ESTA NOCHE,
donde usted se entera no de todo lo que ocurre, sino de lo que necesita saber.
La opinión en MEDIA
COLUMNA representa exclusivamente a su autor. Usted puede reenviar y publicar
libre y gratuitamente cualquier MEDIA COLUMNA tomándola de este correo o de
jorgemorelli.blogspot.com
MEDIA COLUMNA
Postergar las batallas
Jorge Morelli
@jorgemorelli1
jorgemorelli.blogspot.com
Mientras en Lima, el
debate político ocupa las primeras planas, en un remoto pueblo de Cotabambas,
Apurímac, se juega la partida que definirá el éxito o el fracaso del Perú ante
la situación económica que deja el gobierno saliente, de la que el entrante
acaba de caer en cuenta.
Por el camino de tierra que
lleva de la mina de Las Bambas hasta el puerto de Matarani, circulan
diariamente entre 250 y 400 camiones llevando mineral de cobre para embarcarlo
a China. Meses atrás el conflicto estalló. Dejó cuatro muertos.
La semana pasada, cuatrocientos
comuneros bloquearon el camino. El acuerdo para la construcción del camino
entre las comunidades y la mina fue “verbal”, lo que significa que
probablemente esas comunidades no han recibido del Estado peruano un título de
propiedad de sus tierras. Independientemente de la justicia de las
reivindicaciones de los comuneros, sin embargo, el objetivo político del
radicalismo antisistema es politizar el conflicto con el objeto de paralizar la
producción de la Las Bambas, la mayor operación minera del Perú.
La paralización de
Las Bambas significaría un golpe demoledor para la recaudación fiscal, que
viene cayendo, según confesó por fin el ministro de Economía ante el Congreso
durante la presentación del gabinete. (En 2011, la recaudación tributaria se
hallaba en 16 por ciento del PBI y subiendo. El humalismo ofreció llevarla a 18.
Hoy está en 14 por ciento).
Este sábado 27 de
agosto, de otra parte, vence el plazo para la liquidación de Doe Run en La
Oroya. A menos que el Congreso apruebe prorrogar el plazo en el Pleno de este
jueves 25, la liquidación ocurrirá inexorablemente. Miles de trabajadores quedarían
sin empleo. Con seguridad bloquearán en La Oroya la carretera Central, que
conecta a Lima con su despensa alimentaria en el valle del Mantaro. Esto repercutiría
de inmediato en el abastecimiento de Lima y en el precio de los alimentos.
¿Es este peor escenario
catastrofista en exceso? Acaso sea improbable hoy. Pero no es imposible.
En algún momento, a
lo largo del gobierno que se inicia, vamos a encontrarnos con el peor escenario
ante nuestros ojos. Más vale estar preparados. Una batalla no se puede postergar
indefinidamente.
REPORTE
DE NOTICIAS en Internet
Las
siguientes notas periodísticas de política y economía han sido seleccionadas,
editadas y ordenadas
temáticamente. No se las debe citar como
tomadas directamente de sus fuentes originales, las mismas que se indican sólo
como una forma de reconocer el crédito y agradecer la cortesía.
AGUA, MINERIA, CONFLICTOS AMBIENTALES,
REGIONALIZACION
La
República, Peru21
Esta
semana, el Congreso tendrá que ver el caso de Doe Run Perú (DRP) cuyo plazo de liquidación termina
el sábado próximo, 27 de agosto.
Luego
de la visita del presidente Pedro Pablo Kuczynski (PPK) a La Oroya, donde
prometió una solución y emplazó a la población a marchar al Congreso, el
pasado 4 de agosto el Ejecutivo presentó su proyecto de ley para prorrogar el
plazo de las liquidaciones en marcha en el Perú, pasando
de los dos años actuales a cuatro años.
El
gobierno está a la espera de que el Legislativo apruebe su proyecto de ley que
modifica la Ley del Sistema Concursal y así ampliar este plazo hasta por cuatro
años.
Fuerza
Popular (FP) tiene otros planes. El vocero fujimorista, Luis Galarreta, indicó
que el planteamiento presentado por su bancada “es mejor”. “Esperamos que la
bancada de gobierno (Peruanos por el Kambio) se dé cuenta de que nuestra
propuesta tiene más lógica, ya que genera un mecanismo de ampliación a través
del Ejecutivo, que es el que debe solucionar el problema”, manifestó.
Fuerza Popular también propone una modificación de la Ley
Concursal, pero señala que el proceso de liquidación se efectúe en un año que
este “puede” ser prorrogado por el Ejecutivo por un año más a través de un
decreto supremo. “Es un proyecto que le da facultades al Ejecutivo para ampliar
los plazos”.
“Allí
deben estar cautelados los temas ambientales y laborales”, agregó Galarreta.
El
último viernes, el congresista Federico
Pariona, de Fuerza Popular, presentó su propio proyecto, el cual
propone un año más (tres en total) de plazo para las liquidaciones en marcha.
"Queremos
que el Ejecutivo diga cómo va a trabajar. El tema ambiental es
su responsabilidad, y no solo seguir prolongando los plazos para la venta de
Doe Run", refirió. Explicó que este proyecto sería ingresado hoy a la
Comisión de Energía y Minas.
Dijo
que la Junta de Portavoces podría exonerarlo de trámite para que sea agendado,
debatido y aprobado en la sesión del Pleno de este jueves 25 de agosto.
En
caso se aprobara el proyecto de ley de PPK y
Fernando Zavala, el gobierno estaría igualmente con el tiempo justo para su
publicación y entrada en vigencia desde el mismo sábado 27 de agosto.
Este
miércoles 24 de agosto se instala también la junta de Acreedores de Doe Run, a
la espera de la decisión final del Congreso y el Ejecutivo.
ESTA NOCHE (tomado de El Comercio)
Por
la trocha de cinco metros de ancho que conecta la mina Las Bambas con la comunidad de Quehuira, en
Apurímac, pasan al día más de 250 camiones. Esta vía es paso obligado de los
enormes vehículos que llevan el mineral desde el yacimiento, a cuatro mil
metros de altura, hasta el puerto de Matarani, en Arequipa. Desde allí, el
cobre es embarcado a China.
Hace 10 días, esta trocha de 8 kilómetros de extensión fue bloqueada por 400 campesinos de Quehuira y de las comunidades vecinas de Allahua, Choquecca, Antuyo y Pumamarca. Tras un choque con la policía, que terminó en un incendio forestal, la trocha fue despejada. Recién ayer, tras un mejoramiento, la vía volvió a ser utilizada.
Hace 10 días, esta trocha de 8 kilómetros de extensión fue bloqueada por 400 campesinos de Quehuira y de las comunidades vecinas de Allahua, Choquecca, Antuyo y Pumamarca. Tras un choque con la policía, que terminó en un incendio forestal, la trocha fue despejada. Recién ayer, tras un mejoramiento, la vía volvió a ser utilizada.
Los
campesinos protestan por la utilización que da Las Bambas a ese camino
construido en lo que antes fueron terrenos comunales. “Nosotros cedimos ese
espacio para que suba maquinaria y operarios, no para el tránsito de los
camiones”, dice Raymundo Letona, representante de Quehuira. Él reconoce que el
acuerdo con Las Bambas fue “verbal”.
La indignación se acrecentó cuando el Ministerio de Transportes y Comunicaciones incluyó el camino que va a Las Bambas como parte del Sistema Nacional de Carreteras, el 24 de julio pasado. Los campesinos aseguran que esto no se les consultó y temen que Las Bambas ya no construya un ‘mineroducto’ para transportar material sin camiones.
A través de un comunicado, MMG Las Bambas, el consorcio a cargo de la explotación, aseguró a El Comercio que la trocha por la que sacan sus minerales es “pública”. “Realizamos el riego de las vías para mitigar la polución”, dijo la compañía. Respecto de la construcción del ‘mineroducto’, respondió que está suspendida.
La indignación se acrecentó cuando el Ministerio de Transportes y Comunicaciones incluyó el camino que va a Las Bambas como parte del Sistema Nacional de Carreteras, el 24 de julio pasado. Los campesinos aseguran que esto no se les consultó y temen que Las Bambas ya no construya un ‘mineroducto’ para transportar material sin camiones.
A través de un comunicado, MMG Las Bambas, el consorcio a cargo de la explotación, aseguró a El Comercio que la trocha por la que sacan sus minerales es “pública”. “Realizamos el riego de las vías para mitigar la polución”, dijo la compañía. Respecto de la construcción del ‘mineroducto’, respondió que está suspendida.
La
Presidencia del Consejo de Ministros instala hoy una mesa de diálogo. Es la
segunda desde que empezó este gobierno y la cuarta desde julio pasado.
Uriel Condori, teniente alcalde del distrito de Challhuahuacho, informa que en su distrito ninguna calle está asfaltada, hay una comisaría y un centro de salud.
En setiembre del año pasado, las manifestaciones llegaron a su punto álgido con la muerte de cuatro comuneros.
Uriel Condori, teniente alcalde del distrito de Challhuahuacho, informa que en su distrito ninguna calle está asfaltada, hay una comisaría y un centro de salud.
En setiembre del año pasado, las manifestaciones llegaron a su punto álgido con la muerte de cuatro comuneros.
En
abril, las comunidades acataron un paro acusando al gobierno de no participar
en las mesas de diálogo. El Ejecutivo explicó que no llegó por problemas en el
aeropuerto de Cusco.
“Hay que tener cuidado de atribuirle a las minas responsabilidades que son del Estado. No es función de una empresa privada dar bienes básicos a una población”, comentó Carlos Aramburú, ex miembro de uno de los equipos de transferencia al gobierno entrante.
“Hay que tener cuidado de atribuirle a las minas responsabilidades que son del Estado. No es función de una empresa privada dar bienes básicos a una población”, comentó Carlos Aramburú, ex miembro de uno de los equipos de transferencia al gobierno entrante.
ESTA NOCHE (tomado de La
República)
Hay
16 familias de Taquiruta, comunidad de Fuerabamba, distrito de Chalhuahuacho
que viven a metros de las operaciones del proyecto de cobre más importante del
Perú, Las Bambas, del gigante asiático MMG Limited, que tiene como principal
accionista a la estatal China Minmetals Corporation y a esta inversión minera como su primera y
única en Sudamérica.
En
Taquiruta cada mediodía hay voladuras de un tajo minero y los vecinos denuncian
que sus viviendas se han rajado por las explosiones. Viven sin luz eléctrica ni
agua potable.
La
producción de cobre de 32 mil 800 toneladas métricas finas cada mes equivale a
82 camiones con una carga promedio de 400 toneladas.
El
presidente del frente de defensa de la provincia de Cotabambas, Rodolfo Abarca,
aseguró que el 22
de agosto hay una reunión de la mesa de trabajo en Apurímac creada durante el
gobierno de Ollanta Humala, la misma que reanuda sus actividades para
“revisar lo avanzado”. En el encuentro se presentará la lista de demandas de
los pobladores que mostramos a continuación.
Las más de 400 mil toneladas de cobre que MMG
Limited proyecta extraer cada año están debajo de las casas ya desaparecidas de
la comunidad de Fuerabamba. Hace
más de dos años, más de 400 familias de la comunidad fueron reubicadas por la
anterior operadora, Glencore Xstrata, a una ciudad satélite a media hora del
proyecto a la que llaman Nueva Fuerabamba. Taquiruta fue el único caserío
de la comunidad que prefirió quedarse hasta que la empresa les
pague lo que consideran “justo” por sus más de mil hectáreas de terreno.
La
mayoría de la población en las zonas rurales y las áreas urbanas de los
distritos donde se levanta Las Bambas aceptó el proyecto. “No
queremos conflictos. Pero si te doy la mina, también te doy condiciones”, dice
Daniel Olivera.
Durante
varios años, los representantes de los operadores y la población lograron
establecer una relación armoniosa, “pero el cortejo acabó cuando la empresa
accedió a territorios”, narra
Paulina Garzón, directora de la Iniciativa para las Inversiones Sustentables
China-América Latina (IISCAL).
“La empresa era el papá. Si querías fiesta
patronal, la mina traía las mejores orquestas del año, mataban diez o quince
cabezas de ganado, preparaban la mejor chicha”, narra Porfirio
Gutiérrez, y asegura que “todos los regalos acabaron cuando terminaron de sacar
a la comunidad de sus tierras”.
Tiempo
después la convivencia se quebró en setiembre de 2015 con la provincia de
Cotabambas cuando estalló el conflicto por las modificaciones del Estudio de
Impacto Ambiental del proyecto sin consultar a la población. Para entonces MMG
Limited ya había comprado la mina a Glencore.
Lo
que quedó
fueron 3 muertos y 29 heridos. En respuesta, el régimen de
Humala instaló una mesa de trabajo.
El
centro de operaciones está constituido por la planta de espesamiento, la planta
de molibdeno y de filtraciones de cobre, así como un almacén de concentrados,
que antes estaba ubicado en el área de Tintaya, en Espinar (Cusco), pero que
ahora se levanta en la provincia de Cotabambas (Apurímac). Los minerales ya no se
transportarán por un mineroducto, sino por camiones. Desde enero pasado, los
camiones levantan una polvareda que agita el reclamo de los comuneros de Antuyo
en el distrito de Tambobamba, que recientemente ocuparon un tramo de la
carretera.
Según
la minera Las Bambas, esto no afectó sus
operaciones, pero los
pobladores exigen que la empresa asfalte la vía. La empresa dice que riega el camino.
Con
la desaparición del mineroducto se sepultaron las expectativas de los
pobladores de 20 comunidades y cuatro centros urbanos de alquilar o vender sus
tierras en el área de influencia de este transporte.
ESTA NOCHE (tomado de La
República)
Los
conflictos socioambientales de mayor magnitud que podrían estallar de no ser
atendidos a tiempo están en el corredor minero del sur y en las cuatro cuencas
amazónicas de Loreto.
En
el corredor minero, las mesas temáticas en las que se discutían las demandas de
la provincia apurimeña de Cotabambas, están suspendidas. Los tambobambinos ya
dieron la voz de alerta este mes con la toma de una vía en Antuyo.
El
presidente del Frente de Defensa, Rodolfo Abarca, manifiesta que no han tenido
respuestas claras ni resultados visibles en el tema ambiental. Cotabambas también exige que se
asfalte la vía que va hacia Espinar (Cusco), por donde transitan a diario cerca
de 400 camiones que transportan minerales.
En
Cusco, los espinarenses siguen esperando atención especializada para tratar la
contaminación con metales pesados que sufre la población de las comunidades de
Alto Huancané y Huisa desde hace seis años.
Mientras en Arequipa, los agricultores del valle de
Tambo persisten en rechazar el proyecto minero Tía María.
El
analista José Luis López Follegatti opina que se necesita desarrollar el
corredor minero donde están importantes emprendimientos como Tintaya, Las
Bambas o Antapacay.
"Hay que ver la situación en que se encuentran
los proyectos de desarrollo en las zonas altas de Cusco y Apurímac, como los de agua y desagüe, de
construcción de centros de salud. Algunas empresas están haciendo obras por
impuestos, pero falta presencia del Estado”, anota López Follegatti.
En
las cuencas amazónicas Corrientes, Tigre, Marañón y Pastaza, la contaminación
ocasionada por la actividad petrolera continúa sin ser resuelta. Hay acuerdos
no honrados y demora en la titulación de tierras comunales.
En
abril pasado, el gobierno de Humala creó un grupo de trabajo
encargado de coordinar el desarrollo de las cuencas y de ver el cumplimiento de
las tres actas de compromiso que firmó el Ejecutivo con las federaciones
indígenas. El 14 de julio se constató que los avances en las obligaciones eran
pocos. En tanto, los derrames de petróleo en el oleoducto norperuano
parecen indetenibles.
El Comercio
Cientos
de usuarios de transporte público se han visto afectados por la paralización
del servicio de las coasters que hacen el recorrido Ancón-Lima.La medida
responde al alza del peaje.
Los
usuarios indicaron que desde el pasado 4 de agosto, día en que se subió el
peaje, el pasaje subió en al menos 30%.
Rutas de Lima informó hace unas semanas que las tarifas de los peajes ubicados en las vías Panamericana Norte, desde Habich hasta Ancón se incrementarían. La tarifa de vehículos livianos de transporte público pasó de S/3.00 a S/4.00.
Rutas de Lima informó hace unas semanas que las tarifas de los peajes ubicados en las vías Panamericana Norte, desde Habich hasta Ancón se incrementarían. La tarifa de vehículos livianos de transporte público pasó de S/3.00 a S/4.00.
GOBERNABILIDAD,
DEMAGOGIA, AUTORITARISMO, DEMOCRACIA
Peru21
El
ministro de Economía, Alfredo Thorne,
reveló ayer que el gobierno había encargado al Consejo Fiscal (CF) y al Fondo
Monetario Internacional la evaluación de las cuentas fiscales de la gestión de
Humala.
Cumpliendo
el encargo, el CF emitió el informe “Opinión del Consejo Fiscal acerca de la
situación de las finanzas públicas”. Concluye que “el espacio para hacer
políticas fiscales expansivas hoy es mucho menor que el que teníamos hace unos
años”.
Este
debilitamiento de las finanzas públicas se ha producido, según el documento,
por el cambio en las condiciones internacionales y cuatro años de política
fiscal expansiva (más gasto y menos impuestos recaudados).
Además,
los flujos de gastos e ingresos públicos han afectado el stock de deuda pública
que desde el 2014 no ha dejado de crecer. En ese año, detuvo su tendencia
decreciente, iniciada en el 2003.
El
Perú tiene un nivel de deuda pública como porcentaje del PBI de los más bajos de América Latina y
de países con igual calificación crediticia. Sin embargo, el CF estima que, en
un escenario de riesgo externo, de menor crecimiento y precios de exportación,
manteniendo el gasto público la deuda pública podría ubicarse en el 2019 por
encima del límite de 30% del PBI.
El
informe indica que la evolución de las cuentas fiscales en el último quinquenio
se caracterizó por una desaceleración continua en el crecimiento real de los
ingresos del Gobierno Central, caso contrario de lo observado en el crecimiento
del gasto no financiero.
Los
menores ingresos se deben principalmente a la menor recaudación de impuesto a
la renta debido al deterioro de los precios de materias primas, la
desaceleración de la economía y las medidas tributarias adoptadas para
estimular la actividad económica.
Por
el lado del gasto, este aumentó por el gasto corriente –sueldos, mantenimiento
de infraestructura, servicios básicos y otros–, mientras la ejecución se
contrajo en los gobiernos regionales y locales.
Perú21
se comunicó con el presidente del Consejo Fiscal, Waldo Mendoza, para que
amplíe el análisis sobre el tema, pero indicó que están esperando que el
Ejecutivo les envíe el Marco Macroeconómico Multianual –que será posiblemente
esta semana–.
En el 2012 se
tenía un superávit fiscal de 2.3% del PBI y en el
2015 se tuvo un déficit fiscal de 2.1%. Se proyecta que en el 2016 el déficit
será de 3%.
Se espera que en
el 2016 el ratio de deuda pública sea de 25.2% del PBI, por
debajo del 30% establecido en la ley de responsabilidad y transparencia fiscal.
Expreso
En
esta segunda rueda del grupo de análisis económico de EXPRESO, conformado por
Ismael Benavides Ferreyros, exministro de Economía (2010-2011); Jorge Baca
Campodónico, también extitular de la mencionada cartera (1998- 1999); Carlos
Adrianzén, decano de la Facultad de Economía de la UPC; y Jorge Peschiera,
exnegociador de la deuda externa, se analiza un posible escenario post
reducción del IGV en un punto, como lo ha anunciado el Gobierno, lo que
evidentemente tiene que ver con el déficit fiscal.
EXPRESO: Pese a todos los argumentos que relativizan
la eficacia de la reducción del IGV en 1 punto porcentual, el Gobierno insiste
en esta medida. Ahora ya se sabe que es el propio presidente Kuczynski quien
empuja esta iniciativa. Cae por su propio peso la pregunta: ¿qué va a pasar si
el Gobierno insiste contra viento y marea en reducir el IGV?
ISMAEL BENAVIDES: Bueno, habiendo tocado ya el tema de la
ineficacia de la reducción de la tasa para reducir la informalidad, hay que
decir que un conjunto de otras cosas tienen que atacarse para eso, no solamente
la reducción de la tasa del IGV.
El IGV
hoy día contribuye en forma importante a la recaudación fiscal. El déficit
fiscal está cercano al 3 por ciento del PBI –estamos hablando de 7 mil millones
de dólares– y la recaudación continúa cayendo. Aunque los precios de los
minerales se han recuperado algo, las empresas están mostrando pérdidas y los
nuevos proyectos todavía están en proceso de amortizar sus inversiones.
Industrias como la petrolera, con precios deprimidos, tampoco generan impuestos
en forma importante. Así, una reducción del IGV va a ir directo a la venta y la
recaudación va a reducirse en un momento en que no existen en el horizonte
otras fuentes de ingresos.
El
ministro de Economía se encuentra ante esta disyuntiva: si reduzco el IGV, eso
va a significar dos mil y pico millones de soles de menor recaudación. ¿Con qué
lo reemplazo para tratar de reducir el déficit fiscal?
Si
quiere cumplir con las normas del equilibrio fiscal, o aumenta los impuestos
(en lugar de bajarlos) o se endeuda. El endeudamiento del Estado, si sumamos la
deuda interna y externa, tiene ya un peso importante sobre la caja fiscal.
En una
economía que se va a desacelerar –porque ha habido un pico de crecimiento por
la entrada en producción de grandes proyectos mineros como Las Bambas y
Toromocho, que en 2017 y 2018 ya no se va a sentir–, si no hay otros proyectos
importantes o se reactiva la inversión privada, la caída de la recaudación va a
continuar. Por lo tanto, tocar el IGV parece imprudente. Más aún si pretenden
continuar con la reducción del Impuesto a la Renta, que puso en efecto el
exministro Alonso Segura.
Creo
que es un buen deseo del Presidente pensar que, reduciendo el IGV, se va a
reducir la informalidad y reactivar la economía.
JORGE BACA CAMPODÓNICO: Quería agregar que estamos hablando de una
reducción de punto de la tasa del IGV que –dada la ineficiencia de la
recaudación del IGV– puede resultar en una caída de medio punto del PBI en la
recaudación.
Eso
tomando en cuenta solo el primer tramo, porque el ministro (Thorne) hablaba de
tres tramos para llegar a tres puntos de reducción del IGV. Estaríamos hablando
entonces de una caída de la recaudación de un punto y medio del PBI y de
déficit fiscal adicional al 3 por ciento que tenemos ahora.
Obviamente
eso cae fuera de la política fiscal responsable. Por un error de diagnóstico
podemos llegar a pagar consecuencias mucho más graves en lo que ha sido el
pilar de todo nuestro programa económico durante años. Eso generaría un aumento
de la deuda que traería serios cuestionamientos de
parte
de las calificadoras de riesgo.
Lo que
se está poniendo en juego cuando se apuesta a la reducción es que hemos ido
progresando en la gobernabilidad fiscal a través de la Ley de Transparencia
Fiscal, que nos ha permitido tener un control de los gastos del Presupuesto.
Pero
una medida que se ha ido demorando es la creación en el Congreso de una
“oficina del presupuesto” dentro de la Comisión de Presupuesto. La “oficina del
presupuesto” estadounidense ha sido copiada por la mayoría de países en el
mundo. El Presupuesto debe ser analizado no solo por el Ejecutivo, sino por el
Congreso, que es el encargado de fiscalizar. Pero en el Perú aún se presenta un
Presupuesto en gran medida político. Y nadie en el Congreso tiene aún los
medios para entrar realmente al impacto fiscal.
EXPRESO: La ley en el Perú impide tener un déficit
fiscal mayor de uno por ciento del PBI. Fue un aprendizaje muy duro desde los
años 90 comprender que no se puede vivir del futuro de manera indefinida. Hemos
violado esa ley, tenemos un déficit fiscal que no es de uno sino de tres por
ciento del PBI y, como se ha dicho aquí, si no podemos cubrirlo subiendo los
impuestos o bajando los gastos, el país va a endeudarse. Sobre eso quiero
preguntarle a Carlos Adrianzén.
CARLOS ADRIANZÉN: La situación es un peligro, para llamarla por
su nombre. No es que tenemos un déficit de tres por ciento del PBI y estemos
tranquilos porque puede ser acomodado en la legislación con el concepto de
déficit “estructural”. El problema es que posiblemente en este momento, dadas
las cifras publicadas en julio, ya tenemos un déficit bastante mayor del tres
por ciento del PBI y con una tendencia de la recaudación que no deja de caer.
El
gasto ya se ha reducido y a pesar de eso el déficit no deja de aumentar. Pocos
reparan en que, para financiar el déficit, la inversión de los trabajadores (a
través de las AFP) en deuda pública (bonos), se ha inflado en más de 1,500
millones de dólares. Han tomado plata de los trabajadores.
La
pregunta entonces no es si nos conviene endeudarnos, la pregunta es si a este
gobierno le conviene endeudarnos. Se está hablando de una emisión de bonos
–todavía no oficial– de unos 6 mil millones de dólares, diciendo que estamos
poco endeudados.
El
tamaño de la deuda interna y externa es cercana al 30 por ciento del PBI en las
últimas cifras conocidas. La tasa real que hay que pagar es de cinco por ciento
por la deuda interna y de cinco por ciento por la deuda externa. Todos sabemos
cómo se llaman los bonos soberanos que pagan cinco por ciento: bonos basura.
Eso le están vendiendo a nuestros fondos previsionales.
El
problema de fondo es tomar el toro por las astas. El tema es si debemos salir a
colocar bonos para seguir gastando.
EXPRESO: La deuda puede crecer muy rápidamente. Se
acumula de manera exponencial y el camino de regreso es muy difícil…
JORGE PESCHIERA: Es correcto. Regresando al tema del uno por
ciento de reducción del IGV, creo que no se puede analizar el árbol y pensar
que se está mirando el bosque. La tasa del IGV es uno de tantos elementos que
tienen que jugar en el Presupuesto.
Y el
presupuesto es como el de una casa: cuánto entra, cuánto sale. Lo que he
escuchado en la campaña y sigo escuchando son iniciativas de gasto y ningún
análisis de si esos gastos están siendo eficientes y en qué se puede cortar
gasto.
Lo que
dice Jorge Baca respecto de crear en el Congreso una “oficina de presupuesto”
que sea la contraparte del Ejecutivo, me parece muy importante. Ojalá se pueda
implementar para que alguien, con conocimiento y con técnica, pueda responder o
hacer las preguntas correctas respecto de los supuestos del presupuesto.
La
tasa del impuesto es solo uno de los componentes de cómo se van a financiar los
ingresos. Otro es la deuda. Evidentemente, si crece el déficit fiscal a cinco
por ciento del PBI, la deuda crece también. Y si alguien dice: no vamos a
endeudarnos porque hay una reserva financiera, es lo mismo. Endeudarte o
consumir tus reservas es lo mismo. Hay que ver cuánta reserva financiera
necesitas para que no baje tu calificación crediticia.
Si hay
un gasto, tiene que haber un resultado. Creo que hay cierto trabajo que se ha
ido haciendo para evaluar la efectividad del gasto. Debe sacarse a la luz. Debe
exigirse al Ejecutivo presentar esos elementos. Porque este déficit fiscal no
se va a resolver sin un costo social. Ese es el problema.
A
quién van a terminar echándole la culpa y quién va a asumirla. Si nos
comenzamos a enamorar de las acusaciones entramos en un círculo vicioso en el
que nadie quiere ponerle el cascabel al gato. Crear excusas hará crecer el
déficit y al final no sabemos dónde vamos a terminar.
El
reto del Estado está en la efectividad del gasto y en jalar inversión privada,
hacer que el sector privado genere el crecimiento, para lo que el Gobierno debe
hacer atractivo al país. Escucho, por ejemplo, que empresas textiles peruanas
se están mudando a Costa Rica. La empresa textil es transportable. La máquina
se traslada. La marca se produce igual que en el Perú sin todos los problemas
tributarios, burocráticos y regulatorios, y con mano de obra quizá más educada.
La empresa de calzado es trasladable. Consume un montón de mano de obra. Si se
facilita la producción, si la legislación laboral es flexible, ¿por qué una
fábrica de calzado tendría que mudarse?
CARLOS ADRIANZÉN: Esa decisión es gracias a un tipo de cambio
que a la fecha nos viene costando 25 mil millones de dólares de la posición de
cambio. Nada parecido a un tipo de cambio de mercado. En realidad es un tipo de
cambio controlado. ¿Qué política monetaria debimos haber aplicado en su momento
para que la inflación no subiera?
EXPRESO: Otras son las prioridades, entonces, para
hacer crecer la economía y la productividad. Pero en unos días el Gabinete
pedirá facultades para legislar para reducir el IGV. Las consecuencias posibles
son las que hemos escuchado. El Gobierno está haciendo una apuesta basada en un
mal diagnóstico. Es una apuesta temeraria. Quiero dar las gracias a Ismael
Benavides, a Jorge Baca Campodónico, a Carlos Adrianzén y a Jorge Peschiera por
habernos acompañado.
Nota del editor: El grupo económico de EXPRESO será reunido
nuevamente pronto a tratar otro tema de la agenda del Gobierno. El video de
esta conversación puede hallarlo en la página web www.expreso. com.pe
Peru21
El
ministro de Economía, Alfredo Thorne, criticó que el gobierno de Ollanta
Humala no haya cumplido el compromiso de mantener un déficit fiscal de 2.5%.
“En el
tema del déficit fiscal ellos tenían una meta del 2.5%. El exministro de
Economía tenía un compromiso con el Congreso, el cual se rompió 3, 4, 5 veces. Haber
cambiado la regla, comprometerse al 2.5% y ahora estar en 3% significa un
problema”, expresó Thorne.
“El gobierno
anterior desbordó en sueldos y salarios, los haberes en los cinco años han
crecido en más de 100%. Los compromisos futuros de inversión llegan a cerca de
20 mil millones y eso nos quita espacio. El gasto social ha crecido cinco veces
durante el gobierno de Ollanta Humala”, dijo. “Sin embargo, la pobreza no se
redujo cinco veces, solo bajó 7 puntos”, agregó.
Thorne
anunció que su cartera tiene un plan de reestructuración de la Sunat y de Proinversión.
Señaló que ya tiene los nombres de las personas que van a dirigir ambas
entidades.
“No solamente cambiaremos a los individuos, sino la
estructura de la Sunat”, expresó Thorne.
“Lo mismo vamos a hacer en Proinversión… También
tenemos a la persona que va a dirigir esta entidad, agregó el ministro.
La República
La
bancada de Acción Popular ingresó al Congreso un proyecto de ley que propone reducir el IGV de 18% a 17% en periodos
"de desaceleración”. De este modo, se busca incrementar el consumo, sostiene
e proyecto planteado por el vocero de dicha bancada, Víctor Andrés García Belaunde.
El
legislador dijo que con esta modificación en la ley se generará mayor recaudación,
que en 2011 consiguió seis
mil millones más de ingresos cuando se se bajó el IGV de 19% a
18%.
Desde
la bancada de Fuerza Popular, esta iniciativa es considerada
"peligrosa" y se duda de sus beneficios, señaló la parlamentaria
fujimorista Úrsula Letona. El grupo mayoritario se opondría a su aprobación.
El Comercio
El
presidente Pedro Pablo Kuczynski (PPK) advirtió que la Contraloria General de la República "está empezando a acusar a diestra
y siniestra" y que su labor debe ser controlar y no detener proyectos de
inversión pública.
"[La
contraloría] está empezando a acusar a diestra y siniestra, tiene que
tener mucho cuidado, el papel es controlar que efectivamente los gastos
sean hechos de acuerdo a la ley y al presupuesto, no es parar los proyectos. Es
una traba potencial y voy a luchar con eso", afirmó PPK.
"Hay
mucha gente que quiere hacer méritos como abanderados de la lucha contra la
corrupción y con una falta de claridad de cuáles son sus funciones", dijo
y puso como ejemplo de ello a la Contraloría.
Recientemente
el contralor, Edgar Alarcón, ha
salido a los medios a hacer observaciones a la compra de patrulleros para la
Policía y a la adjudicación de la Línea 2 del metro de Lima.
PPK manifestó que en el plano económico "hay
mucho optimismo y que la confianza se está recuperando".
Pero
dijo que es necesario eliminar el Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP).
"Lo que necesitamos [cuando se haga] este pedido legislativo es que
nos dejen trabajar sin el SNIP, este se ha transformado en un cáncer,
está parando todo. No quiero escuchar la palabra SNIP una sola
vez más en mi vida. Fue una buena idea en el 2000 pero hoy necesitamos otra
cosa, que es ProInversion Regional", manifestó.
El Comercio
La
consultora Macroconsult advirtió
en su último reporte semanal de la marcada desaceleración de los sectores
comercio y servicios” en mayo y junio.
Esta
debilidad se podría prolongar en julio, según indicadores adelantados recogidos
por la firma.
Un
indicador que cae es la recaudación del IGV, que tuvo una baja de 1,1% en
julio.
GOBERNABILIDAD,
DEMAGOGIA, AUTORITARISMO, DEMOCRACIA
El
Comercio
La
siguiente visita de Fernando
Zavala al Legislativo podría darse en las próximas dos
semanas, cuando acuda al pleno para solicitar facultades legislativas.
Luis
Galarreta informó que Fuerza Popular actuará del mismo modo que con el voto de
confianza: escuchará la propuesta del primer ministro antes de tomar una
posición.
Carlos
Bruce dijo que, mientras los ministros estarán enfocados en presentarse en las
comisiones del Congreso, la bancada oficialista empezará el trabajo con miras a
la delegación de facultades. “Nos corresponde aterrizar los temas específicos
en los que se va a pedir facultades y también ponernos de acuerdo en cuál será
la fecha más adecuada para esa sesión”, concluyó.
Peru21
A
la fecha, Fuerza Popular ha presentado 41 proyectos de ley. En esta lista
figuran el IGV Justo, la iniciativa que busca
beneficiar a la micro y pequeña empresa con la prórroga de pago de tributos
hasta después de generados sus ingresos; las que crean la Procuraduría General
de la República y el Sistema Nacional de Procuradurías Anticorrupción; y la que
dispone el incremento del presupuesto municipal de 2% a 3% a través del Fondo
de Compensación Municipal (Foncomun).
“Todo
lo que corresponda al Plan Perú vamos a tratar de aprobarlo desde el Congreso,
como lo hemos hecho hasta el momento con el consenso de una mayoría de
bancadas”, expresó el vocero fujimorista, Luis Galarreta.
“Cada
comisión trabajará su propia lista de proyectos y entre ellos estarán los
nuestros”, aclaró.
El
legislador Héctor Becerril adelantó ayer que Cárceles 4,000 —propuesta de
construir penales a más de 4,000 metros de altura para internar a los más
peligrosos delincuentes— será una de las siguientes propuestas legislativas.
El Comercio, La República
El
ministro de Economía, Alfredo Thorne, dijo que Nadine Heredia colocó a personas de su confianza en el
Ministerio de Economía y Finanzas (MEF). Añadió que, durante el gobierno de
Ollanta Humala, esos empleados le rendían cuentas.
“No tengo ninguna foto, pero tengo sospechas
(…) Había puesto [Heredia] mucha gente dentro del MEF, gente de su confianza y
que le rendía cuentas a ella”, declaró Thorne.
El Comercio
Esperamos
ver “quiénes son las personas cuestionadas que quedaron del anterior gobierno y
separarlas. Si ellos dicen que hay ministerios casi quebrados, sería absurdo
mantener a viceministros y funcionarios responsables de esa situación”, señaló Luis
Galarreta, vocero del fujimorismo.
