ESTA NOCHE,
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MEDIA COLUMNA
Mala empresa, mala
Jorge Morelli
@jorgemorelli1
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La decisión del Congreso de meter a la empresa
Graña y Montero en el mismo saco en que el decreto de urgencia 003 puso
originalmente a la brasileña Odebrecht, sometida a limitaciones operativas, castiga
a la empresa, no al corruptor.
Afortunadamente, la decisión parlamentaria no
maniatará a la empresa al punto de enviarla a la quiebra, porque su deuda con los
bancos es de tal magnitud que la hace “demasiado grande para caer”. A Graña y
Montero los bancos acreedores sencillamente la van a mantener a flote o no
cobrarán su deuda.
Es la misma óptica que debió aplicar el Estado
peruano desde un principio y nombrarle a Graña y Montero un interventor
calificado que vigile sus operaciones representando al público. Igual a
Odebrecht y las demás contructoras peruanas o brasileñas, para poder cobrar más
adelante la indemnización o la reparación que correspondan a raíz del daño causado
a los contribuyentes.
Hay que distinguir entre la empresa y los
accionistas. De resultas de la decisión del Congreso y las declaraciones de
Marcelo Odebrecht, las acciones de la empresa han caído en más de 20 por ciento
en las bolsas de Lima y Nueva York. Podría decirse que los accionistas están
bien castigados por no haber tomado precauciones para impedir que una
administración corrupta hiciera de las suyas. La responsabilidad penal es de
las personas que lo hicieron. Pero castigar a la empresa -conformada por sus
trabajadores, sus clientes, sus proveedores- obstaculizando su operación es una
pieza de pensamiento primitivo.
La equidad y la justicia en este caso dependen de un
cambio de perspectiva, un giro de 180 grados en el punto de vista, del
aprendizaje de la opinión pública, de la prensa, de los funcionarios públicos y
de los representantes parlamentarios. Supone entender, ante todo, que una empresa
no es un botín de despojos. Es un proceso en marcha y solo tiene valor mientras
lo sea.
Sancionarla complicando su funcionamiento mientras sus
administradores continúan a cargo sin un interventor que vigile los intereses
del contribuyente, es como flagelar al vehículo siniestrado en el accidente exclamando
mal auto, malo, e ignorar al conductor.
REPORTE DE NOTICIAS en Internet
-
Las siguientes notas periodísticas de
política y economía han sido seleccionadas, editadas y ordenadas
temáticamente. No se las debe citar como
tomadas directamente de sus fuentes originales, las mismas que se indican
sólo como una forma de reconocer el crédito
y agradecer la cortesía.
LIBERTAD ECONOMICA, GLOBALIZACION,
REFORMAS, INVERSION
Expreso
Las
acciones de la constructora Graña y Montero en la Bolsa de Valores de Lima
(BVL) cayeron en 19.35 % en las primeras horas del viernes ante la aprobación
por el Congreso de la modificación del Decreto de Urgencia 003 luego de las declaraciones
de Marcelo Odebrecht a los fiscales peruanos.
Al
cierre de la jornada del viernes la acción de Graña y Montero en la BVL cerró con
una baja de 22.58%. Igualmente, la baja del valor accionario en la Bolsa de
Valores de Nueva York se aproximó al 20%.
Mientras
tanto, las ganancias netas de la empresa editora El Comercio cayeron a S/ 11.5
millones, a diferencia de los S/ 56.3 millones del tercer trimestre del 2016. La
explicación que dio la empresa el 30 de octubre de 2017 a la prensa
especializada es que la referida caída se debía a menores ingresos por
dividendos, menores ingresos de publicidad en el formato impreso y menor venta
de ejemplares.
El Comercio
El Congreso aprobó el viernes a última hora de la sesión del
Pleno el proyecto de ley 1410 que modifica el texto del Decreto de Urgencia 003-2017,
promulgado por el Ejecutivo en febrero pasado.
Con 55 votos a
favor, 29 en contra y 0 abstenciones, el pleno del Congreso aprobó también exonerar
de segunda votación al proyecto de ley.
Con esto, la norma
quedó lista para ser promulgada por el Ejecutivo, que podría observarla.
El DU 003 abarcaba
solo a las empresas que hubieran operado en sociedad con la constructora
brasileña con una participación mayor al 10%.
El texto aprobado
por el pleno anoche se aplica a las ex socias de Odebrecht con una
participación mayor al 5%. De esta manera, Graña y Montero y JJC quedan
incluidas en el Decreto de Urgencia 003.
Según la nueva norma, que ahora tendrá una vigencia de seis años, las empresas condenadas por corrupción o que hayan admitido actos de dicha índole, así como sus socias y consorciadas, 1) no podrán transferir dinero del país hasta que se pague el total de la reparación civil a favor del Estado; 2) tampoco podrán vender activos sin la autorización del Ministerio de Justicia; y 3) se les retendrá un porcentaje de las utilidades sobre sus contratos vigentes con el Estado.
Según la nueva norma, que ahora tendrá una vigencia de seis años, las empresas condenadas por corrupción o que hayan admitido actos de dicha índole, así como sus socias y consorciadas, 1) no podrán transferir dinero del país hasta que se pague el total de la reparación civil a favor del Estado; 2) tampoco podrán vender activos sin la autorización del Ministerio de Justicia; y 3) se les retendrá un porcentaje de las utilidades sobre sus contratos vigentes con el Estado.
El Comercio reveló esta mañana que Marcelo Odebrecht
reiteró lo ya delatado por Jorge Barata: que las empresas peruanas consorciadas
con la constructora brasileña conocían los pagos que esta realizaba a políticos
peruanos.
Odebrecht le dijo a los fiscales peruanos que tenía un
“contacto especial” con Graña y Montero.
Graña y Montero
consideró que la norma aprobada por el Congreso es inconstitucional y afecta a
la compañía y a sus más de 23 mil trabajadores.
“El Grupo Graña y Montero tomará todas las medidas legales que correspondan”, señaló a este Diario anoche. La empresa todavía no se pronuncia sobre las declaraciones de Marcelo Odebrecht.
“El Grupo Graña y Montero tomará todas las medidas legales que correspondan”, señaló a este Diario anoche. La empresa todavía no se pronuncia sobre las declaraciones de Marcelo Odebrecht.
El Comercio
La ampliación
del Decreto de Urgencia 003 (D.U.
003) para cobijar a las socias de Odebrecht, aprobada ayer por el Congreso,
podría afectar a dichas empresas al punto de generar su quiebre
financiero, según expertos. “Pueden entrar a una situación de deficiencia
patrimonial que las puede terminar quebrando”, advirtió Rafael Boisset, socio
del estudio Philippi Pietrocarrizosa Ferrero DU & Uria (PPU).
Tras el término de
la concesión del Gasoducto Sur Peruano (GSP), Graña y Montero puso en marcha un
plan de venta de activos para aportar liquidez a la compañía y reducir su
endeudamiento. Con la nueva norma, la liquidez de la empresa peligraría, según
Marco Alemán, analista de Inversiones y Mercado de Capitales de Kallpa SAB,
pues restringe la venta de sus activos. “Con esta norma los procesos de venta
se van a frenar”, concordó Boisset. Incluso en caso de que se vendan activos,
como los del GSP que Graña y Montero estima en US$ 400 millones, el importe podría
ser retenido. Los ingresos con los que contaba Graña y Monteropor la concesión de obras que tiene con el Estado
también se verían retenidos. Entre ellos destacan la Línea
1 del Metro de Lima, Survial, Canchaque, y La Chira, señala Alemán.
Otra constructora, Obrainsa, aclaró que asumió la
participación de Odebrecht en
los consorcios donde compartía accionariado con esta al amparo del D.U. 003.
Por ello, la firma afirma que no se verá afectada por el nuevo marco normativo,
dado que mantiene relación contractual vigente con el Estado sin el concurso
de Odebrecht.
El Comercio
Roque Benavides, presidente de la Confiep, lamentó la decisión del
Congreso.
“Me sorprende que el Congreso apruebe una ley en ese
sentido […] Hay empresas de ingeniería nacional que merecen pasar por lo menos
por el Poder Judicial en vez de que sean maltratadas por un decreto”, dijo
Benavides.
El Comercio
El pleno del Congreso aprobó
en su sesión del jueves un total de 15 iniciativas de ley.
La Junta de Portavoces acordó que no se exoneraría de
segunda votación a los proyectos, con el fin de respetar lo establecido por el
reglamento para que la ratificación de la ley ocurra en los siete días
posteriores.
En la sesión del jueves no se respetó dicho acuerdo en
nueve de los 15 proyectos aprobados.
ELECCIONES, PARTIDOS, ENCUESTAS, MEDIOS,
PSICOSOCIALES
ESTA NOCHE (tomado de El
Comercio)
Keiko Fujimori negó que Marcelo Odebrecht haya realizado algún tipo de
aporte a sus campañas presidenciales, luego que El Comercio informara que el
empresario brasileño dijo que tenía la certeza de que se entregó dinero a la
campaña fujimorista del 2011.
"He tenido
comunicación con mi defensa legal y me han confirmado que lo señalado en ese
titular del diario El Comercio es falso. Claro está que no conozco al señor
(Marcelo) Odebrecht, claro está que no ha financiado nuestras campañas y que
nunca se ha reunido conmigo", señaló Keiko Fujimori en un video que difundió por redes sociales.
El abogado de la ex
candidata presidencial, Edward García, participó en el interrogatorio al cual
fue sometido Marcelo Odebrecht por fiscales peruanos en la ciudad brasileña de
Curitiba.
ESTA NOCHE (tomado de Correo)
La palabra
del exhombre fuerte de Odebrecht en el Perú, Jorge Barata, arrojaría certezas.
Según
fuentes de Correo en el Ministerio Público, para que Barata confiese lo que
sabe las autoridades nacionales tendrían que levantarle los cargos en su
contra, así como los embargos de sus propiedades y cuentas.
De hecho, se
sabe que el brasileño, a través de su abogado, ha enviado un documento dirigido
al despacho del fiscal anticorrupción Hamilton Castro, a cargo del caso “Lava
Jato”, para someterse a colaboración eficaz. Solo de esta manera podría hablar.
Correo
Para Keiko Fujimori, que El Comercio haya aseverado
que Odebrecht aportó
a su campaña presidencial del 2011 es una consecuencia de la denuncia
constitucional presentada por Daniel Salaverry contra el fiscal Pablo Sánchez Velarde, a quien culpa de no investigar a las
exsocias de la firma brasileña como Graña y Montero.
El Comercio
Columna de Jaime de Althaus
(…)
…el fiscal Sergio Jiménez Niño, integrante del equipo
de Hamilton Castro, ha informado con toda claridad que las empresas peruanas
que fueron socias de Odebrecht sí son investigadas y que se está “corroborando”
la declaración hecha por Barata…
(…)
Expreso
Sondeo de EXPRESO
sobre 609 votos a las 11:30 am del sab 11 nov 2017
Pregunta:
¿Cree que hace bien
Keiko Fujimori en demandar al diario El Comercio por advertir, presuntamente de
manera equivocada, que Marcelo Odebrecht la señaló como receptora de coimas?
Respuesta:
Si 33%
No 67%
El
Comercio, editorial sab 11 nov 2017
Ayer
el titular principal de nuestra portada decía: “Odebrecht afirma que financió campaña de Keiko”. En los subtítulos anotamos dos
cosas más: que el mismo Odebrecht decía
que los detalles los conocía Jorge Barata pero que él tenía la certeza de que los
aportes se produjeron; y que había aseverado también que las empresas con las
que se consorció en el Perú conocían de los pagos, precisando que él tenía una
relación especial con Graña y Montero.
Nos ratificamos en lo dicho.
Nos ratificamos en lo dicho.
Como
consecuencia de esta publicación, la señora Keiko Fujimori divulgó
un amenazante video en el que, entre otras cosas: 1. Nos acusó de mentir. 2.
Nos acusó de hacerlo en razón de la ‘vinculación’ de los “señores Graña” con el
Diario. 3. Dijo que tenía certeza, a través de sus abogados, de que el
señor Odebrecht no
había dicho lo que señalamos. 4. Acusó a parte del Ministerio Público de
perseguir con afán político a algunos mientras blinda a otros. 5. Dijo que nos
denunciará penalmente por difamación. 6. Dijo que solicitará formalmente a la
fiscalía hacer pública la transcripción del interrogatorio al señor Odebrecht.
(…)
(…)
El Comercio, vie 10
nov 2017
Marcelo Odebrecht,
ex CEO de la constructora Odebrecht,
confirmó a los fiscales peruanos que lo interrogaron ayer en Curitiba (Brasil)
que tiene la certeza de que se entregó dinero para la campaña de Keiko
Fujimori y de los otros candidatos que eran favoritos en
las elecciones generales del 2011, indicaron fuentes de El Comercio.
En su
testimonio, Odebrecht también
reveló que las iniciales “AG”, escritas en la agenda de su celular, se refieren
a Alan García.
Las mismas fuentes
relataron que, al ser consultado sobre la anotación “aumentar Keiko para 500 e eu fazer
visita”, también encontrada en su teléfono, Odebrecht explicó que sí hubo una entrega de dinero y que
probablemente haya sido de US$500 mil, pero que Jorge Barata (ex representante
de Odebrecht en el
Perú) debe corroborar el monto. También indicó que, si puso la palabra
“aumentar”, infiere que fue porque ya se había entregado dinero anteriormente.
Asimismo, reiteró
que su empresa tenía la política de apoyar a los candidatos presidenciales con
posibilidades de ganar. La finalidad era que, si uno de ellos llegaba al poder,
la constructora tuviera las puertas abiertas para emprender proyectos en el
país. Además precisó que solo en el caso de Ollanta Humala él ordenó
directamente que se le entregara dinero para la campaña del 2011.
En otro momento del
interrogatorio, que se prolongó por unas cuatro horas, el empresario explicó el
significado de la anotación “Kuntur agora bom para Peru/AG, etc”.
En primer lugar,
confirmó que “AG” significa Alan García y que la cita se refiere a que el líder
aprista incentivó a la constructora a ejecutar el gasoducto sur peruano (GSP),
previamente desarrollado por Kuntur. Añadió que la empresa se embarcó en ese
proyecto a pedido de García. Además del gasoducto –según el empresario–, García
mostró interés en desarrollar otras obras como el metro de Lima, que
finalmente Odebrecht ejecutó.
Asimismo, el
empresario reveló que las empresas consorciadas con Odebrecht en el Perú sabían lo
que estaban haciendo y que la única con la que tenía un contacto especial era
con Graña y Montero.
El interrogatorio se
efectuó en el edificio de la Policía Federal de Curitiba, donde Marcelo Odebrecht se encuentra recluido.
Participaron tres fiscales peruanos José Pérez, Rafael Vela y Walter Villanueva,
así como el fiscal de Curitiba Orlando Martello, los abogados de Keiko Fujimori y la policía
federal.
Minutos después de
finalizado el interrogatorio en Brasil, los legisladores de la bancada de
Fuerza Popular se pusieron de pie en el pleno del Congreso y empezaron a
aplaudir. “¡Fuerza Popular, Fuerza Popular!”, arengaron durante casi un minuto.
Esto se debió a que desde Curitiba, el abogado Edward García, defensor legal de Keiko Fujimori, les informó que
estaba conforme con lo dicho por Odebrecht.
“Jamás tuvimos dudas
respecto a la honestidad de Keiko
Fujimori. [...] En los próximos días podrán confirmar que ni Keiko Fujimori ni Fuerza Popular
están envueltos en la corruptela”, indicó Daniel Salaverry, vocero titular de
la bancada.
Más tarde, el secretario
general de FP, José Chlimper, expresó que Odebrecht dijo que “no conoce a Keiko”, que “nunca le dio dinero” y
que “no le consta que Odebrecht Perú
haya apoyado a Fuerza Popular, Keiko no
miente”.
Al cierre de esta
edición, en el Congreso se aprobó una modificación al Decreto de Urgencia 003.
La República, vie 10 nov 2017
Marcelo Odebrecht habló por casi
seis horas, pero casi no dijo nada nuevo. Como en mayo último, volvió a remitir
a los fiscales de lavado de activos al ex superintendente de la constructora en
Lima Jorge Barata. Algo que los abogados de Keiko Fujimori ya intuían o sabían
que iba a suceder.
El abogado brasileño Beno Brandau
y el peruano Edward García Navarro, que llegaron a Curitiba a defender los intereses de Fuerza Popular,
estuvieron amenos y sonrientes con los periodistas brasileños en las horas
previas a la audiencia.
A los fiscales peruanos ni se les vio, hasta que todo concluyó.
Ingresaron por una puerta lateral de la sede de la Policía
Federal.Los
periodistas brasileños los esperaron en vano.
Estrategia fiscal o esconder que llegaron tarde a la
audiencia. Nadie explicó por qué el interrogatorio se inició casi una hora
después de lo previsto.
Los abogados de Fuerza
Popular y Keiko Fujimori llegaron
pasada la una de la tarde, para una audiencia prevista para las 2:00 p.m.
Los cuatro abogados de Marcelo Odebrecht llegaron puntuales;
entre ellos se encontraban Eduardo Sanz y Luciano Feldens. Eso, pese a que Odebrecht estuvo en la
mañana en un interrogatorio con el juez Sergio Moro.
Marcelo Odebrecht ratificó
ante el famoso juez del caso Lava Jato que la empresa constructora realizó
pagos millonarios a Ademir Bendine, ex presidente de
Petrobras, entre mayo y junio del 2015.
Cuando le preguntaron a Brandau por qué lo eligieron para ver este caso, respondió que era conocido desde hace años de Edward García. Pero lo importante lo agregó después, en otra conversación: conocimiento del idioma y la jurisprudencia brasileña.“Yo no voy a hacer lo que los abogados peruanos del interrogatorio anterior que se quedaron callados escuchando todo lo que decíaMarcelo Odebrecht”, explicó Brandau.“Así no es”, agregó. “Sin afectar el desarrollo del interrogatorio hay que interrumpir y pedir que se aclaren los temas en el momento en que los esté relatando, no al final”, detalló.Vistas así las cosas, los abogados de Keiko Fujimori llegaron con ventaja. Sabían que el abogado peruano no puede litigar en Brasil y pusieron a un jurista brasileño.Los abogados de Ollanta Humala y Nadine Heredia recién se enteraron en Curitiba de que ellos no podían preguntar y, al final, solo lo hicieron por cortesía de la fiscalía brasileña, sino habrían sido meros espectadores. Keiko Fujimori no cometió el mismo error.
Brandau debe haber realizado
lo que anunció a la prensa. El interrogatorio debió durar un par de horas y se
alargó por casi seis.
En Brasil los interrogatorios tienen un desarrollo distinto. En
el Perú,
el fiscal pregunta, el investigado responde y se va trascribiendo y aclarando párrafo
por párrafo. En Brasil, todo se graba en video y allí queda.
La transcripción y traducción al español vendrá después, para
ser remitido oficialmente a Lima. Beno Brandau y Edward García salieron
sonriendo de la diligencia, relajados.
Marcelo Odebrecht repitió
lo que ya había dicho en mayo. Brandau también lo había vaticinado. No podía
salirse de su historia, con el riesgo de quedar como un mentiroso y estar
manipulando la información, elegir a quién acusar y a quién no, según soplen
los vientos. Así, en lo sustancial, según diversas fuentes que participaron en
el interrogatorio, Odebrecht afirmó que él manejaba y conocía la política
general de la empresa de apoyar a los principales candidatos políticos.
Que entendía, porque así se lo dijo Jorge
Barata,
que apoyaron a Keiko Fujimori y Alan García, pero que eso solo lo
pueden saber o confirmar los funcionarios de la empresa en Lima. Es decir,
vayan a hablar con Barata.
Eso es bastante complicado. El ex superintendente de Odebrechten el Perú sigue
distanciado de la fiscalía. Considera que pese a todo lo que ha contado y las
pruebas que ha entregado, es hasta hoy el único y principal perjudicado.
Sus cuentas personales permanecen embargadas por un proceso
que le inició la fiscalía de lavado de activos y que la Procuraduría utilizó
para congelar sus bienes personales y familiares en Lima.
“Me siento conforme y contento con la diligencia”, declaró García
Navarro.
Es lo mismo que habría informado a Lima. Esta versión fue aprovechada por la
bancada parlamentaria de Fuerza Popular, que durante la sesión plenaria del
Congreso interrumpió el debate para lanzar arengas a favor de su partido.
El presidente del Congreso, el fujimorista Luis Galarreta,
optó por respaldar las arengas en lugar de poner orden al espectáculo que
protagonizaron los legisladores de Fuerza Popular.
“Alegría en la bancada de Fuerza
Popular. No
más especulaciones. Keiko no recibió nada (de Odebrecht)”, dijo la
parlamentaria Alejandra Aramayo a través de su cuenta oficial de Twitter.
Como se recuerda, la anotación “aumentar keiko para 500 e eu
fazer visita” se encontró en la memoria del celular incautado a Marcelo
Odebrecht durante
su detención en junio de 2015 en Brasil, pero se conoció en el Perú recién el
23 de junio de este año a través de una publicación de la web de investigación
IDL-Reporteros. Todos los participantes en la diligencia firmaron un
compromiso de confidencialidad, que con la prensa cumplieron en este momento
inicial.
El fiscal superior Rafael
Vela Barba declaró
que Marcelo Odebrecht respondió todas las preguntas planteadas por el fiscal
José Domingo Pérez y otras que plantearon los abogados defensores. Se excusó de
dar más detalles y agradeció la colaboración de las autoridades y la Procuraduría
General de Brasil.
“La diligencia se ha realizado sin contratiempo. El señor Marcelo
Odebrecht ha
respondido todo el cuestionario del fiscal Pérez y estamos satisfechos con el
desarrollo de esta diligencia”, dijo.
“Han sido respuestas bastante exhaustivas y detalladas.
Estamos obligados por la justicia brasileña a mantener sigilo. No puedo hacer
ningún comentario sobre las respuestas específicas”, agregó.
El Comercio
Las investigaciones a
Keiko Fujimori.
1. Presuntos aportes
fantasmas del 2011
Actualmente, en la
16° Fiscalía Provincial Penal, hay una investigación que empezó en octubre del
2015 por presuntos aportes irregulares que recibió la campaña de Keiko Fujimorien el 2011, cuando era
candidata de la entonces llamada Fuerza 2011.
La candidata, así
como los demás implicados en la denuncia, ha rechazado todas las acusaciones y
asegura que todos los aportes fueron bancarizados y reportandos ante la ONPE.
2. Los cocteles del
2016
El Ministerio
Público abrió, en el 2016, una investigación, a fin de determinar si los fondos
que se recaudaron en los cocteles que realizó el fujimorismo tienen o no un
origen irregular.
Estas indagaciones,
el 16 de setiembre de este año, fueron derivadas al despacho del fiscal José
Domingo Pérez por el presunto delito de lavado de activos.
Pérez decidió que la
pesquisa se realice en el marco de la Ley contra el Crimen Organizado.
3. Caso Odebrecht
El 29 de agosto de
este año, el fiscal de lavado de activos Germán Juárez Atoche dispuso iniciar
una investigación preliminar contra Keiko Fujimori tras la difusión de
anotaciones en la agenda de Marcelo Odebrecht que mencionaban su nombre.
El 4 de setiembre,
este proceso fue encargado al fiscal José Domingo Pérez, quien tiene en sus
manos también las indagaciones por los aportes vía cocteles durante los últimos
meses del 2015.
ACTUALIZACIÓN: Ante fiscales peruanos, Marcelo Odebrecht declaró
que estaba seguro que le entregaron dinero a la campaña de Keiko Fujimori y a
otros candidatos favoritos en las elecciones generales del 2011. Fuentes de El
Comercio relataron que, ante la consulta sobre la anotación “aumentar Keiko
para 500 e eu fazer visita” hallada en el teléfono de Odebrecht, explicó que la
cifra probablemente haya sido de US$500 mil, algo que Jorge Barata debía
corroborar. También dijo que, si puso la palabra aumentar, debió ser porque ya
se le había entregado dinero anteriormente.
4. Joaquín Ramírez
Desde febrero de
este año y hasta setiembre, la fiscal Sara Vidal llevó a cabo una investigación
preliminar contra Keiko Fujimori,
luego de incluirla en las indagaciones por el presunto delito de lavado de
activos contra Joaquín Ramírez, ex secretario general de Fuerza Popular.
Pese a los
argumentos que utilizó al fiscal para archivar el proceso, la fiscal superior
Elizabeth Peralda ordenó reabrir la investigación contra Ramírez y Fujimori
Higuchi. También dispuso que el proceso se adecúe a la Ley contra el Crimen
Organizado, la cual también está siendo utilizada por el fiscal José Pérez.
La República
En
vísperas de culminar su mandato y luego de haber literalmente mandado al tacho
una propuesta de reforma electoral íntegra, el aún presidente de la Comisión
de Constitución del Congreso, Miguel Ángel Torres, había
invitado a una sesión a los dirigentes de distintos partidos para que expongan
sus propuestas.
Ocurrió
en la mañana del 27 de junio. Uno de los invitados fue José
Chlimper,
actual secretario general de Fuerza Popular.
Chlimper
se presentó ante los congresistas con una lista de propuestas para modificar la
normatividad electoral. Algunas de esas propuestas se convirtieron en ley el
jueves último.
El
artículo 40 de la Ley de Organizaciones Políticas
regula
la contratación de publicidad en periodos electorales y uno de los principales
cambios es que los medios de comunicación no podrán hacer variaciones a sus
tarifas publicitarias en temporada electoral, situación que podría generar un
conflicto con la libertad de mercado que regula el capítulo económico de la
actual Constitución.
En su
exposición de junio, Chlimper propuso: “En el segundo párrafo sugerimos
precisar que no se pueden establecer precios superiores al promedio cobrado a
privados por dicha publicidad en los últimos dos años en el mismo horario de
difusión”. El jueves, con 68 votos principalmente de Fuerza Popular, el Congreso aprobó dicha
propuesta. Ahora solo falta la promulgación del Ejecutivo para convertirse en
ley.
Consultado
al respecto, el constitucionalista Víctor
García Toma dijo
que “esto debería generar un debate más amplio de ideas para establecer una
medida más acertada”, comentó, al poner en duda la constitucionalidad de la
norma.
Para
el constitucionalista Aníbal Quiroga, lo aprobado por el Congreso deja dudas
sobre la constitucionalidad. “Es un tema dudoso; me parece que está en el
límite”, aseguró, al no descartar que la norma “podría estar en contra de la
libertad contractual”.
Por su
parte, Enrique Bernales planteó que no puede haber control de precios, como
también se debería buscar mecanismos para evitar, en el otro extremo, el abuso
de los precios.
El
Congreso también estableció que durante las elecciones regionales y
municipales, las organizaciones políticas y sus candidatos solo podrán
contratar hasta un minuto diario en cada estación de radio y televisión de su
jurisdicción. El incumplimiento de esta nueva regulación implicaría responsabilidad
exclusiva del candidato infractor.
El Comercio
Marcelo
Carlos Meléndez
“Lo que están viviendo los peruanos en este momento con
respecto a Lava Jato me parece un ‘déjà vu’”, sostiene una colega brasileña en
Sao Paulo mientras le comento las noticias de ayer. Las delaciones de Marcelo
Odebrecht prometieron arrasar con la clase política del
país del ‘ordem e progresso’, al punto que fueron bautizadas como las del fin
del mundo. A inicios de este año, Marcelo sostuvo
que contribuyó financieramente –de manera ilegal– a las candidaturas
presidenciales de Dilma-Temer (PT-PMDB), de Aécio Neves (PSDB), Marina Silva
(PSB) y Eduardo Campos (PSB). Gracias a esta delación obtuvo una reducción de
su pena de 19 años y 4 meses a la mitad (10 años), de los cuales solo dos años
y medio los cumplirá en prisión. De hecho, se espera que uno de los más grandes
empresarios corruptos de América Latina pase la Navidad en su hogar.
Marcelo llevó la corrupción empresarial a un nivel inédito para
la informalidad latinoamericana: la burocratizó. El Departamento de Operaciones
Estructuradas (DOE, imperativo de ‘donar’ en portugués) del holding que
presidía fue la rama administrativa que controló la “caja dos”; es decir, los
fondos para influir –a través de sobornos a políticos de alto nivel– en los
concursos públicos de grandes obras de infraestructura. Su influencia en el
gremio constructor brasileño fue tal, que lo transformó en un cartel. El crimen
se convirtió en vicio: algunos allegados suyos señalan que Marcelo no corrompía políticos
solo por negocios, sino también por placer. El largo fondo de su bolsillo
traspasó fronteras, a tal punto que se ha involucrado a presidentes actuales
(Juan Manuel Santos en Colombia, Juan Varela en Panamá), a ex presidentes
(Dilma y Lula en Brasil; Toledo, García y Humala en el Perú), a vicepresidentes
(Jorge Glas en Ecuador) y a ex candidatos presidenciales (el uribista Óscar
Zuluaga en Colombia y la campaña de Keiko Fujimori en el Perú, según las
fuentes de este Diario).
De los mencionados, Humala y Glas se encuentran privados de su libertad. Las delaciones premiadas –jurídicamente– requieren de pruebas que permitan el procesamiento de las responsabilidades. Mediáticamente, su impacto es también limitado, sobre todo si se expande a toda la clase política como revisa el caso brasileño. La politóloga Nara Pavao (de la Universidade Federal de Pernambuco) sostiene que cuando la corrupción abarca a toda la clase política, de izquierda y de derecha, y se convierte en una constante, deja de ser el elemento decisivo como criterio de definición electoral. Si –como Marcelo acusa– los principales candidatos presidenciales (¿incluye a PPK?) han sido alimentados por fuentes financieras corruptas, la generalización provoca un efecto de cinismo político. El elector se enajena, se desmoviliza; no protesta ni busca alternativas. No hay una traducción política inmediata, a pesar incluso de amenazas populistas.
De los mencionados, Humala y Glas se encuentran privados de su libertad. Las delaciones premiadas –jurídicamente– requieren de pruebas que permitan el procesamiento de las responsabilidades. Mediáticamente, su impacto es también limitado, sobre todo si se expande a toda la clase política como revisa el caso brasileño. La politóloga Nara Pavao (de la Universidade Federal de Pernambuco) sostiene que cuando la corrupción abarca a toda la clase política, de izquierda y de derecha, y se convierte en una constante, deja de ser el elemento decisivo como criterio de definición electoral. Si –como Marcelo acusa– los principales candidatos presidenciales (¿incluye a PPK?) han sido alimentados por fuentes financieras corruptas, la generalización provoca un efecto de cinismo político. El elector se enajena, se desmoviliza; no protesta ni busca alternativas. No hay una traducción política inmediata, a pesar incluso de amenazas populistas.
Marcelo es el ‘príncipe’ de un holding que terminó corrompiendo
a gran parte de la clase política latinoamericana (y africana). Su modus
operandi convirtió –al menos ante los ojos de la justicia– a partidos en
organizaciones criminales (Dilma junto con Lula han sido acusados de formar
‘quadrilha’). Pero además contribuyó a una cultura de desafección política que
llena las urnas electorales latinoamericanas de desconfianza crónica.
GOBERNABILIDAD, DEMAGOGIA, AUTORITARISMO,
DEMOCRACIA
La República
Después de que se conociera el informe de la Comisión de
Constitución, según el cual Pedro Pablo Kuczynski tiene
que declarar ante la comisión del caso Lava Jato, el fujimorismo se quedaría
solo en su intención de obligar al jefe del Estado a comparecer.
El congresista Jorge Castro (Frente Amplio) señaló que el lunes
habrá una reunión en la que se decidirá el siguiente paso a seguir. Adelantó
que, desde su punto de vista, la Comisión Lava Jato debería “voltear la
página” de una vez por todas. “Creo que el caso ya está agotado”, manifestó. En el Apra, la opinión no difiere mucho. Para el partido de la estrella, ya
no tiene mucho sentido insistir en que
el presidente Kuczynski asista a la Comisión Lava Jato. El congresista de
Peruanos Por el Kambio Juan
Sheput afirmó que ha podido conversar con representantes
del FA, del Apra y también de Acción Popular, quienes le aseguraron que no
insistirán en el llamado al jefe de Estado.
Resta por ver si Rosa
Bartra (Fuerza Popular), quien preside la Comisión Lava
Jato, se apoyará en el informe de Constitución (que lidera Úrsula Letona)
para insistir en que Kuczynski comparezca.
“Que una comisión opine que el presidente debe presentarse no es
conforme a lo que establece la Constitución peruana”, explicó el jurista César Landa.
El Comercio
Durante la última
semana, diversos frentes de confrontación interinstitucional se abrieron
para Fuerza
Popular.
El lunes, el vocero
de la bancada fujimorista Daniel Salaverry presentó una denuncia constitucional
contra el titular del Ministerio Público, Pablo Sánchez, por presunta omisión
funcional en las investigaciones relacionadas al Caso Odebrecht.
Un día después, la
Comisión de Constitución realizó una controversial interpretación de la Carta
Magna mediante la cual determinó que el presidente de la República sí está
obligado a comparecer ante la Comisión Lava Jato por hechos ocurridos antes de
su mandato.
Ambas decisiones
generaron controversia y se sumaron a los cuestionamientos que ya existían
contra la bancada fujimorista por apoyar la denuncia constitucional que pesa
sobre cuatro miembros de Tribunal Constitucional (TC).
Desde entonces,
partidarios y opositores esgrimieron sus argumentos a favor y en contra del
accionar de Fuerza Popular.
Argumentos que, sin embargo, contienen ciertas inexactitudes detalladas a
continuación.
1. ¿El Congreso excede sus funciones con
las denuncias y la interpretación constitucional?
Diversos sectores, en los días previos, acusaron a la bancada fujimorista de un presunto exceso en el ejercicio de sus funciones. Específicamente, en la denuncia presentada por su vocero contra el fiscal de la Nación, el apoyo a la denuncia constitucional contra cuatro magistrados del TC, o la interpretación constitucional sobre si el presidente de la República debe comparecer ante una comisión investigadora.
Diversos sectores, en los días previos, acusaron a la bancada fujimorista de un presunto exceso en el ejercicio de sus funciones. Específicamente, en la denuncia presentada por su vocero contra el fiscal de la Nación, el apoyo a la denuncia constitucional contra cuatro magistrados del TC, o la interpretación constitucional sobre si el presidente de la República debe comparecer ante una comisión investigadora.
En estricto, ninguna
de estas medidas constituye per se un exceso de la función parlamentaria. El
artículo 99 de la Constitución le da la potestad al Parlamento para acusar
constitucionalmente a miembros del TC o a fiscales supremos, mientras el
reglamento del Congreso le permite a sus comisiones interpretar la Carga Magna.
“El problema no es
el mecanismo sino la argumentación utilizada en cada caso. Una acusación
constitucional tiene asidero siempre y cuando los supuestos de infracción
constitucional o comisión de delito en funciones estén debidamente probados”,
enfatiza el constitucionalista Aníbal Quiroga.
2. ¿El fiscal de la Nación, Pablo Sánchez,
infringió la Constitución?
En línea con lo dicho por Quiroga en el punto anterior, todas las fuentes consultadas para este artículo coinciden en que la denuncia del vocero de Fuerza Popular, Daniel Salaverry, carece de sustento jurídico. Ello, ya que no puede existir una omisión funcional del fiscal de la Nación en investigaciones que él no realiza.
En línea con lo dicho por Quiroga en el punto anterior, todas las fuentes consultadas para este artículo coinciden en que la denuncia del vocero de Fuerza Popular, Daniel Salaverry, carece de sustento jurídico. Ello, ya que no puede existir una omisión funcional del fiscal de la Nación en investigaciones que él no realiza.
“Los fiscales actúan
con autonomía e independencia en sus funciones. Pablo Sánchez no puede
ordenarle al resto de fiscales qué hacer y qué no. Es como pedir la destitución
del presidente del Poder Judicial por la acción o inacción de un juez”, remarca
el ex presidente del Tribunal Constitucional, César Landa.
Incluso si se
llegara a destituir al actual titular del Ministerio Público, eso no implicaría
necesariamente un cambio en el curso de las investigaciones que llevan a cabo
los respectivos fiscales.
3. ¿No hay forma alguna, entonces, de
protestar ante el accionar de un fiscal?
Si bien una denuncia constitucional como la presentada por Salaverry no es la herramienta para denunciar presuntas omisiones funcionales en investigaciones específicas, eso no implica que los fiscales estén exentos de control.
Si bien una denuncia constitucional como la presentada por Salaverry no es la herramienta para denunciar presuntas omisiones funcionales en investigaciones específicas, eso no implica que los fiscales estén exentos de control.
“Si tengo un
cuestionamiento por el accionar o la inacción de un fiscal que investiga
determinado caso, existe el recurso de queja o impugnación ante el fiscal
superior o Control Interno del Ministerio Público. También se podría apelar al
Consejo Nacional de la Magistratura”, detalla el constitucionalista Samuel
Abad.
Así, todos los
especialistas consultados coinciden en que la supuesta inacción denunciada por
Salaverry no debería evaluarse en el Congreso sino en dichas instancias, y en
función de los fiscales que realmente llevan adelante los casos específicos.
4. ¿Cambiar el sentido de una sentencia sí
es causal de destitución de un magistrado del TC?
El caso de la denuncia constitucional contra los cuatro miembros del TC es distinto. No solo al no darse por iniciativa del fujimorismo –la denuncia la presentó un grupo de ex miembros de la Marina de Guerra–, sino también porque los magistrados Manuel Miranda, Marianella Ledesma, Carlos Ramos y Eloy Espinosa-Saldaña sí cambiaron el sentido de una sentencia del mismo tribunal al que ahora pertenecen sobre el Caso El Frontón.
El caso de la denuncia constitucional contra los cuatro miembros del TC es distinto. No solo al no darse por iniciativa del fujimorismo –la denuncia la presentó un grupo de ex miembros de la Marina de Guerra–, sino también porque los magistrados Manuel Miranda, Marianella Ledesma, Carlos Ramos y Eloy Espinosa-Saldaña sí cambiaron el sentido de una sentencia del mismo tribunal al que ahora pertenecen sobre el Caso El Frontón.
“Sin embargo,
incluso ese escenario no sería suficiente para una destitución porque el
artículo 201 de la Carta Magna señala que los miembros del TC gozan de la misma
inmunidad que la de los parlamentarios”, advierte Víctor García Toma, ex
presidente del Tribunal Constitucional.
Eso implica que los
miembros del tribunal no responden ante autoridades ni órganos jurisdiccionales
por sus opiniones o votos emitidos en el ejercicio de su función. Así lo
establece el artículo 93 de la Constitución.
“Por ello, en
términos generales, para que exista una sanción [contra los miembros del TC]
debe comprobarse que hubo dolo. Que el voto se realizó para recibir algún tipo
de beneficio particular”, agrega García Toma.
Hasta el momento,
eso no se ha probado. Y, de corroborarse, ya no constituiría una infracción
constitucional, sino un delito a ser investigado por el Poder Judicial.
5. ¿La interpretación sobre si el
presidente debe comparecer ante una comisión resuelve un vacío?
En la última semana, distintos miembros de Fuerza Populartambién defendieron la reciente interpretación constitucional realizada por la Comisión de Constitución. Para ello, argumentaron que la Carta Magna no especifica si el jefe del Estado puede o no ser investigado por hechos sucedidos antes de su mandato.
En la última semana, distintos miembros de Fuerza Populartambién defendieron la reciente interpretación constitucional realizada por la Comisión de Constitución. Para ello, argumentaron que la Carta Magna no especifica si el jefe del Estado puede o no ser investigado por hechos sucedidos antes de su mandato.
Tal vacío
constitucional, sin embargo, no existe. El artículo 117 de la Constitución
establece las únicas causales para removerle la inmunidad al presidente en
ejercicio: traición a la patria, impedimento de elecciones, disolución
irregular del Congreso o al impedir el funcionamiento de los organismos
electorales.
“Y así la
Constitución no lo diga explícitamente, autoridades públicas como el Congreso
solo pueden regirse por lo que dicen las normas. Eso dice el principio de
taxatividad, de legalidad. Si la ley dice que pueden hacer algo, lo hacen. Si
no lo dice, no pueden forzar una interpretación para sacarle la vuelta”,
concluye Abad.
El Comercio
El presidente
del Tribunal
Constitucional (TC), Manuel Miranda, se pronunció este
jueves sobre la investigación que la Subcomisión de Acusaciones
Constitucionales le ha abierto a él y a otros tres magistrados del TC por una
presunta infracción constitucional en una resolución sobre el caso El
Frontón.
"Nos pidieron que hagamos una aclaración sobre el
voto de un magistrado [Juan Vergara] y hemos dicho que ese voto no tiene efecto
porque en la parte considerativa dice una cosa y en la declarativa dice
otra", aseveró el magistrado.
No obstante, dijo que no cree que la indagación sea una
medida política para amedrentar al Tribunal
Constitucional.
Miranda señaló que
el proceso por el caso El Frontón en
el Tribunal Constitucional aún
no ha concluido.
El Comercio
Precisiones sobre el caso El Frontón
Eloy Espinosa-Saldaña
Recientemente algunos medios de comunicación y líderes
de opinión informaron erróneamente sobre lo resuelto por el Tribunal
Constitucional al pronunciarse sobre un pedido de
subsanación presentado por la procuraduría especializada supranacional,
encargada de dar cuenta del cumplimiento de las sentencias de la Corte
Interamericana de Derechos Humanos, como las del Caso El
Frontón.
Lo que se pidió al tribunal fue que se pronuncie de
oficio sobre un error en el conteo del voto del magistrado Vergara Gotelli,
quien había firmado una sentencia en la que se afirmaba que los hechos
ocurridos en El Frontón no
constituyen delitos de lesa humanidad, pese a que en su voto individual emitió
una opinión en sentido contrario, señalando que el Tribunal Constitucional no puede ni debe pronunciarse al respecto.
Los ex magistrados del tribunal no lograron ponerse de acuerdo para dar una
respuesta a ese pedido, por lo que fue la actual composición la que tuvo que
pronunciarse sobre este. Llama la atención que los ex magistrados digan que
Vergara estaba de acuerdo con que el tribunal calificase un delito como de lesa
humanidad, tal como lo destacó públicamente el ex magistrado Álvarez Miranda,
pero luego no acojan su punto de vista al respecto, que se desprende del mismo
expediente.
El actual tribunal constató que el ex magistrado
Vergara señaló que los jueces constitucionales no pueden calificar un delito
como de lesa humanidad, y por ello no podía considerarse su voto como parte de
lo dicho por aquellos que desde el tribunal calificaban un delito como de lesa
humanidad. Vergara siempre insistió en la incompetencia de un juez
constitucional para calificar ese delito.
El error más grueso en el que se ha incurrido es
sostener que “se cambió” el voto del ex magistrado Vergara. En una simple
lectura de su voto se ve que señaló expresamente que, si bien puede haber un problema
de motivación en la sentencia penal cuestionada, “resulta innecesario un
pronunciamiento constitucional” sobre si los hechos son o no de lesa humanidad,
pues ello “no es materia de la demanda ni de controversia en el caso de autos”,
ni “es competencia ni corresponde al órgano constitucional” calificarlo. Los
magistrados no hemos cambiado nada. Tanto es así que el ex magistrado Álvarez
señaló públicamente, en una conferencia en julio de este año, que cuando llegó
el pedido de subsanación, Vergara no quiso ratificar el extremo sobre lesa
humanidad que aparecía en el fallo. Ello, nuevamente, también se constata en el
expediente, donde aparece un intento de respuesta del ex magistrado Vergara no
acogido por sus compañeros, en el cual, entre otros aspectos que pueden llevar
a confusión, ratifica que el sentido de su voto es que el tribunal no debía
pronunciarse sobre el extremo de la lesa humanidad.
Se dice erróneamente, por otro lado, que el tribunal
“reabrió” el proceso penal en contra de los marinos que intervinieron en el
Caso El Frontón. Pero lo
cierto es que ese proceso nunca se cerró. El pronunciamiento inicial emitido
por los magistrados de la anterior composición resolvió expresamente que los
involucrados debían seguir siendo investigados penalmente “a fin de que el
Estado Peruano cumpla con sus compromisos internacionales asumidos con la
suscripción de tratados internacionales de protección de los derechos humanos”.
Tampoco es cierto que los actuales magistrados hayamos
dicho que los hechos de El Frontón sí
constituyen crímenes de lesa humanidad. En una simple lectura de nuestra
decisión se aprecia que respondimos de oficio a pedidos de subsanación y
corregimos el error material en el que se habría incurrido. Esa decisión ha
sido impugnada y, por ende, cualquier participación de otro órgano estatal en
ese proceso en trámite constituye una amenaza a nuestra independencia
jurisdiccional.
El control de las labores de las diferentes autoridades
debe hacerse dentro de los espacios previstos por el ordenamiento
constitucional vigente. No dejar a un juez resolver, a un fiscal investigar o a
un congresista legislar implica no dejar funcionar las reglas básicas de un
Estado Constitucional, con todo lo que ello significa.
El Comercio
Dificultades de aprendizaje
Jaime de Althaus
Pareciera que el fujimorismo no ha aprendido nada. Es
cierto que el artículo 99 de la Constitución faculta a la Comisión Permanente
del Congreso a acusar a los vocales y fiscales supremos, a los miembros del Tribunal
Constitucional y otros “por infracción de la
Constitución y por todo delito que cometan en el ejercicio de sus funciones”.
Pero no está entre las atribuciones del fiscal de la Nación ordenar la
investigación a empresas ni a particulares sino solo a jueces, otros fiscales y
a funcionarios del Estado en ciertas situaciones (artículo 66 de la ley del
MP). De modo que la denuncia no le toca. Si se aprobara y fuera acusado y
destituido como se pretende, se habría cometido un atropello digno de los años
90, atentando severamente contra la división de poderes.
Por lo demás, el fiscal Sergio Jiménez Niño, integrante
del equipo de Hamilton Castro, ha informado con toda claridad que las empresas
peruanas que fueron socias de Odebrecht sí son investigadas y que se está
“corroborando” la declaración hecha por Barata, como no podría ser de otro
modo. Ni siquiera sería verdad la materia de la acusación, entonces.
Podemos suponer que la denuncia al fiscal de la Nación
es una represalia por la investigación abierta a Keiko Fujimori y a su partido
como organización criminal para el lavado de activos. Pues también es cierto
que esa decisión fiscal es un exceso. Es un facilismo de la fiscalía para poder
investigar hasta por 36 meses a Keiko Fujimori antes de acusarla, y para
obtener de manera más rápida medidas cautelares como embargos o levantamiento
del secreto bancario, etc. Hay una falta absoluta de comprensión de las
implicancias en la política nacional de una decisión como esa, que podría ser
interpretada precisamente más bien como politizada. Es decir, como una decisión
contra ella como candidata.
Pero desde el otro lado, la acusación al fiscal Pablo
Sánchez también puede ser leída como un amedrentamiento para que no se
investigue con profundidad todo lo relativo a Keiko Fujimori y a Joaquín
Ramírez. Lo peor es que esta arbitraria denuncia al fiscal, sumada a la
inaceptable denuncia constitucional contra Carlos Basombrío por el pase al
retiro de 39 generales, contamina una denuncia constitucional que sí es
procedente y que más bien Fuerza Popular se resistió hasta el final a
procesarla: aquella contra los cuatro magistrados del Tribunal Constitucional que
suplantaron el voto del magistrado Vergara Gotelli para anular un hábeas corpus
dado por el TC a favor
de los marinos por el caso El Frontón. Allí se habría cometido cuando menos el
delito de abuso de autoridad, lo que basta para la acusación constitucional,
pero el hecho es mucho más grave porque entraña el cambio del voto de un ex
magistrado que ya no puede defenderse por razones de salud, para violar la cosa
juzgada. Si algo así ocurre en el más alto tribunal de la República, es que ya
nada tiene remedio.
El Comercio
Trumpización sin Trump
Fernando Rospigliosi
El fujimorismo está
desarrollando una estrategia que incluye adoptar posiciones cada vez más
conservadoras, atacar sin restricciones a adversarios e instituciones, y
comportarse de manera prepotente y arbitraria. Es decir, se está trumpizando.
Solo que no tiene un líder como Donald Trump.
Esta vez, el fujimorismo ha ido más lejos que en oportunidades anteriores.
El descarado ataque al fiscal de la Nación, Pablo Sánchez, y la acusación
contra cuatro miembros del Tribunal Constitucional muestran que los fujimoristas
prácticamente no tienen límites y que no les interesan las consecuencias
políticas de agresiones tan groseras a la institucionalidad y a las reglas del
juego democrático.
En el caso del fiscal de la Nación, no pueden obligarlo
a desarrollar su trabajo como ellos quieren. Si bien es cierto que la fiscalía
–en realidad todo el sistema judicial– tiene muchas insuficiencias y no está
trabajando con la celeridad y eficacia que debería en el Caso Lava Jato, el
interés del fujimorismo no
es la lucha anticorrupción. Ese es solo el pretexto.
Lo que buscan es, primero, tomar represalias por las
investigaciones en curso contra Keiko Fujimori, Joaquín Ramírez y familiares.
En segundo lugar, amedrentar a los magistrados para que no indaguen como
deberían en esos casos. Y tercero, vengarse de un accionista importante del
grupo El Comercio, a la vez ex ejecutivo y accionista de una importante empresa
constructora, porque consideran a este grupo periodístico como uno de los
responsables de su derrota electoral y un crítico importante de sus políticas.
En el caso del Tribunal Constitucional (TC), al margen
de la controvertida decisión de los cuatro magistrados acusados en el caso que
le imputan, es claro, según los artículos 201 y 93 de la Constitución, que el
Congreso no debería sancionarlos. El primero de esos artículos dice que los
miembros del TC tienen las mismas prerrogativas que los congresistas, y el
segundo establece que estos “no son responsables ante autoridad ni órgano
jurisdiccional alguno por las opiniones y votos que emiten en el ejercicio de
sus funciones”. Es decir, se puede discrepar de una resolución pero no
sancionarlos por ello.
Aquí también hay una combinación de venganza y
amedrentamiento. El TC declaró la inconstitucionalidad de la llamada ley antitránsfugas
aprobada por el fujimorismo para
evitar deserciones en su bancada y una posible escisión encabezada por Kenji
Fujimori.
La acusación es una represalia y a la vez una amenaza.
¿Cómo podrá en adelante el TC actuar imparcialmente ante una demanda de
inconstitucionalidad de una ley aprobada por el Congreso si pende sobre su
cabeza la espada de Damocles del propio Congreso?
Por último, está la exigencia al presidente Pedro Pablo
Kuczynski (PPK) para que reciba a la Comisión Lava Jato. Como he dicho otras
veces, creo que PPK debería responder a las preguntas de esa comisión. Pero
también es claro que no tiene la obligación de hacerlo.
Este comportamiento no ayuda a crear un ambiente
favorable para el indulto a Alberto Fujimori. Pero esa no parece ser una
preocupación del keikismo.
Muchos se preguntan ¿adónde va el fujimorismo? Parece que se va
imponiendo la línea de trumpizarse, es decir, seguir el ejemplo de Donald Trump
y desarrollar una política populista y ultraconservadora, despreciando y atacando
las instituciones, tratando de empatar con lo que le gusta a la gente (pena de
muerte, por ejemplo) y agrediendo a la prensa independiente. (Ver esta columna
del 8/4/2017, “La trumpización del fujimorismo”).
Esa política fue exitosa en Estados Unidos y ha
triunfado muchas veces en América Latina. Hugo Chávez es uno de los ejemplos de
la historia reciente (los populistas pueden ser de izquierda o derecha).
El problema es que para que esa estrategia sea exitosa
se necesita un líder populista que la encarne y ¡ellos no lo tienen! Keiko
Fujimori carece de esas características. Es lo opuesto a un Trump o a un
Chávez. No es verborreica, en sus apariciones públicas se ciñe a un libreto
aprendido y ensayado, carece de la espontaneidad, el descaro y la desfachatez
de los caudillos populistas para mentir e insultar a todos los que no
concuerdan con ellos. (No es que no mienta o no insulte, todos los políticos lo
hacen alguna vez, pero hay una enorme distancia con Trump o Chávez).
La trumpización del fujimorismo es, entonces, una apuesta muy arriesgada y con
muchas probabilidades de fracasar.
El Comercio
Columna
de Marco Sifuentes
(…)
La
promesa de la era de la información se ha transformado en una distopía de la
desinformación, en donde no gana el que tiene la verdad, sino el que impone su
relato, es decir, el que viraliza mejor su meme.
Cuando Richard Dawkins inventó la palabreja
en 1976, ‘meme’ no significaba ‘chiste de Internet’. Dawkins, biólogo, hizo un
juego de palabras entre “meme” y “gen” (pronunciados “mim” y “yin”, en
inglés). Así como un gen es la unidad mínima de información biológica
transmisible, un meme sería
la unidad mínima de información cultural transmisible. Ciertas ideas, símbolos
o prácticas culturales, observó Dawkins, se comportan como un virus: nacen,
crecen, se autorreplican, mutan si el entorno se los exige y pueden volverse
verdaderas epidemias. De aquí surge la idea de ‘viralización’, término que hoy
se utiliza para medir la efectividad de un meme.
Antes,
el mercado de las ideas estaba restringido a aquellos que tenían los medios de
producción y difusión, es decir, grupos de poder con la capacidad de poseer o
influir en diarios, radios o televisores.
(…)
Nada
más exitoso que una idea que te ordena el mundo.
El
problema de creer en una idea que ordena el mundo es que esto choca
frontalmente con los que creen en un orden distinto. Dos órdenes es un
desorden. Un orden, para serlo, debe ser excluyente de otro. Esto explica la
polarización de absolutamente todos los aspectos de nuestras vidas en estos
días. Las redes sociales le dieron la capacidad, a todo el mundo, de ser,
digamos, Jesús o Marx, al menos durante 15 minutos, o lo que dure su meme.
(…)
En teoría, la primera barrera de contención debería ser
el periodismo, oficio que presupone la idea de que la veracidad es un requisito
mínimo para la difusión de cualquier mensaje. Pero un vistazo al Twitter de
muchos periodistas locales nos muestra más a líderes de barras bravas (hinchas
de un orden determinado) que a gente intentando guiar una discusión razonable.
Hace rato que es hora de repensar el oficio, o la goleada no solo será histórica,
sino eliminatoria.
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