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CORREO
Justicia mortal
Kenji Fujimori Higuchi
No me puedo quedar callado. Una vez más me veo en la obligación de
discrepar de mi partido en un asunto de libertad de conciencia.
Nunca he estado de acuerdo con la pena de muerte. No estoy de acuerdo
con la demagogia que conlleva. No estoy de acuerdo con hacer concesiones al
populismo y mucho menos en asuntos de principio que involucran vidas humanas.
El clamor de justicia es una emoción humana que exige satisfacción ante
lo que no debió ocurrir. Ante el asesinato de un niño violado, todas las madres
temen por sus hijos. Es el crimen más atroz y nauseabundo, uno ante el cual la
sociedad se siente desprotegida. Lo está, a causa del fracaso monumental de
nuestra justicia y de la falta de respuesta de la sociedad. El violador es el
producto final de una sociedad que está enferma.
Cuando no hay justicia, la sociedad la hace por sus propias manos, recae
fácilmente en formas primitivas de justicia en la historia de la civilización
humana. Y clama entonces por la ley bíblica del ojo por ojo y diente por
diente, la ley del Talión. Y siente que ante la falta de una justicia confiable
es legítimo tomar una medida irreversible. Tomar una vida.
Sin embargo, la justicia de hace dos mil años no nos sirve hoy. Las
sociedades evolucionan desde la ley del Talión a la justicia moderna, que
restituye en la medida de lo posible.
No obstante, una vida cortada no puede restituirse.
Ante una justicia plagada de prejuicios y de corrupción, que responde a
presiones externas, mediáticas y políticas -como desgraciadamente es aún la
nuestra-, ante la que nadie sabe qué hacer y sin decisión política para
reformarla, ¿cómo tomar la medida irreversible de interrumpir una vida? ¿Cómo
olvidar aquel caso, sesenta años atrás, en que la justicia condenó a muerte a
un inocente a quien denominó “monstruo”?
Ni siquiera en los peores momentos de la lucha contra el terrorismo
durante el gobierno de mi padre, Alberto Fujimori, se aprobó esta iniciativa,
pese a que fue presentada en cuatro oportunidades. Nos equiparamos con el
asesino; retrocedemos al pasado cuando tomamos una vida en pago de otra.
Un partido político moderno no puede ceder a la tentación fácil, al
impulso emocional -incluso humano y natural- del deseo de venganza de quien,
dominado por el miedo, exige el linchamiento, el castigo irreversible, para que
no pueda haber impunidad a manos de una justicia que no funciona.
Un partido democrático está obligado a reflexionar sobre las
consecuencias de cobrar justicia por mano propia, como el pueblo hace muchas
veces por desesperación.
Un partido pensante está obligado a proponer una verdadera reforma de la
justicia para el siglo XXI. No puedo en conciencia permitir que nuestro partido
sustituya lo que es su deber y una deuda del fujimorismo con el pueblo peruano
-la institucionalidad- por una decisión apresurada, demagógica y populista solo
porque puede reportarle un beneficio político de corto plazo a costa de acabar
con una vida humana, aunque sea la más abyecta y despreciable.
REPORTE DE NOTICIAS en Internet
Las siguientes notas periodísticas de
política y economía han sido seleccionadas, editadas y ordenadas
temáticamente. No se las debe citar como
tomadas directamente de sus fuentes originales, las mismas que se indican
sólo como una forma de reconocer el crédito
y agradecer la cortesía.
GOBERNABILIDAD, DEMAGOGIA, AUTORITARISMO,
DEMOCRACIA
El Comercio
La primera ministra, Mercedes Aráoz, informó tras la
reunión que sostuvo con la bancada de Acción Popular en el marco del pedido de
facultades legislativas, que no habrá reunión con la bancada deFuerza Popular.
"Ellos han preferido no tener una reunión”,
expresó.
El Comercio
La aprobación a la gestión del presidente Pedro Pablo
Kuczynski volvió a caer, revela una encuesta de Datum.
El mandatario es aprobado por el 26% de encuestados en
noviembre. Luego de un incremento en octubre a 31%. Este mes registra cinco
puntos porcentuales menos.
La lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, es
aprobada por el 34% y desaprobada por el 55%.
El presidente del Congreso, Luis Galarreta, tiene una
aprobación de 19% y una desaprobación de 57%.
El Comercio
El presidente Pedro Pablo Kuczynski aprovechó su
discurso en el Foro Iberoamérica, en Buenos Aires, para referirse nuevamente al
ex presidente Albeerto Fujimori.
“Fujimori nos hizo entrar a APEC y ahora está en la
cárcel, está enfermo y vamos a ver, pues, qué hacemos. Y eso será noticia en
algún momento”, manifestó el mandatario al finalizar su intervención.
Según dijo el presidente de Perú, para crecer son
necesarias las reformas. “Acabamos de tener una gran batalla en el Perú por las
políticas de educación pública. Y la oposición que domina el Congreso optó más
bien por una posición populista, en la que me obligó a cambiar dos ministros de
educación, uno tras otro”, comentó.
Manifestó que la crisis de casos de corrupción “es muy
buena” porque se han destapado distintos hechos. “Pero también hay que cuidar
un peligro, que es la inquisición. Porque se vuelve todo esto una acusacionitis
interminable. Todo el mundo es culpable. Uno respira y es culpable”, sentenció.
El Comercio
La presidenta del Consejo de Ministros, Mercedes
Aráoz, señaló nuevamente que el indulto para el ex mandatario Alberto
Fujimori no está en la agenda del Gabinete.
Djo que no ve "ninguna cortina de humo" en
las declaraciones de esta mañana del presidente Kuczynski desde Argentina,
donde dijo que el tema de Alberto
Fujimori "será noticia en algún momento".
El Comercio
El congresista Kenji
Fujimori confirmó que asistirá este lunes al local de Fuerza Popular en el segundo proceso
disciplinario iniciado en su contra por su bancada parlamentaria.
Apuntó que lo hará “a pesar de la violación reiterada
de mi derecho al debido proceso”.
Correo
Columna de Renato Sandoval
(…)
Y mientras Kenji busca su expulsión, pareciera que sus colegas de
bancada se empecinan en no soltarlo así de fácil.
Por lo pronto, casi sin mover un dedo, Kenji ha originado que Letona
deje el comité de disciplina, acusó a otros dirigentes naranjas de manipular a
su hermana Keiko y continúa desafiando sin inmutarse a Fuerza Popular…
(…)
Correo
La comisión LavaJato, según
su titular Rosa Bartra (Fuerza Popular), evalúa si cita a la
Premier. De forma similar a lo decidido por el presidente Pedro
Pablo Kuczynski,
la premier Mercedes Aráoz rechazó comparecer
ante la comisión “Lava Jato” del Congreso si es que se produce
esa citación.
La titular de la comisión adelantó
que “se harán las citaciones a la premier Mercedes Aráoz, a la ministra de
Economía Claudia Cooper, a su par de Justicia, Enrique Mendoza…”.
El
Comercio, editorial
La
decisión del presidente Pedro Pablo Kuczynski de no recibir
a la comisión investigadora parlamentaria denominada Lava Jato ha seguido generando diversas reacciones en
todas las tiendas políticas presentes en el Congreso.
Mientras que desde el oficialismo han respaldado la decisión presidencial, amparándose en una prerrogativa constitucional, los diversos grupos de oposición han cuestionado la decisión y han especulado con el supuesto temor que le produciría al mandatario responder a las interrogantes del grupo parlamentario.
“Si puede responder por escrito, ¿por qué no recibirnos? […] Si no tiene nada que ocultar, ¿por qué no nos lo dice de frente?”, ha teorizado la presidenta de la comisión, Rosa Bartra, frente al oficio que le dirigió este mes el jefe del Estado. Por su parte, el congresista del Partido Aprista Mauricio Mulder calificó la respuesta por escrito del mandatario como “una criollada”. Asimismo, la Comisión Lava Jato en su conjunto aprobó (por cinco votos contra uno) derivar el oficio presidencial a la Comisión de Constitución del Congreso, para que esta evalúe si efectivamente el presidente podría rechazar o no la citación de la comisión investigadora.
Mientras que desde el oficialismo han respaldado la decisión presidencial, amparándose en una prerrogativa constitucional, los diversos grupos de oposición han cuestionado la decisión y han especulado con el supuesto temor que le produciría al mandatario responder a las interrogantes del grupo parlamentario.
“Si puede responder por escrito, ¿por qué no recibirnos? […] Si no tiene nada que ocultar, ¿por qué no nos lo dice de frente?”, ha teorizado la presidenta de la comisión, Rosa Bartra, frente al oficio que le dirigió este mes el jefe del Estado. Por su parte, el congresista del Partido Aprista Mauricio Mulder calificó la respuesta por escrito del mandatario como “una criollada”. Asimismo, la Comisión Lava Jato en su conjunto aprobó (por cinco votos contra uno) derivar el oficio presidencial a la Comisión de Constitución del Congreso, para que esta evalúe si efectivamente el presidente podría rechazar o no la citación de la comisión investigadora.
En
cierto modo, el malestar legislativo puede ser comprensible, luego de que el
presidente Kuczynski catalogara
a este tipo de diligencias parlamentarias como un “circo” (haciendo referencia
a la experiencia previa con la comisión que investigaba los negocios del ex
asesor presidencial Carlos Moreno) hace unas semanas. O después de leer el
oficio que remitió el jefe del Ejecutivo al Congreso en el que diera la
impresión de estar respondiendo a un cuestionario, cuando en realidad, la
comisión que encabeza la congresista Bartra solo había enumerado los puntos
generales sobre los que versaría la entrevista a la que lo estaban convocando,
con lo cual difícilmente se podría considerar que ya no hay interrogantes
pendientes de formular al presidente.
Más allá del desaguisado presidencial, sin embargo, lo cierto es que efectivamente el jefe del Estado goza de inmunidad constitucional que lo previene de ser objeto de investigaciones de cualquier índole, salvo por las infracciones puntuales previstas en la misma Carta Magna como es el caso de impedir las elecciones presidenciales, parlamentarias, regionales o municipales, o por traición a la patria, ninguna de las que se presenta en este caso. Una prerrogativa contemplada para evitar que la investidura presidencial quede expuesta a ataques y cuestionamientos que interfieran con su mandato, con la excepción de ciertos supuestos de máxima gravedad.
Más allá del desaguisado presidencial, sin embargo, lo cierto es que efectivamente el jefe del Estado goza de inmunidad constitucional que lo previene de ser objeto de investigaciones de cualquier índole, salvo por las infracciones puntuales previstas en la misma Carta Magna como es el caso de impedir las elecciones presidenciales, parlamentarias, regionales o municipales, o por traición a la patria, ninguna de las que se presenta en este caso. Una prerrogativa contemplada para evitar que la investidura presidencial quede expuesta a ataques y cuestionamientos que interfieran con su mandato, con la excepción de ciertos supuestos de máxima gravedad.
En tal
sentido, aunque el presidente podría haber aceptado la concurrencia de la
comisión investigadora a Palacio de Gobierno, lo que –como hemos señalado en
este Diario– hubiera sido percibido como un acertado gesto político,
tampoco debería causar mayor sorpresa o indignación en los pasillos del
Congreso que aquel actúe conforme a las atribuciones que la Constitución le
concede.
Y, en esta tesitura, los integrantes de la Comisión Lava Jatodeberían, más bien, abocarse a preparar con esmero las preguntas que el presidente se ha comprometido a responder por escrito.
Pues si uno repasa el desempeño de las comisiones investigadoras de esta y anteriores conformaciones parlamentarias, encontrará grandilocuencia, teatralidad, gestos de intimidación y quizás unos cuantos gritos pero poco o nada de sustancia. Es decir, casi como una “casa del terror” como las que suelen ponerse en escena por estas fechas, y donde quienes ingresan a ella experimentan muchos sobresaltos… hasta que se prenden las luces y se constata que todo era parte de una actuación.
Y, en esta tesitura, los integrantes de la Comisión Lava Jatodeberían, más bien, abocarse a preparar con esmero las preguntas que el presidente se ha comprometido a responder por escrito.
Pues si uno repasa el desempeño de las comisiones investigadoras de esta y anteriores conformaciones parlamentarias, encontrará grandilocuencia, teatralidad, gestos de intimidación y quizás unos cuantos gritos pero poco o nada de sustancia. Es decir, casi como una “casa del terror” como las que suelen ponerse en escena por estas fechas, y donde quienes ingresan a ella experimentan muchos sobresaltos… hasta que se prenden las luces y se constata que todo era parte de una actuación.
NARCOTERRORISMO, INTELIGENCIA, FFAA, DDHH,
USO DE LA FUERZA
El Comercio
Miembros de la bancada de Fuerza Popular presentaron
este jueves un proyecto de ley para castigar con pena
de muerte a quien incurra en la “violación contra
menores de edad de 7 años seguido de muerte”.
El Proyecto de Ley 2069/2017 está impulsado por la
legisladora Karla
Schaefer y pide que se modifique al artículo 140 de la
Constitución del Perú. Unos 20 legisladores del grupo naranja respaldan la
propuesta.
Durante la última campaña presidencial, la ex candidata
de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, se mostró a favor de la pena capital para
violadores. "Esa decisión no depende de mí, sino del Congreso y de la
votación de cada uno de sus miembros. Cada uno votará de acuerdo a su
consciencia", dijo Fujimori en abril del 2016. Su proyecto es de agosto de
2010.
¿Por qué específicamente a los menores de 7
años? El proyecto busca restituir el marco legal previo a la inclusión del
Estado Peruano en el Pacto de San José, en 1978. En ese entonces regía el
Código Penal de 1924, que contemplaba la pena de muerte para violadores de menores 7 años.
El proyecto de keiko Fujimori pedía pena de muerte contra violadores
"de menores de diez años seguida de muerte" y también contra quienes
perpetren "robo agravado seguido de muerte o con lesiones graves a la
integridad física de la víctima".
Peru21
La legisladora Karla Schaefer sostuvo que su iniciativa
cuenta con el respaldo de la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori. "Ayer
conversaba con Keiko Fujimori.
Ella está a favor de mi posición, pero nos da la libertad de pensamiento",
anotó.
El Comercio
El congresista Kenji
Fujimori se expresó en contra de la pena
de muerte a través de un mensaje en Twitter, luego de
que Karla
Shaefer presentara su proyecto de ley.
“Cerremos el paso a la pena de muerte, reflexionemos
sobre cobrar justicia con nuestras propias manos. No somos asesinos.
Evolucionemos”, señala el parlamentario. El mensaje está acompañado de una
imagen en la que se grafica a la muerte, mientras que una caricatura del
legislador aparece impidiendo el paso.
ELECCIONES, PARTIDOS, ENCUESTAS, MEDIOS,
PSICOSOCIALES
El Comercio
El pleno del Congreso aprobó la ley que elimina a las
organizaciones políticas locales, distritales y provinciales y las obliga a ir
en alianzas con partidos nacionales o movimientos regionales para poder
participar en elecciones.
La
medida es presentada como un instrumento para permitir la gobernabilidad e
impedir el fraccionamiento de los partidos.
La norma modifica la Ley de Organizaciones Políticas y
la Ley de Elecciones Municipales declarando que su fin es “promover
organizaciones políticas de carácter permanente”.
Letona sustentó el dictamen aprobado por mayoría en la
comisión por las bancadas de Fuerza Popular,
el Apra y del oficialismo. “La optimización de la democracia
representativa requiere… interlocutores válidos, representativos,
institucionalizados y con vocación de permanencia”, señaló Letona. Argumentó en
favor de la decisión que las organizaciones políticas locales –ahora
eliminadas- no están obligadas a cumplir con la democracia interna y se
cancelan de oficio una vez concluido el proceso electoral con lo que no pueden ser sancionadas por
infracciones como el financiamiento indebido.
Hubo 80 votos a favor, 15 en contra y 9 abstenciones en
la primera votación. El pleno decidió exonerar al dictamen de segunda votación.
Miguel Torres, de Fuerza Popular, propuso que se
incluya una disposición transitoria que precise que la norma no se aplicará a
quienes ya compraron su kit electoral para los comicios de 2018. Letona
dio cuenta de que el dictamen acogerá observaciones del debate señalando que la
norma no se aplicará a quienes hayan adquirido kits electorales a fin de que
las organizaciones locales que logren su inscripción hasta la fecha de
vencimiento del plazo para las Elecciones 2018, puedan participar de los
comicios.
El Comercio, La República
Según
la ONPE, 667 organizaciones locales compraron kits electorales y buscan cumplir
los requisitos para obtener su inscripción.
Peru21
Fuerza Popular participará
en las elecciones municipales y
regionales de octubre del próximo año con candidatos propios y en
alianzas con agrupaciones locales.
El congresista Miguel Torres, subsecretario general de
FP, afirmó que para la Municipalidad de Lima “lo más probable es que optemos
por un candidato propio”.
Torres sostuvo que Fuerza Popular “apuesta por la
formación de un verdadero partido”, y eso “implica correr la cancha no solo de
las elecciones nacionales sino también de las regionales y municipales”.
Dijo que las bases vienen acercando al Comité Ejecutivo
Nacional alternativas de precandidatos.
Añadió que el anhelo es cubrir el 100% de las
jurisdicciones electorales, pero “lamentablemente hay pocas personas dispuestas
a involucrarse en política”.
La República
La
Organización Civil Transparencia, a través de su presidente, Allan Wagner, ha solicitado
mediante un oficio dirigido al titular del Parlamento que se añadan dos
elementos que se consideran fundamentales para ejercer un mejor control sobre
las finanzas partidarias.
Primero,
que se contemplen sanciones políticas para aquellos partidos que reciban dinero
de fuentes ilícitas. El proyecto solo contempla sanciones pecuniarias.
Según
Gerardo Távara, secretario general de Transparencia, en los casos de
infracciones muy graves se debería proceder a la pérdida de la inscripción.
"Para evitar de manera efectiva que el dinero del narcotráfico entre en
las campañas electorales se necesitan sanciones duras. Al final puede pasar que
el narcotraficante que paga la campaña termine cancelando la multa",
señaló Távara.
Un
segundo punto que Transparencia considera prioritario es que no se le quite a
la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) la facultad de exigir a
los partidos que rindan cuentas de sus ingresos y gastos durante la campaña.
Távara sostuvo que el proyecto, tal como está redactado, solo obliga a los
partidos a entregar su información financiera una vez concluida la
campaña electoral.
En
una línea similar, el politólogo Fernando Tuesta comentó que con el dictamen
tal como está es complicado "que se pueda evitar el ingreso de dinero
sucio a los partidos".
La
Comisión de Constitución lleva aprobados siete dictámenes en el marco de
la reforma electoral. Uno ya fue
promulgado: el que se refiere al cronograma electoral.
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