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MEDIA
COLUMNA
Cuentas de colores
Jorge Morelli
@jorgemorelli1
jorgemorelli.blogspot.com
Tras
la reunión con el primer ministro, Salvador del Solar, se anunció el acuerdo
con las 38 comunidades del conflicto con la minera Las Bambas para desbloquear,
luego de dos meses, la carretera de salida del corredor minero a Matarani. Según
el acta, hay nueve puntos acordados. En
más de la mitad de ellos el gobierno se ha comprometido a lo que no está a su
alcance porque se halla en el fuero de otros poderes del Estado o invade el
espacio de decisión de la empresa privada o, peor, viola sus propios límites
constitucionales.
El primer
punto del acuerdo dice: “Archivamiento de las denuncias contra los hermanos
procesados en los conflictos sociales de la provincia de Cotabambas desde el
año 2011 a la actualidad…”. Basta esto para comprender que el acuerdo era y es
imposible de ejecutar. Tal cosa no depende del gobierno, sino de la Fiscalía,
que es parte de otro poder del Estado, no del Ejecutivo. El gobierno no puede ordenarle
a la Fiscalía que archive una investigación.
El
gobierno comprometió, pues, a otros fueros –la Fiscalía, el Congreso e incluso
a la empresa-. Pero ambas partes hicieron de la vista gorda en ese momento y como
que se creían lo pactado. Aceptaron dar y recibir promesas vacías.
Lo que
interesaba a los dirigentes y al gobierno era otra cosa. Lo verdaderamente
pactado –la entrega de dinero a las comunidades- está discretamente velado. El
segundo punto del acuerdo dispone la “solución a los problemas del corredor
minero y la problemática de las comunidades campesinas de la zona de influencia
directa e indirecta”. Aquí está, disimulado, el compromiso del gobierno de
pagar 350 millones de soles por la expropiación de las tierras echándole dinero
al problema sin resolverlo.
Solo
que los dirigentes, luego de pensarlo dos veces, estratégicamente retornaron al
primer punto fingiendo tomárselo en serio para atrasar al gobierno. Gregorio
Rojas, presidente de la comunidad de Fuerabamba, dijo que el diálogo no
continuará hasta que se archiven las denuncias no solo contra los hermanos que
extorsionaban a la minera, sino contra 500 supuestos dirigentes. Y emplazó al
poder Ejecutivo a llevar una solución en los siguientes tres días hasta hoy, miércoles
24 de abril, si quería diálogo.
Lo más
descentrado del acuerdo anterior es el punto noveno: el ”compromiso del
Gobierno Central para no decretar más Estados de Emergencia en Cotabambas, la
nulidad del convenio entre la PNP y la empresa minera MMG Las Bambas para
brindar seguridad, y el retiro inmediato de la base policial Manuel Seoane
Corrales, en Challhuahuacho”. Esto compromete no solo las funciones del poder
Ejecutivo sino las obligaciones constitucionales del Estado como tal, que son su
razón de ser e irrenunciables para cualquier gobierno.
En
suma, el gobierno ha hecho como que puede y las comunidades como que le creen. Cuentas
de colores aceptadas por ambas partes, un sainete, una representación teatral
menor de buenos actores y malos personajes.
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