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MEDIA COLUMNA
El premio consuelo
Jorge Morelli
@jorgemorelli1
La decisión del Congreso de devolver sus aportes a los pensionistas de
la ONP va a costar entre 13 y 15 mil millones de soles. Es impagable.
De la ONP sale todo lo que entra, paga las pensiones con lo que ingresa. Y tampoco le alcanza, el Tesoro tiene que poner encima. De modo que lo que manda
el Congreso lo van a pagar los contribuyentes. Lo financiará el Tesoro con deuda.
Endeudarse es traer al presente un valor que existirá en el
futuro. Pero el Congreso obliga a los peruanos a
gastar hoy lo que no existirá mañana. Lo legítimo es resistir a la demagogia y
ponerle cabe al populismo.
El Ejecutivo va a observar la ley, como ha adelantado. Pero el Congreso
va a insistir y la ley será promulgada.
Los peruanos aun no asimilan este hecho: solo en el Perú y en ninguna
otra parte del mundo el Congreso prevalece siempre sobre el Ejecutivo porque constitucionalmente
está facultado a insistir en una ley observada con solo la mitad de los votos
de la única cámara. En todas partes se exige dos tercios de cada cámara.
Esta será una ocasión más en que los peruanos comprobarán por qué la nuestra
es una democracia de baja gobernabilidad. El equilibrio de poderes no existe porque nuestra arquitectura constitucional tiene una falla. No ha existido nunca equilibrio
de poderes en dos siglos de República.
Desde el Virreinato lo que ha habido es el socorrido recurso informal de que la ley se acata, pero no se cumple. Las cosas no se resuelven, se parchan. El soberano no sabe lo que manda o lo olvida.
El Ejecutivo tiene quince días para observar la ley. El Congreso
insistirá, pero tendrá que levantar todas y cada una de las observaciones del
Ejecutivo, que serán decenas. Y eso tomará tiempo. Luego, la ONP tendrá plazo para
organizar las solicitudes, otros treinta días para pagar la primera mitad del
retiro y otros noventa para la segunda mitad. Se irán seis meses en esto. Todo
quedará suspendido, sin embargo, porque para entonces el Ejecutivo habrá presentando
una demanda ante el Tribunal Constitucional ya que, en efecto, la ley es inconstitucional:
el Congreso no tiene iniciativa de gasto.
Mientras tanto habrán tenido lugar las elecciones y este Congreso demagógico
habrá dejado de existir. Vendrá otro igualmente demagógico, al que el gobierno
entrante pedirá facultades delegadas para legislar sobre la eternamente esperada
reforma del sistema previsional.
Es que el Congreso nunca ha entendido la astuta disposición constitucional
–invento de Oscar R. Benavides, que Fernando Belaunde reivindicaba- que permite
al Ejecutivo compensar la falta de equilibrio de poderes permanente con una delegación
de facultades aunque sea pasajera.
Es el premio consuelo.
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