ESTA NOCHE miércoles 2 noviembre 2016

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Las preguntas correctas

Jorge Morelli

@jorgemorelli1

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¿Las comunidades andinas y amazónicas tienen o no el derecho de contratar una servidumbre de paso con las empresas mineras o energéticas que sacan la producción por caminos o ductos construidos sobre tierras comunales?

Si la comunidad no tiene título de propiedad sobre esas tierras comunales, sin embargo, ¿mantiene o pierde el derecho de contratar libremente con la empresa?

Estas son las preguntas que es necesario esclarecer y que hasta el momento no tienen respuesta.

En el caso de Las Bambas hay que añadir otras dos cuestiones previas.

La primera es si son tierras comunales las que atraviesan las dos carreteras por las que sale actualmente la producción de la mina.

La segunda es sobre si, en caso de ser tierras comunales, la declaración por la autoridad política de la carretera como “vía vecinal” quita a la comunidad el derecho de contratar con la empresa una contraprestación por la servidumbre de paso.

Son preguntas igualmente sin respuesta. Es más, nadie parece estar haciendo las preguntas siquiera.

Las que se hacen, en cambio, parecen deliberadamente tontas.

Se refieren al daño causado a la actividad productiva de los comuneros por el paso de los camiones de la mina –ya que levantan polvo y hacen ruido día y noche-. Es algo difícil de evaluar que desemboca luego en un debate inconducente sobre los planes originales de construir un mineroducto, que luego fue dejado de lado, y los compromisos posteriormente firmados por el gobierno anterior a sabiendas de que serían incumplidos.

Compromisos que, además, este gobierno tampoco va a poder cumplir, lo que ya sabía el anterior cuando los firmó.

El caso de la mina de Las Bambas es emblemático, como lo fue el de Conga cinco años atrás a comienzos de la gestión humalista que ha destruido la inversión en minería peruana.

La diferencia entre ambos casos emblemáticos es, sin embargo, una entre el día y la noche. Conga era un proyecto grande, pero un proyecto al fin. Las Bambas es una mina en operación cuya paralización tendría masivas consecuencias fiscales.

El objetivo político tras la paralización de Las Bambas es dejar al gobierno sin recursos, agravar el déficit fiscal, obligar al país a entrar en un espiral de endeudamiento y devolver a la pobreza a la mayor parte de los peruanos que estos años pasaron la línea de la pobreza hacia la clase media.

Es decir, recrear las condiciones que casi destruyeron al Perú a fines de la década de los 80.

Ese estado de cosas suele ser el caldo de cultivo de la violencia terrorista. Si a esto se presta la izquierda por complicidad o como tonto útil -da lo mismo- es algo que queda para los analistas.

Si el gobierno quiere resolver esta prueba de fuego, tiene que enfrentarla seriamente empezando por dejar de darle vueltas a asuntos secundarios para hacer las preguntas correctas y darles respuesta de una vez para todos los casos y para siempre .

REPORTE DE NOTICIAS en Internet

 Las siguientes notas periodísticas de política y economía han sido seleccionadas, editadas y ordenadas

temáticamente. No se las debe citar como tomadas directamente de sus fuentes originales, las mismas que se indican sólo como una forma de reconocer el crédito y agradecer la cortesía.

GOBERNABILIDAD, DEMAGOGIA, AUTORITARISMO, DEMOCRACIA

El Comercio

Inicialmente, la carga minera producida en Las Bambas se debía transportar a través de un mineroducto, el cual se iba a conectar con Tintaya, en Espinar (Cusco). Sin embargo, al independizarse ambos proyectos se postergó tal infraestructura. En su reemplazo, se propuso que el transporte se hiciera vía terrestre con una flota diaria de hasta 250 camiones.

La empresa MMG Las Bambas utilizaría una ruta “de acceso público” para sacar el mineral hacia el puerto de Matarani (Arequipa), por lo que incluyó la trocha entre Quehuira y Huancuire, en Cotabambas. Según los comuneros, esta vía no puede ser utilizada para tal propósito, ya que está sobre sus terrenos y los vehículos pesados levantan una polvareda que afecta sus sembríos y viviendas.

MMG refirió que el ex alcalde de Cotabambas Guido Ayerve solicitó al MTC en el 2014 que la trocha fuera jerarquizada como una “vía vecinal”. Esto se concretó el 27 de julio de este año, un día antes de que culminara el gobierno de Ollanta Humala.

Sin embargo, la actual viceministra de Transportes, Fiorella Molinelli, explicó a El Comercio que la jerarquización no es suficiente para que la empresa minera pueda utilizar la vía, ya que eso lo determina el municipio provincial.

Tras el enfrentamiento con la Policía Nacional del viernes 14 de este mes, los comuneros decidieron velar a Quintino Cereceda en la vía para bloquearla. Las cuatro comunidades que rechazaron la tregua propuesta por el Ejecutivo han cavado zanjas en esta trocha para evitar el paso de los camiones, que hoy deben transitar por la antigua ruta que conecta la mina con el distrito de Challhuahuacho (ruta R-73).

Expreso

El enfrentamiento en Tambobamba (Cotabambas, Apurímac) entre comuneros y la Policía ha puesto al descubierto que el pedido de los dirigentes también tuvo motivaciones económicas, según actas firmadas.

En estos documentos, a los que EXPRESO tuvo acceso, se indica que el pasado 22 de marzo de 2016 se reunieron los integrantes de la comisión designados por la Comunidad Campesina de Quehuira, del distrito del Challhuahuacho, Cotabambas, en una asamblea general para dialogar con la empresa Las Bambas, cita en la cual trataron el tema de la carretera, que se encuentra judicializado.

Participaron, en representación de la comunidad, Reymundo Letona Aticos, Moisés Aranguri Contreras y el abogado Jorge Chávez; y por la empresa Gabriel Castillo Devoto, gerente de relaciones comunitarias.

Moisés Aranguri empezó su discurso diciendo que “la empresa nos tiene que aceptar nuestro pedido sobre la carretera-bypass, los 6 millones de dólares”, sostuvo.

Fundamentó su exigencia señalando que se trata de una comunidad en la zona de influencia directa, afectada por la polvareda y el ruido, día y noche.

El directivo de la empresa Las Bambas advierte que no sabe nada del pago de US$ 6 millones y ofrece proyectos que generarán trabajo para la comunidad y pregunta “de dónde salen los 6 millones de dólares que están cobrando”, según señala el acta.

El asesor de la comunidad de Quehuira, Jorge Chávez, insiste en el pago de los 6 millones de dólares porque “no se ha pagado la servidumbre”.

El 5 de junio de 2016, Fortunato Huanca Huacho, presidente de la comunidad Choqquecca-Antio, envía el oficio Nº 16 al gerente de la empresa Las Bambas en el cual dice que esa comunidad propone dialogar sobre el tránsito de minerales por el territorio de la comunidad y cobrar S/ 5,000, S/ 4,000 y S/ 3,000 por cada “cápsula”.

El Comercio

Los alcaldes, presidentes de las comunidades y dirigentes de los frentes de defensa de la provincia de Chumbivilcas, en Cusco, anunciaron esta tarde un paro regional indefinido el próximo 7 de noviembre en protesta contra el proyecto minero Las Bambas.

Guider Puma, del Frente de Defensa de los Intereses del distrito de Velille, uno de los 8 distritos de Chumbivilcas, explicó que su localidad tiene los mismos reclamos de las comunidades adyacentes a Las Bambas.

Entre las principales demandas, figura la inclusión de Chumbivilcas en el ámbito de influencia del proyecto. Asimismo, denuncian el paso de los camiones de la mina por el camino que va de Coporaque a Velille. “Queremos que el Estado se comprometa a poner asfalto de buena calidad en los 200 kilómetros que recorren en Chumbivilcas”, dijo Guider Puma, representante del Frente de Defensa de los Intereses de Velille, distrito de Chumbivilcas.

La decisión se tomó luego de una accidentada mesa de diálogo con representantes de la empresa minera MMG Limited, a cargo de la mina Las Bambas, y funcionarios de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) en el distrito de Ccapacmarca.

“Necesitamos que estén presentes en estas mesas gente con capacidad de resolución”, afirmó el alcalde de Chumbivilcas, David Vera.

Agregó que el lunes enviarán un documento a la PCM para solicitar que lleguen a la provincia cusqueña el jefe de la Oficina Nacional de Diálogo y Sostenibilidad, Rolando Luque, y los ministros de Transportes y Comunicaciones, Martín Vizcarra; de Agricultura, José Hernández; y de Salud, Patricia García.

“Vamos a citarlos para el día 3 de noviembre. Si no vienen en esa fecha, iremos al paro indefinido desde el 7 (de noviembre)”, aseguró.

El Comercio

El anuncio del paro en Chumbivilcas se da a una semana de la visita del primer vicepresidente de la República, Martín Vizcarra, a Cotabambas. En la reunión el también ministro de Transportes y Comunicaciones pidió una tregua de 45 días para analizar sus pedidos y ofrecer soluciones.

A la fecha, cuatro comunidades de Cotabambas no levantan el paro y siguen bloqueando la carretera de acceso a Las Bambas, por lo que el conteo de los días de “tregua” no comienza.

El Comercio

Los moradores locales reclaman que la empresa MMG Las Bambas, a cargo de las operaciones mineras en la zona, les pague por el uso de la trocha de acceso al yacimiento, la cual –dicen– está sobre sus terrenos. La compañía ha señalado que la vía es pública, por lo que puede utilizarla para el transporte de minerales.

Sin solución a la vista, la provincia inició un paro indefinido y bloqueó la vía principal que conduce a la mina, lo cual obligó a suspender durante varios días el transporte del mineral extraído. Una delegación del Ejecutivo –liderada por el primer vicepresidente Martín Vizcarra– llegó a la zona para proponer una tregua de 45 días. De las diez comunidades involucradas, seis aceptaron la propuesta; las cuatro restantes rechazaron la medida y hasta hoy bloquean el camino.

Esta no ha sido la primera protesta contra Las Bambas. En setiembre del 2015, otro enfrentamiento entre los comuneros de Cotabambas y la policía dejó tres fallecidos, todos por impactos de bala. El gobierno de Ollanta Humala entabló mesas de trabajo y diálogo en la zona, las cuales concluyeron con la suscripción de diversos compromisos.

Las comunidades de esta provincia de Apurímac reclaman que todos los acuerdos adquiridos con el gobierno de Humala se cumplan. Estos son algunos de los compromisos pendientes.

1. Sector Salud (Resolución Ministerial 744-2015)
El 20 de noviembre del 2015, el Ministerio de Salud (Minsa) ratificó los compromisos adquiridos con el distrito de Challhuahuacho y la provincia de Cotabambas. El sector Salud había acordado lo siguiente: elaborar un plan multianual de inversiones en la zona; suscribir un convenio para incluir un servicio de ambulancias en los establecimientos de salud de Haquira, Cotabambas y Challhuahuacho; desarrollar una estrategia de afiliación al Seguro Integral de Salud (SIS); brindar asistencia técnica para la construcción de casas maternas; e instalar diez módulos de atención médica. Asimismo, se planteó la construcción de un hospital categoría II-1 (que debía incluir salas de emergencia y hospitalización).

Los proyectos nunca se concretaron. En cambio, el gobierno de Humala fijó un presupuesto inicial de S/7,5 millones para la Red de Salud de Cotabambas, el cual debía ser distribuido durante el 2016; con ello, el Minsa contaría únicamente con S/144 anuales para la atención de cada habitante. Además, pese a que en la provincia existen 39 postas de salud, estas no tendrían el personal suficiente. En el proceso de nombramiento 2016-2018, se determinó que 66 personas (entre médicos, obstetras y enfermeras) fueran asignadas a esta provincia. Es decir, hoy solo habría un profesional o técnico de salud por cada 800 pobladores. Alejandro Agüero, dirigente de la comunidad de Allaua (una de las cuatro que rechazaron la tregua propuesta por el Ejecutivo), explicó a El Comercio que, debido al déficit de personal médico, tienen que viajar hasta Cusco para atenderse.

Este Diario buscó al ex ministro de Salud Aníbal Velásquez, pero dijo no tener información actualizada sobre los cumplimientos de su sector en dichos acuerdos.

2. Sector Transportes (Resolución Ministerial 014-2016)
El 21 de enero de este año, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) resolvió que se declare como prioridad la ejecución de dos proyectos de infraestructura: la conservación de la Red Vial Nacional de Cotabambas (en los ejes Challhuahuacho-Mollepuquio y Challhuahuacho-Ayaviri) y la construcción de 12 puentes en el distrito de Challhuahuacho. Con ello, se mejoraría la conectividad en la zona de influencia de la mina Las Bambas.

El primer proyecto fue licitado en enero pasado al consorcio Vial Sierra, que gestionará y mantendrá ambos ejes viales durante los próximos cinco años. Sin embargo, los puentes –cuya construcción quedó a cargo de Provías Descentralizado (organismo del MTC)– fueron postergados.

3. Sector Agricultura (Resolución Ministerial  0354-2016)
Días antes de culminar su período de gobierno, el 13 de julio último, el Ministerio de Agricultura y Riego (Minagri) ratificó su compromiso  –asumido en el 2015– de ejecutar 17 proyectos menores de riego en Cotabambas, así como la construcción de cinco represas. Se dispuso también el lanzamiento del programa Aliados II en Challhuahuacho, para mejorar las condiciones productivas de las familias campesinas; la identificación de un terreno para la instalación de oficinas del Servicio Nacional de Certificaciones para las Inversiones Sostenibles (Senace) y de Agro Rural; el inicio de una campaña antiparasitaria para 45 mil cabezas de ganado; y la formalización de derechos de uso de agua poblacional.

La actual gestión del Minagri precisó que están pendientes las obras de represamiento y los proyectos menores de riego.

4. Sector Vivienda (Resoluciones ministeriales 180-2015 y 199-2015)
El 70,8% de la población de Cotabambas no cuenta con servicio de agua potable y el 95,6% carece de una red de desagüe. En ese contexto, el Ministerio de Vivienda declaró como prioridad –a través de dos resoluciones– la ejecución de un total de 34 proyectos de agua y saneamiento en la provincia. Los distritos directamente beneficiados serían Challhuahuacho, Coyllurqui, Haquira, Mara y Tambobamba.

Aunque la mayoría de proyectos han sido declarados viables por el Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP) y datan de entre el 2012 y 2015, a la fecha no se han concretado.

5. Sector Inclusión Social (Resolución Ministerial 232-2015)
En noviembre del 2015, el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (Midis) declaró como prioridad la implementación y ejecución del programa de desarrollo productivo Haku Wiñay en la provincia de Cotabambas. Para ello, el sector determinó que este debía funcionar en los distritos de Mara, Challhuahuacho, Cotabambas, Coyllurqui, Haquira y Tambobamba, por lo que se beneficiarían cerca de 2.500 hogares. Se contempló la creación de 24 proyectos en las zonas focalizadas. Pese a ello, el gobierno anterior aprobó para este año un presupuesto de S/1,8 millones para el Fondo de Cooperación para el Desarrollo Social (Foncodes), que está a cargo de Haku Wiñay, en Cotabambas. De esta manera, solo se destinaron S/185 anuales para cada uno de los 9.887 usuarios que tiene el programa social en esta provincia. Asimismo, se contempló la ampliación progresiva de los programas Juntos y Cuna Más. De acuerdo con el actual gobierno, la cobertura nunca se extendió por falta de financiamiento.

LIBERTAD ECONOMICA, GLOBALIZACION, REFORMAS, INVERSION

El Comercio

Entrevista a Alonso Segura

—El ministro Thorne ha dicho que, si el Gobierno no tomaba medidas, el déficit fiscal se iba a 3,8% del PBI.
Hablan de 3,8%, pero en el documento sobre los 100 primeros días ponen 3,5%. ¿Cómo pueden dar dos cifras en simultáneo? Y ninguna es cierta. Me sorprende que Fernando Zavala también hable de 3,8%. Fue ministro de Economía, debería entender que no puede ser cierto.

—¿Por qué?
El Marco Macroeconómico Multianual Revisado de este MEF dice que el déficit será de 3% y ya no 2,5% [como se había proyectado en el marco anterior]. Ello se explica por una nueva proyección de ingresos fiscales realizada por la Sunat, donde se ve un incremento sustancial de las devoluciones anticipadas del IGV a grandes proyectos, como Las Bambas o la ampliación de Cerro Verde, que ya entraron en producción.

—¿Cómo esa proyección se les pasó a inicios de año?
Esas proyecciones son de la Sunat. Y no es que se le pasara, sino que la magnitud [superó la expectativa]. En el 2015, las devoluciones fueron unos S/11.500 millones y en la proyección inicial se pusieron otros S/2.000 millones adicionales. Pero las devoluciones están viniendo por casi S/16.000 millones. Es algo inédito.

—Hasta allí seguimos hablando del 3%. ¿Cómo se llega al 3,5% o al 3,8%?
El gasto no viene creciendo por encima de lo planeado. Lo puedes ver en los reportes de ejecución presupuestal hechos por ellos mismos. Esa es la gran pregunta: ¿de dónde sale un desvío de S/5.500 millones adicionales para llegar hasta 3,8%?

—Thorne dice que dejaron aumentos y otros gastos comprometidos.
Estaban [incluidos] en la trayectoria del gasto a diciembre. Si ellos de verdad tuvieran hoy un déficit que se va hasta 3,8% del PBI, no tendría sentido que generen aumentos de gastos. Sin embargo, mandaron al Congreso una ley para acelerar la ejecución de proyectos de inversión en gobiernos subnacionales [y] adelantaron dos meses el aumento a policías y militares. Esto último estaba presupuestado para julio, y con ello el presidente Humala se iba a ir con su promesa cumplida de aumentar los cinco tramos. Pero lo pateamos a diciembre para darles más holgura. ¿Te imaginas lo que costó eso? Y ahora lo adelantan como gran logro.

—El Gobierno también critica el aumento explosivo del gasto corriente.
Es una discusión válida, pero marcada por ideología y por intereses específicos de que se invierta en infraestructura. Hay que ver de dónde partíamos. El gasto corriente en el 2011 estaba por debajo de 14% del PBI y va a cerrar este año alrededor de 16%. El resto de la Alianza del Pacífico está entre 21% y 22%. En cambio, el gasto de capital sí está al nivel de nuestros vecinos, o incluso encima. Las reformas de la educación, la salud o la policía y las Fuerzas Armadas son intensivas en gasto corriente.

—En educación ha habido logros, pero salud y seguridad aún son un caos.
Los gastos se hicieron en el contexto de reformas. Algunas funcionaron mejor que otras. En salud existen serios problemas de gestión. Pero en ningún caso se aumentaron los sueldos porque sí.

—¿No le correspondía al MEF, entonces, parar el aumento del gasto en salud?
Les pusimos un límite, porque no mostraban capacidad de ejecutar con eficiencia los recursos. Le pusimos un tope al SIS para que no se volviera una máquina de contratar.

—Se cuestiona el aumento de la planilla en carteras como Midis o Produce.
Antes no tenías un manejo articulado de los programas sociales. Ahora sí.

—Pero dicen que sin evaluaciones de impacto.
Eso tampoco es cierto, se estaban haciendo. Y los programas sociales buscan llegar a la población más vulnerable, en zonas muy alejadas y complicadas. Eso es intensivo en gasto corriente. Como dijo la ex ministra [Paola Bustamante], si la actual ministra cree que puede llegar a los mismos lugares con la mitad de gente, bienvenido sea. En cuanto a Produce, se pasó de un ministerio minúsculo a uno chiquito, pero con muchas más responsabilidades por la diversificación productiva. En el Gobierno hay gente que no cree en ella.

—Volviendo al tema Nadine: ¿no es cierto que se repartía el trabajo con el ex presidente Humala y que ella coordinaba con carteras como el MEF?
No es así. Pero, además, fíjate en lo que [Thorne] dijo: que hubo nombramientos de Nadine Heredia en el MEF y que él sacó a esas personas. Ninguna de esas cosas son ciertas. Fue citado a la Comisión de Fiscalización, ¿acaso fue? No hay una sola resolución del MEF que no haya salido sin las firmas de toda mi línea [de reportes], que él conserva casi íntegra. Thorne debe una rectificación pública y una disculpa.

El Comercio

El primer ministro, Fernando Zavala, sostuvo hoy que el gobierno no ha dado ni cifras falsas ni inexactas sobre el déficit fiscal de -3,8% heredado por la administración de Ollanta Humala (2011-2016). Agregó que los números son públicos y puso, por ejemplo, que el año pasado la inversión privada se redujo en 4,5%, mientras que la pública en -7,5%.

“Aquí no hay cifras falsas ni inexactas, hemos recibido cifras en negativo, esas cifras son públicas para todos. Por ejemplo, sabemos que la inversión privada se redujo en 4,5% el año pasado, la inversión pública se redujo en -7,5% el año pasado. Sabemos que la trayectoria del déficit fiscal iba al -3,8%. La buena noticia es que ya hemos tomado las acciones y decisiones para encausar las finanzas públicas”, refirió en conferencia de prensa.

Agregó que gracias a estas medidas, entre ellas el destrabe de un conjunto de proyectos, el déficit de este será de -3% para fin de año y de -2,5% para el próximo.

De esta manera, Fernando Zavala respondió al ser consultado por las críticas hechas por el ex ministro de Economía y Finanzas Alonso Segura, quien afirmó que el actual gobierno está lanzando "cifras de manera poco rigurosa y desinformando a la población".

Expreso

Entrevista a Guillermo Moloche

Guillermo Moloche Velarde es economista, Ph.D. en Economía por la Universidad de Chicago y profesor principal del Departamento de Economía de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Cuenta además con especializaciones doctorales en Moneda y Banca, Economía Financiera y Economía Matemática (Teoría del Crecimiento y del Capital).

-¿El Gobierno actual ha controlado esta situación?

El Gobierno actual tiene dificultades, pero lo que no se sabe es si está tratando de corregir la situación definitivamente o simplemente empujando el problema de fondo para el siguiente gobierno mediante deuda y asociaciones público privadas.

-¿Cuál es el problema de fondo con las cuentas fiscales?

El problema es que se gasta mucho y los servicios públicos, los servicios que se le brindan a la población son insuficientes. Entonces la gente va a reclamar cada vez más servicios, más programas, más gasto, y eso es insostenible.

-¿Qué pasó con la Ley de Fortalecimiento de la Responsabilidad y Transparencia Fiscal, promulgada por el gobierno anterior (2013)?

Esa ley al final no terminó fortaleciendo sino debilitando, porque ha debilitado la regla fiscal en base a una metodología llamada de déficit estructural, que ha permitido que el gobierno [de Ollanta Humala] justamente gaste más de lo debido. Y por otro lado se han retirado los controles a manos de un Consejo Fiscal que ha demostrado que no es efectivo.

-¿Cuál es la situación actual del déficit fiscal?

En estos momentos el déficit no debería estar pasando del 3 por ciento, pero ya lo ha pasado, y el gobierno actual ya está tomando medidas de corto plazo para cumplir con la meta este año. Pero queda por verse qué va a hacer en los próximos años, o sea si va a aumentar la deuda, si se va a cortar el gasto excesivo, o aún está por verse.

(…)

Si se deja este problema para los próximos años, esto se puede escapar de las manos y ahí sí va a sufrir bastante la población.

-¿Cree que se llegue a reducir el déficit fiscal al 3 % del PBI, como se ha propuesto el Gobierno?

La única forma es controlando el gasto. Si el presupuesto no alcanza, si la caja no alcanza para cumplir con los gastos que está ejecutando el Gobierno, entonces no hay otra forma de dónde sacar plata.

(…)

El Comercio

El presidente del Banco Central de Reserva (BCR), Julio Velarde, dijo que no hay riesgo de que cambie la política monetaria de esta entidad tras la designación de nuevos directores, entre los que están el secretario general de Fuerza Popular, José Chlimper y el ex ministro de Defensa Rafael Rey.

"Si hay alguna pregunta respecto a que pudiera cambiar la orientación de la política monetaria [en el BCR], creo que esa inquietud no tiene fundamento alguno. ¡Qué peligro puede haber! Ni que fuera una marioneta", expresó Velarde.

"Creo que [a Elmer Cuba] lo pudo nombrar cualquiera de los gobiernos anteriores. El señor Chlimper ya ha sido director antes y conoce el BCR. [Sobre] el señor Rey, como muchas veces, ha habido directores que no han sido realmente expertos en el tema monetario", resaltó.

"En lo fundamental, la política monetaria la determina un cuerpo colegiado y la única persona a tiempo completo es el presidente. Él es el que pone la agenda, el que pone los temas y el presidente soy yo", subrayó.

"Estoy seguro de que el señor Cuba actuará con la decencia y no creo que nadie dé a cuestionar su comportamiento y su decencia. Él sabrá obviamente qué información es confidencial y cuál no lo es", dijo Julio Velarde sobre el primero.

"El señor Chlimper está dejando la dirección de uno de los bancos más importantes del país, uno de los más grandes, porque sí hay incompatibilidad entre ser miembro de una institución financiera y ser miembro del BCR", anunció en el otro caso.

ANTICORRUPCION, PERSECUCION, JUDICIALIZACION POLITICA

El Comercio

El presidente del Poder Judicial, Víctor Ticona, confirmó la separación del juez de Investigación Preparatoria Transitoria de Huaral, Felipe Ismael Orozco Huayanay.

"Hoy, efectivamente, por una comunicación oficial de la resolución expedida por el presidente de la Corte Superior de Huaral se dio por concluida la designación de Ismael Orozco como juez supernumerario y a cargo de este juzgado de investigación preparatoria", indicó.

Ticona Postigo dijo que este cuestionado juez “no es un juez titular o provisional".

Felipe Ismael Orozco Huayanay fue quien liberó a los 29 detenidos del megaoperación en Huaral.