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MEDIA COLUMNA
La batalla que nadie necesita
Jorge Morelli
@jorgemorelli1
jorgemorelli.blogspot.com
El gobierno
pepekausista es de una ingenuidad conmovedora. Ahora no se le ha ocurrido nada
mejor que reclutar como aliados a los gobiernos regionales para lo que, por lo
visto, considera la madre de todas las batallas, el pedido de facultades al
Congreso.
Solo que es esa no
solo no es la madre de todas las batallas sino que es una batalla que no
necesita. Una que, además, no puede ganar sino convenciendo por las buenas al
Congreso.
Los gobiernos
regionales, con todo respeto, salen sobrando en ese cortejo nupcial. Y les
convendría, además, abstenerse de tomar partido. No hay que olvidar que es el
Congreso y no el Ejecutivo, después de todo, el que aprueba la ley de
Presupuesto y asigna las partidas a las regiones.
Convencer al
Congreso, de otra parte, pasa por convencer primero a la opinión pública. Si el
pedido de facultades tiene razón, y la opinión pública, por así decir, lo compra,
el Congreso no levará el puente ni se atrincherará tras los muros a la espera
de un asedio tan inútil como innecesario.
Pero el gobierno no
le ha vendido hasta ahora el pedido a la opinión pública. No ha podido hacerlo
porque no ha hallado las palabras. Y no las halla porque, básicamente, el
pedido de facultades no es necesario.
Lo necesario es que
la opinión pública participe y se involucre en las reformas que el país
necesita. Reducir la pobreza -o al menos impedir que buena parte de la nueva
clase media recaiga en la pobreza- es importante. Formalizar la economía y el
empleo es indispensable.
Mantener el dispendio
actual en los programas sociales, sin embargo, no va a reducir la pobreza. Lo
que reducirá la pobreza es el crecimiento de la economía. Igualmente, bajar los
impuestos no va a avanzar la formalización. Lo que la hará avanzar es el
crecimiento de la economía.
Desgraciadamente, en
este momento, el crecimiento de la economía no depende del gobierno. Depende de
la inversión privada. No importa lo que el gobierno intente, no hará ninguna diferencia
por la vía de la inversión pública salvo para empeorear las cosas si apuesta
temerariamente y pierde, como está haciendo.
PPK no lo ignora. Por
eso viaja a China, a buscar una inversión masiva en refinerías de cobre en el
Perú. Pero esas refinerías dependen del Gasoducto del Sur. Y este acaba de
sufrir un golpe mortal. En efecto, siete años atrás, el mega proyecto de 7,500
millones de dólares era uno de 1,300 millones de dólares. ¿Cómo es que, entre García y Humala , se convirtió en casi seis veces más caro? Alguien va a
tener que explicar esto. Y, mientras tanto, ¿la obra va a continuar? ¿El
comprador de la parte de Odebrecht en el proyecto, ¿no va a preguntar qué me
han vendido? Al menos en el corto plazo, el mega proyecto se va a ahogar en un
mar de investigaciones y procesos arbitrales y penales.
El crecimiento de la
economía, por lo tanto, no va a venir de allí. Al menos no por ahora. Puede
venir, en cambio, de la inversión en los grandes proyectos mineros.
Pero bajo la
condición de un rediseño de la relación del país con las comunidades. De las
comunidades andinas y amazónicas con las empresas mineras y energéticas nacionales
y extranjeras, hasta conseguir retomar la inversión que estaba en camino cuando
el gobierno humalista la arruinó con sus pusilánimes vacilaciones.
Se dirá que fueron
los precios. No es cierto. La caída dr los precios de nuestras exportaciones fue solo el reto ante el
que el Peru pudo y debió reaccionar. No lo hizo, porque el humalismo fracasó
ante él. Eso es todo.
El gobierno actual,
sin embargo, está equivocando de medio a medio su estrategia frente al crecimiento. Para relanzarlo debió reclutar al Congreso en la construcción
de una nueva política pública para abordar y resolver, de una vez y para
siempre, los conflictos entre comunidades y empresas que el radicalismo
instrumenta para sus fines y que paraliza de temor a los gobiernos regionales. En
vez de eso, no obstante, recluta a los gobiernos regionales para ir a una
batalla con el Congreso sobre unas facultades que no necesita.
Aún puede hacerlo.
Dispone para ello de la ventana de oportunidad que le da el hecho de que los
precios del oro aún suben y los del cobre ya no bajan, gracias a que la
política monetaria de EEUU se ve impedida por el momento de subir las tasas de
interés durante el proceso electoral norteamericano y, con algo de suerte,
quizás tampoco lo haga, por un buen tiempo, después de inaugurado el nuevo
gobierno americano.
Este es un verano de
San Juan y puede no durar. Y, en vez de aprovecharlo, el gobierno lo
desperdicia en una batalla superflua por unas facultades que no necesitará
cuando llegue el invierno. Lo que se necesita es pensar en grande, dejar de
confrontar al Congreso y ganarse, ante los ojos de todo el país, su aprecio y
su respeto.
REPORTE
DE NOTICIAS en Internet
Las
siguientes notas periodísticas de política y economía han sido seleccionadas,
editadas y ordenadas
temáticamente. No se las debe citar como
tomadas directamente de sus fuentes originales, las mismas que se indican sólo
como una forma de reconocer el crédito y agradecer la cortesía.
GOBERNABILIDAD,
DEMAGOGIA, AUTORITARISMO, DEMOCRACIA
Expreso
El
Poder Ejecutivo y los gobiernos regionales impulsarán de manera conjunta el
pedido de delegación de facultades legislativas que se presentará ante el
Congreso la próxima semana, informó el premier Fernando Zavala.
“Hemos
discutido con los gobernadores sobre la necesidad de impulsar conjuntamente el
pedido de facultades”, indicó al concluir ayer un segundo día de reuniones con
las regiones en Palacio.
Según
detalló, en el pedido de facultades se incluirá la reforma de Proinversión y
del SNIP.
“Hemos
acordado trabajar juntos para que el pedido de facultades sea aprobado a la
brevedad por el Congreso”, insistió Zavala. El jefe del Gabinete agradeció la
presencia de los gobernadores en la reunión de dos días. Refirió además que se
ha acordado que estas reuniones sean periódicas y adelantó que la próxima será
el 8 noviembre.
El
titular de la Asamblea Nacional de Gobiernos Regiones (ANGR), Edwin Licona,
pidió al Congreso delegar las facultades necesarias al Ejecutivo.
La República,
Correo, vie 2 set
El presidente, Pedro
Pablo Kuczynski, participó
en la segunda jornada de trabajo del Ejecutivo con los gobernadores regionales.
"Estamos
inaugurando una nueva era de colaboración entre las regiones y el gobierno”,
dijo.
El Comercio
No todas las lunas son de miel
Carlos Meléndez
La alta aprobación a favor del presidente
Pedro Pablo Kuczynski es motivo de optimismo para un sector de la opinología.
Algunos interpretan este apoyo como consecuencia de su “estilo” presidencial
potente y campechano, materia extensa de columnas de opinión. Sin embargo,
cabría ser cauteloso por, al menos, dos razones.
Primeramente, notemos que existe una
hipótesis alternativa: tal apoyo no se debe al tipo de liderazgo sino al efecto
luna de miel. Segundo, obnubilarnos con el carisma de la figura presidencial
puede hacernos pasar por alto las serias debilidades políticas de los
integrantes del actual Ejecutivo.
Ya algunos analistas han advertido que el 61%
de aprobación de la gestión de Kuczynski no es excepcional. Según cifras
históricas de Ipsos Perú, en el primer mes de mandato García tuvo 63% y Toledo
59%. Incluso el entonces radicalizado Humala –quien juró por la Constitución de
1979– acopió el 55% de las simpatías. Lo que sí es inédito para un primer mes
de mandato es el elevado apoyo de las clases altas. El “estilo PPK” entusiasma
como nunca antes a las élites limeñas (85% y 72% en los NSE A y B). García se
acercó en el 2006 con el 69% en el A y 64% en el B. Del 2001 en adelante, los
mandatarios comenzaron respaldados fundamentalmente por los NSE D y E,
superando largamente su promedio nacional. Esta es la primera vez que un
presidente, en su período de gracia, no repite dicho patrón.
Cuando un gobierno carece de partido, como el
actual, los pararrayos políticos recaen en los puestos más altos del Ejecutivo.
Además de la presidencia, otros dos cargos claves en la opinión pública son la
Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) y el Ministerio de Economía y
Finanzas (MEF). Después del presidente, son estos roles los que más importan al
proyectar un “estilo” auténtico.
No obstante, los antecedentes no dejan
suficientes razones para ser optimistas. Los datos históricos de Ipsos Perú
indican que cuando Fernando Zavala lideró el MEF (agosto del 2005 a julio del
2006) no despertó pasiones; su promedio de aprobación fue de 20% (solo en sus
dos últimos meses de gestión alcanzó 28% y 27%, respectivamente). Por su parte,
nunca antes tuvimos un MEF tan impopular en su primer mes de gestión. Según la
última encuesta de Ipsos, el 50% de peruanos desaprueba a Alfredo Thorne y un
36% lo aprueba. Ello contrasta con el apoyo que recibieron Kuczynski (2001),
Carranza (2006) y Castilla (2011), con un promedio de diez puntos porcentuales
más –respectivamente– que el del actual ministro. Asimismo, las
desaprobaciones de aquellos en el mes debut nunca sobrepasaron el 23%.
Comparativamente, el inicio del actual
gobierno es menos auspicioso de lo que sostienen emocionados analistas
oficialistas. Además de que la mejor luna de miel no garantiza que las
relaciones no terminen en separación. De hecho, el divorcio entre nuestra clase
política y la ciudadanía parece que fuese estructural, como lo evidencia las
tres gestiones anteriores que tuvieron también sus respectivos momentos de
fugaz enamoramiento.
El Comercio, editorial
El fin antes que el medio
El último miércoles, con el voto favorable de
61 senadores, llegó a su fin el ‘impeachment’ brasileño con la destitución de
Dilma Rousseff de la presidencia. Este proceso que duró más de tres meses desde
que Rousseff fuera suspendida del cargo y asumiera interinamente el entonces
vicepresidente –y hoy presidente hasta el término del mandato en el 2018–
Michel Temer, tuvo lugar en medio de uno de los períodos de mayor inestabilidad
política, económica y social que ha vivido el vecino del oriente.
En el 2015, la economía de Brasil se contrajo
en 3,8%, su mayor caída en los últimos 25 años y el segundo peor desempeño
económico de toda América Latina. Esto sumado a la mayor tasa de desempleo de
los últimos 10 años, la mayor tasa de inflación de los últimos 13 años, la
devaluación de la moneda y la desconfianza empresarial constituyen parte del
legado de Dilma Rousseff.
Pero la desaprobación de la primera mujer
presidenta de Brasil (71% según reportó ayer Ipsos) no se origina únicamente en
su pésimo manejo económico –cuyas raíces, en gran medida, se pueden hallar en
las políticas intervencionistas y el “capitalismo de Estado” que acompañaron al
Partido de los Trabajadores (PT) desde que llegó al gobierno con Lula Da
Silva–, sino también en la percepción generalizada de corrupción que salpica a
su administración y a casi toda la clase política del país.
Como se sabe, la investigación del Caso Lava
Jato –el mayor escándalo de corrupción de la historia de Brasil– ha involucrado
a decenas de altos funcionarios, políticos y directivos de importantes empresas
constructoras, en un esquema que permitió que estas últimas obtuvieran
ganancias ilícitas y millonarias provenientes de la empresa estatal Petrobras.
Todo ello gracias a las obras de infraestructura sobrevaloradas y repartidas
entre las constructoras, a cambio de sobornos y financiamientos políticos, en
los que los miembros del PT desempeñaron un rol protagónico.
A pesar de no haber sido acusada directamente
por corrupción, Rousseff se ha visto envuelta en el escándalo no solo por su
pertenencia al PT, sino también por intentar proteger a su predecesor y padrino
político, Lula Da Silva; en particular, cuando lo nombró ministro de la Casa
Civil, luego de que el ex presidente fuera incluido en las investigaciones, con
el único y bochornoso fin de blindarlo con inmunidad y evitar, así, su arresto.
Como se aprecia, Dilma Rousseff está muy
lejos de la santidad, pero sus pecados no condonan el camino escogido por sus
detractores en el Legislativo brasileño. A diferencia de lo que ocurre en la
aritmética, en este caso, dos negativos no hacen un positivo.
De hecho, el juicio político a Dilma Rousseff
no tuvo nada que ver con la corrupción ni la paupérrima situación económica del
país. Al menos, no formalmente. De lo que se acusó a la ex mandataria fue de
una presunta violación de normas fiscales, con énfasis en la palabra
‘presunta’, pues dicha infracción no ha sido probada. Más aun, como varios
analistas brasileños han advertido, la práctica imputada de conseguir el
préstamo de bancos estatales para maquillar el déficit fiscal (la llamada
‘pedalada’) no era ajena a las administraciones anteriores, y nunca antes se
había considerado como merecedora del ‘impeachment’. Lo que hace pensar que el
fin (la destitución) ya estaba definido y solo faltaba el medio (la
justificación).
Que el proceso llevado a cabo haya estado
dentro de las fronteras legales y constitucionales del ordenamiento brasileño
no lo justifica ni exime de reproche. Pues el ejercicio excesivo de esta
prerrogativa desnaturaliza la figura misma del juicio político –que, por la
severidad de sus consecuencias, debiera estar reservado para casos realmente
graves– y flaco favor hace a la estabilidad democrática del gigante de
Sudamérica que, en menos de 30 años, ha presenciado la destitución de dos de
sus cuatro presidentes electos. Aunque es de esperar que la situación política
y económica de Brasil mejore, ello no se debiera lograr a costa de la
institucionalidad y el respeto a la voluntad popular puesta de manifiesto en
elecciones democráticas, con prescindencia del color partidario que resultare
ganador en ellas.
El Comercio
Cuando las barbas de tu vecino veas pelar…
Fernando Rospigliosi
La destitución de Dilma Rousseff añade un
nombre adicional a la lista de más de una docena de presidentes derrocados por
medios legales o semilegales en América Latina en el último cuarto de
siglo.
La ola empezó precisamente en Brasil cuando
el presidente Fernando Collor de Mello fue procesado por el Parlamento por
presuntos actos de corrupción en 1992, a los dos años de iniciado su mandato.
Collor renunció cuando se vio perdido, pero igual el Senado lo encontró
culpable y lo privó de sus derechos políticos por ocho años.
Paradójicamente, el rival político al que
Collor había derrotado en las elecciones, Lula da Silva, dijo en aquella
ocasión: “No se puede negociar con un hombre que ha robado millones”. Ahora la
discípula y sucesora de Lula ha atravesado por un trance similar y él mismo
está denunciado por hechos de corrupción que empequeñecen los de Collor.
En 1994 Collor fue absuelto de varios de los
cargos que le habían imputado y en el 2014 la Corte Suprema terminó de
absolverlo de otras acusaciones. En realidad, el telón de fondo de la
destitución del presidente brasileño fue la crisis económica –más de 1.000% de
inflación, millones de desempleados–, el descontento popular y cientos de miles
de manifestantes protestando en las calles.
Allí se perfilaron los ingredientes para la
nueva forma de derrocar presidentes en el continente: desilusión y enojo de los
ciudadanos causado generalmente por la mala situación de la economía, protestas
callejeras, acusaciones de corrupción –ciertas o infundadas, no importa– al
mandatario y su gobierno, y destitución por el Parlamento o renuncia forzada
ante la inminencia de una censura.
Antes el mecanismo usual en América Latina
para terminar –es un decir– las crisis políticas, era el golpe militar. Eso
cambió desde principios de la década de 1980, entre otras cosas por la
modificación de la política norteamericana que pasó de promover o respaldar los
cuartelazos a rechazarlos e impedirlos. En el Perú, un ejemplo notorio fue el
del embajador Alex Watson en 1988-89 disuadiendo –exitosamente– el golpe que
preparaban un grupo de militares y algunos civiles contra Alan García.
El último golpe triunfante en el continente
fue el del general boliviano Luis García Meza en 1980, que duró solo un par de
años, incluyendo los cortos períodos de otros dos militares que lo sucedieron
por disputas entre mafias.
El nuevo mecanismo para cambiar de gobierno,
que reemplaza a los golpes militares, utiliza formalmente mecanismos
constitucionales y legales, aunque un ingrediente indispensable es la
impopularidad del presidente y las masas en la calle, movilizadas por el
descontento suscitado por la política del gobierno.
Así, además de Collor de Mello (1992) y Dilma
Rousseff (2016) en Brasil, han caído Carlos Andrés Pérez (1993) en Venezuela;
Jorge Serrano Elías (1993) y Otto Pérez Molina (2015) en Guatemala; Abdalá
Bucaram (1997), Jamil Mahuad (2000) y Lucio Gutiérrez (2005) en Ecuador; Raúl
Cubas Grau (1999) y Fernando Lugo (2012) en Paraguay; Alberto Fujimori (2000)
en el Perú, Fernando de la Rúa (2001) en Argentina, Gonzalo Sánchez de Lozada
(2003) y Carlos Mesa (2005) en Bolivia. Catorce en total en veinticuatro años,
una cifra no muy distinta a la del anterior método de golpes militares para
tumbar presidentes.
El gobierno de PPK es frágil, aunque por el
momento no lo parezca así. Es minoría absoluta en un Congreso dominado por una
oposición agresiva, no tiene un partido ni muchos operadores políticos y carece
de aliados confiables. En gran medida, depende de su popularidad, del respaldo
de los ciudadanos, que a su vez estará vinculado a su buen desempeño sobre todo
en la economía, la seguridad y la conflictividad social.
No hay nada que esté predeterminado, no se
puede asegurar que habrá una ruta u otra en un país volátil y poco
institucionalizado.
No obstante, es conveniente reflexionar sobre
lo ocurrido ahora en nuestro gigante vecino y no olvidar el viejo y sabio dicho
español: “cuando la barba de tu vecino veas pelar, pon la tuya a remojar”. Que
significa, en palabras de un antiguo diccionario del siglo XVIII, “refrán que
avisa que tomemos ejemplo en lo que sucede a otro para vivir con recato,
cuidado y prevención”.
NARCOTERRORISMO, INTELIGENCIA, FFAA, DDHH,
USO DE LA FUERZA
Expreso
La
purga iniciada el jueves pasado en la Policía por “invitación” al retiro de 39
generales, entre ellos los jefes del Estado Mayor, general PNP Salvador
Iglesias Paz; y el Inspector General, general PNP Eleuterio Díaz Pérez, es
apenas el inicio de una purga mayor en esta institución. En cualquier momento
se dará a conocer el pase al retiro por causal de renovación extraordinaria a
500 jefes, entre coroneles, comandantes y mayores, dijeron a EXPRESO fuentes
cercanas al Ministerio del Interior.
Hoy es
posible que se publique la relación de coroneles y el domingo las otras. Entre
las causales de renovación figuran medidas disciplinarías administrativas,
profesionales o de cuadros que no tienen cursos de la carrera policial y años
en el grado.
También
figuran en la nómina algunos oficiales con juicios penales que desprestigian a
la institución, además de reingresos por órdenes del Poder Judicial, agregaron
las fuentes.
Para
algunos dentro de la PNP, el ministro Carlos Basombrío ha tomado esta medida
radical (ya anunciada con anticipación como parte del esquema de modernización y
refundación de la PNP prometido en la última campaña electoral por el
presidente Pedro Pablo Kuczynski) porque el Gobierno no tiene logros o medidas
que presentar ante la ciudadanía.
“Primero
salieron con lo del ‘escuadrón de la muerte’ en la PNP, y ahora no saben qué
decir sobre este y otros temas, entonces es un ‘notición’ salir con que
‘Basombrío sacó a 40 generales de la Policía Nacional’ y tienen con esto para
varios días”, dijeron a EXPRESO fuentes policiales naturalmente descontentas.
Como
Basombrío no sabe quién es quién en la PNP, la tarea de la poda la ha
encomendado al director general de la institución, general Vicente Romero
Fernández, “quien ha reunido a su entorno para el armado de una lista de 39 de
los 86 generales que tiene la PNP y el armado de las listas al parecer
continúa”, dijeron las fuentes.
Entre
los generales retirados está Vicente Álvarez, investigado porque estaría al
mando del denominado “escuadrón de la muerte”, un grupo de nueve policías que
supuestamente falseaba información para armar operativos donde ejecutaron al
menos a 20 supuestos delincuentes, para así obtener reconocimientos y
beneficios.
También
figuran los generales José Montesinos Boza, Alberto Papuico Fuentes y Amador
Bacalla Guadalupe, ascendidos por supuesta “acción distinguida” en enero
pasado, cuando era titular del sector Daniel Urresti Elera.
Es de
subrayar que los “invitados” al retiro no pierden ninguno de los beneficios
económicos que les corresponden. Ahora la PNP, después de esta poda, tiene 47
generales.
Quien
puso el dedo en la llaga de la Policía Nacional tras el inesperado paso el
retiro de 39 generales fue el exministro del sector Remigio Hernani.
En
diálogo con EXPRESO,
dijo que hay una gran responsabilidad del expresidente Ollanta Humala por no invitar
al retiro a los generales al fin de año y más bien los mantuvo en sus cargos.
“Es un
maltrato gratuito a buenos oficiales que se pudo evitar. Es una bomba de tiempo
que dejó en la institución Humala Tasso cuando debió dejar solo a 45 generales,
incluidos los de servicios”, comentó.
Remigio
Hernani también es un general retirado de la Policía Nacional y dice conocer a
varios de los altos oficiales que han sido pasados a retiro, a pesar de tener
los lauros y desarrollar una labor encomiable.
“Yo sé
de las virtudes de muchos de ellos, son gente valiosa que no debió salir. He
trabajado con el general Vicente Álvarez Moreno codo a codo desde la época en
que era capitán y jamás lo vi con pasta de asesino. Lo que ha denunciado en su
momento el ministro Basombrío ha ido cambiando. Ya no los llama ‘escuadrón de
la muerte’ sino ‘grupo irregular’. Estoy seguro que la verdad se abrirá paso”,
remarcó.
Respecto
a otros casos inexplicables de pasos al retiro, Hernani recordó al exjefe de la
Policía en el Callao, general Clubber Aliaga.
Calificó
su labor de brillante en el primer puerto del país, además de resolver el caso
del asesinato del exconsejero regional Ezequiel Nolasco, ocurrido en Chimbote
en 2014.
Hernani
opinó que hay un “maltrato constante” del ministro Basombrío hacia el personal
con el que trabaja y con el que debe realizar la mentada modernización. “No
entiendo cómo pudo sacar al general Ramírez, encargado de la Defensoría del
Policía. Lo saca por criticar el uso de la frase ‘escuadrón de la muerte’ en su
reciente denuncia contra un grupo de efectivos, con lo cual ya adelantó
opinión”, advirtió.
Entretanto,
hay posiciones encontradas en el Poder Legislativo ante esta noticia.
Las
dudas se ciernen ahora sobre la gestión del ministro Basombrío y su anunciada
modernización de la institución. La purga ha despertado el rechazo de varios
legisladores que exigen su presencia ante la Comisión de Defensa Nacional para
hacer las debidas explicaciones.
El
fujimorista Octavio Salazar señaló a EXPRESO que es necesaria la presencia del
citado ministro para que explique los criterios de validez para sacar a 39
generales de la Policía.
“Que
nos diga quiénes se están quedando y quiénes están saliendo por un tema de
transparencia para toda la ciudadanía”, anotó.
Indicó
que el número excesivo de generales en la Policía es producto de la “farra”
realizada por Ollanta Humala, “una factura que tarde o temprano tenía que
pagarse por el inmenso gasto en sus planillas”.
Agregó
que hasta ahora no saben cómo Basombrío podrá realizar una modernización si
recién están pidiendo facultades legislativas.
“Tomar
decisiones apresuradas crea descontento y perjudica honras de los oficiales.
¿Dónde queda el respeto?”, dijo Salazar.
Quien
también apoyó para que sea invitado el ministro del Interior a la Comisión de
Defensa es la presidenta de ese grupo de trabajo, Luciana León. Aunque sostuvo
que 19 de los pasados al retiro fue a pedido propio, en el resto hay algunos
oficiales que tenían vínculos con la ex pareja presidencial, como un primo de
Nadine Heredia.
“Hay
oficiales que se beneficiaron por estar cercanos a Ollanta Humala y Nadine
Heredia”, dijo la congresista, aunque no dio los nombres de estos generales.
León
Romero recordó que en la gestión de Alan García dejaron solo 31 generales con
lo que se puede manejar una institución como la policial, pero con más de 80
dejados por Ollanta Humala es imposible y no se han podido solucionar los
problemas de seguridad ciudadana.
El día
jueves el Ministerio del Interior pasó de la situación de actividad a la de
retiro por renovación a 39 generales de la Policía Nacional, hecho que ha
generado malestar en la fuerza policial porque la ley no se habría respetado.
Al
respecto consultamos con el especialista en derecho policial, doctor Juan José
Santiváñez, quien nos concedió la siguiente entrevista.
–Doctor, ¿los pases al retiro efectuados por el
ministro Basombrio han sido legales?
Lamento
decirlo: No. Los pases al retiro de los generales no han sido legales en razón
de que la causal de renovación de cuadros se regula por el artículo 86º del
Decreto Legislativo Nro. 1149, que establece que existen de dos tipos: el pase
al retiro ordinario y el extraordinario. El primero de ellos se aplica en el
mes de diciembre, una vez al año y se hace efectivo a partir del 1 de enero del
año siguiente.
El
segundo, que es el que han aplicado, sólo puede aplicarse, conforme lo previene
la ley, cuando se nombra a un nuevo director general con respecto de los
generales más antiguos al nombrado. No existen otras modalidades. Por tanto,
ninguna de las dos se ha configurado y el pase al retiro de todos es ilegal.
–Pero el ministro Basombrío dice que la ley permite
pasar al retiro al personal a criterio del comando y en cualquier momento.
Eso no
es correcto. Lamentablemente el ministro no ha sido bien asesorado. Lo que
sucede es que cuando se expidió el Reglamento del Decreto Legislativo Nro.
1149, a través del Decreto Supremo Nro. 016, que luego fuera modificado por el
D.S. 018, se contempló esta posibilidad, ampliando de manera irregular el
criterio de excepcionalidad de pase al retiro.
Pero
dicha disposición es ilegal por una sencilla razón: un reglamento, que es una
norma de menor jerarquía, no puede referirse y/o normar aspecto no contenidos
en la ley; en este caso el Decreto Legislativo 1149. Por tanto si la ley sólo
otorga la excepcionalidad para el nombramiento de nuevo Dirgen, el reglamento
no puede extender su aplicación administrativamente.
–¿Eso significa que los generales de la PNP pasados
al retiro pueden demandar al Gobierno?
Sí. A
través de una demanda de amparo constitucional porque se ha vulnerado la ley,
además del precedente vinculante STC 090-2004-TC, que estableció los criterios
objetivos para pasar a un oficial a la situación de retiro por causal de
renovación de cuadros.
–Sin embargo, dentro del grupo de generales pasados
a la situación de retiro se encuentran generales que han sido cuestionados por
diversos motivos. ¿Qué hacer allí?
Yo no
pongo en tela de juicio eso. Se han ido generales que podrían haber estado
cuestionados y otros no. El hecho es que han aplicado la ley mal, y ese solo
hecho hace que el pase al retiro de dichos oficiales sea nulo.
El
ministro ha debido asesorarse bien, buscar la opinión de gente que conozca.
Incluso en alguna oportunidad que conversamos por el Twitter le hice referencia
a que debía cambiar la ley antes de aplicar una reestructuración, que es
necesaria, y comparto su iniciativa. Lamentablemente se ha dejado asesorar por
gente que no conoce el sector y esas son las consecuencias.
El
doctor Santiváñez Antúnez es el más reconocido abogado en temas de derecho
policial y autor del libro “La causal de renovación de cuadros en la PNP”. Ha
estado a cargo de la asesoría de más de cien oficiales reincorporados y es el
abogado que ha litigado en el Tribunal Constitucional los casos más relevantes
vinculados con este tema.
Basombrío
Iglesias reiteró que esta invitación de pase al retiro de los generales no es
una sanción, sino que estos se retiran de su institución “con todos sus grados,
honores y prerrogativas institucionales”.
