sábado, 18 de febrero de 2017

ESTA NOCHE sábado 18 febrero 2017


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Jorge Morelli
@jorgemorelli1
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Si, por la vía que fuere, Alejandro Toledo es traido al Perú y encarcelado, va a negociar todo lo que sabe respecto de lo que Pedro Pablo Kuczynski, su último premier, supo o debió saber sobre los sobornos para la concesión de la Interoceánica.

O sea, cómo se firmó el contrato en las postrimerías del gobierno de Toledo exonerando a la Interoceánica del Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP), y también por qué, a raíz de la objeción de la Contraloría, tuvo que darse una ley especial, con nombre propio, para permitir que Odebrecht fuera postor en esa licitación pese a tener procesos judiciales con el Estado, lo que estaba prohibido por ley del gobierno de Alberto Fujimori.

En otras palabras, si Toledo es encarcelado, va a hablar tanto o más y más estentóreamente que el mismísimo Odebrecht en Brasil. Y lo que diga, cierto o no, será asumido como posible y tendrá que ser investigado.  

Las posibilidades para Kuczynski de gobernar el país en esas circunstancias se vuelven extremadamente complejas, mucho más que hoy en que el destape de la mega corrupción ha comprometido  ya la gobernabilidad de manera importante.

¿Existe el peligro de que el mandatario se vea involucrado en esos procesos? ¿Cabe la posibilidad de que deba dejar la Presidencia? Pues bien, ese es un peligro que el país tiene que estar dispuesto a asumir. Porque es inadmisible que algun arreglo subalterno permita a Toledo eludir la justicia por temor a las consecuencias políticas.   

Sucede otro tanto respecto de empresas privadas de las que Toledo conoce hechos que guarda como eventuales fichas de negociación, relativos a cómo, por ejemplo, cambiaron de manos varios medios de comunicación durante su gobierno. Estos hechos, hasta la fecha, son de conocimiento solo parcial por la opinión pública. 

Toledo será extraditado. Ese es un proceso que tiene pasos y plazos conocidos.  La prensa estará vigilante de que este no se vea alterado por influencias ajenas a la justicia. Están notificados.



REPORTE DE NOTICIAS en Internet
Las siguientes notas periodísticas de política y economía han sido seleccionadas, editadas y ordenadas
temáticamente. No se las debe citar como tomadas directamente de sus fuentes originales, las mismas que se indican sólo como una forma de reconocer el crédito y agradecer la cortesía.



ANTICORRUPCION, PERSECUCION, JUDICIALIZACION POLITICA



El Comercio
Odebrecht inició sus operaciones en el Perú en 1979 y hasta la fecha constituyó no menos de 27 empresas en nuestro país: 19 firmas de origen peruano y 8 sucursales de matrices en Brasil. Todas esas compañías ahora serán investigadas por la Comisión Lava Jato del Congreso.
El Comercio, a través de un cruce de información en Registros Públicos y la Sunat, logró mapear la red empresarial de la constructora que desde 1990 ha participado en 52 proyectos con el Estado Peruano.
De esos proyectos, la contraloría investigó y encontró sobrecostos en 22. La Comisión Lava Jato del Congreso analiza esos casos.
Odebrecht se presentaba a licitaciones tanto con empresas que llevaban su nombre como con firmas de distinto nombre. Es el caso de AC Energía S.A., encargada de la Central Hidroeléctrica Chadin 2; Marañón Energía S.A., a cargo de la Central Hidroeléctrica Cumba 4; y Empresa de Generación Huallaga S.A., para la Hidroeléctrica Chaglla.
Con nombre propio, el grupo brasileño tenía algunas predilectas, según el rubro al que postulaba. Odebrecht Perú Ingeniería y Construcción S.A.C. participó en la construcción de dos carreteras en provincias en el 2014. Y no solo formaba consorcios con otras empresas peruanas, sino que constituía firmas en su propio conglomerado.
La concesionaria Chavimochic S.A. está integrada por la Constructora Norberto Odebrecht S.A. (20,5%) y Odebrecht Partipacoes e Investimentos (53,5%), además de Graña y Montero S.A.A. (26%).
Las concesionarias Trasvase Olmos S.A. y H2Olmos S.A. fueron constituidas a través de sucursales de matrices brasileñas inscritas como sucursales.
Todas las empresas del grupo cuentan con el mismo domicilio fiscal: la avenida Víctor Andrés Belaunde número 280, en San Isidro, inmueble adquirido por Odebrecht Inversiones Inmobiliarias S.A.C.
Si bien la formación de empresas subsidiarias es algo común en el mundo privado, en el Congreso ha despertado sospechas la estructura de constitución utilizada por Odebrecht, sobre todo luego de que se conocieran las coimas que hicieron en el país.
El legislador Víctor Andrés García Belaunde, integrante de la Comisión Lava Jato, consideró que la cantidad de empresas formadas por Odebrecht podría representar una “mecánica” para blindar a la matriz.
“Al crear tantas empresas lo que haces es atomizar responsabilidades al máximo. Mientras más diversificas, más eludes, y además generas una estructura difícil de descifrar”, explicó el legislador aprista Mauricio Mulder. Según Mulder, las empresas crean estructuras especializadas y para ello recurren a estudios de abogados.



Expreso
Los ilegítimos
Martha Meier Miró Quesada
Cuando los medios de comunicación hacen de la mentira su estandarte se adentran en un camino de muy difícil retorno. Si las páginas de un diario gotean soberbia e infundios, la gente pasa de largo por el kiosko y lo deja colgado hasta convertirlo en la última hoja del frondoso árbol de la libertad de expresión que -como decía don Alejandro Miró Quesada Garland- cobija a todas las demás libertades.
“El Comercio” fue alguna vez el corazón de los hogares, el pulso de la ciudad, la voz de muchos y la esperanza de grandes sectores de la población. Era como el pan o la mantequilla pues no faltaba en la mesa del desayuno; y “comercios” fue peruanismo para periódico. Por eso lastima verlo convertido en un simple papelón mendaz, cuya línea editorial es  acaso más sinuosa que la huella de una sierpe sobre el barro.
Con un conglomerado mediático como “El Comercio” se pueden hacer cosas grandes y buenas por nuestro país, pero también muchas otras perversas y tóxicas como ocurre hoy. Y eso pone en riesgo no solo la supervivencia del medio sino a la democracia misma.
Hace algún tiempo una parte de la familia Miró Quesada le hizo creer a la otra que no debía ni podía dirigir su propio diario, cuya larga tradición de directores familiares fue la base de lo que algunos pueden considerar grandeza.
Esos mismos se encargaron de filtrar a recaderos de noticias a la medida de sus intereses, de sus egos y de sus vicios. Algo que sobra entre ese bando, carente de intelectuales capaces de pensar y repensar el Perú; de herederos a los que les bulle en la sangre el amor a la palabra y el don de escribir inteligiblemente cosas cuando no brillantes al menos interesantes.
“El Comercio” ya no es siquiera un negocio rentable, solo miente y protege a la corrupción, con la coartada de defender el sistema del libre mercado.
Buena parte de los herederos de “El Comercio” han olvidado que la verdad y su hija la credibilidad son la esencia del comunicar; es como si Willie Wonka creyera que sin cacao puede hacer chocolate.
Yo creo que las páginas y las pantallas deben estar preñadas de verdad, del sueño compartido por un mañana mejor, de indignación ante las injusticias, furia contra la corrupción y palabras e imágenes que ayuden a forjar mejores seres humanos.
El mítico escritor y periodista polaco Ryszard Kapuscinski, maestro de maestros, sentenció que “las malas personas no pueden ser buenos periodistas”.
¿El antiperiodismo pedante de “El Comercio” resulta de la escasez de buenas personas? Lo firmo: ¡sí!



Expreso, viernes 16 febrero
Peligroso juego de la concentración mediática
Luis García Miró
El consorcio de la concentración mediática –El Comercio y sus satélites- desvaría con una torva doble cara. Convertido en vocero disfuncional de la corrupción constructora –vinculado indirectamente a una de las asociadas de Odebrecht- pega de bandazos a diario como elefante en cristalería. Arrinconado entre el temor y la pedantería, ha perdido todo sentido como medio de comunicación, por más 178 años de existencia que exhiba. Ahora ni orienta ni informa coherentemente. La opinión pública lo afirma mediante su continuada merma de confianza; vale decir, baja lectoría y principalmente menoscabo de su credibilidad.
Igual ocurre al mostrar sus cartas en el juego político. Ensalza a quien lo apoye, hasta que acaba denunciándolo y persiguiéndolo implacablemente. Ocurrió con Fujimori. ¿Recuerdan ese infame editorial en primera página, apenas el ex mandatario ganó los comicios en la segunda reelección, reclamándole a sus lectores que apoyen al re-reelecto presidente porque el voto en las urnas “representa a la democracia”? Pues ese editorial fue en pago del servicio que le hiciera Fujimori a través de su entonces Fiscal Julia Eguía, declarando que había prescrito el delito por la malversación de dólares MUC, con lo cual los directivos de El Comercio se salvaron de ir a la cárcel. Sin embargo tiempo después ese diario urdía el linchamiento político contra Fujimori. Con Toledo fue idéntico. Lo endiosó y promovió a la presidencia. Una vez sentado en palacio Toledo fue extorsionado por El Comercio. ¿Cómo? Exigiéndole que intervenga ante César Almeyda -su romana del diablo y a la sazón mandamás de Indecopi, donde Canal4 navegaba en quiebra tras la borrasca de la familia Crusillat- para que “arregle las cosas”, de manera que el diario se hiciera de los activos de ese medio televisivo tan sólo asumiendo los pasivos y poniendo como garantía las acciones de Canal N, por entonces al borde del colapso por falta de publicidad. Almeyda cocinó la operación a la medida de El Comercio. Y Toledo creyó haberse ganado la simpatía de ese diario para el resto de su gobierno. Falso. A los pocos meses El Comercio la emprendía otra vez contra el de Cabana, al extremo de exigirle en portada que dé un paso al costado. Es decir, un golpe de Estado periodístico. En adelante Toledo gobernó sometido al ucase del diario de La Rifa. Con García intentó hacer lo propio, pero el dos veces presidente conocía como pocos los intestinos de El Comercio. Si bien El Comercio se abocó a incordiar y difamar a García, no tuvo oportunidad de exigirle prebendas a cambio. Hoy El Comercio pretende manipular a Pedro Pablo Kuczynski como hiciera con Toledo. Cuidado presidente, sobre todo con el follón de las corruptas constructoras brasileñas y peruanas, que buscan salvar cara y cuerpo a costa de desinstitucionalizar al Perú.
El Comercio como diario ahora influye poco. Pero su fortaleza estriba en su control del Canal 4, medio masivo que le permite una plataforma de influjo sumamente eficaz. El país debe estar alerta al juego turbio de esta concentración mediática. Puede acabar quebrantando nuestra democracia



Correo, EFE
Un juez de Brasil levantó ayer el bloqueo de bienes de la constructora Odebrecht, que estaban suspendidos desde noviembre pasado por su implicación en el gigantesco caso de corrupción. La decisión del magistrado llega como consecuencia del acuerdo de colaboración existente entre 77 exdirectivos de la constructora y los órganos de justicia.  
El Departamento  de Justicia de EEUU divulgó en diciembre que la constructora pagó 788 millones de dólares en sobornos en 12 países.
Odebrecht se ha comprometido a pagar más de dos mil millones de dólares en multas a EEUU, Suiza y Brasil.



El Comercio
El titular de la segunda fiscalía anticorrupción Reynaldo Abia acudió hoy a las oficinas de Odebrecht, en San Isidro, para recoger información. Según la fiscalía. “Nos han atendido y nos han dado información que es reservada para el caso”, destacó Abia.
"Durante la diligencia se suscribió un acta de entendimiento con representantes de empresa Odebrecht para entrega de información", agregó el Ministerio Público a través de su cuenta de Twitter.
Una semana atrás se informó que la constructora brasileña entregaría la información requerida como símbolo de predisposición a colaborar con la investigación.



Expreso
La Sunat ha ordenado este viernes un embargo de propiedades y cuentas bancarias de la firma brasileña Odebrecht en el Perú por 80 millones de soles, según informes de fuentes del ente recaudador.
Se trata de una medida adoptada –según la agencia Andina– mientras se desarrollan las investigaciones a nivel del Ministerio Público, frente a la presunción de que la cobranza a una empresa deudora sea infructuosa o se busque ocultar activos o falsear libros contables.
En esa línea, el portal Ojo-Público.com indicó que la Intendencia de Principales Contribuyentes Nacionales de Sunat dispuso el embargo por 80 millones de soles, de los cuales casi 50 millones corresponden a terrenos de Odebrecht en la región Lambayeque, y el resto por concepto de retenciones bancarias.
Los terrenos fueron intervenidos el pasado 18 de enero y se trata de 3,000 hectáreas en la zona de Olmos, propiedad de Odebrecht Latinvest Perú Ductos, subsidiaria del grupo brasileño, añadió el referido portal informativo.
Asimismo, estimó que el monto total de embargo llega a los 240 millones de soles cuando se incluyan los montos de embargos que la Sunat aplicó al resto de compañías del caso Lava Jato en el Perú.
Se mantiene en reserva la identidad de las constructoras restantes para no entorpecer la búsqueda de sus activos a nivel nacional.



El Comercio
Ayer se supo que en los primeros días de este año la Sunat inició procedimientos de embargo contra 8 empresas brasileras con presencia en el Perú por S/ 200 millones. Entre ellas figuran Odebrecht, Queiroz Galvao y OAS.
El anuncio generó ciertas dudas respecto a la validez de la norma, sobre todo porque las empresas embargadas aún no tienen una sentencia en su contra.
La decisión adoptada por la Sunat no sólo no vulnera la ley sino que esa misma medida ya ha sido utilizada antes por el ente recaudador.
Para embargar bienes y cuentas, tanto de Odebrecht como de otras empresas brasileras, la Sunat ha apelado al mecanismo de medidas cautelares provisionales. "Este es un recurso extraordinario que se utiliza cuando existe riesgo de que una empresa o persona incumpla con sus obligaciones tributarias", señala Leonardo López, socio de Hernández & Cía. Abogados.
Las condiciones básicas que deben cumplirse para aplicar la medida cautelar son dos: que haya un indicio claro de que el contribuyente pueda no pagar los tributos y que la demora de la Sunat en tomar una decisión constituya un riesgo inminente.



Expreso
En el expediente que maneja el fiscal Hamilton Castro hay documentos del embajador de Brasil en Perú en 2005, André Mattoso Maia Amado, donde se describe que Toledo instruyó a PPK absolver los cuestionamientos de la Contraloría –que había recomendado no firmar el contrato– y poder otorgar la buena pro de la Interoceánica a Odebrecht.
El cable fechado el 18 de junio de 2005, en el punto cuatro detalla cómo es que Toledo y PPK acordaron “satisfacer inmediatamente” las observaciones de la Contraloría. “A los desencuentros sobre el financiamiento entre Palacio, el Ministerio de Transportes, Provías y el Ministerio de Economía y Finanzas, cada uno protegiendo su propia agenda, sin que el jefe de Estado tenga condiciones para dirimir esas divergencias, se suman, ahora, cuestionamientos jurídicos”, informa a Itamaraty el citado diplomático.
Agrega que “la Contraloría, el homólogo de nuestro TCU (Tribunal de Cuentas de Brasil), dirigió hace pocos días –porque fue consultada recientemente al respecto– una solicitud de aclaraciones y mayor información al MEF sobre el proceso de licitación de la Interoceánica, diálogo que se intensificará solamente en la medida en que el Presidente inste al titular del MEF [PPK] a responder al órgano fiscalizador peruano”.
Lo más grave viene a continuación: “Ayer mismo, en Tarapoto, entreoí una conversación telefónica en la que Toledo volvió a dar instrucciones a PPK para satisfacer inmediatamente las consultas de la Contraloría”.
Entretanto, siempre según el embajador, las empresas están “optimistas” y “tienen la determinación de no aceptar propuesta alguna que diste sustancialmente en el precio estimado por las constructoras brasileñas, eventualidad que dejaría desierta la referida licitación, un precio político inmenso, sobre todo para el presidente del Perú”.
Salvado ese escollo, que para Toledo era una “burocracia insensible”, el monto de la Interoceánica sur pasó del precio “irrealista” de 700 millones de dólares a 840 millones, como quería en este caso Odebrecht. Años después vendrían las adendas que le elevaron hasta más de 3,500 millones de dólares.



Expreso
Programada para el jueves 23, en Palacio de Gobierno o en el lugar y hora que indique finalmente el mandatario, revelaron fuentes judiciales, se llevará a cabo la declaración del presidente Pedro Pablo Kuczynski.
La decisión tomada por el representante del Ministerio Público tiene el objetivo de conocer exactamente las conversaciones que Kuczynski Godard habría mantenido con Jorge Henriquez Simoes Barata, exsuperintendente de la empresa Odebrecht y ahora acusada de corrupción en diversos países latinoamericanos, antes de las últimas elecciones presidenciales.



Expreso  
Ayer, la procuradora pública ad hoc, Katherine Ampuero, solicitó el pago de 200 millones de soles como reparación civil al expresidente Alejandro Toledo y al exdirector de Odebrecht Jorge Barata, entre otros implicados, en el escándalo de sobornos de esa compañía en el Perú.
También pagarán en forma solidaria el exviceministro de Comunicaciones Jorge Cuba, su pareja, Jessica Tejada, y los exfuncionarios Edwin Luyo, Miguel Navarro y Mariella Huerta.
Cuba y sus coprocesados, todos detenidos menos Huerta, son acusados de haber recibido una coima de dos millones de dólares para facilitar que Odebrecht gane la licitación para la construcción de la Línea 1 del Metro de Lima.



El Comercio
Durante la supervisión de una obra de agua potable en el distrito limeño de Ate, el presidente Pedro Pablo Kuczynski (PPK) aseguró que continuará trabajando sin dejarse distraer.
“Hay mucho trabajo, hay muchos obstáculos políticos, burocráticos y de corrupción. Pero nosotros somos limpios, hacemos trabajo limpio y honesto. Y así vamos a seguir hasta el final del gobierno”, dijo el jefe de Estado durante su discurso esta mañana.



El Comercio, vie 17 feb 2017
Kenji Fujimori envió un oficio a la presidenta del Parlamento, Luz Salgado, solicitando el levantamiento de su inmunidad parlamentaria para colaborar "ampliamente" con una investigación del Ministerio Público por presunto lavado de activos que lo implica a él y a sus hermanos Hiro y Sachie.
El congresista de Fuerza Popular anunció la medida luego de que El Comercio informara hoy que la Segunda Fiscalía Supraprovincial Corporativa de Lavado de Activos inició una investigación preliminar a sus hermanos Hiro y Sachie por el presunto delito de lavado de activos y había pedido el levantamiento de la inmunidad parlamentaria de Kenji Fujimori.
“Mi conducta siempre ha sido transparente, por ello he pedido el levantamiento de mi inmunidad para que la fiscalía pueda realizar su trabajo”, expresó el hermano de la ex candidata presidencial Keiko Fujimori a través de Twitter.
Asimismo, consideró que sus hermanos Hiro y Sachie "son señalados solo por razones políticas". Yo doy la cara por ellos y estoy orgulloso de ambos.”



El Comercio, sab 18 feb 2017
La ex candidata presidencial de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, calificó como “cortina de humo” la investigación preliminar del Ministerio Público contra sus hermanos Hiro y Sachie por el presunto delito de lavado de activos, pesquisa en la que además se pretende incluir al legislador Kenji Fujimori.
“Siempre damos la cara. Basta de cortinas de humo con investigaciones sin fundamento y acusaciones falsas al fujimorismo para tapar Odebrecht. Mientras tanto, crecen los rumores que lejos de aquí, el señor Toledo y sus ministros de entonces están ‘armando el muñeco’”, expresó a través de Twitter la lideresa de Fuerza Popular.
También recordó que ayer su hermano Kenji solicitó al Congreso acceder a la solicitud de la Segunda Fiscalía Supraprovincial Corporativa de Lavado de Activos para que se le levante la inmunidad parlamentaria a fin de ser incluido en la investigación. “Acá no hay blindaje”, expresó.
“Desde el lugar que nos corresponde buscaremos la verdad, abrigando la esperanza que se cumpla la ley”, sentenció finalmente.



El Comercio, vie 17 feb 2017
De acuerdo a las pesquisas, el pequeño negocio de almacenaje de los hermanos Fujimori tuvo un vertiginoso crecimiento en dos años recurriendo a la modalidad de capitalización de deudas con empresas que también estaban vinculadas a los hijos del sentenciado ex presidente Alberto Fujimori.
De acuerdo a la información que maneja la fiscalía, el capital social de Limasa, que en 2009 era de S/40 mil, habría pasado a sumar S/2’867.320 en el 2014.
Dicha empresa, que cambió su nombre a Integrated Global Logistics (IGL), llegó a convertirse en socia de la transnacional Sankyo, compañía japonesa que es líder en el negocio de la logística marítima.



El Comercio
De acuerdo a la Constitución Política del Perú, los congresistas no pueden ser procesados en la vía penal ni presos sin autorización previa del Congreso o la Comisión Permanente desde que son elegidos hasta un mes después de haber cesado sus funciones, excepto cuando hay delito flagrante. Esto es la inmunidad parlamentaria.
¿Cuál es el procedimiento entonces? En principio, la fiscalía tiene que enviar el requerimiento al Poder Judicial. Este, mediante una comisión de vocales titulares designada por la sala plena de la Corte Suprema, evalúa la solicitud fiscal de levantamiento de fuero, que tiene que está acompañada con documentos respecto a lo actuado en la investigación policial, fiscal y judicial.
Luego, el Poder Judicial tiene que enviar por escrito ese informe y la solicitud de levantamiento de inmunidad al Congreso.
El Reglamento del Congreso de la República, que tiene rango de ley, establece los pasos siguientes.
1. Una vez recibida la comunicación del Poder Judicial, la presidencia del Congreso tiene un plazo de 24 horas para ponerla en conocimiento de la Comisión de Levantamiento de Inmunidad Parlamentaria. Actualmente, este grupo tiene 15 miembros -8 de Fuerza Popular- y es presidido por el congresista aprista Mauricio Mulder.
2. La comisión tiene 4 días útiles para admitir la solicitud de levantamiento de inmunidad o para responder a la Corte Suprema para que subsane observaciones de la solicitud. También tiene que evaluar que solo exista motivación legal en el pedido.
3. Admitida la solicitud, el presidente de la comisión -en este caso Mulder- tiene que convocar a una sesión dentro de los tres días hábiles siguientes. También debe citar a Kenji Fujimori para que ejerza su defensa, señalando 2 fechas con intervalo de 1 día para recibir al legislador. Sin embargo, su inasistencia no suspende el procedimiento.
En este caso, Kenji Fujimori se ha allanado solicitando a la presidencia del Congreso que acceda a la solicitud de levantamiento de inmunidad. Así, el reglamento señala que la comisión dictaminará en un plazo máximo de 3 días hábiles siguientes al allanamiento, aprobándolo o rechazándolo.
El congresista fujimorista Octavio Salazar, vicepresidente de la comisión, indicó a El Comercio que el accionar de Kenji Fujimori permitirá que el procedimiento sea más rápido.
4. A partir del día siguiente en el que se citó al congresista denunciado, la comisión tiene un plazo de 15 días útiles para emitir un dictamen.
5. Luego, dentro de los 2 días hábiles de emitido el dictamen de la comisión, el Consejo Directivo del Congreso lo consignará en la agenda del pleno de la sesión siguiente a la fecha de recepción del documento. En esta sesión o en la subsiguiente se debe debatir y votar el pedido.
Actualmente, el pleno del Congreso se encuentra en receso y este acaba el 1 de marzo. Si se tomara una decisión antes de esa fecha, tendría que ser en la Comisión Permanente, actualmente conformada por 26 legisladores bajo la presidencia de Luz Salgado, de Fuerza Popular. Sin embargo, lo más probable es que el caso de Kenji Fujimori se decida en sesión del pleno.
¿Cómo se aprueba el levantamiento de la inmunidad? Con los votos a favor de la mitad más uno del número legal de congresistas; es decir, 66.






LIBERTAD ECONOMICA, GLOBALIZACION, REFORMAS, INVERSION



El Comercio, Bloomberg
El presidente Donald Trump tiene una fijación con los déficits como medida de cuánto sale perjudicado Estados Unidos en los acuerdos comerciales. Tiene a México en la mira de su Twitter por vender US$63.000 millones más de bienes a Estados Unidos de lo que le compra y responsabiliza a un Tratado de Libre Comercio de América del Norte “sesgado” por un desequilibrio “gigantesco”, algo que ha prometido corregir renegociando los términos del acuerdo.
El déficit de US$63.000 millones representa una brecha de importaciones-exportaciones de 12 puntos porcentuales, considerando que las importaciones estadounidenses de México son el 56% del comercio total entre ambos países y las exportaciones a México, el 44%.
Si bien la magnitud de la brecha ayuda a determinar si un acuerdo comercial es un fiasco, México difícilmente sea el mayor problema de Estados Unidos. Este país tiene déficits con la mayoría de sus más de 75 socios comerciales. El déficit comercial estadounidense alcanzó un total de US$743.000 millones en 2016: una disparidad entre importaciones y exportaciones de 20 puntos porcentuales.
Cuando se analiza la dimensión de la brecha que tiene Estados Unidos con algunos de sus principales socios comerciales, los déficits estadounidenses con sus socios del TLCAN, Canadá y México, son relativamente mínimos.
Una diferencia de importaciones-exportaciones de 65 puntos porcentuales favorece a Irlanda, el mayor déficit comercial de los quince principales socios comerciales de los Estados Unidos. Una brecha de 60 puntos favorece a China. Estados Unidos también tiene grandes desequilibrios con Japón, Alemania e India.
Queda del otro lado de la raya con los Países Bajos, el Reino Unido y Brasil. Cada uno de estos países le compró a Estados Unidos más que lo que le vendió en 2016.
En dólares, China encabeza la lista de los desequilibrios. Estados Unidos comercia más con China que con cualquier otro país. En 2016, Estados Unidos les compró a los chinos US$347.000 millones más de lo que les vendió: una diferencia de 80 a 20.

La fijación de Trump con renegociar el TLCAN es comprensible cuando se toma en cuenta que el comercio con Canadá y México el año pasado superó US$1 billón. Pero las enormes brechas comerciales con China y otros países muestran que modificar el TLCAN no acercará mucho a Estados Unidos a la paridad comercial mundial.

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