miércoles, 8 de noviembre de 2017

ESTA NOCHE miércoles 8 noviembre 2017


ESTA NOCHE, donde usted se entera no de todo lo que ocurre, sino de lo que necesita saber.

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MEDIA COLUMNA
Combate de saurios


Jorge Morelli
@jorgemorelli1 
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Veinte años atrás, el Congreso de la República destituyó a tres magistrados del Tribunal Constitucional. Este había declarado inaplicable a Alberto Fujimori la entonces llamada ley de “interpretación auténtica” que permitía al Presidente postular en las elecciones del 2000.

El Congreso interpretaba que la del 2000 no era la segunda reelección de Fujimori –que la Constitución no permitía-, sino solo la primera, puesto que la vigencia de la Constitución misma -de 1993-, posterior a la primera elección de Fujimori en 1990, solo se refería a las elecciones de 1995 y las de 2000. (Con ese mismo argumento, dicho sea de paso, varios presidentes latinoamericanos de izquierda se han reelegido incesantemente hasta hoy).

En 1997, sin embargo, el Tribunal Constitucional no pudo declarar inconstitucional la “interpretación auténtica” del Congreso. No obtuvo los votos necesarios para hacerlo, en uso de sus facultades de control concentrado. Para impedir la postulación de Fujimori, sin embargo, el Tribunal hizo uso de las facultades de control difuso que la Constitución confiere a cualquier organismo jurisdiccional. Declaró entonces inaplicable a la persona de Fujimori la ley cuya inconstitucionalidad no había podido declarar.

La decisión era legal, pero su legitimidad fue cuestionada. El Congreso entendió que la decisión del Tribunal escapaba del ámbito judicial para entrar de lleno en el de la política. Y acusó constitucionalmente entonces a los magistrados que habían procedido en ese sentido. Fueron destituidos. Y repuestos años después, luego de la caída del gobierno fujimorista.

El control difuso proviene de la tradición judicial norteamericana, de la famosa decisión de la Corte Suprema en el caso Marbury versus Madison, de comienzos del siglo XIX, que creó el judicial review, un salto enorme para el equilibrio de poderes de la democracia. La facultad del control concentrado proviene -igual que el Tribunal Constitucional mismo- de la prolífica imaginación de Hans Kelsen que los plasmó en la Constitución de Weimar en la Alemania de 1919, y rigió sobre el gobierno alemán de la entreguerra que, sin equilibrio de poderes, desembocó en el nazismo. 

Como en tantas otras cosas, nuestras constituciones -incluso la de 1993- han recogido las dos tradiciones. Tenemos control concentrado en manos del Tribunal Constitucional y control difuso en manos de cualquier autoridad jurisdiccional, sin excepción.

Es una bomba de tiempo. Tarde o temprano cualquier autoridad jurisdiccional del poder Judicial va a declarar inaplicable a algún ciudadano, por ejemplo, la ley orgánica del Tribunal Constitucional que le confiere la condición de supremo intérprete constitucional (lo que la Constitución no dice en ninguna parte).

Es el precio de importar desordenadamente las instituciones jurídicas. La guerra del Congreso con el Tribunal no ha terminado y la pregunta que todos hacen en silencio mientras corren apuestas es ¿cuál será el dinosaurio más grande?   



REPORTE DE NOTICIAS en Internet

Las siguientes notas periodísticas de política y economía han sido seleccionadas, editadas y ordenadas
temáticamente. No se las debe citar como tomadas directamente de sus fuentes originales, las mismas que se indican
sólo como una forma de reconocer el crédito y agradecer la cortesía.



GOBERNABILIDAD, DEMAGOGIA, AUTORITARISMO, DEMOCRACIA



El Comercio
La Comisión de Constitución del Congreso emitió un informe según el cual el presidente de la República, Pedro Pablo Kuczynski, está obligado a comparecer ante una comisión investigadora por hechos que ocurrieron antes de que asumiera el cargo.
El informe también sostiene, no obstante, que “se configuraría una infracción constitucional” si el Presidente no comparece ante la comisión investigadora y esto impide esclarecer “hechos de interés público”.
El artículo 117 de la Constitución señala que solo se puede acusar, en su periodo, a un presidente "por traición a la Patria; por impedir elecciones presidenciales, parlamentarias, regionales o municipales; por disolver el Congreso (salvo en casos previstos en el artículo 134) y por impedir su reunión o funcionamiento, o los del Jurado Nacional de Elecciones y otros organismos del sistema electoral".
En febrero de este año, la misma Comisión de Constitución bajo la presidencia de otro fujimorista, Miguel Torres, llegó a una conclusión completamente opuesta a la de hoy.
En el Informe de Opinión Consultiva N°01-2016-2017 se lee en la primera conclusión: "Están exceptuados de concurrir a una Comisión Investigadora el presidente de la República, en tanto que solo procede investigarlo y acusarlo cuando medien los supuestos del artículo 117 de la Constitución, y los congresistas".



El Comercio
El portavoz de la bancada de Peruanos por el Kambio, Vicente Zeballos, afirmó que Fuerza Popular está “forzando o construyendo mecanismos para generar en el futuro una vacancia” del presidente Pedro Pablo Kuczynski (PPK).
El parlamentario precisó que la opinión consultiva de la Comisión de Constitución no tiene “efecto vinculante”.



El Comercio
La congresista de Fuerza Popular Úrsula Letona afirmó hoy que su partido tiene claro que el presidente Pedro Pablo Kuczynski (PPK) “debe terminar su mandato”. “Haremos todo lo que esté en nuestras manos y en nuestra gestión para ayudarlo a que así sea”, manifestó.
Letona estableció que queda en manos de la comisión investigadora (en este caso, Lava Jato) determinar cuáles serán las condiciones de esta comparecencia (presencial o vía escrita).



El Comercio
La presidenta del Consejo de Ministros, Mercedes Aráoz, señaló que el pronunciamiento de la Comisión de Constitución afecta la "certeza jurídica" y "la estabilidad del país".
“La Constitución protege la figura presidencial para que haya un equilibrio de poderes entre el Legislativo y el Ejecutivo”, remarcó Mercedes Aráoz.



El Comercio
El ministro de Justicia, Enrique Mendoza, destacó que el documento aprobado en la Comisión de Constitución hace una precisión sobre la palabra "comparecer" con la que se refieren a la presencia del mandatario ante una comisión investigadora.
"La comparecencia, de acuerdo al informe, indica que es obligación del presidente de colaborar con una investigación y abre la posibilidad que sea por vía escrita. Reconoce la potestad que tiene el presidente de colaborar en forma escrita", manifestó.
Recordó que PPK está dispuesto a colaborar "por escrito, en forma de pliego de preguntas y quizá hasta de repreguntas".



La República
La mañana del 20 de agosto de 1996, la sede del Congreso fue escenario de un hecho que fue considerado luego como el inicio de un fraude: la Comisión de Constitución, presidida entonces por Carlos Torres y Torres Lara, había aprobado un dictamen interpretando a su antojo la Carta Magna para permitir la re-reelección del hoy preso Alberto Fujimori.
El mismo oficialismo bautizó aquella norma como la “ley de interpretación auténtica de la Constitución”. Dos décadas después, los herederos del régimen de los años 90 volvieron a hacer una “interpretación auténtica”, esta vez con la participación de Miguel Torres, hijo de Torres y Torres Lara.
La mayoría fujimorista aprobó ayer en la Comisión de Constituciónun informe de opinión consultiva, estableciendo que el presidente Pedro Pablo Kuczynski está obligado a comparecer ante una comisión investigadora, pese a que en febrero este mismo grupo había aprobado otro informe que establecía exactamente lo contrario.
El 9 de febrero la Comisión de Constitución, presidida entonces por Miguel Torres, dio cuenta del informe consultivo N° 01-2016-2017. El documento concluye que la Constitución y el Reglamento del Congreso “otorgan a la Comisión Investigadora la atribución de citar a autoridades, funcionarios y servidores públicos a fin de que comparezcan y brinden información. (...) Están exceptuados el presidente de la República (...) y los congresistas”.
Sin embargo, ayer los fujimoristas aprobaron el informe N° 01-2017-2018, que establece ahora que el presidente “sí tiene la obligación constitucional de comparecer ante una comisión investigadora del Congreso… por hechos ocurridos antes de asumir el cargo”.
La jefa del gabinete ministerial, Mercedes Aráoz, subrayó ayer que estamos ante una nueva “interpretación auténtica”, como ocurrió en los 90.
Fueron diez votos los que aprobaron el cambio. Nueve de Fuerza Popular y el décimo de Yeni Vilcatoma. Solo cinco de las otras tiendas políticas votaron en contra.
Aníbal Quiroga calificó la decisión de ayer como “un error constitucional y un error jurídico”.
Transparencia emitió un pronunciamiento de respaldo a Sánchez. “El respeto a las instituciones constitucionalmente autónomas constituye un pilar fundamental para la democracia”, enfatizaron.



El Comercio
Los tres últimos jefes del Estado se presentaron ante comisiones del Parlamento después de haber dejado Palacio.
En setiembre del 2013, cuando estalló el escándalo de Ecoteva, el ex presidente Toledo se presentó a la Comisión de Fiscalización para explicar las compras inmobiliarias de su suegra.
En noviembre de 2016 Ollanta Humala por primera vez desde que dejó Palacio se presentó a una comisión del Parlamento para informar sobre la compra a la empresa francesa Astrium Defence and Space del satélite Perú SAT-1 durante su mandato.
Alan García se presentó ante la megacomisión en abril del 2013.






ANTICORRUPCION,  PERSECUCIÓN, JUDICIALIZAC ION POLITICA



Peru21
El fiscal José Pérez y su superior, el coordinador de Lavado de Activos, Rafael Vela, arribaron ayer a Brasil para interrogar mañana a Marcelo Odebrecht por la anotación ‘Aumentar Keiko para 500 e eu fazer visita’ en la agenda de su celular.
Pérez envió previamente a las autoridades brasileñas un pliego de 48 preguntas al ex ejecutivo. Solo la Procuraduría de Brasil podrá preguntar directamente a Odebrecht.
El fiscal peruano también consultará sobre ‘AG’ y el ex presidente Ollanta Humala, ya que en el resto de la anotación aparece: “anuncio Kuntur agora bom para Perú/AG” y “Humala? Perú (gas como oportunidade de aproximacao)”.
Edward García, abogado de Fujimori, llegó ayer a tierras brasileñas para participar en el encuentro.



El Comercio
Por unanimidad, los congresistas de Fuerza Popular acordaron la noche del martes respaldar la denuncia constitucional contra el fiscal de la Nación, Pablo Sánchez.
La bancada naranja votó en la reunión que sostiene el grupo los martes en Paseo Colón.
Daniel Salaverry denunció constitucionalmente al titular del Ministerio Público por cometer supuestas “omisiones funcionales” al no abrir investigación a empresas peruanas socias de Odebrecht.
El legislador Héctor Becerril sostuvo que el Ministerio Público tiene “una estructura jerarquizada” y el fiscal de la Nación “tiene autoridad sobre todos los fiscales” y que Pablo Sánchez no habría tomado acciones contra las socias de Odebrecht a pesar de tener pruebas otorgadas por Jorge Barata.



El Comercio
La fiscal superior Elizabeth Peralta advirtió inconsistencias y omisiones en la resolución de la fiscal Sara Vidal que archivó la investigación por presunto lavado de activos contra el ex dirigente fujimorista Joaquín Ramírez y la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori.
Por tal razón, la magistrada ordenó, el viernes pasado, que un nuevo fiscal reabra el caso y emprenda las diligencias que no se efectuaron. Pero también agregó a la investigación información nueva que llegó dos semanas atrás de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF).
Fuentes de El Comercio indicaron que la UIF informó a la fiscal superior que detectó un desbalance patrimonial tanto en los ingresos de Joaquín Ramírez como en los de su hermano Osías, actual congresista fujimorista.
Este reporte fue crucial para que Peralta decida que la investigación a los Ramírez continúe. El Comercio tuvo acceso al escrito de la fiscal superior, de 27 páginas. En él, se reseña las diligencias claves que no se ejecutaron, como la falta de un peritaje contable a las cuentas de nueve personas investigadas y diez empresas incluidas en el caso.



Expreso
La acusación constitucional que solicita la destitución e inhabilitación del fiscal de la Nación, Pablo Sánchez Velarde, fue rechazada por dos destacados juristas consultados por EXPRESO: César Nakazaki y Ántero Flores-Aráoz.
“Yo creo que esta denuncia en su momento no va a prosperar”, opinó Nakazaki. “Justifico que haya un tema de investigación, pero no una denuncia constitucional”, añadió el penalista.
Por otro lado, el abogado y expresidente del Congreso, Ántero Flores-Aráoz, indicó que no le parece apropiada esta acusación en contra del titular del Ministerio Público porque se está “judicializando la cosa política” y se cae en un círculo de denuncias.



La República
Anoche la bancada naranja acordó respaldar la acusación constitucional tramitada por Daniel Salaverry en contra del fiscal de la Nación, Pablo Sánchez. Este hecho es interpretado  como una represalia del fujimorismo por el reinicio de la investigación fiscal contra Keiko Fujimori por presunto delito de lavado de activos.
Yonhy Lescano acusó a Fuerza Popular de tener “doble moral”, al forzar una investigación contra Kuczynski y, por otro lado, blindar a Keiko Fujimori, con la acusación lanzada contra el fiscal Sánchez.



Peru21
Pensando en el 2021
Juan José Garrido
Es increíble la facilidad con la cual se enrarece el ambiente político nacional. Cierto, las elecciones de 2016 dejaron la cancha servida para múltiples confrontaciones (el Ejecutivo en manos ppkausas, con final de fotografía, y el Legislativo en mayoría fujimorista), pero hace tan solo un par de semanas el gobierno y el fujimorismo intercambiaban ideas, las investigaciones de la Fiscalía –siempre incómodas– discurrían en fueros internos y el Tribunal Constitucional no era prioridad en la agenda fujimorista.
Hoy, sin embargo, el barullo es total: los miembros del TC y el fiscal de la Nación con acusaciones constitucionales, en este último caso impulsada por los fujimoristas, a quienes se les han reabierto investigaciones; el presidente bajo nuevas amenazas, y por, obvias razones, lo más probable es que las distancias entre el gobierno y la oposición se incrementen antes que se reduzcan.
Sin entrar a discutir quién tiene razón en qué y por qué, sería importante tratar de entender cómo llegamos a esta situación.
Para empezar, las elecciones de 2016: pasaron a la segunda vuelta dos partidos que no encontraron otra forma de ganar votos que desprestigiando a su contendiente. Alguien tenía que ganar, y ya sabemos cómo acabó eso.
Luego está el comienzo del gobierno ppkausa, el cual asumió desde el inicio que no tenía nada que negociar o conversar con el fujimorismo. El fujimorismo, por su parte, no asumió bien la derrota. Trece meses por dicho sendero han dejado a ambas fuerzas en posición de combate. Basta una chispa para que se reanude el fuego cruzado. Por supuesto, sectores extremistas a cada lado incentivan dicho intercambio, ya que es allí donde reside su ventaja competitiva en elecciones.El problema central de esta situación, sin –de nuevo– entrar a debatir quién tiene o no la razón, es que a este paso perderemos estos cinco años (como perdimos, finalmente, el quinquenio anterior). Y si esta lectura es correcta, lo más probable es que los intercambios escalen antes que amainen. Encima, la caída del gabinete Zavala dejó a ambas fuerzas con pocas estrategias de salida. ¿Cómo llegaremos, así, al 2021?



El Comercio, editorial
Un adagio repetido frecuentemente en el contexto de las contiendas es aquel que propone que “la mejor defensa es el ataque”. Ir a la ofensiva –sostienen los seguidores de este mantra– no solamente permite acercarse al objetivo perseguido, sino que al poner contra las cuerdas al rival, evita que este pueda intentar eventuales acometidas.
Habría que suponer que un razonamiento similar ha germinado en las tiendas del fujimorismo y está detrás de la insólita denuncia constitucional presentada el lunes por su vocero titular en el Parlamento, Daniel Salaverry, en contra del fiscal de la Nación, Pablo Sánchez Velarde, por una supuesta “grave omisión funcional en la lucha contra la corrupción”.
Como se sabe, desde hace varias semanas, diversos miembros de la bancada de Fuerza Popular (FP) han cuestionado duramente la labor del Ministerio Público. En particular, dos actuaciones de la fiscalía contra el lavado de activos son las que han generado la incomodidad: la indagación preliminar que viene conduciendo el fiscal José Pérez sobre el origen de los aportes a la campaña presidencial de Keiko Fujimori, y en cuyo marco se ha programado una entrevista a Marcelo Odebrecht en Brasil; y la decisión de dicho fiscal de investigar a la lideresa del fujimorismo al amparo de la ley contra el crimen organizado (Ley 30077).
Más allá de que, como a cualquier otro ciudadano, a Keiko Fujimori y sus adláteres les asiste el derecho de expresar su rechazo a las decisiones de un organismo jurisdiccional, el tenor de las pullas dirigidas contra los representantes del Ministerio Público ha sido preocupante, por decir lo menos.
El propio Salaverry, por ejemplo, señaló hace unos días sobre los integrantes de la fiscalía que “son ellos los que actúan como criminales organizados porque siguen encubriendo a empresas corruptas”. Y frente a la noticia del nuevo cauce legal que estaba tomando la investigación a Keiko Fujimori, anunció que iban a “tomar todas las acciones legales” a su disposición contra el “atropello” del Ministerio Público e “ir hasta las últimas consecuencias”. Por su parte, el vocero alterno de FP, Héctor Becerril, ha atacado continuamente al fiscal de la Nación, vía Twitter, acusándolo de proteger al prófugo ex presidente Alejandro Toledo y llamándolo “corrupto” y “verdugo político de Keiko Fujimori”.
Con estos antecedentes, la denuncia presentada el lunes por el congresista Salaverry parecería ser más bien una represalia en contra de la institución a la que el fiscal Sánchez representa. Y el tenor del documento dirigido a la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso solo ayuda a reforzar la suspicacia.
Para el congresista Salaverry, como decíamos, la supuesta inconducta del fiscal de la Nación consistiría en una omisión en la lucha contra la corrupción. La parte más grave de la denuncia del portavoz de FP está en el feble sustento, el cual, en realidad, no pasa de ser un collage de algunos recortes periodísticos vinculados con el Caso Lava Jato, la mayoría de los cuales, además, apenas recoge declaraciones de algunos congresistas cuestionando al Ministerio Público.
Resulta un absurdo jurídico que se plantee la destitución del máximo representante del Ministerio Público porque un fiscal del Caso Lava Jato –el cual goza de autonomía funcional respecto del fiscal de la Nación, además– no haya resuelto aún formalizar una denuncia contra los representantes de las compañías nacionales que fueron socias de Odebrecht en algunos consorcios. Un congresista podrá estar en desacuerdo con la estrategia de un fiscal, pero eso no constituye causal para proponer su licenciamiento ni mucho menos para plantearlo por una vía tan grave como la acusación constitucional.
La “preocupación política” (palabras textuales de la denuncia del congresista Salaverry) no da a pie para intentar conculcar la autonomía de un órgano jurisdiccional, y es alarmante que un legislador y representante de la principal fuerza política en el Congreso no lo sepa. Desde toda perspectiva –jurídica, política o de sentido común–, el ataque naranja al Ministerio Público es la peor defensa que pudiera requerir Keiko Fujimori.



El Comercio
La conjura de los necios
Cecilia Valenzuela
El congresista fujimorista que ha denunciado constitucionalmente al fiscal de la Nación dice que lo hace a título personal. Por su vinculación con Joaquín Ramírez, Daniel Salaverry podría estar personalmente interesado en que destituyan e inhabiliten a Pablo Sánchez; pero él no es el único en su agrupación con razones para desear un descalabro en el Ministerio Público.
Si la fiscalía encuentra los verdaderos orígenes del dinero de Ramírez, podría llegar a los fondos que el ex congresista y ex secretario general de Fuerza Popular invirtió en el club Carlos A. Mannucci de Trujillo. El 9 de enero del 2014, Salaverry convirtió a Ramírez en el presidente y mandamás del equipo tricolor, uno de los emblemas futbolísticos trujillanos. Dos años después, Salaverry encabezaba la lista de Fuerza Popular al Congreso por La Libertad.
Pero la investigación por lavado de activos que acaba de reabrir la fiscalía contra Joaquín Ramírez, que se adecuará a la Ley contra el Crimen Organizado, incluirá también a Keiko Fujimori y a Osías Ramírez, hermano del primero y elegido por la segunda para representar a Fuerza Popular en Cajamarca en las elecciones regionales del 2014.
La estrechez de los lazos que unen a los protagonistas de esta última andanada contra la independencia de la fiscalía confirma el propósito de la mayoría parlamentaria de evitar que se investigue, cabalmente, a un grupo económico del que sospechan la procuraduría antidrogas del Perú y la agencia antinarcóticos norteamericana, conocida como DEA.
Ramírez fue el más visible financista durante la última campaña de Fuerza Popular. Salaverry no debe ser el único que le debe la curul desde la que ahora pondera. Quizá por eso su amenaza prepotente contra el fiscal de la Nación ha tenido tanto eco en su bancada.
Pero aunque intenten imponer todo su poder, la investigación ya está reencaminada y las demás autoridades capaces de indagar en estos casos, alertas.
Hace casi un año, la procuradora antidrogas Sonia Medina advirtió a la fiscal Sara Vidal, la que pretendió archivar el Caso Ramírez hace cuarenta días, que su despacho tenía serias sospechas del origen del dinero de la familia Ramírez, constituida en un grupo económico de la noche a la mañana. Según refiere Medina, esa riqueza podría tener precedentes en el tráfico ilícito de drogas. El vínculo de los Ramírez con el alcalde de Tocache, el que cayó hace poco por narcotráfico, y con Miguel Arévalo Ramírez, conocido entre los agentes de la DEA como ‘Eteco’, contribuyen a orientar las pesquisas en ese sentido.
En su momento, Medina solicitó oficiar la defensa del Estado en el Caso Ramírez, pero la fiscal que archivó la investigación le negó el acceso. Ahora que el caso se adecuará a la Ley contra el Crimen Organizado, la participación de la Policía y de la procuraduría antidrogas serán de gran aporte.

De otro lado, la respuesta de Pablo Sánchez a las presiones del fujimorismo: “No me voy a amilanar”, y el rechazo de toda la fiscalía, de los demás poderes del Estado y de todas las instituciones democráticas del país a la denuncia de Fuerza Popular orquestada por Salaverry, reconfortan a la ciudadanía. Sánchez procesó a Vladimiro Montesinos por traficar armas con las FARC y obtuvo una condena de 20 años de cárcel para el todopoderoso asesor de Fujimori y jefe del SIN. Como bien ha dicho, a quién le va a tener miedo.

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