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MEDIA
COLUMNA
Un momentito
Jorge Morelli
@jorgemorelli1
jorgemorelli.blogspot.com
Acá
parece estarse gestando un grueso malentendido.
Aparentemente, Odebrecht está pensando devolverle
la concesión del Gasoducto al Estado en la errada creencia de que -si el
consorcio no logra conseguir los 4 mil millones de dólares de financiamiento
que faltan y todo indica que no lo logrará-, el contrato sería rescindido y que,
entonces, el Estado subastaría los activos del proyecto y le devolvería –así lo
estipula el contrato- unos 1,600 millones de dólares invertidos en el
proyecto.
He
aquí el malentendido: el contrato no va a ser rescindido. El contrato es nulo,
inexistente. Nunca nació y lo que no existe no puede ser resuelto o rescindido
o anulado. Es un acto jurídico nulo, viciado en su origen mismo por un acto de
corrupción en la licitación de la concesión del proyecto. Un acto que alteró
los hechos mismos que las partes creían conocer y sobre los cuales creían estar
contratando.
No es
entonces, repito, que el contrato sea anulable, o deba ser resuelto o rescindido,
sino que es nulo. Desde luego, el acto de corrupción en la licitación tiene que
ser debidamente demostrado en las investigaciones.
Se puede,
si se quiere, poner los fondos de lo que se subaste en garantía hasta que la
investigación termine. Es lo que sucedería igualmente –como ha dicho el
ministro de Economía- si Odebrecht vendiera hoy su 55% del consorcio a otra
empresa. No se llevaría el dinero de la venta. Se quedaría en garantía hasta el
final de las investigaciones.
Pero
el Estado peruano no va a devolverle un centavo de esos fondos a Odebrecht, ni
ahora ni después.
De ir
por el camino de la venta y de la ficción de la continuidad del contrato nulo, sin
embargo, el gobierno contagiaría el vicio original al nuevo consorcio.
Con lo
que, cuando más adelante quede probada la corrupción en la licitación original,
y la nulidad del contrato quede en evidencia ante los ojos de todos, el gobierno
igual tendrá que licitar de nuevo el proyecto.
Según
expertos, eso tomaría unos nueve meses. Una gestación, pero no la de un
malentendido, sino la de una nueva vida para el Gasoducto del Sur limpia de
todo contagio de corrupción.
REPORTE DE NOTICIAS en Internet
Las siguientes notas periodísticas de
política y economía han sido seleccionadas, editadas y ordenadas
temáticamente. No se las debe citar como
tomadas directamente de sus fuentes originales, las mismas que se indican sólo
como una forma de reconocer el crédito y agradecer la cortesía.
GOBERNABILIDAD, DEMAGOGIA, AUTORITARISMO,
DEMOCRACIA
ESTA
NOCHE (tomado de El Comercio)
El
desenlace del Gasoducto Sur Peruano podría estar ya decidido. Fuentes de El
Comercio confirmaron que la empresa concesionaria estaría preparándose para
devolver la concesión al Estado y subastar sus bienes para recuperar la
inversión, que a la fecha suma US$1.600 millones.
Cara
al hito del 23 de enero, el panorama para la salida de Odebrecht y el cierre
financiero del proyecto sería complejo. En caso no se concretara, el contrato
se rescindiría dado que el concesionario no habría cumplido con el hito del
cierre financiero.
Dada
esta causa, sin embargo, el contrato establece que el gobierno deberá devolver
al consorcio el 72,5% de lo invertido hasta la fecha, suma que asciende a
aproximadamente US$1.600 millones.
De
ellos, US$1.000 corresponden a los aportes de los tres accionistas y US$600 mil
a un crédito puente que se adquirió para avanzar con la construcción del ducto.
La
liquidación del proyecto y, por tanto, la devolución de lo invertido, se
realizaría mediante tres subastas de los bienes del proyecto.
Por
otro lado, la resolución del contrato significaría también la ejecución de la
carta de garantía del fiel cumplimiento que manejan todos los contratos de
concesión, que en el GSP asciende a US$350 millones.
El Comercio
Entrevista
a Sergio Salinas, profesor de la Universidad Pacífico
-¿Qué implica que el proyecto regrese al Estado?
Como regla general, la caducidad de un contrato genera la obligación al Estado de compensar al concesionario por el valor remanente de la concesión. Sin embargo, cuando la caducidad obedece a un incumplimiento del concesionario -como aparentemente sería el caso en la concesión GSP-, esto, a su vez, genera una obligación de indemnización del concesionario a favor del Estado por los daños y perjuicios que su incumplimiento le ocasione. En tales casos, el Estado está habilitado para proceder a la ejecución de la carta fianza que normalmente se exige en este tipo de compromisos.
-¿Qué recibe el Estado?
Declarada la caducidad de la concesión, corresponde que reviertan al Estado los bienes de la concesión, como terrenos, servidumbres, entre otros, así como los nuevos que hayan sido construidos por el concesionario e integrados a la concesión.
Como regla general, la caducidad de un contrato genera la obligación al Estado de compensar al concesionario por el valor remanente de la concesión. Sin embargo, cuando la caducidad obedece a un incumplimiento del concesionario -como aparentemente sería el caso en la concesión GSP-, esto, a su vez, genera una obligación de indemnización del concesionario a favor del Estado por los daños y perjuicios que su incumplimiento le ocasione. En tales casos, el Estado está habilitado para proceder a la ejecución de la carta fianza que normalmente se exige en este tipo de compromisos.
-¿Qué recibe el Estado?
Declarada la caducidad de la concesión, corresponde que reviertan al Estado los bienes de la concesión, como terrenos, servidumbres, entre otros, así como los nuevos que hayan sido construidos por el concesionario e integrados a la concesión.
En
relación a los pasivos vigentes ya asumidos por la concesionaria frente a
terceros (los bancos), originados por la construcción de la infraestructura
revertida, es un tema discutible. El Estado podría alegar que la asunción de
esta deuda, cuando no hay concesión vigente, es un costo derivado del
incumplimiento del concesionario y debe ser descontado del pago por la
concesión.
(…)
El
Comercio
El
Gasoducto Sur Peruano atravesó malos momentos en el 2016, pero su calvario
persiste en este 2017. Luego de la crisis reputacional de Odebrecht con el
escándalo de los sobornos, la obra quedó paralizada por falta de
financiamiento. A la fecha, sólo se tiene un avance del 34%.
El
'pool' de 22 bancos que financiaba la construcción decidió dejar de
prestar dinero hasta que la empresa brasileña, que controla el 55% de la
concesionaria GSP, abandone
el proyecto.
Ahora,
el GSP corre contra el
reloj, pues el consorcio operador –también compuesto por Graña y Montero y la
española Enagás-tiene plazo hasta el 23 de enero para presentar al Estado un
financiamiento aprobado por los bancos internacionales que financiarían la
obra.
Si
esto no se cumple, el Estado estaría en facultad de declarar “la terminación de
la concesión por causa imputable al concesionario” y a “ejecutar la garantía de
fiel cumplimiento por los daños y perjuicios ocasionados, de acuerdo al
contrato”.
El
Comercio
El
lunes, el ministro de Economía y Finanzas, Alfredo Thorne, anunció que la
cláusula anticorrupción presente en los contratos de concesión del Estado
dictamina que, de encontrarse algún hecho ilegal, el concesionario perdería
todo derecho sobre el proyecto. Este es el riesgo que correría cualquier
empresa que buscara comprar el 55% de la brasileña.
Thorne
agregó que “Odebrecht, si es que vende, no cobraría su participación por el Gasoducto del sur. Ese dinero pasa a ser
garantía en caso haya eventos de corrupción.
El Comercio
La
obra de infraestructura más cara en la historia del Perú, el gasoducto sur peruano,
podría volver a ser licitada debido al escándalo de corrupción que Odebrecht,
su principal accionista, enfrenta mundialmente.
Según
el hito del contrato aún vigente, la empresa concesionaria Gasoducto Sur Peruano (GSP) –compuesta por Odebrecht,
Graña y Montero y Enagás– tiene hasta el 23 de enero para que los bancos
internacionales hagan efectivo el primer préstamo para la obra. Para ello, es
fundamental que Odebrecht concrete la venta del 100% de sus acciones en el
proyecto.
Tras
una primera caída de la negociación con el consorcio Sempra-Techint, se conoció
que el fondo canadiense Brookfield y la china CNPC estaban interesados en
negociar su participación. Según fuentes de El Comercio,
de ambos, solo Brookfield habría presentado documentos escritos y, además,
estaría aún realizando el ‘due diligence’ para presentar la oferta definitiva.
“CNPC ha tenido reuniones de interés pero aún no ha presentado una oferta
formal”, dijo la fuente.
El
Comercio
¿Cuánto
demoraría volver a licitar el proyecto? Se calcula que armar un nuevo esquema
de licitación tomaría, aproximadamente, seis meses.
No
obstante, Sergio Salinas, profesor de la Universidad del Pacífico, “si el
Estado desea revisar y replantear las condiciones de la concesión, la etapa de
diseño y estructuración de la nueva concesión puede tomar unos 9 a 12 meses
(contratación de asesores técnicos, estudios complementarios, entre otros) y
unos seis meses más, cuando menos, para la etapa licitatoria”.
El Comercio
La
empresa Graña y Montero tiene el 20% de las acciones del
consorcio GSP, y el 29% de la constructora del proyecto, Ductos del Sur.
La
caída del valor de las acciones de Graña y Montero desde el inicio del año, tanto en
la BVL como en la bolsa de Nueva York, puede interpretarse como un voto de
desconfianza del mercado sobre la continuidad de la concesión del Gasoducto del
Sur.
“Los
inversionistas ya están interiorizando que el proyecto se caerá”, afirma Marco
Alemán, analista de inversiones de Kallpa SAB.
“Si
[Graña y Montero]
solo sale del Gasoducto habrá una caída. Pero hay un riesgo sistémico de que el
Estado prohíba a la empresa participar en más licitaciones si el caso de
Odebrecht la alcanza. Ese escenario sería mucho peor”, añade Alemán.
Expreso
Contrato del gasoducto es nulo
Luis García Miró
(…)
El numeral 516 (del contrato) determina el concepto ´pago
indebido´, sobre el cual el Concesionario se compromete a que “Ni él ni ninguno de sus
accionistas, socios, empresas vinculadas, ni cualquiera de sus respectivos
directores, funcionarios, empleados, asesores, representantes legales o
agentes, ha pagado, recibido, ofrecido ni intentado pagar o recibir u ofrecer,
ni intenta pagar o recibir u ofrecer en el futuro ningún pago o comisión ilegal
en relación a la Concesión, el Contrato y el Concurso”.
¿Qué dice la confesión de Odebrecht al Fiscal de New York de
la Sección Fraudes de la División Criminal del Departamento de Justicia? “En o alrededor y entre 2005 y
2014, Odebrecht efectuó e hizo aproximadamente US$29 millones en pagos corruptos a oficiales del Gobierno
del Perú para asegurar contratos de obra pública. Odebrecht se benefició con
más de US$143 millones como resultado de estos pagos”.
Ahora leamos qué precisa la cláusula de terminación del
contrato de concesión del Gasoducto del Sur. A través del ítem 20.1, literal
c.6 del convenio del GSP, el Concedente (el Estado peruano) queda facultado a
declarar la resolución del acuerdo “por
la falsedad de cualquiera de las declaraciones y garantías efectuadas por el
Concesionario o por el Operador Calificado, según corresponda, conforme a lo
establecido en el Contrato, en el Concurso o durante la ejecución del
Contrato”.
Entonces resulta evidente que si Odebrecht -releyendo su
propia declaración ante la fiscalía norteamericana- pagó US$29 millones en
sobornos a autoridades peruanas “en
o alrededor y entre 2005 y 2014” –el último año corresponde
precisamente a la fecha en que la corrupta constructora negoció el contrato del
Gasoducto del Sur con el régimen humalista- este gobierno deberá cancelar el
convenio GSP imputando el concepto contractual ´pago indebido´, y convocar
inmediatamente a nueva licitación. No caben parches ni artificios forzados. El
contrato es nulo per se.
ANTICORRUPCION, PERSECUCION,
JUDICIALIZACION POLITICA
El Comercio
La ex
primera dama Nadine Heredia podrá
salir del país, pero deberá regresar cada 30 días para pasar por el control
biométrico impuesto como parte de las reglas de conducta que debe cumplir, en
marco de la investigación por el presunto delito de lavado de activos que
afronta. Así lo estableció la Segunda Sala Penal de Apelaciones.
No se
puede afectar su derecho al trabajo, dijo el colegiado.
Según
fuentes de la fiscalía que han tenido acceso extraoficialmente a la resolución,
la Segunda Sala Penal de Apelaciones - conformado por los vocales César
Sahuanay, Iván Quispe y Jessica León- confirmó la decisión que tomó el juez
Richard Concepción Carhuancho en primera instancia de rechazar el pedido
formulado por el fiscal Germán Juárez Atoche para que Nadine Heredia cumpla prisión
preventiva, debido a que ella no violó las reglas de conducta que se le
impusieron.
El Comercio
Gustavo
Navarro, ex miembro del Comité
Pro Seguridad Energética de ProInversión, el que se encargó del proceso
de concesión del Gasoducto del Sur Peruano,
señaló que acudió tres veces a Palacio de Gobierno y que en una de estas
reuniones estuvo presente la ex primera dama Nadine Heredia "acompañando" al ex
presidente Ollanta Humala.
También
precisó que después de las tres reuniones en Palacio, se conocieron las bases
para la adjudicación del megaproyecto energético a cargo de la empresa
Odebrecht, actualmente paralizado.
El
proyecto Gasoducto Sur se entregó en junio del 2014 a la empresa brasileña
Odebrecht.
El Comercio
El
brasileño Jorge Barata fue
el máximo representante de Odebrecht en el Perú durante 12 años. Desde la caída
del fujimorato hasta los inicios del gobierno de Ollanta Humala, el llamado
“virrey” de la constructora fue asiduo visitante de Palacio de Gobierno: acudió
16 veces en la segunda administración aprista y dos más en la gestión
nacionalista, según el informe Pari.
Barata,
al igual que otros 60 ejecutivos de Odebrecht, se ha sometido al programa de
delación premiada en Brasil. Es decir, entregará información respecto a la red
de corrupción que la empresa armó en América Latina a cambio de la reducción de
su pena o de la anulación de esta.
El ex
congresista Juan Pari, quien dirigió la Comisión Lava Jato del Parlamento
anterior, aseguró que el ex director ejecutivo de Odebrecht Latinvest Perú “es
el hombre clave en las negociaciones que hubo”, en clara referencia a los
sobornos de US$29 millones que la firma brasileña admitió haber pagado como
sobornos en nuestro país entre el 2005 y 2014.
El Comercio
El
procurador anticorrupción Amado Enco anunció que solicitó a la fiscalía incluir
como investigados a Marcelo Bahía Odebrecht, ex CEO de la empresa brasileña;
Jorge Henrique Simoes Barata, ex representante de Odebrecht en el Perú; y el
empresario peruano Gonzalo Monteverde Bussalleu.
Según
el informe de la comisión parlamentaria que presidió Juan Pari, Monteverde
habría entregado por medio de otras empresas el dinero con el que la
constructora pagó a funcionarios de los últimos tres gobiernos.
Este
anuncio lo hizo Enco en compañía de la presidenta del Consejo de Defensa
Jurídica del Estado (CDJE), Julia Príncipe.}
Pero
esos no son todos los requerimientos: también ha solicitado la declaración
indagatoria como testigos de más de 80 funcionarios y ex funcionarios. En este
grupo se encuentran diez ex ministros y nueve ex gobernadores regionales.
El
presidente Pedro Pablo Kuczynski está en la lista de funcionarios que deberán
rendir su declaración ante el Ministerio Público si el fiscal Castro así lo
considera.
El
mandatario figura por su condición de ex miembro del consejo directivo de Pro
Inversión cuando fue ministro de Economía en el gobierno de Alejandro Toledo.
Además
de estos funcionarios, la defensa del Estado ha requerido que los tres últimos
presidentes –Toledo, Alan García y Ollanta Humala– acudan a prestar sus
declaraciones.
La
ex alcaldesa de Lima Susana Villarán también está incluida en el grupo de más
de 80 personas que pasarían por el despacho de Castro.
Testimonio
pedidos
Pedro
Pablo Kuczynski , ex ministro de Economía
Juan
Valdivia, ex ministro de Energía y Minas
Luis
Miguel Castilla, ex ministro de Economía
Jorge
Merino, ex ministro de Energía y Minas
Carlos
Paredes, ex ministro de Transportes
José
Gallardo, ex ministro de Transportes
Enrique
Cornejo, ex ministro de Transportes
José
Ortiz, ex ministro de Transportes
Verónica
Zavala, ex ministra de Transportes
Carlos
Bruce, ex ministro de Vivienda
José
Murgia, ex gobernador de La Libertad
Félix
Moreno, actual gobernador del Callao
Jorge
Acurio, ex gobernador del Cusco
René
Concha, ex gobernador del Cusco
Nery
Saldarriaga, ex gobernadora de Lambayeque
José
Luis Milla, ex gobernador de Áncash
César
Villanueva, ex gobernador de San Martín
Robinson
Rivadeneyra, ex gobernadora de Loreto
Yehude
Simon, ex gobernador de Lambayeque
