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MEDIA COLUMNA
Los monopolios
privados
Jorge Morelli
@jorgemorelli1
jorgemorelli.blogspot.com
Un decreto de
urgencia ha aprobado la ley de Control de la Concentración Empresarial, también
llamada ley de fusiones. Es una ley antimonopolio, pero en el Perú nunca
llamamos a las cosas por su nombre.
¿Existen hoy en
el Perú monopolios privados o públicos? Juzgue el lector. A grandes rasgos, las
primeras veinte megaempresas del Perú suman ingresos por unos 50 mil millones
de dólares anuales, una cifra equivalente al 25% del PBI. De
las veinte, cuatro están en energía, cuatro en minería, cuatro en finanzas,
cinco en comercio, dos en telecomunicaciones y una en salud.
En energía, una
es estatal y la otra privada: Petroperú y Repsol. En minería, las cuatro son privadas:
Antamina, Cerro Verde, Southern y Las Bambas. En finanzas, tres son bancos
privados: BCP, BBVB y Scotia. En comercio hay cinco grupos privados: Intercorp,
Ferreycorp, Supermercados Peruanos, Trafigura y Cencosud. Los dos en
telecomunicaciones son Telefónica y Claro (Carso). Finalmente, EsSalud vive en
un limbo sui generis: no es formalmente estatal ni realmente privada.
Son,
pues, entre dos y cinco las empresas a la cabeza de cada sector, apenas un
puñado. Y diez son privadas. Dos son públicas (o semipúblicas): Petroperú y
EsSalud.
Dejando
de lado a las mineras -que no se relacionan con el consumidor directamente-, ¿qué
probabilidad existe de que en cada uno de esos cuatro sectores en el Perú –energía,
finanzas, comercio y salud- prevalezca la competencia libre en beneficio del
consumidor antes que el monopolio, el oligopolio o la concertación en su perjuicio?
Son
muy pocas las megaempresas en cada sector de nuestra economía, y es fácil la
concertación entre ellas. Por eso no basta con legislar la concertación a
futuro. La regulación al presente es necesaria. Veamos.
La primera ley
antimonopolio fue la del gobierno de Theodore Roosevelt en Estados Unidos hace
un siglo contra el monopolio petrolero de la megaempresa Standard Oil de John
Rockefeller. Dio lugar a una decisión judicial que obligó al hombre más
poderoso del país a divider su imperio en 36 empresas diferentes. Después de
eso, no obstante, fue aun más rico que antes. Conclusión tentativa: no es solo,
entonces, que el monopolio -privado o público- sea
perjudicial para el consumidor, sino que lo es para la propia empresa pública o
privada que lo maneja, para cada economía en particular y para la economía global.
Hay interés público en la libre competencia no solo en defensa del consumidor,
sino de la libertad de la economía.
¿Cómo pudo ocurrir entonces la concentración que condujo a
las empresas “demasiado grandes para quebrar”? Su origen es posible rastrearlo
hasta la decisión política que Nixon se vio obligado a tomar en 1971 al romper el
vínculo del dólar con el oro, vigente desde Bretton Woods en 1944. El déficit
fiscal generado por la guerra de Vietnam en defensa de Asia no le dejó otro
camino. Hasta Milton Friedman estuvo de acuerdo en que no había otra salida. El
resultado es que desde entonces la marea creciente de dinero fácil y barato en la
economía global distorsiona las señales para la inversión en todo el planeta.
Desvía la inversión global hacia la economía virtual de las finanzas de Wall
Street apartándola de Main Street USA y de las economías reales en todas partes
hasta crear las megaburbujas globales que vemos colapsar.
El mecanismo es este: el dinero fácil y barato multiplicó a escala global las
fusiones y adquisiciones de megaempresas entre sí. Estas no siempre crean
riqueza nueva y, más bien, siempre traen aparejado el peligro de la
concertación o sus formas agravadas, el oligopolio y el monopolio. Es lo que hace
la plata barata.
Nunca acabarán los males derivados de la decisión política de
Nixon hasta que volvamos a tener un referente del valor, una estrella polar en
el firmamento que guíe a las naves de la economía global. Pero la lección para nosotros aquí y
ahora es que, como muestra la experiencia, no bastan una ley de control de la
concentración empresaria ni un organismo regulador –el Indecopi, si vamos al
caso- si este no puede abrir a la libre competencia un mercado cerrado.
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