martes, 23 de abril de 2019

MEDIA COLUMNA lunes 22 abril 2019




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Cuentas de colores

Jorge Morelli
@jorgemorelli1
jorgemorelli.blogspot.com


Tras la reunión con el primer ministro, Salvador del Solar, se anunció el acuerdo con las 38 comunidades del conflicto con la minera Las Bambas para desbloquear, luego de dos meses, la carretera de salida del corredor minero a Matarani. Según el acta, hay nueve puntos acordados. En más de la mitad de ellos el gobierno se ha comprometido a lo que no está a su alcance porque se halla en el fuero de otros poderes del Estado o invade el espacio de decisión de la empresa privada o, peor, viola sus propios límites constitucionales.

El primer punto del acuerdo dice: “Archivamiento de las denuncias contra los hermanos procesados en los conflictos sociales de la provincia de Cotabambas desde el año 2011 a la actualidad…”. Basta esto para comprender que el acuerdo era y es imposible de ejecutar. Tal cosa no depende del gobierno, sino de la Fiscalía, que es parte de otro poder del Estado, no del Ejecutivo. El gobierno no puede ordenarle a la Fiscalía que archive una investigación.

El gobierno comprometió, pues, a otros fueros –la Fiscalía, el Congreso e incluso a la empresa-. Pero ambas partes hicieron de la vista gorda en ese momento y como que se creían lo pactado. Aceptaron dar y recibir promesas vacías.

Lo que interesaba a los dirigentes y al gobierno era otra cosa. Lo verdaderamente pactado –la entrega de dinero a las comunidades- está discretamente velado. El segundo punto del acuerdo dispone la “solución a los problemas del corredor minero y la problemática de las comunidades campesinas de la zona de influencia directa e indirecta”. Aquí está, disimulado, el compromiso del gobierno de pagar 350 millones de soles por la expropiación de las tierras echándole dinero al problema sin resolverlo.  

Solo que los dirigentes, luego de pensarlo dos veces, estratégicamente retornaron al primer punto fingiendo tomárselo en serio para atrasar al gobierno. Gregorio Rojas, presidente de la comunidad de Fuerabamba, dijo que el diálogo no continuará hasta que se archiven las denuncias no solo contra los hermanos que extorsionaban a la minera, sino contra 500 supuestos dirigentes. Y emplazó al poder Ejecutivo a llevar una solución en los siguientes tres días hasta hoy, miércoles 24 de abril, si quería diálogo.

Lo más descentrado del acuerdo anterior es el punto noveno: el ”compromiso del Gobierno Central para no decretar más Estados de Emergencia en Cotabambas, la nulidad del convenio entre la PNP y la empresa minera MMG Las Bambas para brindar seguridad, y el retiro inmediato de la base policial Manuel Seoane Corrales, en Challhuahuacho”. Esto  compromete no solo las funciones del poder Ejecutivo sino las obligaciones constitucionales del Estado como tal, que son su razón de ser e irrenunciables para cualquier gobierno.

En suma, el gobierno ha hecho como que puede y las comunidades como que le creen. Cuentas de colores aceptadas por ambas partes, un sainete, una representación teatral menor de buenos actores y malos personajes.


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