ESTA NOCHE,
donde usted se entera no de todo lo que ocurre, sino de lo que necesita saber.
La opinión en MEDIA
COLUMNA representa exclusivamente a su autor. Usted puede reenviar y publicar
libre y gratuitamente cualquier MEDIA COLUMNA tomándola de este correo o de
jorgemorelli.blogspot.com
MEDIA
COLUMNA
El gobierno les queda grande
Jorge Morelli
@jorgemorelli1
jorgemorelli.blogspot.com
A PPK
y su gente la tarea de gobernar el Perú les ha quedado grande.Gobernar es decidir.
Y esto es lo que el gobierno no está haciendo. Cualquier excusa es buena para
no tomar las decisiones políticas difíciles que el país necesita.
Cada
vez más se le está diciendo al gobierno en su cara que tiene que dar por
terminado el contrato del Gasoducto del Sur, y licitar de nuevo. Pero el gobierno
solo atina a responder medrosamente que no se puede romper un contrato de
manera unilateral porque podría generarse una contingencia y la empresa brasileña
enjuiciar al Perú.
La empresa
brasileña no va a enjuiciar al Perú porque no le va a ser materialmente posible
hacerlo. No se puede incumplir un contrato nacido de un acto jurídico nulo por
un vicio en su origen.
Las
investigaciones probarán si hubo corrupción en el otorgamiento mismo de la
licitación a la empresa. Y si la hubo, como todo indica, el contrato nunca
llegó a existir. Y es imposible violar un
contrato inexistente. No hay, pues, peligro de contingencias.
Igualmente,
en el instante mismo en que se reconozca que el contrato es nulo desaparece el fundamento
legal del cobro a los contribuyentes del subsidio en los recibos de luz. No
hace falta ningún proyecto de ley para suspenderlo.
Por el
contrario, prolongar la ficción de un contrato inexistente es perpetuar el
contagio del vicio de origen a toda otra forma jurídica que se le quiera dar al
proyecto para que siga adelante de cualquier manera.
Es un
acto temerario. Y es incurrir en una responsabilidad penal.
Hay que
aceptar la realidad. Este asunto nació mal y hay que darle fin. Y comenzar de
nuevo limpiamente.
REPORTE DE NOTICIAS en Internet
Las siguientes notas periodísticas de
política y economía han sido seleccionadas, editadas y ordenadas
temáticamente. No se las debe citar como
tomadas directamente de sus fuentes originales, las mismas que se indican sólo
como una forma de reconocer el crédito y agradecer la cortesía.
GOBERNABILIDAD, DEMAGOGIA, AUTORITARISMO,
DEMOCRACIA
El Comercio
En
octubre pasado, el primer ministro Fernando Zavala estimó que el Ejecutivo
emitiría 58 decretos legislativos en los 90 días que el Congreso le delegó
facultades. El plazo venció ayer y casi se dobló el número: son 112.
En “El
Peruano” se publicaron ayer las últimas 13 normas, entre las que están la que
amplía la responsabilidad administrativa de las personas jurídicas (D.Leg.
1352); la que modifica la Ley de Contrataciones del Estado (D.Leg. 1341), o la
que oficializa la reducción del Impuesto General a las Ventas (IGV) de 18% a
17%. Entre el jueves y ayer se publicaron 35.
En el
Parlamento ya revisan las 112 normas. En la Comisión de Constitución, hay un
grupo encabezado por la legisladora Úrsula Letona (Fuerza Popular) que viene
analizándolas. Se espera que los resultados de esa labor se conozcan antes de
que se inicie la segunda parte de la legislatura, en marzo.
Zavala
y algunos ministros deberán presentarse en una sesión extraordinaria de la
comisión, el próximo miércoles. El presidente del grupo, Miguel Ángel Torres
(Fuerza Popular), dijo que los miembros del Gabinete deberán explicar los
alcances de los decretos.
Tras
su análisis, el Congreso puede dar su conformidad con los decretos, derogarlos
parcial o totalmente, o modificarlos, aunque para esto debe presentar un
proyecto de ley.
ANTICORRUPCION, PERSECUCION,
JUDICIALIZACION POLITICA
Gestión
El mes pasado, Reuters
informó que Odebrecht había cerrado un acuerdo para vender su participación al
constructor canadiense Brookfield. Bloomberg informó una semana después que
China National Petroleum Corporation estaba compitiendo con Brookfield para
comprar la participación.
Sin embargo, ningún
acuerdo se ha anunciado menos de dos semanas desde la fecha límite de
financiación, el 23 de enero.
Sempra Energy se retiró de
las negociaciones en noviembre cuando el gobierno se negó a absolver a la
empresa si se enterase de que Odebrecht cometió actos de corrupción al ganar la
licencia, lo que anularía el contrato bajo la ley peruana.
En estas circunstancias,
cualquier comprador de la participación de Odebrecht correría el riesgo de
perder el contrato.
El ministro de Finanzas,
Alfredo Thorne, reiteró el viernes en Radio Capital que el gobierno no haría
una excepción a los estatutos de corrupción y celebraría una nueva subasta
pública si el plazo transcurre sin financiamiento.
Con su futuro en el Perú
dudoso, Odebrecht está tratando de mantener sus proyectos actualmente en
construcción.
Expreso
Este 23 de enero vence el
plazo para que Odebrecht y las otras empresas que participarán en la obra
confirmen que tienen el financiamiento para el Gasoducto del Sur.
Según Manuel Romero Caro, se
abren dos posibilidades.
La primera es que llegue
el 23 de enero y los participantes del proyecto no hayan conseguido el
financiamiento. Este sería el fin del contrato, con lo que cesaría también el
pago a través de los recibos de luz.
Lo segundo que podría
pasar es que sí logren el financiamiento, pero el Ejecutivo se niegue a firmar
una adenda “de bancabilidad”, mediante la cual se estaría mejorando las seguridades
para los bancos de recuperar sus préstamos. “El Gobierno puede no firmarla y,
si no se da la adenda de bancabilidad, se acaba también el proyecto”, sostiene.
Pero existe al miosmo
tiempo la llamada “cláusula anticorrupción”, que el Gobierno ha dicho que no
retirará de ningún modo.
“Esta cláusula dice bien
claro que si algún funcionario del consorcio o de cualquiera de los del
consorcio –funcionario, asesor, etcétera– hubiera dado un soborno, o hubiera un
intento de sobornar, el contrato se acaba”, añade y recuerda que Odebrecht ya
ha admitido ante la justicia de los Estados Unidos que sobornó entre los años
2005 y 2014 a funcionarios públicos del Perú para hacerse de proyectos y sucede
que el único proyecto en 2014 fue el Gasoducto.
“Resumiendo, el contrato
muere solo”, opina.
Sostiene que esto dejaría
al Estado peruano en condiciones de ejecutar la carta fianza de 350 millones de
dólares que el concesionario entregó al Estado para garantizar el cumplimiento
de sus obligaciones.
“Todo el Perú sabe que ha
habido soborno, todo el mundo sabe que este contrato es un abuso, que cada vez
que prendemos la luz estamos contribuyendo a pagar los excesos”.
(…)
…el PBI de Lima es más de
ocho veces y media el PBI sumado de Arequipa, Moquegua y Tacna, y sin embargo
Lima debe estar en 530 o 540 millones de pies cúbicos día, y Lima se ha
demorado 12 años en llegar a esa meta. El 2004 terminó Camisea, acaba de
terminar el 2016, es decir, 12 años se demoró Lima en llegar a ese nivel, y
pretenden que la región sur pueda tener ese mismo nivel con respecto al
Gasoducto del Sur. Es una meta groseramente sobreestimada.
(…)
El Comercio, editorial
Primer acto. A poco de terminar el año
pasado, la presidenta del Consejo de Defensa Jurídica del Estado, Julia Príncipe,
anunció en una entrevista a RPP que el fiscal de la Nación, Pablo Sánchez, ya
tenía los nombres de los implicados en el Caso Odebrecht, en el que se
investiga el pago de millonarias coimas a antiguos funcionarios del gobierno.
Pocos días después, sin embargo, y como
respuesta a la presión generada sobre la fiscalía para que revele la identidad
de los implicados, Sánchez tuvo que aclarar en una conferencia de prensa que,
en realidad, él no tenía esos nombres hasta ese momento. Y tampoco nadie más de
la fiscalía.
Segundo acto. El congresista Mauricio Mulder
alertó que “todos los peruanos le seguimos pagando a Odebrecht en nuestra
factura de luz”. Ello en referencia al cargo por “Afianzamiento de la seguridad
energética” que efectivamente cobran las empresas eléctricas y que sirve como
garantía para el gasoducto sur peruano (GSP), cuyo consorcio constructor cuenta
con la participación de Odebrecht como principal accionista. En paralelo, las
bancadas aprista y fujimorista presentaron sendos proyectos de ley para dejar
sin efecto el cobro, mientras que congresistas de Acción Popular y Alianza por
el Progreso anunciaron iniciativas similares.
Lo que no parecen estar tomando en cuenta los
legisladores es que el origen del cobro cuestionado –que desde esta página
hemos criticado duramente, así como el proyecto del gasoducto en su integridad–
no se encuentra únicamente en la ley que lo regula y que se pretende modificar,
sino también en el contrato de concesión firmado entre el Consorcio del GSP y
el Estado Peruano. Y un contrato –más allá del impacto mediático buscado por
los parlamentarios– no se puede modificar por una ley.
Resulta paradójico, por lo demás, la súbita
indignación de congresistas como Mulder, Lourdes Alcorta y Marisol Espinoza,
entre otros, por la norma que permitió el referido cobro en los recibos de
electricidad, cuando ellos mismos votaron a favor de su aprobación en diciembre
del 2012.
Tercer acto. La congresista de Alianza para
el Progreso Marisol Espinoza sostuvo que, con el fin de recuperar los fondos de
los ciudadanos y dejar de subsidiar las ganancias de Odebrecht, deberían
congelarse sus cuentas. Por su parte, mediante un oficio, la también
parlamentaria Yeni Vilcatoma solicitó el embargo de los bienes y el resto de
activos que mantiene la constructora en nuestro país como una medida que
garantice el eventual pago de una reparación civil.
La decisión sobre la oportunidad y el
sustento para solicitar tales medidas (que solo pueden ser dictadas por un
juez), no obstante, corresponden a la fiscalía y a la Procuraduría
Anticorrupción. No al Congreso. Y flaco favor le hacen a la estrategia de los
órganos de justicia, la presión política y los destemplados reclamos de los
parlamentarios.
Las tres secuencias descritas conforman una
obra que lamentablemente ya hemos presenciado antes. En su afán por capturar la
atención de las cámaras, nuestros políticos y autoridades nos tienen
acostumbrados a improvisadas afirmaciones que aparentan contundencia, pero que
en realidad carecen de sustento y terminan siendo contraproducentes.
Cierto es que la corrupción de Odebrecht y
demás empresas y funcionarios involucrados en el Caso Lava Jato ameritan los
más categóricos repudio y sanciones previstas en la ley. Caiga quien caiga, en
el sector público y en el privado y sin importar lo encumbrada de su posición.
Pero para llegar a esos resultados, se requiere más prudencia y menos show.
El Comercio
Las condiciones de la vacancia
Fernando Rospigliosi
Por desgracia para la estabilidad del país,
la posibilidad de vacancia presidencial ya se discute abiertamente. Dos de las
tres condiciones básicas para derrocar presidentes por la vía constitucional ya
están presentes. Falta, sin embargo, la tercera, que es la más importante y
decisiva. (Aníbal Pérez-Liñán, “Juicio político al presidente y nueva
inestabilidad política en América Latina”).
La primera es que se produzcan escándalos
políticos que afecten al presidente. Esa condición existe desde el principio y
de sobra.
Y ahora toca directamente a Pedro Pablo
Kuczynski (PPK) el más grande caso de corrupción descubierto en los últimos
tiempos, los sobornos pagados por Odebrecht a altos funcionarios públicos de
los tres últimos gobiernos. PPK fue ministro de Economía y presidente del
Consejo de Ministros en el gobierno de Alejandro Toledo, y el asunto puede
alcanzarlo.
Como dice Augusto Álvarez Rodrich, “si ese
expediente [Odebrecht] evoluciona de manera desfavorable para PPK, casi que no
hay que ser muy zahorí para suponer que, entonces, el fujimorismo lo utilizaría
para organizar su vacancia presidencial” (“La República”, 5.1.17).
PPK y algunos de sus seguidores, en su
ingenuidad, creen que eso no es posible porque es inocente y él no recibió
coimas. ¿Y eso qué tiene que ver? Lo que hace el Congreso es un juicio político
y, en ciertas circunstancias, lo puede vacar aunque sea inocente.
En el caso más reciente, a Dilma Rousseff la
sacaron de la presidencia acusándola de maquillar las cuentas fiscales, porque
no podían probarle ningún acto de corrupción.
En el primer caso registrado en América
Latina (AL), precisamente en Brasil, vacaron a Fernando Collor de Mello en 1992
(en realidad renunció poco antes de la votación) acusándolo de corrupción. Años
después Collor fue absuelto por el Poder Judicial de todos los cargos.
Entiéndase bien, entonces, la culpabilidad o
inocencia no es relevante a la hora que el Congreso toma la decisión.
La segunda condición para la vacancia es que
haya una mayoría en el Parlamento dispuesta a hacerlo. Eso ya existe, también
desde el primer día. En realidad, cuando las cosas se ponen mal para el
presidente, los congresistas pasan a la oposición rápidamente. Alberto Fujimori
tenía mayoría en el 2000 y los congresistas cambiaron de bando. Igual ocurrió
con Dilma y con muchos otros presidentes destituidos.
Pero no bastan las dos primeras. La tercera
es la más importante: que la economía vaya muy mal y que estén las masas en la
calle protestando contra el gobierno y enfrentándose a las fuerzas del orden.
Por ejemplo, cuando Alan García intentó vacar
a Alejandro Toledo en el 2004, tenía las dos primeras condiciones, pero le
faltó la tercera
–la economía crecía y la gente estaba cansada
de protestar– y no pudo cumplir su objetivo. (Ver esta columna “Cuando Alan
quiso derrocar a Toledo”, “La República”, 24.2.13).
Ese es el tema fundamental, el descontento
popular por la mala situación económica. Cuando hay empleo e ingresos, la
población es mucho más comprensiva con la corrupción y los escándalos. Pero
cuando va mal, la corrupción se vuelve intolerable.
El objetivo de la vacancia sería, obviamente,
adelantar las elecciones. Hay muchísimas variantes de quién se encarga de la
transición.
En síntesis, la posibilidad de una
destitución del presidente es muy real. Nadie puede predecir con certeza si se
concretará algún día o no. Depende de cómo se desenvuelvan los actores
políticos, pero, sobre todo, del desempeño de la economía que a su vez está
vinculada a factores externos incontrolables desde aquí.
Quizás en un lapso de seis meses a un año se
produzca una crisis y se tensen las fuerzas a favor y en contra de la vacancia.
Contrariamente a lo que algunos sostienen, la
destitución de PPK no significaría necesariamente el quiebre de la democracia,
pero sí crearía un indeseable período de inestabilidad que no ayudaría a la
recuperación económica.
Hay personas que creen que es preferible no
hablar de los peligros y que es mejor expresar buenos deseos. En verdad yo
también deseo que en el 2017 los peruanos manejemos con prudencia y respetemos
las normas de tránsito, que no arrojemos basura en las playas y las calles, que
el Perú vaya al Mundial, que no continúen los conflictos sociales y que no se
produzcan enfrentamientos y haya estabilidad política. ¡Feliz año!
Gestión
En cooperación con los
fiscales peruanos, la constructora brasileña Odebrecht nombrará funcionarios que
pagaron 29 millones de dólares en sobornos entre 2005 y 2014, según Perú Reports.
La policía de Brasil dijo
el año pasado que habían obtenido evidencia de sobornos pagados por Odebrecht a
Ollanta Humala. Otros documentos relacionados con los Papeles de Panamá
muestran que un asociado vinculado a Alejandro Toledo pudo haber recibido pagos
de Odebrecht.
Peru21
El Congreso reiniciará mañana la investigación
a la ejecución de cuatro proyectos del gobierno de Ollanta Humala:
la línea 2 del
Metro de Lima, el Gasoducto del Sur, los contratos de exportación
del gas de Camisea y la modernización de la Refinería de Talara.
En
total, son 180 días hábiles los que se le ha otorgado para este trabajo, de los
cuales los primeros 90 días se dedicarían a la obra de transporte ferroviaria y
a la del gasoducto.
En julio vence el plazo para que la comisión investigue los cuatro
proyectos de Ollanta Humala.
Quienes integran el grupo son Daniel Salaverry (FP), Nelly Cuadros (FP),
Edmundo del Águila (AP), Manuel Dammert (FA), Sergio Dávila (PpK), Gloria
Montenegro (APP) y Jorge del Castillo (Apra).
De acuerdo con el presidente de la comisión, son más de 1.2 millones de
folios que han recibido sobre estas cuatro obras que tienen que investigar.
