miércoles, 15 de noviembre de 2017

ESTA NOCHE miércoles 15 noviembre 2017


ESTA NOCHE, donde usted se entera no de todo lo que ocurre, sino de lo que necesita saber.

La opinión en MEDIA COLUMNA representa exclusivamente a su autor. Usted puede reenviar y publicar libre y
gratuitamente cualquier MEDIA COLUMNA tomándola de este correo o de
jorgemorelli.blogspot.com




MMEDIA COLUMNA
Al final del gobierno, no ahora


Jorge Morelli
@jorgemorelli1 
jorgemorelli.blogspot.com


La palabra vacancia vuelve a la circulación de maneras veladas a propósito de las versiones que llegan de Brasil sobre lo que dijo o no dijo Marcelo Odebrecht.

Oportunamente, el secretario general de Fuerza Popular, que lidera la oposición parlamentaria, ha juzgado necesario hacer conocer que él, personalmente, se opondría a cualquier intento de producir una vacancia presidencial. Es una grata noticia.

Ayer la unidad de investigación del think tank caviar IDL ha publicado, de fuentes propias, la versión de que el presidente Pedro Pablo Kuczynski habría sido consultor de Odebrecht una vez terminada su gestión en el gobierno de Toledo y recibido fondos para su campaña. Esto, dice IDL, lo habría afirmado el propio Marcelo Odebrecht en sus declaraciones desde Curitiba. Desde luego, no es solo el derecho sino el deber de un medio de comunicación publicar la versión que le alcanzan.

Pero esto ha sido desmentido categóricamente el miércoles por el presidente de la República en mensaje a la Nación. El día anterior el mismo Kuczynski había adelantado vía Twitter que no ha mantenido vínculo profesional alguno con Odebrecht y tampoco recibió aportes de la empresa brasileña para su campaña de 2011.

Así lo había dicho ya en ocasión anterior, en su carta de respuesta a la comisión Lava Jato del pasado 23 de octubre. La República anota, asimismo, que en esa ocasión Kuczynski acompañó una “Declaración de Intereses” en la que deja constancia expresa de que ninguna de las empresas y entidades en las que ha sido parte tiene relación alguna con Odebrecht.

Prudentemente, el diario La República publicó la información de IDL de manera discreta cuidándose de señalar que entre 2006 y 2015 Kuczynski se dedicó a la actividad privada y que, por tanto, “cualquier asesoría directa o indirecta a Odebrecht no hubiera sido ilícita”. El periódico recuerda igualmente, que según la Constitución, el presidente de la República no puede ser investigado hasta el final de su mandato.

En suma, si existieron actos de los que Kuczynski tenga que responder, deberá hacerlo cuando termine su gobierno, no ahora.


REPORTE DE NOTICIAS en Internet
-
Las siguientes notas periodísticas de política y economía han sido seleccionadas, editadas y ordenadas
temáticamente. No se las debe citar como tomadas directamente de sus fuentes originales, las mismas que se indican
sólo como una forma de reconocer el crédito y agradecer la cortesía.




GOBERNABILIDAD, DEMAGOGIA, AUTORITARISMO, DEMOCRACIA



El Comercio
El presidente de la República, Pedro Pablo Kuczynski, respondió a través de un mensaje a la Nación las declaraciones que brindó Marcelo Odebrecht desde Curitiba, Brasil.
Señaló en primer lugar que "en esa declaración, (Marcelo Odebrecht) se queja de que, a pesar de su colaboración con la justicia peruana, ésta solo se ocupa de su empresa y no de otras. Esta supuesta afirmación es falsa. Como jefe de Estado, respaldo incondicionalmente la lucha contra la corrupción en todos sus niveles, desde el poder Judicial, la Fiscalía, el Legislativo y, desde luego, el poder Ejecutivo ", comentó.
En segundo lugar, manifestó no haber "recibido aporte alguno de dicha empresa en ninguna de mis dos campañas electorales, ni en el 2010-11 con Alianza por el Gran Cambio, ni en el 2015-16 con Peruanos por el Kambio, como consta en la documentación que poseen las autoridades electorales del Perú".
Dijo que también es "falsa" la afirmación de que fuera contratado como consultor financiero de Odebrecht.
Aseguró que acudirá a los requerimientos de la justicia "cuantas veces sean necesarias" y, con relación al Parlamento, precisó: "atenderé las solicitudes de información que me requiera el Congreso de la República dentro de los alcances de nuestra Constitución".



El Comercio
La Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso aprobó por mayoría —solo con votos del fujimorismo— declarar procedentes las denuncias constitucionales de Fuerza Popular y de la congresista Yeni Vilcatoma contra el fiscal de la Nación, Pablo Sánchez.
La sesión se inició con la presidencia de la legisladora fujimorista Liliana Takayama.
Juan Sheput (PPK) pidió que se declare improcedente la denuncia por considerar que no tiene fundamento. Gino Costa llamó la atención respecto a la “extraña rapidez” del trámite. Atribuyó las imputaciones a Sánchez a la reapertura de la investigación por lavado de activos contra Joaquín Ramírez, ex secretario general de Fuerza Popular. Marisol Espinoza (APP) consideró que las denuncias contra Sánchez son una represalia contra el Ministerio Público. Javier Velásquez Quesquén, del Apra, aseveró que no hay infracciones a la Constitución de parte de Sánchez. Víctor García Belaunde, de Acción Popular, dijo que la subcomisión ha pasado por alto otras 20 denuncias para ver las que hay contra el fiscal de la Nación.
Se le imputa a Sánchez haber cometido “grave omisión funcional en la lucha contra la corrupción” y se solicita su destitución e inhabilitación. Vilcatoma le acusa de haber designado a Hamilton Castro en el Caso Odebrecht, quien supuestamente “a la fecha, no ha iniciado la investigación preliminar” de Graña y Montero y otras empresas consorciadas con Odebrecht.
La subcomisión tiene 15 integrantes, de los cuales la presidenta Takayama y otros 8 parlamentarios son de la bancada fujimorista.



La República mar 14 nov
Graña y Montero, Ingenieros Civiles y Contratistas Generales SA (ICCGSA) y JJ Camet Contratistas Generales todavía no son notificadas, pero se encuentran en el centro de una investigación del Equipo Especial del caso Lava Jato sobre el pago de sobornos realizados por la Constructora Odebrecht en el Perú.
La investigación, según conoció La República, se inició en febrero, luego de recibir la declaración del ex superintendente de Odebrecht Latinvest Jorge Henrique Simoes Barata, como parte de los actos de corroboración.
A fin de verificar lo dicho por el colaborador Barata y el contenido de los mencionados acuerdos de reparto de utilidades, el equipo del fiscal Hamilton Castro dispuso realizar una serie de peritajes y recabar mayor información en forma reservada, de acuerdo con la Ley de Colaboración Eficaz.
Sin embargo, ante la denuncia del congresista Daniel Salaverry contra el fiscal de la Nación, Pablo Sánchez Velarde, por una inactividad del Ministerio Público en este caso, la reserva se terminó.
Pablo Sánchez y Hamilton Castro han confirmado que existe una investigación para establecer la participación de los consorcios en el pago de los sobornos.
Al respecto, el gerente general corporativo del Grupo Graña y Montero, Luis Díaz Olivero, remitió ayer una carta a la Superintendencia del Mercado de Valores en la que indica que "a la fecha, no hemos recibido notificación alguna en la cual se nos informe formal y oficialmente de la inclusión de la compañía o alguno de sus directivos, ejecutivos y/o colaboradores en las mencionadas investigaciones".
Este documento fue utilizado por algunos congresistas para decir que el fiscal de la Nación y Castro habían mentido y que no hay una investigación.
En la fiscalía responden que existe un sinnúmero de actas, disposiciones y peritajes realizados que demuestran la existencia de esta indagación reservada desde hace varios meses.
Anotaron que al tratarse de la corroboración de una declaración de colaboración eficaz, las constructoras no han sido notificadas del procedimiento especial al no ser parte.
Los consorcios serán notificados si se corrobora lo dicho por el colaborador y se formaliza una investigación preparatoria. Recién entonces podrán presentar sus descargos. Antes no se les puede notificar, dicen, de un procedimiento de colaboración eficaz del que no son parte, explican en la fiscalía.
El caso de Graña y Montero, ICCGSA y JJ Camet no es el único que se investiga de manera reservada. Como parte de la corroboración de la declaración de Jorge Barata, hay otros temas que tienen esta condición. El llamado Club de la Construcción y pagos en la Municipalidad de Lima se encuentran en esta condición de investigaciones reservadas, como parte de la corroboración de las declaraciones de colaboración de Jorge Barata.



El Comercio
Yeni Vilcatoma presentó una segunda denuncia constitucional contra el fiscal de la Nación, Pablo Sánchez, por supuestas iirregularidades en el accionar de Pablo Sánchez y Hamilton Castro para arribar a un acuerdo de colaboración eficaz con Jorge Barata, ex representante de Odebrecht en el Perú.
Afirma que existió una presunta negativa del fiscal Hamilton Castro a incorporar en la investigación preparatoria a las empresas Graña y Montero, JJ Camet y otros, socias de Odebrecht.
Hamilton Castro ha considerado que es una "mentira inadmisible" decir que no existe una investigación a las empresas socias de la firma brasileña. Sostuvo que la indagación se inició con lo que declaró Jorge Barata.



Expreso
Nancy Miller entrevista a Víctor García Toma
(…)
-¿El Presidente de la República podría ser acusado si se comprueba que no le dijo toda la verdad a la Comisión Lava Jato?
Respecto a si faltó o no a la verdad, tengo que decir que el problema es que eso no está tipificado como infracción constitucional en el Reglamento del Congreso, y eso es responsabilidad del propio Parlamento.
-¿Por qué dice eso?
Mediante la sentencia Nº 0006 del año 2003, que se refiere al caso de [Manuel] Lajo, se le advirtió al Parlamento que para los temas de infracción constitucional no existía un procedimiento. En consecuencia, el TC [Tribunal Constitucional] exhortaba al Congreso a elaborar un procedimiento que debería ser incorporado en su Reglamento.
(…)
Lo que ha sucedido es que el Congreso no ha hecho ni el procedimiento ni la tipificación, en consecuencia, cualquier acto que se lleve a cabo para sancionar a una persona por infracción constitucional estaría incurriendo en arbitrariedad, porque no ha cumplido con las exhortaciones de 2003 y de 2012.
-Entonces, ¿el fiscal de la Nación [Pablo Sánchez] tampoco podría ser acusado constitucionalmente?
No procede la acusación… el Congreso no ha cumplido con establecer cuáles son las faltas que considera como infracción constitucional. La incompetencia no es un delito.
(…)



El Comercio
La presidenta de la Comisión Lava Jato, Rosa Bartra, señaló nuevamente que Pedro Pablo Kuczynski (PPK) debe responder en persona ante la citación que le envió su grupo de trabajo, especialmente luego de que se conociera que Marcelo Odebrecht lo mencionó en el interrogatorio en Curitiba.
"En caso de mentira y a nivel general se puede aplicar injuria, falsas declaraciones en procesos administrativos y una serie de procesos que podríamos aplicar”, dijo.



Tweeter de Rosa María Palacios
“En el supuesto negado de que PPK cometiera colusión en julio de 2006, ¿cuál es la pena máxima? 15 años.
¿Prescripción? 15 + 7.5 = 22 años 6 meses.
¿Mayores de 75 años? Prescripción se reduce a la mitad = 11 años y 3 meses = octubre de 2017.
Prescribió”.



La República
Al mediodía de ayer, los cuatro magistrados del TC investigados por la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales se pronunciaron en contra de esta investigación.
“Estamos frente a una denuncia improcedente, carente de sustento y un procedimiento que lesiona el debido proceso de los jueces constitucionales aquí presentes”, leyó el presidente del Tribunal Constitucional (TC), Manuel Miranda, junto a los otros tres jueces sobre quienes pesa la acusación constitucional.
Insistió en que ellos resolvieron de oficio un cuestionamiento que dejó pendiente una anterior composición de magistrados del TC. Concluyeron que uno era manifiestamente distinto y por ello no había el número suficiente de votos para emitir una decisión válida en términos de jurisdicción constitucional. "Una sentencia requiere un mínimo de cuatro votos conformes; si esto no fuera así, es deber del Tribunal Constitucional subsanarlo, como se ha hecho", finalizó Miranda.



Expreso
La subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso recibió una nueva acusación constitucional contra el titular del Tribunal Constitucional (TC), Manuel Miranda Canales, por retrasar la sentencia de dos pedidos de inconstitucionalidad referidos al ordenamiento de las pensiones de las Fuerzas Armadas y la Policía. La Denuncia Constitucional 144 del presidente de la Asociación Nacional de Pensionistas de la Policía y las FF.AA. contra el presidente del TC es por delito de denegación y retardo de la administración de justicia.



El Comercio
Columna de Pedro Tenorio
(…)
Las acusaciones y el ruido político de las últimas dos semanas echaron por tierra el intento de una “pax política” entre Pedro Pablo Kuczynski Keiko Fujimori tras la salida del anterior gabinete. La que se suponía sería una nueva etapa para agilizar la reconstrucción pos-Niño costero y la recuperación económica se entrampa en dimes y diretes: si PPK debe comparecer ante la Comisión Lava Jato (como insiste el fujimorismo), o si el Gobierno financia con la publicidad estatal a los medios más críticos de la “bankada”. Ese es el nivel de confrontación de todos los días.
(…)
Creo que el fujimorismo se equivoca exhibiendo una vena autoritaria (anunciar represalias contra un medio de comunicación nunca ha dado resultados favorables en el Perú, a nadie) que le pasará factura.
(…)






ANTICORRUPCION,  PERSECUCIÓN, JUDICIALIZAC ION POLITICA



El Comercio
El fiscal José Domingo Pérez afirmó hoy que el Departamento de Justicia de Estados Unidos informó a su despacho que la ONG LVF Liberty Institute- que donó S/220.608 a la última campaña presidencial de la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori- no tenía la autorización para realizar aportes de carácter político.
Pérez Gómez dio cuenta de esta información en la audiencia de control de plazo de la investigación de los cocteles del fujimorismo, que fue solicitado por Fujimori Higuchi y su esposa, el estadounidense Mark Vito. Ambos son investigados por el presunto delito de lavado de activos.
“El día 13 de noviembre ha llegado al despacho fiscal, procedente de la Unidad de Cooperación Judicial Internacional, la respuesta del Departamento de Justicia [de los EE.UU.] y que si bien está en inglés, a buena cuenta dice que probablemente [LVF Liberty Institute] no está autorizada a realizar aportes a campañas, ni a partidos políticos”, sostuvo.
De esta manera, el fiscal rebatió los argumentos de la defensa legal de Fujimori y Vito, quienes han solicitado la conclusión de la etapa de investigación preliminar del caso.
Pérez Gómez aseguró que están dentro del plazo legal de la investigación y que aún falta realizar diversas diligencias que han sido programados por su despacho.
Explicó que al haberse adecuado la investigación a la Ley contra el Crimen Organizado, el plazo de la pesquisa es de 36 meses. El caso, remarcó, empezó el 8 de marzo del 2016. Por tanto, solicitó a la juez del Segundo Juzgado de Investigación Preparatoria Elizabeth Arias, se declare infundado el pedido planteado.
En respuesta, el abogado Edward García, abogado de Fujimori aseguró que el mismo documento fue alcanzado al despacho fiscal de manera traducida, en noviembre del 2016. Por tanto, indicó que al no haber encontrado ningún elemento en contra la ex candidata presidencial decidió adecuar el caso a la Ley de Crimen Organizado para obtener más tiempo de manera ilegal.
A su turno, el abogado Eduardo Alcócer, defensa de Vito Villanella, sostuvo que el plazo venció el 8 de noviembre del 2016. Además, agregó que la fiscalía no ha sustentado qué hechos variaron en la investigación para considerar a su patrocinado como miembro de una organización criminal.



La República
Este martes por la madrugada, el portal IDL Reporteros reveló más detalles acerca de las declaraciones que brindó Marcelo Odebrecht a fiscales peruanos en Curitiba el pasado jueves.
El informe fue elaborado de manera conjunta con periodistas extranjeros.
En primer lugar, el tema que se tocó fue si se entregó dinero o no a la campaña de Keiko Fujimori en 2011, a lo que Marcelo Odebrecht confirmó haber contribuido monetariamente con esa campaña”. Luego de haber escuchado esta aclaración la defensa de la lideresa de Fuerza Popular realizó preguntas repetitivas y pidió a Odebrecht explicar si el aporte de los 500 mil dólares a la campaña de esta era “una inferencia o una hipótesis”.
Y el empresario brasileño volvió a ratificar que “lo de aumentar los 500 mil dólares es porque él mismo dispuso que así se de. ¿Cuándo se pagó, cómo se pagó? Jorge Barata lo sabe”, dijo.
Según IDL Reporteros, la felicidad mostrada por los abogados de Keiko a la salida del interrogatorio no se debió a lo dicho con referencia a su defendida, sino a una nueva revelación que vincula al presidente de la República, Pedro Pablo Kuczynski



El Comercio
Carta de los abogados de Keiko Fujimori a El Comercio
“Señor Fernando Berckemeyer Olaechea
“Mediante la presente carta me dirijo a usted, en mi calidad de abogado de la Sra. Keiko Fujimori Higuchi, a fin de rechazar las afirmaciones falsas que se propalaron en la edición impresa del diario El Comercio, en la nota publicada el 10 de noviembre del 2017, bajo el titular “Odebrecht afirma que financió campaña de Keiko”. Le solicito respetuosamente que, en las mismas proporciones (misma página y en el mismo espacio) y en el plazo que establece la ley (plazo máximo de siete días contabilizados desde la recepción de la presente solicitud) proceda a disponer la rectificación de la falsa información que se difundió sosteniendo que Marcelo Odebrecht afirmó que financió la campaña de la señora Keiko Fujimori Higuchi o que dicha persona sostuviese que le entregó 500 mil dólares a la señora Keiko Fujimori Higuchi.
“Lo que se propaló en el Diario que dirige no solo se trata de un hecho falso, sino que, a sabiendas de semejante manipulación de la información, no se dudó en presentarla en la primera página del diario El Comercio, sin importar que ello mellara el honor de la señora Keiko Fujimori Higuchi, pues en ningún lado consta que ella haya realizado acto alguno que amerite que usted o cualquier otra persona le brinde, a través de los medios de comunicación, un trato que no se condice con su real situación. Es lamentable que se valga de supuestas “fuentes” para gestar informaciones falsas orientadas a afectar el honor de mi representada.
“Por ello mismo, deseo ser categórico al indicarle que es falso que el señor Marcelo Odebrecht haya afirmado –sea de manera directa o indirecta– que financió la campaña de la señora Keiko Fujimori Higuchi o que le entregó 500 mil dólares a la señora Keiko Fujimori Higuchi. No existe, además, base alguna o, como se indica en la nota, “fuentes de El Comercio”, que siquiera pueda servir de excusa para sostener tal afirmación.
(…)
“Finalmente, debo indicarle que el ejercicio del derecho de rectificación no impide la interposición de otro tipo de acciones de carácter penal (querellas por delitos contra el honor) o civil (indemnización por daños y perjuicios), pues la propia disposición constitucional señala que la rectificación del medio se efectúa “sin perjuicio de las responsabilidades de ley”.
“Sin otro particular y a la espera de su rectificación, quedo de usted.
Edward García Navarro”.



El Comercio
Respuesta de El Comercio
“Su carta notarial nos pide rectificar dos aseveraciones. Que “Marcelo Odebrecht afirmó que financió la campaña de la señora Keiko Fujimori Higuchi” y que el mismo Odebrecht sostuvo que “le entregó 500 mil dólares a la señora Keiko Fujimori Higuchi”.
“Difícilmente podríamos rectificar la segunda afirmación, pues no la hemos hecho.
“En cuanto a la primera, efectivamente, hemos dicho que Odebrecht afirmó que “financió la campaña de Keiko”, precisando, también en portada, que el ex directivo señaló “que se debe corroborar los detalles con Jorge Barata”.
“En esta afirmación nos hemos ratificado y ahora lo volvemos a hacer…”.



El Comercio
Columna de Juan Carlos Tafur
Va a ser muy difícil que Keiko Fujimori repita en el 2021 la estrategia de querer mostrar un fujimorismo renovado, republicano y democrático, cuando en el ejercicio de poder que su actual bancada le brinda viene demostrando con ahínco características políticas contrarias.
(…)
Keiko se deshizo en promesas, cartas de intención y juramentos políticos durante la campaña última. Algunos le concedieron el beneficio de la duda, considerando que ella era, efectivamente, una hoja en blanco, sin pasado gubernativo –salvo el episódico ejercicio como primera dama en las postrimerías de los 90– y que en esa medida había que admitir la posibilidad de que realmente no fuera una reedición del régimen paterno, que fuera una versión cualitativamente mejorada de su padre.
En la próxima campaña electoral ya no podrá repetir dicha estrategia. Hoy, esta vocación política de dureza le podrá reportar beneficios inmediatos, como se aprecia en las recientes encuestas de opinión pública, pero para los menesteres de una contienda electoral, le enajenará el caudal de votos independientes que se necesita siempre para ganar en la segunda vuelta.
La reciente embestida contra el Tribunal Constitucional (más allá de la eventual razonabilidad en la crítica a cuatro magistrados), el Ministerio Público, el propio presidente de la República y también la prensa independiente, todo al unísono, pone en evidencia que la suavidad y la cortesía –virtudes democráticas– están muy lejos de formar parte del equipaje fujimorista.
(…)
Hay consejeros de Keiko que la han convencido de que perdió las elecciones por haber sido demasiado concesiva con los gobiernos de Alan García y Ollanta Humala. Le sugieren, por ello, que endurezca el puño y muestre reciedumbre, aun si en el intento se excede y pisa los predios de la arbitrariedad.

(…)

No hay comentarios:

Publicar un comentario