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MEDIA COLUMNA
Delatores premiados
Jorge Morelli
@jorgemorelli1
jorgemorelli.blogspot.com
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Según parece, el anunciado acuerdo del Estado
peruano con Odebrecht permitiría
obtener de los funcionarios de la empresa brasileña nuevas evidencias de corrupción
contra políticos y funcionarios peruanos.
A
cambio, en primer lugar, el acuerdo
permitiría a la empresa brasileña vender sus activos en el país, que ascenderían
a unos 4,500 millones de dólares. Un caso típico sería el caso de la hidroeléctrica
de Chaglla, que Odebrecht ha negociado vender al consorcio China Three Gorges
por unos 1,300 millones de dólares, y que espera solo la firma del acuerdo con
el Estado para proceder. La empresa y el Estado se repartirían en partes
iguales el importe de la venta. La mitad del Estado iría a un fideicomiso
administrado por el Banco de la Nación donde quedaría depositado provisionalmente
como garantía del pago de una reparación civil.
El
Perú estaría pactando con la empresa,
en segundo lugar, el pago de la reparación civil por los actos contra el Estado
peruano, cuyo monto hasta el momento no se conoce. En algún momento se estimó
que el importe de la reparación civil sería una cifra aproximada al monto que
quedaría en garantía en el fideicomiso del Banco de la Nación luego de la venta
de Chaglla.
En tercer lugar, el Estado permitiría a la
empresa brasileña seguir operando en el Perú.
La empresa estaría
reconociendo, en cuarto lugar, que pagó sobornos en siete megaproyectos
únicamente, y el Perú aceptaría ese hecho.
En quinto lugar, el Estado estaría
asegurando a los ejecutivos brasileños que entreguen la información requerida
lo que la prensa llama "excepciones de pena”, es decir la garantía de que
no serán procesados en el Perú por lo que revelen. Es un valor entendido,
además, que sus declaraciones no tendrán validez en Brasil y no pondrán en peligro,
por lo tanto, su status de “delatores premiados” ante la justicia de su país.
A cambio de todo lo anterior, como se dijo líneas
arriba, los ejecutivos brasileños entregarían nuevas evidencias contra
políticos y funcionarios peruanos en el pago de sobornos. Se les estaría tomando
sus declaraciones en enero.
¿Es esta una negociación equitativa? La
pregunta es retórica, porque la verdad no tiene precio y no es negociable.
Los clásicos fundadores de la sociología y la historia
del Derecho -Emile Durkheim, especialmente- escribieron que las sociedades
evolucionan desde lo que llamaron el “derecho retaliatorio” hacia el “derecho
restitutivo”. Como su nombre indica, se trata nada menos que de la transición
del derecho primitivo -el de la Ley del Talión del “ojo por ojo y el diente por
diente” que caracteriza a toda la justicia de la Antigüedad desde el Código de
Hammurabi- a una justicia moderna que, sin poner como cuestión previa por
delante el castigo de los culpables, se orienta a restituir en lo posible el
estado de cosas anterior para reparar el daño infligido.
Es necesario tomar perspectiva para reflexionar
en torno a esta pregunta: ¿no es el de la justicia restitutiva el principio que
se halla detrás -y la justificación última, además- de la institución de la
colaboración eficaz? Nunca es negociable la verdad. Pero hoy sí lo son el
castigo y la reparación.
Lo justo y no solo lo práctico, sin embargo, es
resolver primero el problema y buscar al culpable después. Nunca a la inversa.
No pongamos la culpa por delante de la verdad.
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