Alberto Fujimori. Buscan además el adelanto de las elecciones.
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