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jueves, 9 de julio de 2020

MEDIA COLUMNA miércoles 8 julio 2020



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MEDIA COLUMNA
Dama y rey  

Jorge Morelli
@jorgemorelli1

La repartija de manazos del Legislativo y el Ejecutivo por la inmunidad de los primeros y el antejuicio de los segundos, en la que ambos se despojan de sus respectivas armaduras, es una pelea estúpida. 

Lo es porque ambos quedan expuestos ante el tercero, el omnímodo poder Judicial –la Fiscalía, en realidad- que podrá acusar y enviar expeditivamente a prisión preventiva a unos y otros. De paso, también podrá sacar candidatos de la carrera electoral mediante oportunas sentencias de primera instancia.

Cuando se debate acotar el poder excesivo de la Fiscalía, que ha convertido a jueces y policías en convidados de piedra píntados en la pared, las decisiones del Congreso y el Gobierno aumentan su poder en lugar de limitarlo. Los poderes políticos han abdicado y entregado, por un lado, la determinación de sus responsabilidades penales a la Fiscalía y, por otro, el arbitraje de todos los asuntos políticos al Tribunal Constitucional.

Es la desembocadura final de un proceso que viene de décadas y que termina ahora por sumir al equilibrio de poderes en la confusión definitiva. Todo lo cantó el coro de la tragedia desde que se despojó al Ejecutivo de la atribución de nombrar a los jueces y fiscales supremos para entregársela al Consejo Nacional de la Magistratura. Hoy con la Junta Nacional de Justicia lo único que ha cambiado es que antes la sociedad civil tenía mayoría en el organismo, hoy la tiene el Estado.

Allí ha vuelto a quebrarse el ya desbalanceado equilibrio de poderes de nuestra democracia de baja gobernabilidad. La primera quiebra fue en su nacimiento mismo, cuando los constituyentes de 1823 decidieron desde la primera hora fundar una república, pero darle el poder al Congreso. Desoyeron el consejo de Bolívar, que advirtió en el Discurso de Angostura que si uno quiere ser una república debe darle el poder al Ejecutivo para equilibrar el enorme peso del Congreso que representa al pueblo soberano. En lugar de eso, creamos en el Perú una república donde el poder lo tiene el Congreso: una quimera, un ser mitológico con el cuerpo de un animal y la cabeza de otro.

La imposibilidad de resolver en ese marco incoherente el conflicto de poderes llevó con los años a la peregrina idea de la supuesta necesidad de un árbitro por encima de los poderes para resolver sus conflictos: el Tribunal Constitucional. Este procedió a arrogarse en su Ley Orgánica la condición de “supremo intérprete” de la Constitución, cosa que no está en la Constitución y es, por tanto, inconstitucional. Hoy el Tribunal Constitucional es un poder por encima de los poderes sin contrapeso alguno. Es una reinvención del absolutismo.

Irónicamente, para desbaratar esa construcción precaria bastaría –y el día llegará- en que el más humilde de los jueces decida, en aplicación del control difuso constitucional, declarar inaplicable una sentencia del Tribunal a un caso cualquiera. Allí se verá por fin que ese falso rey siempre estuvo calato. Su dama, en cambio, la Junta Nacional de Justicia, es hoy una gorgona más poderosa que nunca.



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