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Al final del gobierno, no ahora
Jorge Morelli
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La palabra vacancia vuelve
a la circulación de maneras veladas a propósito de las versiones que llegan de
Brasil sobre lo que dijo o no dijo Marcelo Odebrecht.
Oportunamente, el
secretario general de Fuerza Popular, que lidera la oposición parlamentaria, ha
juzgado necesario hacer conocer que él, personalmente, se opondría a cualquier
intento de producir una vacancia presidencial. Es una grata noticia.
Ayer la unidad de
investigación del think tank caviar IDL ha publicado, de fuentes propias, la
versión de que el presidente Pedro Pablo Kuczynski habría sido consultor de
Odebrecht una vez terminada su gestión en el gobierno de Toledo y recibido
fondos para su campaña. Esto, dice IDL, lo habría afirmado el propio Marcelo
Odebrecht en sus declaraciones desde Curitiba. Desde luego, no es solo el derecho
sino el deber de un medio de comunicación publicar la versión que le alcanzan.
Pero esto ha sido
desmentido categóricamente el miércoles por el presidente de la República en
mensaje a la Nación. El día anterior el mismo Kuczynski
había adelantado vía Twitter que no ha mantenido vínculo profesional alguno con
Odebrecht y tampoco recibió aportes de la empresa brasileña para su campaña de
2011.
Así lo
había dicho ya en ocasión anterior, en su carta de respuesta a la comisión Lava Jato del pasado 23
de octubre. La República anota, asimismo, que en esa ocasión Kuczynski acompañó
una “Declaración de Intereses” en la que deja constancia expresa de que ninguna
de las empresas y entidades en las que ha sido parte tiene relación alguna con
Odebrecht.
Prudentemente, el diario
La República publicó la información de IDL de manera discreta cuidándose de
señalar que entre 2006 y 2015 Kuczynski se dedicó a la actividad privada y que,
por tanto, “cualquier asesoría directa o indirecta a Odebrecht no hubiera sido ilícita”. El
periódico recuerda igualmente, que según la Constitución, el presidente de la
República no puede ser investigado hasta el final de su mandato.
En suma, si existieron
actos de los que Kuczynski tenga que responder, deberá hacerlo cuando termine
su gobierno, no ahora.
REPORTE DE NOTICIAS en Internet
-
Las siguientes notas periodísticas de
política y economía han sido seleccionadas, editadas y ordenadas
temáticamente. No se las debe citar como
tomadas directamente de sus fuentes originales, las mismas que se indican
sólo como una forma de reconocer el crédito
y agradecer la cortesía.
GOBERNABILIDAD,
DEMAGOGIA, AUTORITARISMO, DEMOCRACIA
El
Comercio
El presidente de la República, Pedro
Pablo Kuczynski, respondió a través de un mensaje a la Nación las declaraciones
que brindó Marcelo Odebrecht desde Curitiba, Brasil.
Señaló en primer lugar que "en esa
declaración, (Marcelo Odebrecht) se queja de que, a pesar de su colaboración
con la justicia peruana, ésta solo se ocupa de su empresa y no de otras. Esta
supuesta afirmación es falsa. Como jefe de Estado, respaldo incondicionalmente
la lucha contra la corrupción en todos sus niveles, desde el poder Judicial, la
Fiscalía, el Legislativo y, desde luego, el poder Ejecutivo ", comentó.
En segundo lugar, manifestó no haber "recibido
aporte alguno de dicha empresa en ninguna de mis dos campañas electorales, ni
en el 2010-11 con Alianza por el Gran Cambio, ni en el 2015-16 con Peruanos por
el Kambio, como consta en la documentación que poseen las autoridades
electorales del Perú".
Dijo que también es "falsa" la
afirmación de que fuera contratado como consultor financiero de Odebrecht.
Aseguró que acudirá a los requerimientos
de la justicia "cuantas veces sean necesarias" y, con relación al
Parlamento, precisó: "atenderé las solicitudes de información que me
requiera el Congreso de la República dentro de los alcances de nuestra
Constitución".
El Comercio
La Subcomisión de Acusaciones
Constitucionales del Congreso aprobó por mayoría —solo con votos del
fujimorismo— declarar procedentes las denuncias constitucionales de Fuerza
Popular y de la congresista Yeni Vilcatoma contra el fiscal de la Nación, Pablo Sánchez.
La sesión se inició con la presidencia de
la legisladora fujimorista Liliana Takayama.
Juan Sheput (PPK) pidió que se declare
improcedente la denuncia por considerar que no tiene fundamento. Gino Costa
llamó la atención respecto a la “extraña rapidez” del trámite. Atribuyó las
imputaciones a Sánchez a la reapertura de la investigación por lavado de
activos contra Joaquín Ramírez, ex secretario general de Fuerza Popular. Marisol
Espinoza (APP) consideró que las denuncias contra Sánchez son una represalia
contra el Ministerio Público. Javier Velásquez Quesquén, del Apra, aseveró que
no hay infracciones a la Constitución de parte de Sánchez. Víctor García
Belaunde, de Acción Popular, dijo que la subcomisión ha pasado por alto otras
20 denuncias para ver las que hay contra el fiscal de la Nación.
Se le imputa a Sánchez haber cometido
“grave omisión funcional en la lucha contra la corrupción” y se solicita su
destitución e inhabilitación. Vilcatoma le acusa de haber designado a Hamilton
Castro en el Caso Odebrecht, quien supuestamente “a la fecha, no ha iniciado la
investigación preliminar” de Graña y Montero y otras empresas consorciadas con
Odebrecht.
La subcomisión tiene 15 integrantes, de
los cuales la presidenta Takayama y otros 8 parlamentarios son de la bancada
fujimorista.
La República mar
14 nov
Graña y Montero,
Ingenieros Civiles y Contratistas Generales SA (ICCGSA) y JJ Camet Contratistas
Generales todavía no son notificadas, pero se encuentran en el centro de una
investigación del Equipo Especial del caso Lava Jato sobre el pago de sobornos
realizados por la Constructora Odebrecht en el Perú.
La
investigación, según conoció La
República,
se inició en febrero, luego de recibir la declaración del ex superintendente de
Odebrecht Latinvest Jorge Henrique Simoes Barata, como parte de los actos de
corroboración.
A
fin de verificar lo dicho por el colaborador Barata y el contenido de
los mencionados acuerdos de reparto de utilidades, el equipo del fiscal
Hamilton Castro dispuso realizar una serie de peritajes y recabar mayor
información en forma reservada, de acuerdo con la Ley de Colaboración Eficaz.
Sin
embargo, ante la denuncia del congresista Daniel Salaverry contra el fiscal de
la Nación, Pablo Sánchez Velarde, por una inactividad del
Ministerio Público en este caso, la reserva se terminó.
Pablo
Sánchez y Hamilton Castro han confirmado que existe una investigación para
establecer la participación de los consorcios en el pago de los sobornos.
Al
respecto, el gerente general corporativo del Grupo Graña y Montero, Luis Díaz
Olivero, remitió ayer una carta a la Superintendencia del Mercado de Valores en
la que indica que "a la fecha, no hemos recibido notificación alguna en la
cual se nos informe formal y oficialmente de la inclusión de la compañía o
alguno de sus directivos, ejecutivos y/o colaboradores en las mencionadas
investigaciones".
Este
documento fue utilizado por algunos congresistas para decir que el fiscal de la
Nación y Castro habían mentido y que no hay una investigación.
En
la fiscalía responden que existe un sinnúmero de actas, disposiciones y
peritajes realizados que demuestran la existencia de esta indagación reservada
desde hace varios meses.
Anotaron
que al tratarse de la corroboración de una declaración de colaboración eficaz,
las constructoras no han sido notificadas del procedimiento especial al no ser
parte.
Los
consorcios serán notificados si se corrobora lo dicho por el colaborador y se
formaliza una investigación preparatoria. Recién entonces podrán presentar sus
descargos. Antes no se les puede notificar, dicen, de un procedimiento de
colaboración eficaz del que no son parte, explican en la fiscalía.
El
caso de Graña y Montero, ICCGSA y JJ Camet no es el único que
se investiga de manera reservada. Como parte de la corroboración de la
declaración de Jorge Barata, hay otros temas que tienen esta condición. El
llamado Club de la Construcción y pagos en la Municipalidad de Lima se
encuentran en esta condición de investigaciones reservadas, como parte de la
corroboración de las declaraciones de colaboración de Jorge
Barata.
El Comercio
Yeni Vilcatoma presentó una segunda denuncia
constitucional contra el fiscal de la Nación, Pablo Sánchez, por supuestas iirregularidades
en el accionar de Pablo
Sánchez y Hamilton Castro para arribar a un acuerdo de colaboración
eficaz con Jorge Barata, ex representante de Odebrecht en el Perú.
Afirma que existió una presunta negativa del fiscal
Hamilton Castro a incorporar en la investigación preparatoria a las empresas
Graña y Montero, JJ Camet y otros, socias de Odebrecht.
Hamilton Castro ha considerado que es una "mentira
inadmisible" decir que no existe una investigación a las empresas socias
de la firma brasileña. Sostuvo que la indagación se inició con lo que declaró
Jorge Barata.
Expreso
Nancy Miller
entrevista a Víctor García Toma
(…)
-¿El Presidente de la República
podría ser acusado si se comprueba que no le dijo toda la verdad a la Comisión
Lava Jato?
Respecto a si faltó o no a
la verdad, tengo que decir que el problema es que eso no está tipificado como
infracción constitucional en el Reglamento del Congreso, y eso es
responsabilidad del propio Parlamento.
-¿Por qué dice eso?
Mediante la sentencia Nº
0006 del año 2003, que se refiere al caso de [Manuel] Lajo, se le advirtió al
Parlamento que para los temas de infracción constitucional no existía un
procedimiento. En consecuencia, el TC [Tribunal Constitucional] exhortaba al
Congreso a elaborar un procedimiento que debería ser incorporado en su
Reglamento.
(…)
Lo que ha sucedido es que
el Congreso no ha hecho ni el procedimiento ni la tipificación, en
consecuencia, cualquier acto que se lleve a cabo para sancionar a una persona
por infracción constitucional estaría incurriendo en arbitrariedad, porque no
ha cumplido con las exhortaciones de 2003 y de 2012.
-Entonces, ¿el fiscal de la
Nación [Pablo Sánchez] tampoco podría ser acusado constitucionalmente?
No procede la acusación…
el Congreso no ha cumplido con establecer cuáles son las faltas que considera
como infracción constitucional. La incompetencia no es un delito.
(…)
El Comercio
La presidenta de la Comisión Lava Jato, Rosa Bartra,
señaló nuevamente que Pedro Pablo Kuczynski (PPK) debe responder en persona ante la
citación que le envió su grupo de trabajo, especialmente luego de que se
conociera que Marcelo Odebrecht lo mencionó en el interrogatorio en Curitiba.
"En caso de mentira y a nivel general se puede
aplicar injuria, falsas declaraciones en procesos administrativos y una serie
de procesos que podríamos aplicar”, dijo.
Tweeter de Rosa María
Palacios
“En el supuesto negado
de que PPK cometiera colusión en julio de 2006, ¿cuál es la pena máxima? 15
años.
¿Prescripción? 15 +
7.5 = 22 años 6 meses.
¿Mayores de 75 años?
Prescripción se reduce a la mitad = 11 años y 3 meses = octubre de 2017.
Prescribió”.
La República
Al
mediodía de ayer, los cuatro magistrados del TC investigados por la Subcomisión
de Acusaciones Constitucionales se pronunciaron en contra de esta
investigación.
“Estamos
frente a una denuncia improcedente, carente de sustento y un procedimiento que
lesiona el debido proceso de los jueces constitucionales aquí presentes”, leyó
el presidente del Tribunal Constitucional (TC),
Manuel Miranda, junto a los otros tres jueces sobre quienes pesa la acusación
constitucional.
Insistió
en que ellos resolvieron de oficio un cuestionamiento que dejó pendiente una
anterior composición de magistrados del TC. Concluyeron que uno era
manifiestamente distinto y por ello no había el número suficiente de votos para
emitir una decisión válida en términos de jurisdicción constitucional.
"Una sentencia requiere un mínimo de cuatro votos conformes; si esto no fuera
así, es deber del Tribunal Constitucional subsanarlo, como se ha hecho",
finalizó Miranda.
Expreso
La subcomisión de
Acusaciones Constitucionales del Congreso recibió una nueva acusación
constitucional contra el titular del Tribunal Constitucional (TC), Manuel
Miranda Canales, por retrasar la sentencia de dos pedidos de
inconstitucionalidad referidos al ordenamiento de las pensiones de las Fuerzas
Armadas y la Policía. La Denuncia Constitucional 144 del presidente de la
Asociación Nacional de Pensionistas de la Policía y las FF.AA. contra el
presidente del TC es por delito de denegación y retardo de la administración de
justicia.
El Comercio
Columna de Pedro
Tenorio
(…)
Las
acusaciones y el ruido político de las últimas dos semanas echaron por tierra
el intento de una “pax política” entre Pedro Pablo Kuczynski y Keiko
Fujimori tras la salida del anterior gabinete. La que se
suponía sería una nueva etapa para agilizar la reconstrucción pos-Niño costero
y la recuperación económica se entrampa en dimes y diretes: si PPK debe
comparecer ante la Comisión Lava
Jato (como insiste el fujimorismo), o si el Gobierno financia
con la publicidad estatal a los medios más críticos de la “bankada”. Ese es el
nivel de confrontación de todos los días.
(…)
Creo
que el fujimorismo se equivoca exhibiendo una vena autoritaria (anunciar
represalias contra un medio de comunicación nunca ha dado resultados favorables
en el Perú, a nadie) que le pasará factura.
(…)
ANTICORRUPCION,
PERSECUCIÓN, JUDICIALIZAC ION POLITICA
El Comercio
El fiscal José Domingo Pérez afirmó hoy
que el Departamento de Justicia de Estados Unidos informó a su despacho que la
ONG LVF Liberty Institute- que donó S/220.608 a la última campaña presidencial
de la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori- no tenía la autorización para
realizar aportes de carácter político.
Pérez Gómez dio cuenta de esta
información en la audiencia de control de plazo de la investigación de los cocteles
del fujimorismo, que fue solicitado por Fujimori Higuchi y su esposa, el
estadounidense Mark Vito. Ambos son investigados por el presunto delito de
lavado de activos.
“El día 13 de noviembre ha llegado al
despacho fiscal, procedente de la Unidad de Cooperación Judicial Internacional,
la respuesta del Departamento de Justicia [de los EE.UU.] y que si bien está en
inglés, a buena cuenta dice que probablemente [LVF Liberty Institute] no está
autorizada a realizar aportes a campañas, ni a partidos políticos”, sostuvo.
De esta manera, el fiscal rebatió los
argumentos de la defensa legal de Fujimori y Vito, quienes han solicitado la
conclusión de la etapa de investigación preliminar del caso.
Pérez Gómez aseguró que están dentro del
plazo legal de la investigación y que aún falta realizar diversas diligencias
que han sido programados por su despacho.
Explicó que al haberse adecuado la
investigación a la Ley contra el Crimen Organizado, el plazo de la pesquisa es
de 36 meses. El caso, remarcó, empezó el 8 de marzo del 2016. Por tanto,
solicitó a la juez del Segundo Juzgado de Investigación Preparatoria Elizabeth
Arias, se declare infundado el pedido planteado.
En respuesta, el abogado Edward García,
abogado de Fujimori aseguró que el mismo documento fue alcanzado al despacho
fiscal de manera traducida, en noviembre del 2016. Por tanto, indicó que al no
haber encontrado ningún elemento en contra la ex candidata presidencial decidió
adecuar el caso a la Ley de Crimen Organizado para obtener más tiempo de manera
ilegal.
A su turno, el abogado Eduardo Alcócer,
defensa de Vito Villanella, sostuvo que el plazo venció el 8 de noviembre del
2016. Además, agregó que la fiscalía no ha sustentado qué hechos variaron en la
investigación para considerar a su patrocinado como miembro de una organización
criminal.
La República
Este
martes por la madrugada, el portal IDL
Reporteros reveló
más detalles acerca de las declaraciones que brindó Marcelo Odebrecht a fiscales peruanos
en Curitiba el pasado jueves.
El
informe fue elaborado de manera conjunta con periodistas extranjeros.
En
primer lugar, el tema que se tocó fue si se entregó dinero o no a la
campaña de Keiko Fujimori en 2011, a lo que Marcelo Odebrecht confirmó
haber contribuido monetariamente con esa campaña”. Luego de haber
escuchado esta aclaración la defensa de la lideresa de Fuerza Popular realizó preguntas
repetitivas y pidió a Odebrecht explicar si el aporte de los 500 mil dólares a
la campaña de esta era “una inferencia o una hipótesis”.
Y
el empresario brasileño volvió a ratificar que “lo de aumentar los 500 mil
dólares es porque él mismo dispuso que así se de. ¿Cuándo se pagó, cómo se
pagó? Jorge Barata lo sabe”, dijo.
Según
IDL Reporteros, la felicidad mostrada por los abogados de Keiko a la salida del
interrogatorio no se debió a lo dicho con referencia a su defendida, sino
a una nueva revelación que vincula al presidente de la República, Pedro Pablo Kuczynski
El Comercio
Carta de los abogados de Keiko
Fujimori a El Comercio
“Señor Fernando Berckemeyer
Olaechea
“Mediante la presente carta me dirijo a usted, en mi calidad de abogado de la Sra. Keiko Fujimori Higuchi, a fin de rechazar las afirmaciones falsas que se propalaron en la edición impresa del diario El Comercio, en la nota publicada el 10 de noviembre del 2017, bajo el titular “Odebrecht afirma que financió campaña de Keiko”. Le solicito respetuosamente que, en las mismas proporciones (misma página y en el mismo espacio) y en el plazo que establece la ley (plazo máximo de siete días contabilizados desde la recepción de la presente solicitud) proceda a disponer la rectificación de la falsa información que se difundió sosteniendo que Marcelo Odebrecht afirmó que financió la campaña de la señora Keiko Fujimori Higuchi o que dicha persona sostuviese que le entregó 500 mil dólares a la señora Keiko Fujimori Higuchi.
“Mediante la presente carta me dirijo a usted, en mi calidad de abogado de la Sra. Keiko Fujimori Higuchi, a fin de rechazar las afirmaciones falsas que se propalaron en la edición impresa del diario El Comercio, en la nota publicada el 10 de noviembre del 2017, bajo el titular “Odebrecht afirma que financió campaña de Keiko”. Le solicito respetuosamente que, en las mismas proporciones (misma página y en el mismo espacio) y en el plazo que establece la ley (plazo máximo de siete días contabilizados desde la recepción de la presente solicitud) proceda a disponer la rectificación de la falsa información que se difundió sosteniendo que Marcelo Odebrecht afirmó que financió la campaña de la señora Keiko Fujimori Higuchi o que dicha persona sostuviese que le entregó 500 mil dólares a la señora Keiko Fujimori Higuchi.
“Lo que se propaló en el Diario
que dirige no solo se trata de un hecho falso, sino que, a sabiendas de
semejante manipulación de la información, no se dudó en presentarla en la
primera página del diario El Comercio, sin importar que ello mellara el honor
de la señora Keiko Fujimori Higuchi, pues en ningún lado consta que ella haya
realizado acto alguno que amerite que usted o cualquier otra persona le brinde,
a través de los medios de comunicación, un trato que no se condice con su real
situación. Es lamentable que se valga de supuestas “fuentes” para gestar
informaciones falsas orientadas a afectar el honor de mi representada.
“Por ello mismo, deseo ser
categórico al indicarle que es falso que el señor Marcelo Odebrecht haya
afirmado –sea de manera directa o indirecta– que financió la campaña de
la señora Keiko Fujimori Higuchi o que le entregó 500 mil
dólares a la señora Keiko Fujimori Higuchi. No existe, además, base alguna
o, como se indica en la nota, “fuentes de El Comercio”, que siquiera pueda
servir de excusa para sostener tal afirmación.
(…)
“Finalmente, debo indicarle que
el ejercicio del derecho de rectificación no impide la interposición de otro
tipo de acciones de carácter penal (querellas por delitos contra el honor) o
civil (indemnización por daños y perjuicios), pues la propia disposición
constitucional señala que la rectificación del medio se efectúa “sin perjuicio
de las responsabilidades de ley”.
“Sin otro particular y a la
espera de su rectificación, quedo de usted.
Edward García Navarro”.
Edward García Navarro”.
El Comercio
Respuesta de El Comercio
“Su carta notarial nos pide
rectificar dos aseveraciones. Que “Marcelo Odebrecht afirmó que financió la
campaña de la señora Keiko Fujimori Higuchi” y que el mismo Odebrecht sostuvo
que “le entregó 500 mil dólares a la señora Keiko Fujimori Higuchi”.
“Difícilmente
podríamos rectificar la segunda afirmación, pues no la hemos hecho.
“En
cuanto a la primera, efectivamente, hemos dicho que Odebrecht afirmó que
“financió la campaña de Keiko”, precisando, también en portada, que el ex
directivo señaló “que se debe corroborar los detalles con Jorge Barata”.
“En esta
afirmación nos hemos ratificado y ahora lo volvemos a hacer…”.
El Comercio
Columna
de Juan Carlos Tafur
Va a
ser muy difícil que Keiko Fujimori repita
en el 2021 la estrategia de querer mostrar un fujimorismo renovado, republicano
y democrático, cuando en el ejercicio de poder que su actual bancada le brinda
viene demostrando con ahínco características políticas contrarias.
(…)
Keiko se deshizo en promesas, cartas de intención y
juramentos políticos durante la campaña última. Algunos le concedieron el
beneficio de la duda, considerando que ella era, efectivamente, una hoja en
blanco, sin pasado gubernativo –salvo el episódico ejercicio como primera dama
en las postrimerías de los 90– y que en esa medida había que admitir la
posibilidad de que realmente no fuera una reedición del régimen paterno, que
fuera una versión cualitativamente mejorada de su padre.
En la
próxima campaña electoral ya no podrá repetir dicha estrategia. Hoy, esta
vocación política de dureza le podrá reportar beneficios inmediatos, como se
aprecia en las recientes encuestas de opinión pública, pero para los menesteres
de una contienda electoral, le enajenará el caudal de votos independientes que
se necesita siempre para ganar en la segunda vuelta.
La
reciente embestida contra el Tribunal Constitucional (más allá de la eventual
razonabilidad en la crítica a cuatro magistrados), el Ministerio Público, el
propio presidente de la República y también la prensa independiente, todo al
unísono, pone en evidencia que la suavidad y la cortesía –virtudes
democráticas– están muy lejos de formar parte del equipaje fujimorista.
(…)
Hay
consejeros de Keiko que
la han convencido de que perdió las elecciones por haber sido demasiado
concesiva con los gobiernos de Alan
García y Ollanta
Humala. Le sugieren, por ello, que endurezca el puño y muestre
reciedumbre, aun si en el intento se excede y pisa los predios de la
arbitrariedad.
(…)
