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Jorge
Morelli
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Si,
por la vía que fuere, Alejandro Toledo es traido al Perú y encarcelado, va a negociar todo lo que sabe respecto de lo que Pedro
Pablo Kuczynski, su último premier, supo o debió saber sobre los sobornos
para la concesión de la Interoceánica.
O sea, cómo se firmó el contrato en las postrimerías del gobierno de Toledo exonerando a la Interoceánica del Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP), y también por qué, a raíz de la objeción de la Contraloría, tuvo que darse una ley especial, con nombre propio, para permitir que Odebrecht fuera postor en esa licitación pese a tener procesos judiciales con el Estado, lo que estaba prohibido por ley del gobierno de Alberto Fujimori.
En
otras palabras, si Toledo es encarcelado, va a hablar tanto o más y más estentóreamente
que el mismísimo Odebrecht en Brasil. Y lo que diga, cierto o no, será asumido
como posible y tendrá que ser investigado. Las posibilidades para Kuczynski de gobernar el país en esas circunstancias se vuelven extremadamente complejas, mucho más que hoy en que el destape de la mega corrupción ha comprometido ya la gobernabilidad de manera importante.
¿Existe
el peligro de que el mandatario se vea involucrado en esos procesos? ¿Cabe la
posibilidad de que deba dejar la Presidencia? Pues bien, ese es un peligro que el
país tiene que estar dispuesto a asumir. Porque es inadmisible que algun arreglo subalterno permita a Toledo eludir la justicia por temor a las consecuencias
políticas.
Sucede
otro tanto respecto de empresas privadas de las que Toledo conoce hechos que
guarda como eventuales fichas de negociación, relativos a cómo, por ejemplo,
cambiaron de manos varios medios de comunicación durante su gobierno.
Estos hechos, hasta la fecha, son de conocimiento solo parcial por la opinión
pública.
Toledo será extraditado. Ese es un proceso que tiene pasos y plazos conocidos. La prensa estará vigilante de que este no se vea alterado por influencias ajenas a la justicia. Están notificados.
Toledo será extraditado. Ese es un proceso que tiene pasos y plazos conocidos. La prensa estará vigilante de que este no se vea alterado por influencias ajenas a la justicia. Están notificados.
REPORTE DE NOTICIAS en Internet
Las siguientes notas periodísticas de
política y economía han sido seleccionadas, editadas y ordenadas
temáticamente. No se las debe citar como
tomadas directamente de sus fuentes originales, las mismas que se indican sólo
como una forma de reconocer el crédito y agradecer la cortesía.
ANTICORRUPCION,
PERSECUCION, JUDICIALIZACION POLITICA
El Comercio
Odebrecht inició sus operaciones en el Perú
en 1979 y hasta la fecha constituyó no menos de 27 empresas en nuestro país: 19
firmas de origen peruano y 8 sucursales de matrices en Brasil. Todas esas
compañías ahora serán investigadas por la Comisión Lava Jato del Congreso.
El
Comercio, a través de un cruce de información en Registros Públicos y la Sunat,
logró mapear la red empresarial de la constructora que desde 1990 ha
participado en 52 proyectos con el Estado Peruano.
De
esos proyectos, la contraloría investigó y encontró sobrecostos en 22. La
Comisión Lava Jato del Congreso analiza esos casos.
Odebrecht
se presentaba a licitaciones tanto con empresas que llevaban su nombre como con
firmas de distinto nombre. Es el caso de AC Energía S.A., encargada de la
Central Hidroeléctrica Chadin 2; Marañón Energía S.A., a cargo de la Central
Hidroeléctrica Cumba 4; y Empresa de Generación Huallaga S.A., para la
Hidroeléctrica Chaglla.
Con
nombre propio, el grupo brasileño tenía algunas predilectas, según el rubro al
que postulaba. Odebrecht Perú Ingeniería y Construcción S.A.C. participó en la
construcción de dos carreteras en provincias en el 2014. Y no solo formaba
consorcios con otras empresas peruanas, sino que constituía firmas en su propio
conglomerado.
La
concesionaria Chavimochic S.A. está integrada por la Constructora Norberto
Odebrecht S.A. (20,5%) y Odebrecht Partipacoes e Investimentos (53,5%), además
de Graña y Montero S.A.A. (26%).
Las
concesionarias Trasvase Olmos S.A. y H2Olmos S.A. fueron constituidas a través
de sucursales de matrices brasileñas inscritas como sucursales.
Todas
las empresas del grupo cuentan con el mismo domicilio fiscal: la avenida Víctor
Andrés Belaunde número 280, en San Isidro, inmueble adquirido por Odebrecht
Inversiones Inmobiliarias S.A.C.
Si
bien la formación de empresas subsidiarias es algo común en el mundo privado,
en el Congreso ha despertado sospechas la estructura de constitución utilizada
por Odebrecht, sobre todo luego de que se conocieran las coimas que hicieron en
el país.
El
legislador Víctor Andrés García Belaunde, integrante de la Comisión Lava Jato,
consideró que la cantidad de empresas formadas por Odebrecht podría representar
una “mecánica” para blindar a la matriz.
“Al
crear tantas empresas lo que haces es atomizar responsabilidades al máximo.
Mientras más diversificas, más eludes, y además generas una estructura difícil
de descifrar”, explicó el legislador aprista Mauricio Mulder. Según Mulder, las
empresas crean estructuras especializadas y para ello recurren a estudios de
abogados.
Expreso
Los ilegítimos
Martha
Meier Miró Quesada
Cuando los medios de comunicación hacen de la mentira su
estandarte se adentran en un camino de muy difícil retorno. Si las páginas de
un diario gotean soberbia e infundios, la gente pasa de largo por el kiosko y
lo deja colgado hasta convertirlo en la última hoja del frondoso árbol de la libertad
de expresión que -como decía don Alejandro Miró Quesada Garland- cobija a todas
las demás libertades.
“El Comercio” fue alguna vez el corazón de los hogares, el
pulso de la ciudad, la voz de muchos y la esperanza de grandes sectores de la
población. Era como el pan o la mantequilla pues no faltaba en la mesa del
desayuno; y “comercios” fue peruanismo para periódico. Por eso lastima verlo
convertido en un simple papelón mendaz, cuya línea editorial es acaso más
sinuosa que la huella de una sierpe sobre el barro.
Con un conglomerado mediático como “El Comercio” se pueden
hacer cosas grandes y buenas por nuestro país, pero también muchas otras
perversas y tóxicas como ocurre hoy. Y eso pone en riesgo no solo la
supervivencia del medio sino a la democracia misma.
Hace algún tiempo una parte de la familia Miró Quesada le
hizo creer a la otra que no debía ni podía dirigir su propio diario, cuya larga
tradición de directores familiares fue la base de lo que algunos pueden
considerar grandeza.
Esos mismos se encargaron de filtrar a recaderos de noticias
a la medida de sus intereses, de sus egos y de sus vicios. Algo que sobra entre
ese bando, carente de intelectuales capaces de pensar y repensar el Perú; de
herederos a los que les bulle en la sangre el amor a la palabra y el don de
escribir inteligiblemente cosas cuando no brillantes al menos interesantes.
“El Comercio” ya no es siquiera un negocio rentable, solo
miente y protege a la corrupción, con la coartada de defender el sistema del
libre mercado.
Buena parte de los herederos de “El Comercio” han olvidado
que la verdad y su hija la credibilidad son la esencia del comunicar; es como
si Willie Wonka creyera que sin cacao puede hacer chocolate.
Yo creo que las páginas y las pantallas deben estar preñadas
de verdad, del sueño compartido por un mañana mejor, de indignación ante las
injusticias, furia contra la corrupción y palabras e imágenes que ayuden a
forjar mejores seres humanos.
El mítico escritor y periodista polaco Ryszard Kapuscinski,
maestro de maestros, sentenció que “las malas personas no pueden ser buenos
periodistas”.
¿El antiperiodismo pedante de “El Comercio” resulta de la
escasez de buenas personas? Lo firmo: ¡sí!
Expreso,
viernes 16 febrero
Peligroso juego de la concentración mediática
Luis García Miró
El consorcio de la concentración mediática –El Comercio y sus
satélites- desvaría con una torva doble cara. Convertido en vocero disfuncional
de la corrupción constructora –vinculado indirectamente a una de las asociadas
de Odebrecht- pega de bandazos a diario como elefante en cristalería.
Arrinconado entre el temor y la pedantería, ha perdido todo sentido como medio
de comunicación, por más 178 años de existencia que exhiba. Ahora ni orienta ni
informa coherentemente. La opinión pública lo afirma mediante su continuada
merma de confianza; vale decir, baja lectoría y principalmente menoscabo de su
credibilidad.
Igual ocurre al mostrar sus cartas en el juego político.
Ensalza a quien lo apoye, hasta que acaba denunciándolo y persiguiéndolo
implacablemente. Ocurrió con Fujimori. ¿Recuerdan ese infame editorial en
primera página, apenas el ex mandatario ganó los comicios en la segunda
reelección, reclamándole a sus lectores que apoyen al re-reelecto presidente
porque el voto en las urnas “representa a la democracia”? Pues ese editorial
fue en pago del servicio que le hiciera Fujimori a través de su entonces Fiscal
Julia Eguía, declarando que había prescrito el delito por la malversación de
dólares MUC, con lo cual los directivos de El Comercio se salvaron de ir a la
cárcel. Sin embargo tiempo después ese diario urdía el linchamiento político
contra Fujimori. Con Toledo fue idéntico. Lo endiosó y promovió a la
presidencia. Una vez sentado en palacio Toledo fue extorsionado por El
Comercio. ¿Cómo? Exigiéndole que intervenga ante César Almeyda -su romana del
diablo y a la sazón mandamás de Indecopi, donde Canal4 navegaba en quiebra tras
la borrasca de la familia Crusillat- para que “arregle las cosas”, de manera
que el diario se hiciera de los activos de ese medio televisivo tan sólo
asumiendo los pasivos y poniendo como garantía las acciones de Canal N, por
entonces al borde del colapso por falta de publicidad. Almeyda cocinó la
operación a la medida de El Comercio. Y Toledo creyó haberse ganado la simpatía
de ese diario para el resto de su gobierno. Falso. A los pocos meses El
Comercio la emprendía otra vez contra el de Cabana, al extremo de exigirle en
portada que dé un paso al costado. Es decir, un golpe de Estado periodístico.
En adelante Toledo gobernó sometido al ucase del diario de La Rifa. Con García
intentó hacer lo propio, pero el dos veces presidente conocía como pocos los
intestinos de El Comercio. Si bien El Comercio se abocó a incordiar y difamar a
García, no tuvo oportunidad de exigirle prebendas a cambio. Hoy El Comercio
pretende manipular a Pedro Pablo Kuczynski como hiciera con Toledo. Cuidado
presidente, sobre todo con el follón de las corruptas constructoras brasileñas
y peruanas, que buscan salvar cara y cuerpo a costa de desinstitucionalizar al
Perú.
El Comercio como diario ahora influye poco. Pero su fortaleza
estriba en su control del Canal 4, medio masivo que le permite una plataforma
de influjo sumamente eficaz. El país debe estar alerta al juego turbio de esta
concentración mediática. Puede acabar quebrantando nuestra democracia
Correo,
EFE
Un
juez de Brasil levantó ayer el bloqueo de bienes de la constructora Odebrecht,
que estaban suspendidos desde noviembre pasado por su implicación en el
gigantesco caso de corrupción. La decisión del magistrado llega como consecuencia
del acuerdo de colaboración existente entre 77 exdirectivos de la constructora
y los órganos de justicia.
El
Departamento de Justicia de EEUU divulgó
en diciembre que la constructora pagó 788 millones de dólares en sobornos en 12
países.
Odebrecht
se ha comprometido a pagar más de dos mil millones de dólares en multas a EEUU,
Suiza y Brasil.
El Comercio
El
titular de la segunda fiscalía anticorrupción Reynaldo Abia acudió hoy a las oficinas de Odebrecht,
en San Isidro, para recoger información. Según la fiscalía. “Nos han atendido y
nos han dado información que es reservada para el caso”, destacó Abia.
"Durante
la diligencia se suscribió un acta de entendimiento con representantes de
empresa Odebrecht para
entrega de información", agregó el Ministerio Público a través de su
cuenta de Twitter.
Una
semana atrás se informó que la constructora brasileña entregaría la
información requerida como símbolo de predisposición a colaborar con la
investigación.
Expreso
La Sunat ha ordenado este
viernes un embargo de propiedades y cuentas bancarias de la firma brasileña Odebrecht
en el Perú por 80 millones de soles, según informes de fuentes del ente
recaudador.
Se trata de una medida
adoptada –según la agencia Andina– mientras se desarrollan las investigaciones
a nivel del Ministerio Público, frente a la presunción de que la cobranza a una
empresa deudora sea infructuosa o se busque ocultar activos o falsear libros
contables.
En esa línea, el portal
Ojo-Público.com indicó que la Intendencia de Principales Contribuyentes
Nacionales de Sunat dispuso el embargo por 80 millones de soles, de los cuales
casi 50 millones corresponden a terrenos de Odebrecht en la región Lambayeque,
y el resto por concepto de retenciones bancarias.
Los terrenos fueron
intervenidos el pasado 18 de enero y se trata de 3,000 hectáreas en la zona de
Olmos, propiedad de Odebrecht Latinvest Perú Ductos, subsidiaria del grupo
brasileño, añadió el referido portal informativo.
Asimismo, estimó que el
monto total de embargo llega a los 240 millones de soles cuando se incluyan los
montos de embargos que la Sunat aplicó al resto de compañías del caso Lava Jato
en el Perú.
Se mantiene en reserva la
identidad de las constructoras restantes para no entorpecer la búsqueda de sus
activos a nivel nacional.
El Comercio
Ayer
se supo que en los primeros días de este año la Sunat inició procedimientos de embargo contra 8 empresas brasileras con presencia en el Perú por S/
200 millones. Entre ellas figuran Odebrecht,
Queiroz Galvao y OAS.
El
anuncio generó ciertas dudas respecto a la validez de la norma, sobre todo
porque las empresas embargadas aún no tienen una sentencia en su contra.
La
decisión adoptada por la Sunat no sólo no vulnera la ley sino que esa misma
medida ya ha sido utilizada antes por el ente recaudador.
Para
embargar bienes y cuentas, tanto de Odebrecht como de otras empresas brasileras,
la Sunat ha apelado al mecanismo de medidas cautelares provisionales.
"Este es un recurso extraordinario que se utiliza cuando existe riesgo de
que una empresa o persona incumpla con sus obligaciones tributarias",
señala Leonardo López, socio de Hernández & Cía. Abogados.
Las
condiciones básicas que deben cumplirse para aplicar la medida
cautelar son dos: que haya un indicio claro de que el contribuyente pueda no pagar
los tributos y que la demora de la Sunat en
tomar una decisión constituya un riesgo inminente.
Expreso
En el expediente que
maneja el fiscal Hamilton Castro hay documentos del embajador de Brasil en Perú
en 2005, André Mattoso Maia Amado, donde se describe que Toledo instruyó a PPK absolver
los cuestionamientos de la Contraloría –que había recomendado no firmar el
contrato– y poder otorgar la buena pro de la Interoceánica a Odebrecht.
El cable fechado el 18 de
junio de 2005, en el punto cuatro detalla cómo es que Toledo y PPK acordaron
“satisfacer inmediatamente” las observaciones de la Contraloría. “A los
desencuentros sobre el financiamiento entre Palacio, el Ministerio de
Transportes, Provías y el Ministerio de Economía y Finanzas, cada uno
protegiendo su propia agenda, sin que el jefe de Estado tenga condiciones para
dirimir esas divergencias, se suman, ahora, cuestionamientos jurídicos”,
informa a Itamaraty el citado diplomático.
Agrega que “la
Contraloría, el homólogo de nuestro TCU (Tribunal de Cuentas de Brasil),
dirigió hace pocos días –porque fue consultada recientemente al respecto– una
solicitud de aclaraciones y mayor información al MEF sobre el proceso de
licitación de la Interoceánica, diálogo que se intensificará solamente en la
medida en que el Presidente inste al titular del MEF [PPK] a responder al
órgano fiscalizador peruano”.
Lo más grave viene a
continuación: “Ayer mismo, en Tarapoto, entreoí una conversación telefónica en
la que Toledo volvió a dar instrucciones a PPK para satisfacer inmediatamente
las consultas de la Contraloría”.
Entretanto, siempre según
el embajador, las empresas están “optimistas” y “tienen la determinación de no
aceptar propuesta alguna que diste sustancialmente en el precio estimado por
las constructoras brasileñas, eventualidad que dejaría desierta la referida
licitación, un precio político inmenso, sobre todo para el presidente del
Perú”.
Salvado ese escollo, que
para Toledo era una “burocracia insensible”, el monto de la Interoceánica sur
pasó del precio “irrealista” de 700 millones de dólares a 840 millones, como
quería en este caso Odebrecht. Años después vendrían las adendas que le elevaron
hasta más de 3,500 millones de dólares.
Expreso
Programada para el jueves
23, en Palacio de Gobierno o en el lugar y hora que indique finalmente el
mandatario, revelaron fuentes judiciales, se llevará a cabo la declaración del
presidente Pedro Pablo Kuczynski.
La decisión tomada por el
representante del Ministerio Público tiene el objetivo de conocer exactamente
las conversaciones que Kuczynski Godard habría mantenido con Jorge Henriquez
Simoes Barata, exsuperintendente de la empresa Odebrecht y ahora acusada de
corrupción en diversos países latinoamericanos, antes de las últimas elecciones
presidenciales.
Expreso
Ayer, la procuradora
pública ad hoc, Katherine Ampuero, solicitó el pago de 200 millones de soles
como reparación civil al expresidente Alejandro Toledo y al exdirector de
Odebrecht Jorge Barata, entre otros implicados, en el escándalo de sobornos de
esa compañía en el Perú.
También pagarán en forma
solidaria el exviceministro de Comunicaciones Jorge Cuba, su pareja, Jessica
Tejada, y los exfuncionarios Edwin Luyo, Miguel Navarro y Mariella Huerta.
Cuba y sus coprocesados,
todos detenidos menos Huerta, son acusados de haber recibido una coima de dos
millones de dólares para facilitar que Odebrecht gane la licitación para la
construcción de la Línea 1 del Metro de Lima.
El Comercio
Durante
la supervisión de una obra de agua potable en el distrito limeño de Ate, el
presidente Pedro Pablo Kuczynski (PPK)
aseguró que continuará trabajando sin dejarse distraer.
“Hay
mucho trabajo, hay muchos obstáculos políticos, burocráticos y de corrupción.
Pero nosotros somos limpios, hacemos trabajo limpio y honesto. Y así vamos a
seguir hasta el final del gobierno”, dijo el jefe de Estado durante su discurso
esta mañana.
El Comercio, vie 17 feb 2017
Kenji
Fujimori envió un oficio a la presidenta del Parlamento, Luz Salgado,
solicitando el levantamiento de su inmunidad parlamentaria para colaborar
"ampliamente" con una investigación del Ministerio Público por
presunto lavado de activos que lo implica a él y a sus hermanos Hiro y Sachie.
El
congresista de Fuerza Popular anunció la medida luego de que El Comercio
informara hoy que la Segunda Fiscalía Supraprovincial Corporativa de Lavado de
Activos inició una investigación preliminar a sus hermanos Hiro y Sachie por el
presunto delito de lavado de activos y había pedido el levantamiento de la
inmunidad parlamentaria de Kenji Fujimori.
“Mi
conducta siempre ha sido transparente, por ello he pedido el levantamiento de
mi inmunidad para que la fiscalía pueda realizar su trabajo”, expresó el
hermano de la ex candidata presidencial Keiko Fujimori a través de Twitter.
Asimismo,
consideró que sus hermanos Hiro y Sachie "son señalados solo por razones políticas".
Yo doy la cara por ellos y estoy orgulloso de ambos.”
El
Comercio, sab 18 feb 2017
La
ex candidata presidencial de Fuerza Popular, Keiko Fujimori,
calificó como “cortina de humo” la investigación preliminar del Ministerio
Público contra sus hermanos Hiro y Sachie por el presunto delito de lavado de
activos, pesquisa en la que además se pretende incluir al legislador Kenji Fujimori.
“Siempre
damos la cara. Basta de cortinas de humo con investigaciones sin fundamento y
acusaciones falsas al fujimorismo para tapar Odebrecht. Mientras tanto, crecen
los rumores que lejos de aquí, el señor Toledo y sus ministros de entonces
están ‘armando el muñeco’”, expresó a través de Twitter la lideresa de Fuerza
Popular.
También
recordó que ayer su hermano Kenji solicitó al Congreso acceder a la solicitud
de la Segunda Fiscalía Supraprovincial Corporativa de Lavado de Activos para
que se le levante la inmunidad parlamentaria a fin de ser incluido en la
investigación. “Acá no hay blindaje”, expresó.
“Desde
el lugar que nos corresponde buscaremos la verdad, abrigando la esperanza que
se cumpla la ley”, sentenció finalmente.
El Comercio, vie 17 feb 2017
De
acuerdo a las pesquisas, el pequeño negocio de almacenaje de los hermanos
Fujimori tuvo un vertiginoso crecimiento en dos años recurriendo a la modalidad
de capitalización de deudas con empresas que también estaban vinculadas a los
hijos del sentenciado ex presidente Alberto Fujimori.
De
acuerdo a la información que maneja la fiscalía, el capital social de
Limasa, que en 2009 era de S/40 mil, habría pasado a sumar S/2’867.320 en el
2014.
Dicha
empresa, que cambió su nombre a Integrated Global Logistics (IGL), llegó a
convertirse en socia de la transnacional Sankyo, compañía japonesa que es líder
en el negocio de la logística marítima.
El Comercio
De
acuerdo a la Constitución Política del Perú, los congresistas no pueden ser
procesados en la vía penal ni presos sin autorización previa del Congreso o la
Comisión Permanente desde que son elegidos hasta un mes después de haber cesado
sus funciones, excepto cuando hay delito flagrante. Esto es la inmunidad
parlamentaria.
¿Cuál
es el procedimiento entonces? En principio, la fiscalía tiene que enviar el
requerimiento al Poder Judicial. Este, mediante una comisión de vocales
titulares designada por la sala plena de la Corte Suprema, evalúa la solicitud
fiscal de levantamiento de fuero, que tiene que está acompañada con documentos
respecto a lo actuado en la investigación policial, fiscal y judicial.
Luego,
el Poder Judicial tiene que enviar por escrito ese informe y la solicitud de
levantamiento de inmunidad al Congreso.
El
Reglamento del Congreso de la República, que tiene rango de ley, establece los
pasos siguientes.
1. Una
vez recibida la comunicación del Poder Judicial, la presidencia del Congreso
tiene un plazo de 24 horas para ponerla en conocimiento de la Comisión de
Levantamiento de Inmunidad Parlamentaria. Actualmente, este grupo tiene 15
miembros -8 de Fuerza Popular- y es presidido por el congresista aprista
Mauricio Mulder.
2. La
comisión tiene 4 días útiles para admitir la solicitud de levantamiento de
inmunidad o para responder a la Corte Suprema para que subsane observaciones de
la solicitud. También tiene que evaluar que solo exista motivación legal en el
pedido.
3.
Admitida la solicitud, el presidente de la comisión -en este caso Mulder- tiene
que convocar a una sesión dentro de los tres días hábiles siguientes. También
debe citar a Kenji Fujimori para que ejerza su defensa, señalando 2 fechas con
intervalo de 1 día para recibir al legislador. Sin embargo, su inasistencia no
suspende el procedimiento.
En
este caso, Kenji Fujimori se
ha allanado solicitando a la presidencia del Congreso que acceda a la solicitud
de levantamiento de inmunidad. Así, el reglamento señala que la comisión
dictaminará en un plazo máximo de 3 días hábiles siguientes al allanamiento,
aprobándolo o rechazándolo.
El
congresista fujimorista Octavio Salazar, vicepresidente de la comisión, indicó
a El Comercio que el accionar de Kenji Fujimori permitirá que el procedimiento
sea más rápido.
4. A
partir del día siguiente en el que se citó al congresista denunciado, la
comisión tiene un plazo de 15 días útiles para emitir un dictamen.
5.
Luego, dentro de los 2 días hábiles de emitido el dictamen de la comisión, el
Consejo Directivo del Congreso lo consignará en la agenda del pleno de la
sesión siguiente a la fecha de recepción del documento. En esta sesión o en la
subsiguiente se debe debatir y votar el pedido.
Actualmente,
el pleno del Congreso se encuentra en receso y este acaba el 1 de marzo. Si se
tomara una decisión antes de esa fecha, tendría que ser en la Comisión
Permanente, actualmente conformada por 26 legisladores bajo la presidencia de Luz
Salgado, de Fuerza Popular. Sin embargo, lo más probable es que el caso
de Kenji Fujimori se
decida en sesión del pleno.
¿Cómo
se aprueba el levantamiento de la inmunidad? Con los votos a favor de la mitad
más uno del número legal de congresistas; es decir, 66.
LIBERTAD ECONOMICA, GLOBALIZACION,
REFORMAS, INVERSION
El Comercio, Bloomberg
El presidente Donald Trump tiene
una fijación con los déficits como medida de cuánto sale perjudicado Estados
Unidos en los acuerdos comerciales. Tiene a México en la mira de su Twitter por
vender US$63.000 millones más de bienes a Estados Unidos de lo que le compra y
responsabiliza a un Tratado de Libre Comercio de América del Norte “sesgado”
por un desequilibrio “gigantesco”, algo que ha prometido corregir renegociando
los términos del acuerdo.
El
déficit de US$63.000 millones representa una brecha de importaciones-exportaciones
de 12 puntos porcentuales, considerando que las importaciones estadounidenses
de México son el 56% del comercio total entre ambos países y las exportaciones
a México, el 44%.
Si
bien la magnitud de la brecha ayuda a determinar si un acuerdo comercial es un
fiasco, México difícilmente sea el mayor problema de Estados Unidos. Este país
tiene déficits con la mayoría de sus más de 75 socios comerciales. El déficit
comercial estadounidense alcanzó un total de US$743.000 millones en 2016: una
disparidad entre importaciones y exportaciones de 20 puntos porcentuales.
Cuando
se analiza la dimensión de la brecha que tiene Estados Unidos con algunos de
sus principales socios comerciales, los déficits estadounidenses con sus socios
del TLCAN, Canadá y México, son relativamente mínimos.
Una
diferencia de importaciones-exportaciones de 65 puntos porcentuales favorece a
Irlanda, el mayor déficit comercial de los quince principales socios
comerciales de los Estados Unidos. Una brecha de 60 puntos favorece a China.
Estados Unidos también tiene grandes desequilibrios con Japón, Alemania e India.
Queda
del otro lado de la raya con los Países Bajos, el Reino Unido y Brasil. Cada
uno de estos países le compró a Estados Unidos más que lo que le vendió en
2016.
En
dólares, China encabeza la lista de los desequilibrios. Estados Unidos comercia
más con China que con cualquier otro país. En 2016, Estados Unidos les compró a
los chinos US$347.000 millones más de lo que les vendió: una diferencia de 80 a
20.
La
fijación de Trump con
renegociar el TLCAN es comprensible cuando se toma en cuenta que el comercio
con Canadá y México el año pasado superó US$1 billón. Pero las enormes brechas
comerciales con China y otros países muestran que modificar el TLCAN no
acercará mucho a Estados Unidos a la paridad comercial mundial.
