ESTA NOCHE miércoles 2 noviembre 2016

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MEDIA COLUMNA

Las preguntas correctas

Jorge Morelli

@jorgemorelli1

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¿Las comunidades andinas y amazónicas tienen o no el derecho de contratar una servidumbre de paso con las empresas mineras o energéticas que sacan la producción por caminos o ductos construidos sobre tierras comunales?

Si la comunidad no tiene título de propiedad sobre esas tierras comunales, sin embargo, ¿mantiene o pierde el derecho de contratar libremente con la empresa?

Estas son las preguntas que es necesario esclarecer y que hasta el momento no tienen respuesta.

En el caso de Las Bambas hay que añadir otras dos cuestiones previas.

La primera es si son tierras comunales las que atraviesan las dos carreteras por las que sale actualmente la producción de la mina.

La segunda es sobre si, en caso de ser tierras comunales, la declaración por la autoridad política de la carretera como “vía vecinal” quita a la comunidad el derecho de contratar con la empresa una contraprestación por la servidumbre de paso.

Son preguntas igualmente sin respuesta. Es más, nadie parece estar haciendo las preguntas siquiera.

Las que se hacen, en cambio, parecen deliberadamente tontas.

Se refieren al daño causado a la actividad productiva de los comuneros por el paso de los camiones de la mina –ya que levantan polvo y hacen ruido día y noche-. Es algo difícil de evaluar que desemboca luego en un debate inconducente sobre los planes originales de construir un mineroducto, que luego fue dejado de lado, y los compromisos posteriormente firmados por el gobierno anterior a sabiendas de que serían incumplidos.

Compromisos que, además, este gobierno tampoco va a poder cumplir, lo que ya sabía el anterior cuando los firmó.

El caso de la mina de Las Bambas es emblemático, como lo fue el de Conga cinco años atrás a comienzos de la gestión humalista que ha destruido la inversión en minería peruana.

La diferencia entre ambos casos emblemáticos es, sin embargo, una entre el día y la noche. Conga era un proyecto grande, pero un proyecto al fin. Las Bambas es una mina en operación cuya paralización tendría masivas consecuencias fiscales.

El objetivo político tras la paralización de Las Bambas es dejar al gobierno sin recursos, agravar el déficit fiscal, obligar al país a entrar en un espiral de endeudamiento y devolver a la pobreza a la mayor parte de los peruanos que estos años pasaron la línea de la pobreza hacia la clase media.

Es decir, recrear las condiciones que casi destruyeron al Perú a fines de la década de los 80.

Ese estado de cosas suele ser el caldo de cultivo de la violencia terrorista. Si a esto se presta la izquierda por complicidad o como tonto útil -da lo mismo- es algo que queda para los analistas.

Si el gobierno quiere resolver esta prueba de fuego, tiene que enfrentarla seriamente empezando por dejar de darle vueltas a asuntos secundarios para hacer las preguntas correctas y darles respuesta de una vez para todos los casos y para siempre .

REPORTE DE NOTICIAS en Internet

 Las siguientes notas periodísticas de política y economía han sido seleccionadas, editadas y ordenadas

temáticamente. No se las debe citar como tomadas directamente de sus fuentes originales, las mismas que se indican sólo como una forma de reconocer el crédito y agradecer la cortesía.

GOBERNABILIDAD, DEMAGOGIA, AUTORITARISMO, DEMOCRACIA

El Comercio

Inicialmente, la carga minera producida en Las Bambas se debía transportar a través de un mineroducto, el cual se iba a conectar con Tintaya, en Espinar (Cusco). Sin embargo, al independizarse ambos proyectos se postergó tal infraestructura. En su reemplazo, se propuso que el transporte se hiciera vía terrestre con una flota diaria de hasta 250 camiones.

La empresa MMG Las Bambas utilizaría una ruta “de acceso público” para sacar el mineral hacia el puerto de Matarani (Arequipa), por lo que incluyó la trocha entre Quehuira y Huancuire, en Cotabambas. Según los comuneros, esta vía no puede ser utilizada para tal propósito, ya que está sobre sus terrenos y los vehículos pesados levantan una polvareda que afecta sus sembríos y viviendas.

MMG refirió que el ex alcalde de Cotabambas Guido Ayerve solicitó al MTC en el 2014 que la trocha fuera jerarquizada como una “vía vecinal”. Esto se concretó el 27 de julio de este año, un día antes de que culminara el gobierno de Ollanta Humala.

Sin embargo, la actual viceministra de Transportes, Fiorella Molinelli, explicó a El Comercio que la jerarquización no es suficiente para que la empresa minera pueda utilizar la vía, ya que eso lo determina el municipio provincial.

Tras el enfrentamiento con la Policía Nacional del viernes 14 de este mes, los comuneros decidieron velar a Quintino Cereceda en la vía para bloquearla. Las cuatro comunidades que rechazaron la tregua propuesta por el Ejecutivo han cavado zanjas en esta trocha para evitar el paso de los camiones, que hoy deben transitar por la antigua ruta que conecta la mina con el distrito de Challhuahuacho (ruta R-73).

Expreso

El enfrentamiento en Tambobamba (Cotabambas, Apurímac) entre comuneros y la Policía ha puesto al descubierto que el pedido de los dirigentes también tuvo motivaciones económicas, según actas firmadas.

En estos documentos, a los que EXPRESO tuvo acceso, se indica que el pasado 22 de marzo de 2016 se reunieron los integrantes de la comisión designados por la Comunidad Campesina de Quehuira, del distrito del Challhuahuacho, Cotabambas, en una asamblea general para dialogar con la empresa Las Bambas, cita en la cual trataron el tema de la carretera, que se encuentra judicializado.

Participaron, en representación de la comunidad, Reymundo Letona Aticos, Moisés Aranguri Contreras y el abogado Jorge Chávez; y por la empresa Gabriel Castillo Devoto, gerente de relaciones comunitarias.

Moisés Aranguri empezó su discurso diciendo que “la empresa nos tiene que aceptar nuestro pedido sobre la carretera-bypass, los 6 millones de dólares”, sostuvo.

Fundamentó su exigencia señalando que se trata de una comunidad en la zona de influencia directa, afectada por la polvareda y el ruido, día y noche.

El directivo de la empresa Las Bambas advierte que no sabe nada del pago de US$ 6 millones y ofrece proyectos que generarán trabajo para la comunidad y pregunta “de dónde salen los 6 millones de dólares que están cobrando”, según señala el acta.

El asesor de la comunidad de Quehuira, Jorge Chávez, insiste en el pago de los 6 millones de dólares porque “no se ha pagado la servidumbre”.

El 5 de junio de 2016, Fortunato Huanca Huacho, presidente de la comunidad Choqquecca-Antio, envía el oficio Nº 16 al gerente de la empresa Las Bambas en el cual dice que esa comunidad propone dialogar sobre el tránsito de minerales por el territorio de la comunidad y cobrar S/ 5,000, S/ 4,000 y S/ 3,000 por cada “cápsula”.

El Comercio

Los alcaldes, presidentes de las comunidades y dirigentes de los frentes de defensa de la provincia de Chumbivilcas, en Cusco, anunciaron esta tarde un paro regional indefinido el próximo 7 de noviembre en protesta contra el proyecto minero Las Bambas.

Guider Puma, del Frente de Defensa de los Intereses del distrito de Velille, uno de los 8 distritos de Chumbivilcas, explicó que su localidad tiene los mismos reclamos de las comunidades adyacentes a Las Bambas.

Entre las principales demandas, figura la inclusión de Chumbivilcas en el ámbito de influencia del proyecto. Asimismo, denuncian el paso de los camiones de la mina por el camino que va de Coporaque a Velille. “Queremos que el Estado se comprometa a poner asfalto de buena calidad en los 200 kilómetros que recorren en Chumbivilcas”, dijo Guider Puma, representante del Frente de Defensa de los Intereses de Velille, distrito de Chumbivilcas.

La decisión se tomó luego de una accidentada mesa de diálogo con representantes de la empresa minera MMG Limited, a cargo de la mina Las Bambas, y funcionarios de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) en el distrito de Ccapacmarca.

“Necesitamos que estén presentes en estas mesas gente con capacidad de resolución”, afirmó el alcalde de Chumbivilcas, David Vera.

Agregó que el lunes enviarán un documento a la PCM para solicitar que lleguen a la provincia cusqueña el jefe de la Oficina Nacional de Diálogo y Sostenibilidad, Rolando Luque, y los ministros de Transportes y Comunicaciones, Martín Vizcarra; de Agricultura, José Hernández; y de Salud, Patricia García.

“Vamos a citarlos para el día 3 de noviembre. Si no vienen en esa fecha, iremos al paro indefinido desde el 7 (de noviembre)”, aseguró.

El Comercio

El anuncio del paro en Chumbivilcas se da a una semana de la visita del primer vicepresidente de la República, Martín Vizcarra, a Cotabambas. En la reunión el también ministro de Transportes y Comunicaciones pidió una tregua de 45 días para analizar sus pedidos y ofrecer soluciones.

A la fecha, cuatro comunidades de Cotabambas no levantan el paro y siguen bloqueando la carretera de acceso a Las Bambas, por lo que el conteo de los días de “tregua” no comienza.

El Comercio

Los moradores locales reclaman que la empresa MMG Las Bambas, a cargo de las operaciones mineras en la zona, les pague por el uso de la trocha de acceso al yacimiento, la cual –dicen– está sobre sus terrenos. La compañía ha señalado que la vía es pública, por lo que puede utilizarla para el transporte de minerales.

Sin solución a la vista, la provincia inició un paro indefinido y bloqueó la vía principal que conduce a la mina, lo cual obligó a suspender durante varios días el transporte del mineral extraído. Una delegación del Ejecutivo –liderada por el primer vicepresidente Martín Vizcarra– llegó a la zona para proponer una tregua de 45 días. De las diez comunidades involucradas, seis aceptaron la propuesta; las cuatro restantes rechazaron la medida y hasta hoy bloquean el camino.

Esta no ha sido la primera protesta contra Las Bambas. En setiembre del 2015, otro enfrentamiento entre los comuneros de Cotabambas y la policía dejó tres fallecidos, todos por impactos de bala. El gobierno de Ollanta Humala entabló mesas de trabajo y diálogo en la zona, las cuales concluyeron con la suscripción de diversos compromisos.

Las comunidades de esta provincia de Apurímac reclaman que todos los acuerdos adquiridos con el gobierno de Humala se cumplan. Estos son algunos de los compromisos pendientes.

1. Sector Salud (Resolución Ministerial 744-2015)
El 20 de noviembre del 2015, el Ministerio de Salud (Minsa) ratificó los compromisos adquiridos con el distrito de Challhuahuacho y la provincia de Cotabambas. El sector Salud había acordado lo siguiente: elaborar un plan multianual de inversiones en la zona; suscribir un convenio para incluir un servicio de ambulancias en los establecimientos de salud de Haquira, Cotabambas y Challhuahuacho; desarrollar una estrategia de afiliación al Seguro Integral de Salud (SIS); brindar asistencia técnica para la construcción de casas maternas; e instalar diez módulos de atención médica. Asimismo, se planteó la construcción de un hospital categoría II-1 (que debía incluir salas de emergencia y hospitalización).

Los proyectos nunca se concretaron. En cambio, el gobierno de Humala fijó un presupuesto inicial de S/7,5 millones para la Red de Salud de Cotabambas, el cual debía ser distribuido durante el 2016; con ello, el Minsa contaría únicamente con S/144 anuales para la atención de cada habitante. Además, pese a que en la provincia existen 39 postas de salud, estas no tendrían el personal suficiente. En el proceso de nombramiento 2016-2018, se determinó que 66 personas (entre médicos, obstetras y enfermeras) fueran asignadas a esta provincia. Es decir, hoy solo habría un profesional o técnico de salud por cada 800 pobladores. Alejandro Agüero, dirigente de la comunidad de Allaua (una de las cuatro que rechazaron la tregua propuesta por el Ejecutivo), explicó a El Comercio que, debido al déficit de personal médico, tienen que viajar hasta Cusco para atenderse.

Este Diario buscó al ex ministro de Salud Aníbal Velásquez, pero dijo no tener información actualizada sobre los cumplimientos de su sector en dichos acuerdos.

2. Sector Transportes (Resolución Ministerial 014-2016)
El 21 de enero de este año, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) resolvió que se declare como prioridad la ejecución de dos proyectos de infraestructura: la conservación de la Red Vial Nacional de Cotabambas (en los ejes Challhuahuacho-Mollepuquio y Challhuahuacho-Ayaviri) y la construcción de 12 puentes en el distrito de Challhuahuacho. Con ello, se mejoraría la conectividad en la zona de influencia de la mina Las Bambas.

El primer proyecto fue licitado en enero pasado al consorcio Vial Sierra, que gestionará y mantendrá ambos ejes viales durante los próximos cinco años. Sin embargo, los puentes –cuya construcción quedó a cargo de Provías Descentralizado (organismo del MTC)– fueron postergados.

3. Sector Agricultura (Resolución Ministerial  0354-2016)
Días antes de culminar su período de gobierno, el 13 de julio último, el Ministerio de Agricultura y Riego (Minagri) ratificó su compromiso  –asumido en el 2015– de ejecutar 17 proyectos menores de riego en Cotabambas, así como la construcción de cinco represas. Se dispuso también el lanzamiento del programa Aliados II en Challhuahuacho, para mejorar las condiciones productivas de las familias campesinas; la identificación de un terreno para la instalación de oficinas del Servicio Nacional de Certificaciones para las Inversiones Sostenibles (Senace) y de Agro Rural; el inicio de una campaña antiparasitaria para 45 mil cabezas de ganado; y la formalización de derechos de uso de agua poblacional.

La actual gestión del Minagri precisó que están pendientes las obras de represamiento y los proyectos menores de riego.

4. Sector Vivienda (Resoluciones ministeriales 180-2015 y 199-2015)
El 70,8% de la población de Cotabambas no cuenta con servicio de agua potable y el 95,6% carece de una red de desagüe. En ese contexto, el Ministerio de Vivienda declaró como prioridad –a través de dos resoluciones– la ejecución de un total de 34 proyectos de agua y saneamiento en la provincia. Los distritos directamente beneficiados serían Challhuahuacho, Coyllurqui, Haquira, Mara y Tambobamba.

Aunque la mayoría de proyectos han sido declarados viables por el Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP) y datan de entre el 2012 y 2015, a la fecha no se han concretado.

5. Sector Inclusión Social (Resolución Ministerial 232-2015)
En noviembre del 2015, el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (Midis) declaró como prioridad la implementación y ejecución del programa de desarrollo productivo Haku Wiñay en la provincia de Cotabambas. Para ello, el sector determinó que este debía funcionar en los distritos de Mara, Challhuahuacho, Cotabambas, Coyllurqui, Haquira y Tambobamba, por lo que se beneficiarían cerca de 2.500 hogares. Se contempló la creación de 24 proyectos en las zonas focalizadas. Pese a ello, el gobierno anterior aprobó para este año un presupuesto de S/1,8 millones para el Fondo de Cooperación para el Desarrollo Social (Foncodes), que está a cargo de Haku Wiñay, en Cotabambas. De esta manera, solo se destinaron S/185 anuales para cada uno de los 9.887 usuarios que tiene el programa social en esta provincia. Asimismo, se contempló la ampliación progresiva de los programas Juntos y Cuna Más. De acuerdo con el actual gobierno, la cobertura nunca se extendió por falta de financiamiento.

LIBERTAD ECONOMICA, GLOBALIZACION, REFORMAS, INVERSION

El Comercio

Entrevista a Alonso Segura

—El ministro Thorne ha dicho que, si el Gobierno no tomaba medidas, el déficit fiscal se iba a 3,8% del PBI.
Hablan de 3,8%, pero en el documento sobre los 100 primeros días ponen 3,5%. ¿Cómo pueden dar dos cifras en simultáneo? Y ninguna es cierta. Me sorprende que Fernando Zavala también hable de 3,8%. Fue ministro de Economía, debería entender que no puede ser cierto.

—¿Por qué?
El Marco Macroeconómico Multianual Revisado de este MEF dice que el déficit será de 3% y ya no 2,5% [como se había proyectado en el marco anterior]. Ello se explica por una nueva proyección de ingresos fiscales realizada por la Sunat, donde se ve un incremento sustancial de las devoluciones anticipadas del IGV a grandes proyectos, como Las Bambas o la ampliación de Cerro Verde, que ya entraron en producción.

—¿Cómo esa proyección se les pasó a inicios de año?
Esas proyecciones son de la Sunat. Y no es que se le pasara, sino que la magnitud [superó la expectativa]. En el 2015, las devoluciones fueron unos S/11.500 millones y en la proyección inicial se pusieron otros S/2.000 millones adicionales. Pero las devoluciones están viniendo por casi S/16.000 millones. Es algo inédito.

—Hasta allí seguimos hablando del 3%. ¿Cómo se llega al 3,5% o al 3,8%?
El gasto no viene creciendo por encima de lo planeado. Lo puedes ver en los reportes de ejecución presupuestal hechos por ellos mismos. Esa es la gran pregunta: ¿de dónde sale un desvío de S/5.500 millones adicionales para llegar hasta 3,8%?

—Thorne dice que dejaron aumentos y otros gastos comprometidos.
Estaban [incluidos] en la trayectoria del gasto a diciembre. Si ellos de verdad tuvieran hoy un déficit que se va hasta 3,8% del PBI, no tendría sentido que generen aumentos de gastos. Sin embargo, mandaron al Congreso una ley para acelerar la ejecución de proyectos de inversión en gobiernos subnacionales [y] adelantaron dos meses el aumento a policías y militares. Esto último estaba presupuestado para julio, y con ello el presidente Humala se iba a ir con su promesa cumplida de aumentar los cinco tramos. Pero lo pateamos a diciembre para darles más holgura. ¿Te imaginas lo que costó eso? Y ahora lo adelantan como gran logro.

—El Gobierno también critica el aumento explosivo del gasto corriente.
Es una discusión válida, pero marcada por ideología y por intereses específicos de que se invierta en infraestructura. Hay que ver de dónde partíamos. El gasto corriente en el 2011 estaba por debajo de 14% del PBI y va a cerrar este año alrededor de 16%. El resto de la Alianza del Pacífico está entre 21% y 22%. En cambio, el gasto de capital sí está al nivel de nuestros vecinos, o incluso encima. Las reformas de la educación, la salud o la policía y las Fuerzas Armadas son intensivas en gasto corriente.

—En educación ha habido logros, pero salud y seguridad aún son un caos.
Los gastos se hicieron en el contexto de reformas. Algunas funcionaron mejor que otras. En salud existen serios problemas de gestión. Pero en ningún caso se aumentaron los sueldos porque sí.

—¿No le correspondía al MEF, entonces, parar el aumento del gasto en salud?
Les pusimos un límite, porque no mostraban capacidad de ejecutar con eficiencia los recursos. Le pusimos un tope al SIS para que no se volviera una máquina de contratar.

—Se cuestiona el aumento de la planilla en carteras como Midis o Produce.
Antes no tenías un manejo articulado de los programas sociales. Ahora sí.

—Pero dicen que sin evaluaciones de impacto.
Eso tampoco es cierto, se estaban haciendo. Y los programas sociales buscan llegar a la población más vulnerable, en zonas muy alejadas y complicadas. Eso es intensivo en gasto corriente. Como dijo la ex ministra [Paola Bustamante], si la actual ministra cree que puede llegar a los mismos lugares con la mitad de gente, bienvenido sea. En cuanto a Produce, se pasó de un ministerio minúsculo a uno chiquito, pero con muchas más responsabilidades por la diversificación productiva. En el Gobierno hay gente que no cree en ella.

—Volviendo al tema Nadine: ¿no es cierto que se repartía el trabajo con el ex presidente Humala y que ella coordinaba con carteras como el MEF?
No es así. Pero, además, fíjate en lo que [Thorne] dijo: que hubo nombramientos de Nadine Heredia en el MEF y que él sacó a esas personas. Ninguna de esas cosas son ciertas. Fue citado a la Comisión de Fiscalización, ¿acaso fue? No hay una sola resolución del MEF que no haya salido sin las firmas de toda mi línea [de reportes], que él conserva casi íntegra. Thorne debe una rectificación pública y una disculpa.

El Comercio

El primer ministro, Fernando Zavala, sostuvo hoy que el gobierno no ha dado ni cifras falsas ni inexactas sobre el déficit fiscal de -3,8% heredado por la administración de Ollanta Humala (2011-2016). Agregó que los números son públicos y puso, por ejemplo, que el año pasado la inversión privada se redujo en 4,5%, mientras que la pública en -7,5%.

“Aquí no hay cifras falsas ni inexactas, hemos recibido cifras en negativo, esas cifras son públicas para todos. Por ejemplo, sabemos que la inversión privada se redujo en 4,5% el año pasado, la inversión pública se redujo en -7,5% el año pasado. Sabemos que la trayectoria del déficit fiscal iba al -3,8%. La buena noticia es que ya hemos tomado las acciones y decisiones para encausar las finanzas públicas”, refirió en conferencia de prensa.

Agregó que gracias a estas medidas, entre ellas el destrabe de un conjunto de proyectos, el déficit de este será de -3% para fin de año y de -2,5% para el próximo.

De esta manera, Fernando Zavala respondió al ser consultado por las críticas hechas por el ex ministro de Economía y Finanzas Alonso Segura, quien afirmó que el actual gobierno está lanzando "cifras de manera poco rigurosa y desinformando a la población".

Expreso

Entrevista a Guillermo Moloche

Guillermo Moloche Velarde es economista, Ph.D. en Economía por la Universidad de Chicago y profesor principal del Departamento de Economía de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Cuenta además con especializaciones doctorales en Moneda y Banca, Economía Financiera y Economía Matemática (Teoría del Crecimiento y del Capital).

-¿El Gobierno actual ha controlado esta situación?

El Gobierno actual tiene dificultades, pero lo que no se sabe es si está tratando de corregir la situación definitivamente o simplemente empujando el problema de fondo para el siguiente gobierno mediante deuda y asociaciones público privadas.

-¿Cuál es el problema de fondo con las cuentas fiscales?

El problema es que se gasta mucho y los servicios públicos, los servicios que se le brindan a la población son insuficientes. Entonces la gente va a reclamar cada vez más servicios, más programas, más gasto, y eso es insostenible.

-¿Qué pasó con la Ley de Fortalecimiento de la Responsabilidad y Transparencia Fiscal, promulgada por el gobierno anterior (2013)?

Esa ley al final no terminó fortaleciendo sino debilitando, porque ha debilitado la regla fiscal en base a una metodología llamada de déficit estructural, que ha permitido que el gobierno [de Ollanta Humala] justamente gaste más de lo debido. Y por otro lado se han retirado los controles a manos de un Consejo Fiscal que ha demostrado que no es efectivo.

-¿Cuál es la situación actual del déficit fiscal?

En estos momentos el déficit no debería estar pasando del 3 por ciento, pero ya lo ha pasado, y el gobierno actual ya está tomando medidas de corto plazo para cumplir con la meta este año. Pero queda por verse qué va a hacer en los próximos años, o sea si va a aumentar la deuda, si se va a cortar el gasto excesivo, o aún está por verse.

(…)

Si se deja este problema para los próximos años, esto se puede escapar de las manos y ahí sí va a sufrir bastante la población.

-¿Cree que se llegue a reducir el déficit fiscal al 3 % del PBI, como se ha propuesto el Gobierno?

La única forma es controlando el gasto. Si el presupuesto no alcanza, si la caja no alcanza para cumplir con los gastos que está ejecutando el Gobierno, entonces no hay otra forma de dónde sacar plata.

(…)

El Comercio

El presidente del Banco Central de Reserva (BCR), Julio Velarde, dijo que no hay riesgo de que cambie la política monetaria de esta entidad tras la designación de nuevos directores, entre los que están el secretario general de Fuerza Popular, José Chlimper y el ex ministro de Defensa Rafael Rey.

"Si hay alguna pregunta respecto a que pudiera cambiar la orientación de la política monetaria [en el BCR], creo que esa inquietud no tiene fundamento alguno. ¡Qué peligro puede haber! Ni que fuera una marioneta", expresó Velarde.

"Creo que [a Elmer Cuba] lo pudo nombrar cualquiera de los gobiernos anteriores. El señor Chlimper ya ha sido director antes y conoce el BCR. [Sobre] el señor Rey, como muchas veces, ha habido directores que no han sido realmente expertos en el tema monetario", resaltó.

"En lo fundamental, la política monetaria la determina un cuerpo colegiado y la única persona a tiempo completo es el presidente. Él es el que pone la agenda, el que pone los temas y el presidente soy yo", subrayó.

"Estoy seguro de que el señor Cuba actuará con la decencia y no creo que nadie dé a cuestionar su comportamiento y su decencia. Él sabrá obviamente qué información es confidencial y cuál no lo es", dijo Julio Velarde sobre el primero.

"El señor Chlimper está dejando la dirección de uno de los bancos más importantes del país, uno de los más grandes, porque sí hay incompatibilidad entre ser miembro de una institución financiera y ser miembro del BCR", anunció en el otro caso.

ANTICORRUPCION, PERSECUCION, JUDICIALIZACION POLITICA

El Comercio

El presidente del Poder Judicial, Víctor Ticona, confirmó la separación del juez de Investigación Preparatoria Transitoria de Huaral, Felipe Ismael Orozco Huayanay.

"Hoy, efectivamente, por una comunicación oficial de la resolución expedida por el presidente de la Corte Superior de Huaral se dio por concluida la designación de Ismael Orozco como juez supernumerario y a cargo de este juzgado de investigación preparatoria", indicó.

Ticona Postigo dijo que este cuestionado juez “no es un juez titular o provisional".

Felipe Ismael Orozco Huayanay fue quien liberó a los 29 detenidos del megaoperación en Huaral.

ESTA NOCHE lunes 22 agosto 2016

ESTA NOCHE, donde usted se entera no de todo lo que ocurre, sino de lo que necesita saber.

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MEDIA COLUMNA

Postergar las batallas

Jorge Morelli

@jorgemorelli1

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Mientras en Lima, el debate político ocupa las primeras planas, en un remoto pueblo de Cotabambas, Apurímac, se juega la partida que definirá el éxito o el fracaso del Perú ante la situación económica que deja el gobierno saliente, de la que el entrante acaba de caer en cuenta.

Por el camino de tierra que lleva de la mina de Las Bambas hasta el puerto de Matarani, circulan diariamente entre 250 y 400 camiones llevando mineral de cobre para embarcarlo a China. Meses atrás el conflicto estalló. Dejó cuatro muertos.

La semana pasada, cuatrocientos comuneros bloquearon el camino. El acuerdo para la construcción del camino entre las comunidades y la mina fue “verbal”, lo que significa que probablemente esas comunidades no han recibido del Estado peruano un título de propiedad de sus tierras. Independientemente de la justicia de las reivindicaciones de los comuneros, sin embargo, el objetivo político del radicalismo antisistema es politizar el conflicto con el objeto de paralizar la producción de la Las Bambas, la mayor operación minera del Perú.

La paralización de Las Bambas significaría un golpe demoledor para la recaudación fiscal, que viene cayendo, según confesó por fin el ministro de Economía ante el Congreso durante la presentación del gabinete. (En 2011, la recaudación tributaria se hallaba en 16 por ciento del PBI y subiendo. El humalismo ofreció llevarla a 18. Hoy está en 14 por ciento).

Este sábado 27 de agosto, de otra parte, vence el plazo para la liquidación de Doe Run en La Oroya. A menos que el Congreso apruebe prorrogar el plazo en el Pleno de este jueves 25, la liquidación ocurrirá inexorablemente. Miles de trabajadores quedarían sin empleo. Con seguridad bloquearán en La Oroya la carretera Central, que conecta a Lima con su despensa alimentaria en el valle del Mantaro. Esto repercutiría de inmediato en el abastecimiento de Lima y en el precio de los alimentos.

¿Es este peor escenario catastrofista en exceso? Acaso sea improbable hoy. Pero no es imposible.

En algún momento, a lo largo del gobierno que se inicia, vamos a encontrarnos con el peor escenario ante nuestros ojos. Más vale estar preparados. Una batalla no se puede postergar indefinidamente.

 

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AGUA, MINERIA, CONFLICTOS AMBIENTALES, REGIONALIZACION

La República, Peru21

Esta semana, el Congreso tendrá que ver el caso de Doe Run Perú (DRP) cuyo plazo de liquidación termina el sábado próximo, 27 de agosto.

Luego de la visita del presidente Pedro Pablo Kuczynski (PPK) a La Oroya, donde prometió una solución y emplazó a la población a marchar al Congreso, el pasado 4 de agosto el Ejecutivo presentó su proyecto de ley para prorrogar el plazo de las liquidaciones en marcha en el Perú, pasando de los dos años actuales a cuatro años.

El gobierno está a la espera de que el Legislativo apruebe su proyecto de ley que modifica la Ley del Sistema Concursal y así ampliar este plazo hasta por cuatro años.

Fuerza Popular (FP) tiene otros planes. El vocero fujimorista, Luis Galarreta, indicó que el planteamiento presentado por su bancada “es mejor”. “Esperamos que la bancada de gobierno (Peruanos por el Kambio) se dé cuenta de que nuestra propuesta tiene más lógica, ya que genera un mecanismo de ampliación a través del Ejecutivo, que es el que debe solucionar el problema”, manifestó.

Fuerza Popular también propone una modificación de la Ley Concursal, pero señala que el proceso de liquidación se efectúe en un año que este “puede” ser prorrogado por el Ejecutivo por un año más a través de un decreto supremo. “Es un proyecto que le da facultades al Ejecutivo para ampliar los plazos”.

“Allí deben estar cautelados los temas ambientales y laborales”, agregó Galarreta.

El último viernes, el congresista Federico Pariona, de Fuerza Popular, presentó su propio proyecto, el cual propone un año más (tres en total) de plazo para las liquidaciones en marcha.

"Queremos que el Ejecutivo diga cómo va a trabajar. El tema ambiental es su responsabilidad, y no solo seguir prolongando los plazos para la venta de Doe Run", refirió. Explicó que este proyecto sería ingresado hoy a la Comisión de Energía y Minas.

Dijo que la Junta de Portavoces podría exonerarlo de trámite para que sea agendado, debatido y aprobado en la sesión del Pleno de este jueves 25 de agosto.

En caso se aprobara el proyecto de ley de PPK y Fernando Zavala, el gobierno estaría igualmente con el tiempo justo para su publicación y entrada en vigencia desde el mismo sábado 27 de agosto.

Este miércoles 24 de agosto se instala también la junta de Acreedores de Doe Run, a la espera de la decisión final del Congreso y el Ejecutivo.

ESTA NOCHE (tomado de El Comercio)

Por la trocha de cinco metros de ancho que conecta la mina Las Bambas con la comunidad de Quehuira, en Apurímac, pasan al día más de 250 camiones. Esta vía es paso obligado de los enormes vehículos que llevan el mineral desde el yacimiento, a cuatro mil metros de altura, hasta el puerto de Matarani, en Arequipa. Desde allí, el cobre es embarcado a China.
Hace 10 días, esta trocha de 8 kilómetros de extensión fue bloqueada por 400 campesinos de Quehuira y de las comunidades vecinas de Allahua, Choquecca, Antuyo  y Pumamarca. Tras un choque con la policía, que terminó en un incendio forestal, la trocha fue despejada. Recién ayer, tras un mejoramiento, la vía volvió a ser utilizada.

Los campesinos protestan por la utilización que da Las Bambas a ese camino construido en lo que antes fueron terrenos comunales. “Nosotros cedimos ese espacio para que suba maquinaria y operarios, no para el tránsito de los camiones”, dice Raymundo Letona, representante de Quehuira. Él reconoce que el acuerdo con Las Bambas fue “verbal”.
La indignación se acrecentó cuando el Ministerio de Transportes y Comunicaciones incluyó el camino que va a Las Bambas como parte del Sistema Nacional de Carreteras, el 24 de julio pasado. Los campesinos aseguran que esto no se les consultó y temen que Las Bambas ya no construya un ‘mineroducto’ para transportar material sin camiones.
A través de un comunicado, MMG Las Bambas, el consorcio a cargo de la explotación, aseguró a El Comercio que la trocha por la que sacan sus minerales es “pública”. “Realizamos el riego de las vías para mitigar la polución”, dijo la compañía. Respecto de la construcción del ‘mineroducto’, respondió que está suspendida.

La Presidencia del Consejo de Ministros instala hoy una mesa de diálogo. Es la segunda desde que empezó este gobierno y la cuarta desde julio pasado.
Uriel Condori, teniente alcalde del distrito de Challhuahuacho, informa que en su distrito ninguna calle está asfaltada, hay una comisaría y un centro de salud.
En setiembre del año pasado, las manifestaciones llegaron a su punto álgido con la muerte de cuatro comuneros.

En abril, las comunidades acataron un paro acusando al gobierno de no participar en las mesas de diálogo. El Ejecutivo explicó que no llegó por problemas en el aeropuerto de Cusco.
“Hay que tener cuidado de atribuirle a las minas responsabilidades que son del Estado. No es función de una empresa privada dar bienes básicos a una población”, comentó Carlos Aramburú, ex miembro de uno de los equipos de transferencia al gobierno entrante.

ESTA NOCHE (tomado de La República)

Hay 16 familias de Taquiruta, comunidad de Fuerabamba, distrito de Chalhuahuacho que viven a metros de las operaciones del proyecto de cobre más importante del Perú, Las Bambas, del gigante asiático MMG Limited, que tiene como principal accionista a la estatal China Minmetals Corporation y a esta inversión minera como su primera y única en Sudamérica.

En Taquiruta cada mediodía hay voladuras de un tajo minero y los vecinos denuncian que sus viviendas se han rajado por las explosiones. Viven sin luz eléctrica ni agua potable.

La producción de cobre de 32 mil 800 toneladas métricas finas cada mes equivale a 82 camiones con una carga promedio de 400 toneladas.

El presidente del frente de defensa de la provincia de Cotabambas, Rodolfo Abarca, aseguró que el 22 de agosto hay una reunión de la mesa de trabajo en Apurímac creada durante el gobierno de Ollanta Humala, la misma que reanuda sus actividades para “revisar lo avanzado”. En el encuentro se presentará la lista de demandas de los pobladores que mostramos a continuación.

Las más de 400 mil toneladas de cobre que MMG Limited proyecta extraer cada año están debajo de las casas ya desaparecidas de la comunidad de Fuerabamba. Hace más de dos años, más de 400 familias de la comunidad fueron reubicadas por la anterior operadora, Glencore Xstrata, a una ciudad satélite a media hora del proyecto a la que llaman Nueva Fuerabamba. Taquiruta fue el único caserío de la comunidad que prefirió quedarse hasta que la empresa les pague lo que consideran “justo” por sus más de mil hectáreas de terreno.

La mayoría de la población en las zonas rurales y las áreas urbanas de los distritos donde se levanta Las Bambas aceptó el proyecto. “No queremos conflictos. Pero si te doy la mina, también te doy condiciones”, dice Daniel Olivera.

Durante varios años, los representantes de los operadores y la población lograron establecer una relación armoniosa, “pero el cortejo acabó cuando la empresa accedió a territorios”, narra Paulina Garzón, directora de la Iniciativa para las Inversiones Sustentables China-América Latina (IISCAL).

“La empresa era el papá. Si querías fiesta patronal, la mina traía las mejores orquestas del año, mataban diez o quince cabezas de ganado, preparaban la mejor chicha”, narra Porfirio Gutiérrez, y asegura que “todos los regalos acabaron cuando terminaron de sacar a la comunidad de sus tierras”.

Tiempo después la convivencia se quebró en setiembre de 2015 con la provincia de Cotabambas cuando estalló el conflicto por las modificaciones del Estudio de Impacto Ambiental del proyecto sin consultar a la población. Para entonces MMG Limited ya había comprado la mina a Glencore.

Lo que quedó fueron 3 muertos y 29 heridos. En respuesta, el régimen de Humala instaló una mesa de trabajo.

El centro de operaciones está constituido por la planta de espesamiento, la planta de molibdeno y de filtraciones de cobre, así como un almacén de concentrados, que antes estaba ubicado en el área de Tintaya, en Espinar (Cusco), pero que ahora se levanta en la provincia de Cotabambas (Apurímac). Los minerales ya no se transportarán por un mineroducto, sino por camiones. Desde enero pasado, los camiones levantan una polvareda que agita el reclamo de los comuneros de Antuyo en el distrito de Tambobamba, que recientemente ocuparon un tramo de la carretera.

Según la minera Las Bambas, esto no afectó sus operaciones, pero los pobladores exigen que la empresa asfalte la vía. La empresa dice que riega el camino.

Con la desaparición del mineroducto se sepultaron las expectativas de los pobladores de 20 comunidades y cuatro centros urbanos de alquilar o vender sus tierras en el área de influencia de este transporte.

ESTA NOCHE (tomado de La República)

Los conflictos socioambientales de mayor magnitud que podrían estallar de no ser atendidos a tiempo están en el corredor minero del sur y en las cuatro cuencas amazónicas de Loreto.

En el corredor minero, las mesas temáticas en las que se discutían las demandas de la provincia apurimeña de Cotabambas, están suspendidas. Los tambobambinos ya dieron la voz de alerta este mes con la toma de una vía en Antuyo.

El presidente del Frente de Defensa, Rodolfo Abarca, manifiesta que no han tenido respuestas claras ni resultados visibles en el tema ambiental. Cotabambas también exige que se asfalte la vía que va hacia Espinar (Cusco), por donde transitan a diario cerca de 400 camiones que transportan minerales.

En Cusco, los espinarenses siguen esperando atención especializada para tratar la contaminación con metales pesados que sufre la población de las comunidades de Alto Huancané y Huisa desde hace seis años.

Mientras en Arequipa, los agricultores del valle de Tambo persisten en rechazar el proyecto minero Tía María.

El analista José Luis López Follegatti opina que se necesita desarrollar el corredor minero donde están importantes emprendimientos como Tintaya, Las Bambas o Antapacay.

"Hay que ver la situación en que se encuentran los proyectos de desarrollo en las zonas altas de Cusco y Apurímac, como los de agua y desagüe, de construcción de centros de salud. Algunas empresas están haciendo obras por impuestos, pero falta presencia del Estado”, anota López Follegatti.

En las cuencas amazónicas Corrientes, Tigre, Marañón y Pastaza, la contaminación ocasionada por la actividad petrolera continúa sin ser resuelta. Hay acuerdos no honrados y demora en la titulación de tierras comunales.

En abril pasado, el gobierno de Humala creó un grupo de trabajo encargado de coordinar el desarrollo de las cuencas y de ver el cumplimiento de las tres actas de compromiso que firmó el Ejecutivo con las federaciones indígenas. El 14 de julio se constató que los avances en las obligaciones eran pocos. En tanto, los derrames de petróleo en el oleoducto norperuano parecen indetenibles.

El Comercio

Cientos de usuarios de transporte público se han visto afectados por la paralización del servicio de las coasters que hacen el recorrido Ancón-Lima.La medida responde al alza del peaje.

Los usuarios indicaron que desde el pasado 4 de agosto, día en que se subió el peaje, el pasaje subió en al menos 30%.
Rutas de Lima informó hace unas semanas que las tarifas de los peajes ubicados en las vías Panamericana Norte, desde Habich hasta Ancón se incrementarían. La tarifa de vehículos livianos de transporte público pasó de S/3.00 a S/4.00.

GOBERNABILIDAD, DEMAGOGIA, AUTORITARISMO, DEMOCRACIA

Peru21

El ministro de Economía, Alfredo Thorne, reveló ayer que el gobierno había encargado al Consejo Fiscal (CF) y al Fondo Monetario Internacional la evaluación de las cuentas fiscales de la gestión de Humala.

Cumpliendo el encargo, el CF emitió el informe “Opinión del Consejo Fiscal acerca de la situación de las finanzas públicas”. Concluye que “el espacio para hacer políticas fiscales expansivas hoy es mucho menor que el que teníamos hace unos años”.

Este debilitamiento de las finanzas públicas se ha producido, según el documento, por el cambio en las condiciones internacionales y cuatro años de política fiscal expansiva (más gasto y menos impuestos recaudados).

Además, los flujos de gastos e ingresos públicos han afectado el stock de deuda pública que desde el 2014 no ha dejado de crecer. En ese año, detuvo su tendencia decreciente, iniciada en el 2003.

El Perú tiene un nivel de deuda pública como porcentaje del PBI de los más bajos de América Latina y de países con igual calificación crediticia. Sin embargo, el CF estima que, en un escenario de riesgo externo, de menor crecimiento y precios de exportación, manteniendo el gasto público la deuda pública podría ubicarse en el 2019 por encima del límite de 30% del PBI.

El informe indica que la evolución de las cuentas fiscales en el último quinquenio se caracterizó por una desaceleración continua en el crecimiento real de los ingresos del Gobierno Central, caso contrario de lo observado en el crecimiento del gasto no financiero.

Los menores ingresos se deben principalmente a la menor recaudación de impuesto a la renta debido al deterioro de los precios de materias primas, la desaceleración de la economía y las medidas tributarias adoptadas para estimular la actividad económica.

Por el lado del gasto, este aumentó por el gasto corriente –sueldos, mantenimiento de infraestructura, servicios básicos y otros–, mientras la ejecución se contrajo en los gobiernos regionales y locales.

Perú21 se comunicó con el presidente del Consejo Fiscal, Waldo Mendoza, para que amplíe el análisis sobre el tema, pero indicó que están esperando que el Ejecutivo les envíe el Marco Macroeconómico Multianual –que será posiblemente esta semana–.

En el 2012 se tenía un superávit fiscal de 2.3% del PBI y en el 2015 se tuvo un déficit fiscal de 2.1%. Se proyecta que en el 2016 el déficit será de 3%.

Se espera que en el 2016 el ratio de deuda pública sea de 25.2% del PBI, por debajo del 30% establecido en la ley de responsabilidad y transparencia fiscal.

Expreso

En esta segunda rueda del grupo de análisis económico de EXPRESO, conformado por Ismael Benavides Ferreyros, exministro de Economía (2010-2011); Jorge Baca Campodónico, también extitular de la mencionada cartera (1998- 1999); Carlos Adrianzén, decano de la Facultad de Economía de la UPC; y Jorge Peschiera, exnegociador de la deuda externa, se analiza un posible escenario post reducción del IGV en un punto, como lo ha anunciado el Gobierno, lo que evidentemente tiene que ver con el déficit fiscal.

EXPRESO: Pese a todos los argumentos que relativizan la eficacia de la reducción del IGV en 1 punto porcentual, el Gobierno insiste en esta medida. Ahora ya se sabe que es el propio presidente Kuczynski quien empuja esta iniciativa. Cae por su propio peso la pregunta: ¿qué va a pasar si el Gobierno insiste contra viento y marea en reducir el IGV?

ISMAEL BENAVIDES: Bueno, habiendo tocado ya el tema de la ineficacia de la reducción de la tasa para reducir la informalidad, hay que decir que un conjunto de otras cosas tienen que atacarse para eso, no solamente la reducción de la tasa del IGV.

El IGV hoy día contribuye en forma importante a la recaudación fiscal. El déficit fiscal está cercano al 3 por ciento del PBI –estamos hablando de 7 mil millones de dólares– y la recaudación continúa cayendo. Aunque los precios de los minerales se han recuperado algo, las empresas están mostrando pérdidas y los nuevos proyectos todavía están en proceso de amortizar sus inversiones. Industrias como la petrolera, con precios deprimidos, tampoco generan impuestos en forma importante. Así, una reducción del IGV va a ir directo a la venta y la recaudación va a reducirse en un momento en que no existen en el horizonte otras fuentes de ingresos.

El ministro de Economía se encuentra ante esta disyuntiva: si reduzco el IGV, eso va a significar dos mil y pico millones de soles de menor recaudación. ¿Con qué lo reemplazo para tratar de reducir el déficit fiscal?

Si quiere cumplir con las normas del equilibrio fiscal, o aumenta los impuestos (en lugar de bajarlos) o se endeuda. El endeudamiento del Estado, si sumamos la deuda interna y externa, tiene ya un peso importante sobre la caja fiscal.

En una economía que se va a desacelerar –porque ha habido un pico de crecimiento por la entrada en producción de grandes proyectos mineros como Las Bambas y Toromocho, que en 2017 y 2018 ya no se va a sentir–, si no hay otros proyectos importantes o se reactiva la inversión privada, la caída de la recaudación va a continuar. Por lo tanto, tocar el IGV parece imprudente. Más aún si pretenden continuar con la reducción del Impuesto a la Renta, que puso en efecto el exministro Alonso Segura.

Creo que es un buen deseo del Presidente pensar que, reduciendo el IGV, se va a reducir la informalidad y reactivar la economía.

JORGE BACA CAMPODÓNICO: Quería agregar que estamos hablando de una reducción de punto de la tasa del IGV que –dada la ineficiencia de la recaudación del IGV– puede resultar en una caída de medio punto del PBI en la recaudación.

Eso tomando en cuenta solo el primer tramo, porque el ministro (Thorne) hablaba de tres tramos para llegar a tres puntos de reducción del IGV. Estaríamos hablando entonces de una caída de la recaudación de un punto y medio del PBI y de déficit fiscal adicional al 3 por ciento que tenemos ahora.

Obviamente eso cae fuera de la política fiscal responsable. Por un error de diagnóstico podemos llegar a pagar consecuencias mucho más graves en lo que ha sido el pilar de todo nuestro programa económico durante años. Eso generaría un aumento de la deuda que traería serios cuestionamientos de

parte de las calificadoras de riesgo.

Lo que se está poniendo en juego cuando se apuesta a la reducción es que hemos ido progresando en la gobernabilidad fiscal a través de la Ley de Transparencia Fiscal, que nos ha permitido tener un control de los gastos del Presupuesto.

Pero una medida que se ha ido demorando es la creación en el Congreso de una “oficina del presupuesto” dentro de la Comisión de Presupuesto. La “oficina del presupuesto” estadounidense ha sido copiada por la mayoría de países en el mundo. El Presupuesto debe ser analizado no solo por el Ejecutivo, sino por el Congreso, que es el encargado de fiscalizar. Pero en el Perú aún se presenta un Presupuesto en gran medida político. Y nadie en el Congreso tiene aún los medios para entrar realmente al impacto fiscal.

EXPRESO: La ley en el Perú impide tener un déficit fiscal mayor de uno por ciento del PBI. Fue un aprendizaje muy duro desde los años 90 comprender que no se puede vivir del futuro de manera indefinida. Hemos violado esa ley, tenemos un déficit fiscal que no es de uno sino de tres por ciento del PBI y, como se ha dicho aquí, si no podemos cubrirlo subiendo los impuestos o bajando los gastos, el país va a endeudarse. Sobre eso quiero preguntarle a Carlos Adrianzén.

CARLOS ADRIANZÉN: La situación es un peligro, para llamarla por su nombre. No es que tenemos un déficit de tres por ciento del PBI y estemos tranquilos porque puede ser acomodado en la legislación con el concepto de déficit “estructural”. El problema es que posiblemente en este momento, dadas las cifras publicadas en julio, ya tenemos un déficit bastante mayor del tres por ciento del PBI y con una tendencia de la recaudación que no deja de caer.

El gasto ya se ha reducido y a pesar de eso el déficit no deja de aumentar. Pocos reparan en que, para financiar el déficit, la inversión de los trabajadores (a través de las AFP) en deuda pública (bonos), se ha inflado en más de 1,500 millones de dólares. Han tomado plata de los trabajadores.

La pregunta entonces no es si nos conviene endeudarnos, la pregunta es si a este gobierno le conviene endeudarnos. Se está hablando de una emisión de bonos –todavía no oficial– de unos 6 mil millones de dólares, diciendo que estamos poco endeudados.

El tamaño de la deuda interna y externa es cercana al 30 por ciento del PBI en las últimas cifras conocidas. La tasa real que hay que pagar es de cinco por ciento por la deuda interna y de cinco por ciento por la deuda externa. Todos sabemos cómo se llaman los bonos soberanos que pagan cinco por ciento: bonos basura. Eso le están vendiendo a nuestros fondos previsionales.

El problema de fondo es tomar el toro por las astas. El tema es si debemos salir a colocar bonos para seguir gastando.

EXPRESO: La deuda puede crecer muy rápidamente. Se acumula de manera exponencial y el camino de regreso es muy difícil…

JORGE PESCHIERA: Es correcto. Regresando al tema del uno por ciento de reducción del IGV, creo que no se puede analizar el árbol y pensar que se está mirando el bosque. La tasa del IGV es uno de tantos elementos que tienen que jugar en el Presupuesto.

Y el presupuesto es como el de una casa: cuánto entra, cuánto sale. Lo que he escuchado en la campaña y sigo escuchando son iniciativas de gasto y ningún análisis de si esos gastos están siendo eficientes y en qué se puede cortar gasto.

Lo que dice Jorge Baca respecto de crear en el Congreso una “oficina de presupuesto” que sea la contraparte del Ejecutivo, me parece muy importante. Ojalá se pueda implementar para que alguien, con conocimiento y con técnica, pueda responder o hacer las preguntas correctas respecto de los supuestos del presupuesto.

La tasa del impuesto es solo uno de los componentes de cómo se van a financiar los ingresos. Otro es la deuda. Evidentemente, si crece el déficit fiscal a cinco por ciento del PBI, la deuda crece también. Y si alguien dice: no vamos a endeudarnos porque hay una reserva financiera, es lo mismo. Endeudarte o consumir tus reservas es lo mismo. Hay que ver cuánta reserva financiera necesitas para que no baje tu calificación crediticia.

Si hay un gasto, tiene que haber un resultado. Creo que hay cierto trabajo que se ha ido haciendo para evaluar la efectividad del gasto. Debe sacarse a la luz. Debe exigirse al Ejecutivo presentar esos elementos. Porque este déficit fiscal no se va a resolver sin un costo social. Ese es el problema.

A quién van a terminar echándole la culpa y quién va a asumirla. Si nos comenzamos a enamorar de las acusaciones entramos en un círculo vicioso en el que nadie quiere ponerle el cascabel al gato. Crear excusas hará crecer el déficit y al final no sabemos dónde vamos a terminar.

El reto del Estado está en la efectividad del gasto y en jalar inversión privada, hacer que el sector privado genere el crecimiento, para lo que el Gobierno debe hacer atractivo al país. Escucho, por ejemplo, que empresas textiles peruanas se están mudando a Costa Rica. La empresa textil es transportable. La máquina se traslada. La marca se produce igual que en el Perú sin todos los problemas tributarios, burocráticos y regulatorios, y con mano de obra quizá más educada. La empresa de calzado es trasladable. Consume un montón de mano de obra. Si se facilita la producción, si la legislación laboral es flexible, ¿por qué una fábrica de calzado tendría que mudarse?

CARLOS ADRIANZÉN: Esa decisión es gracias a un tipo de cambio que a la fecha nos viene costando 25 mil millones de dólares de la posición de cambio. Nada parecido a un tipo de cambio de mercado. En realidad es un tipo de cambio controlado. ¿Qué política monetaria debimos haber aplicado en su momento para que la inflación no subiera?

EXPRESO: Otras son las prioridades, entonces, para hacer crecer la economía y la productividad. Pero en unos días el Gabinete pedirá facultades para legislar para reducir el IGV. Las consecuencias posibles son las que hemos escuchado. El Gobierno está haciendo una apuesta basada en un mal diagnóstico. Es una apuesta temeraria. Quiero dar las gracias a Ismael Benavides, a Jorge Baca Campodónico, a Carlos Adrianzén y a Jorge Peschiera por habernos acompañado.

Nota del editor: El grupo económico de EXPRESO será reunido nuevamente pronto a tratar otro tema de la agenda del Gobierno. El video de esta conversación puede hallarlo en la página web www.expreso. com.pe

Peru21

El ministro de Economía, Alfredo Thorne, criticó que el gobierno de Ollanta Humala no haya cumplido el compromiso de mantener un déficit fiscal de 2.5%.

“En el tema del déficit fiscal ellos tenían una meta del 2.5%. El exministro de Economía tenía un compromiso con el Congreso, el cual se rompió 3, 4, 5 veces. Haber cambiado la regla, comprometerse al 2.5% y ahora estar en 3% significa un problema”, expresó Thorne.

 “El gobierno anterior desbordó en sueldos y salarios, los haberes en los cinco años han crecido en más de 100%. Los compromisos futuros de inversión llegan a cerca de 20 mil millones y eso nos quita espacio. El gasto social ha crecido cinco veces durante el gobierno de Ollanta Humala”, dijo. “Sin embargo, la pobreza no se redujo cinco veces, solo bajó 7 puntos”, agregó.

Thorne anunció que su cartera tiene un plan de reestructuración de la Sunat y de Proinversión. Señaló que ya tiene los nombres de las personas que van a dirigir ambas entidades.

“No solamente cambiaremos a los individuos, sino la estructura de la Sunat”, expresó Thorne.

“Lo mismo vamos a hacer en Proinversión… También tenemos a la persona que va a dirigir esta entidad, agregó el ministro.

La República

La bancada de Acción Popu­lar ingresó al Congreso un proyecto de ley que propone reducir el IGV de 18% a 17% en periodos "de desaceleración”. De este modo, se busca incrementar el consumo, sostiene e proyecto planteado por el vocero de dicha bancada, Víctor Andrés García Belaunde.

El legislador dijo que con esta modificación en la ley se generará mayor re­caudación, que en 2011 consiguió seis mil millo­nes más de ingresos cuando se se bajó el IGV de 19% a 18%.

Desde la bancada de Fuerza Popular, esta iniciativa es considerada "peligrosa" y se duda de sus beneficios, señaló la parlamentaria fujimorista Úrsula Letona. El grupo mayoritario se opondría a su aprobación.

El Comercio

El presidente Pedro Pablo Kuczynski (PPK) advirtió que la Contraloria General de la República "está empezando a acusar a diestra y siniestra" y que su labor debe ser controlar y no detener proyectos de inversión pública.

"[La contraloría] está empezando a acusar a diestra y siniestra, tiene que tener mucho cuidado, el papel es controlar que efectivamente los gastos sean hechos de acuerdo a la ley y al presupuesto, no es parar los proyectos. Es una traba potencial y voy a luchar con eso", afirmó PPK.

"Hay mucha gente que quiere hacer méritos como abanderados de la lucha contra la corrupción y con una falta de claridad de cuáles son sus funciones", dijo y puso como ejemplo de ello a la Contraloría.

Recientemente el contralor, Edgar Alarcón, ha salido a los medios a hacer observaciones a la compra de patrulleros para la Policía y a la adjudicación de la Línea 2 del metro de Lima.

PPK manifestó que en el plano económico "hay mucho optimismo y que la confianza se está recuperando".

Pero dijo que es necesario eliminar el Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP). "Lo que necesitamos [cuando se haga] este pedido legislativo es que nos dejen trabajar sin el SNIP, este se ha transformado en un cáncer, está parando todo. No quiero escuchar la palabra SNIP una sola vez más en mi vida. Fue una buena idea en el 2000 pero hoy necesitamos otra cosa, que es ProInversion Regional", manifestó.

El Comercio

La consultora Macroconsult advirtió en su último reporte semanal de la marcada desaceleración de los sectores comercio y servicios” en mayo y junio.

Esta debilidad se podría prolongar en julio, según indicadores adelantados recogidos por la firma.

Un indicador que cae es la recaudación del IGV, que tuvo una baja de 1,1% en julio.

GOBERNABILIDAD, DEMAGOGIA, AUTORITARISMO, DEMOCRACIA

El Comercio

La siguiente visita de Fernando Zavala al Legislativo podría darse en las próximas dos semanas, cuando acuda al pleno para solicitar facultades legislativas.

Luis Galarreta informó que Fuerza Popular actuará del mismo modo que con el voto de confianza: escuchará la propuesta del primer ministro antes de tomar una posición.

Carlos Bruce dijo que, mientras los ministros estarán enfocados en presentarse en las comisiones del Congreso, la bancada oficialista empezará el trabajo con miras a la delegación de facultades. “Nos corresponde aterrizar los temas específicos en los que se va a pedir facultades y también ponernos de acuerdo en cuál será la fecha más adecuada para esa sesión”, concluyó.

Peru21

A la fecha, Fuerza Popular ha presentado 41 proyectos de ley. En esta lista figuran el IGV Justo, la iniciativa que busca beneficiar a la micro y pequeña empresa con la prórroga de pago de tributos hasta después de generados sus ingresos; las que crean la Procuraduría General de la República y el Sistema Nacional de Procuradurías Anticorrupción; y la que dispone el incremento del presupuesto municipal de 2% a 3% a través del Fondo de Compensación Municipal (Foncomun).

“Todo lo que corresponda al Plan Perú vamos a tratar de aprobarlo desde el Congreso, como lo hemos hecho hasta el momento con el consenso de una mayoría de bancadas”, expresó el vocero fujimorista, Luis Galarreta.

“Cada comisión trabajará su propia lista de proyectos y entre ellos estarán los nuestros”, aclaró.

El legislador Héctor Becerril adelantó ayer que Cárceles 4,000 —propuesta de construir penales a más de 4,000 metros de altura para internar a los más peligrosos delincuentes— será una de las siguientes propuestas legislativas.

El Comercio, La República

El ministro de Economía, Alfredo Thorne, dijo que Nadine Heredia colocó a personas de su confianza en el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF). Añadió que, durante el gobierno de Ollanta Humala, esos empleados le rendían cuentas.

 “No tengo ninguna foto, pero tengo sospechas (…) Había puesto [Heredia] mucha gente dentro del MEF, gente de su confianza y que le rendía cuentas a ella”, declaró Thorne.

El Comercio

Esperamos ver “quiénes son las personas cuestionadas que quedaron del anterior gobierno y separarlas. Si ellos dicen que hay ministerios casi quebrados, sería absurdo mantener a viceministros y funcionarios responsables de esa situación”, señaló Luis Galarreta, vocero del fujimorismo.