domingo, 7 de abril de 2019

ESTA NOCHE domingo 7 abril 2019



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MEDIA COLUMNA
El botín que la demagogia
y la dictadura saquean


Jorge Morelli
@jorgemorelli1
jorgemorelli.blogspot.com


La tragedia de Venezuela comenzó mucho antes del chavismo. Así lo dicen las cifras, que muestran un deterioro progresivo, incesante, de su economía desde mucho antes de la aparición de Chávez y Maduro en escena. Es una comprobación desagradable, pero cierta y no se la puede esconder debajo de la alfombra. El chavismo y su hiperinflación de dos millones por ciento –la nuestra fue de siete mil por ciento- es entonces el desenlace final de una larga historia de décadas de demagogia que desembocaron en la dictadura.

Fidel Castro ambicionó desde 1959 apoderarse del petróleo venezolano para exportar el castrismo a toda Latinoamérica, pero fue la demagogia anterior lo que hizo de Venezuela una presa fácil. No dudo de que la noche oscura de Venezuela terminará pronto. Pero temo que le ocurrirá lo mismo que a nosotros: una transición no a la democracia aún, sino de vuelta a la demagogia que incuba el autoritarismo y la recaída en la demagogia.

Nuestra democracia peruana de baja gobernabilidad –nuestra versión actual de la demagogia- se debe a la grieta profunda en su arquitectura institucional: el equilibrio de poderes tiene un diseño fallido. El Estado, entonces, es incapaz de resolver los problemas de los peruanos y no garantiza ni la vida ni la libertad de sus ciudadanos y mucho menos la institución que es el cimiento de la economía: la propiedad.

Es hora de plantear una duda en voz alta. Me pregunto si existiría la dictadura en Venezuela si el petróleo no fuera de propiedad del Estado. Me pregunto también si habría existido la demagogia anterior a la dictadura si el petróleo no fuera de propiedad del Estado.

Y la pregunta se extiende a los recursos naturales del subsuelo en toda Latinoamérica. En el Perú, a los minerales bajo las tierras de las comunidades andinas y los casos emblemáticos de Las Bambas, Tía María y Conga.

Ya es un lugar común decir que en Estados Unidos el subsuelo y todo lo que contiene es del propietario del suelo. El que encuentra petróleo en su patio llama a la empresa petrolera y ambos firman un contrato. Pero aquí el subsuelo es del Estado, que concesiona el recurso natural a una empresa y ellos firman el contrato entre sí.

Es así todavía hoy desde que el Estado fracasó hace décadas en explotarlo directamente mediante una empresa estatal. No obstante, sigue firmando el contrato con la empresa privada. El poseedor del suelo, en cambio, no es propietario del suelo siquiera, porque el Estado no garantiza su propiedad. No le extiende un título ni ninguno de los requisitos que le permitirían a la comunidad negociar con la empresa de igual a igual.

Desde el fracaso de la reforma agraria 50 años atrás, la mayor parte de la tierra en el Perú sigue en un limbo, en la ambigüedad legal y la incertidumbre. Más aún las tierras comunales. Y lo mismo el agua. Es un ”patrimonio de la Nación”, pero sujeto a tutela estatal en la práctica. En suma, el Estado peruano no garantiza la propiedad ni de la tierra, ni del agua. Solo la del subsuelo, porque es su propiedad. Que el agua, la tierra y el subsuelo estén sujetos a este régimen inicuo es lo que hace del Estado un botín que la demagogia y la dictadura se turnan en saquear.

Es urgente institucionalizar una política pública para el libre contrato entre las comunidades y las empresas. Una política de Estado que garantice la propiedad de la tierra y su puesta en valor con agua mediante una participación bien regulada en la renta de la explotación del recurso bajo la tierra.

Solo cuando el Estado garantice la propiedad de los peruanos los recursos naturales dejarán de ser el botín que la política saquea.


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