ESTA NOCHE jueves 2 febrero de 2017

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MEDIA COLUMNA

¿Compras caro

y pagas el doble?

Jorge Morelli

@jorgemorelli1
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Los peruanos ya sabemos que el consorcio de Odebrecht ganó la licitación del Gasoducto solo porque el otro postor fue sacado a la mala de la competencia. Pero eso no es sino la parte visible del iceberg de la corrupción.

La oferta que ganó la licitación fue de unos 7,300 millones de dólares para un proyecto que, años antes, se había valorizado en 1,300 millones de dólares, la sexta parte. Pero eso tampoco es lo peor.

En artículo publicado en EXPRESO hoy, jueves 2 de febrero, Jorge Peschiera señala que el Estado podría haber tomado un préstamo de 7,300 millones de dólares a una tasa de 5% -que era el interés del mercado en ese momento-, pagar el proyecto entero al contado y cancelar cada año unos 450 millones por los intereses, por 34 años.

Pero lo que el gobierno de Humala hizo fue firmar en favor de la corrupta empresa brasileña, por si la operación no resultaba rentable, una garantía por 900 millones de dólares al año por 34 años.

Peschiera ha descubierto que, en lugar de una tasa de 5%, el gobierno firmó un contrato con Odebrecht con una tasa de descuento de 12%.

Como consecuencia de esta criollada, el proyecto le costaría al Perú el doble de los 7,300 millones: 14,600 millones de dólares. “Compra un proyecto en 7,300 millones y véndelo en 14,600 millones –dice Peschiera-. Duplicas tu plata solamente “arbitrando” la tasa de descuento”.

Increiblemente, este es el contrato que el gobierno de Kuczynski pretende volver a licitar, tal cual. No es posible.

REPORTE DE NOTICIAS en Internet

Las siguientes notas periodísticas de política y economía han sido seleccionadas, editadas y ordenadas

temáticamente. No se las debe citar como tomadas directamente de sus fuentes originales, las mismas que se indican sólo como una forma de reconocer el crédito y agradecer la cortesía.

GOBERNABILIDAD, DEMAGOGIA, AUTORITARISMO, DEMOCRACIA

El Comercio

La fiscalía abrió una investigación al ex ministro de Energía y Minas Eleodoro Mayorga por el presunto favorecimiento a la empresa brasileña Odebrecht en la adjudicación del Gasoducto Sur Peruano.

Según detalló el diario "Correo", un informe remitido por el fiscal anticorrupción Reynaldo Abia ante el despacho del fiscal de la Nación, Pablo Sánchez, señala que el ex ministro del gobierno nacionalista fue socio de la firma de abogados que asesoró a la constructora brasileña en la referida licitación.

Según "Cuarto Poder", en el proceso de licitación participaron 23 empresas, de las cuales 21 se quejaron del poco tiempo para presentar toda la documentación requerida y una de las dos que quedaron finalmente en carrera quedó fuera del mismo una hora antes que se abrieran los sobres del concurso. 

Al final, las empresas Odebrecht y Enagas ganaron la buena pro de la obra, valorizada en 7.300 millones de dólares.

Mayorga fue interpelado por el Congreso, que intentó censurarlo, pero la bancada del Partido Nacionalista lo evitó con sus votos.

Expreso

Gasoducto del Sur: un gran negocio financiero

Jorge Peschiera

Según los términos del contrato del gasoducto del sur, el postor ganador sería aquel que ofreciera el menor “costo del servicio”, expresado en una sola cifra, que incluía tanto la inversión para diseñarlo y construirlo, como el costo de operarlo por todos los años de la concesión. La oferta ganadora fue por aproximadamente 7,300 millones de dólares.

La recuperación de la inversión debía provenir de los ingresos obtenidos por transportar el gas. El monto anual requerido para recuperar el mencionado costo de servicio se estimó en aproximadamente 900 millones de dólares al año por todo el plazo de la concesión. Esa cifra se utilizó para establecer el monto mínimo de ingresos anuales garantizados por el Estado.

¿Cómo se relaciona el “costo del servicio” de 7,300 millones con los 900 millones de dólares al año? La clave está en la tasa de descuento aplicada al flujo de pagos futuros. De acuerdo al contrato, esa tasa es 12 % al año. El flujo de 900 millones al año por 34 años, descontado a la tasa de 12 %, resulta en una cifra cercana a los 7,300 millones.

En la tabla se aprecia, en la segunda columna, el flujo de pagos de 900 millones al año y en la tercera se ve ese mismo flujo descontado a una tasa de 12 %. Por ejemplo, el valor descontado del pago del primer año es 804 millones, cifra que se obtiene dividiendo 900 entre 1.12. El pago del segundo año se valoriza en 717 millones, al dividir 900 entre 1.12 dos veces consecutivas. Y así sucesivamente por todo el plazo de la concesión. La pregunta más importante es: ¿por qué se usó una tasa de descuento de 12 %? Examinemos bien este tema. Si se trata de un flujo de pagos garantizados por el Estado, ¿cómo se justifica aplicar una tasa de descuento que refleja un riesgo mayor? ¿Por qué no usar la tasa de interés de mercado, aplicada al resto de las obligaciones del Estado?

En junio de 2014, cuando se llevó a cabo la licitación del gasoducto, la tasa de interés de mercado, aplicada a la deuda externa de largo plazo del Perú, se encontraba por debajo de 5 %. Si usamos esa tasa de descuento, el valor descontado de los 900 millones al año, garantizados por el Estado es, aproximadamente, 14,600 millones. ¿Y esto a qué se debe? Sucede que cuanto menor es la tasa de descuento, mayor es el valor de los pagos que efectúa el Estado.

En la cuarta columna de la tabla se ve, por ejemplo, que en el primer año el pago se valoriza en 857 millones. Esta cifra, que se obtiene dividiendo 900 entre 1.05, es muy superior a los 804 millones obtenidos aplicando una tasa de 12 %. La diferencia aumenta exponencialmente conforme crece el plazo de los pagos.

Visto de otro modo, si en lugar de 12 % el contrato del gasoducto hubiera aplicado la tasa de 5 %, que era la tasa de interés a la cual el mercado estaba dispuesto a financiar al Estado, los pagos garantizados hubieran sido de 450 millones al año, en lugar de 900. En otras palabras, el Estado podría haber pagado al contado los 7,300 millones, tomando para ello un préstamo por el cual hubiera pagado solamente 450 millones al año, en lugar de 900.

Asumiendo que el “costo del servicio” del gasoducto ofertado por el concesionario en realidad reflejaba el monto de la inversión y operación del gasoducto, entonces este era un negocio principalmente financiero. Compra un proyecto en 7,300  millones y véndelo en 14,600 millones; duplicas tu plata solamente “arbitrando” la tasa de descuento.

Costó mucho trabajo recuperar el crédito externo en 1997 y, gracias a ello, el Perú puede obtener hoy financiamientos a tasas bajas. No debemos desperdiciar esa ventaja aceptando financiamientos disfrazados, donde se apliquen tasas de interés lesivas para el país, que otorgan ventajas descomunales a los inversionistas.

El Estado debe meditar muy bien si licitará nuevamente el proyecto y la forma como lo haría.  Cualquiera sea la decisión que se adopte, si para este proyecto, o para cualquier otro, se vuelve a usar una tasa de descuento para descontar flujos de pagos garantizados por el Estado, la tasa deberá ser cercana a la que paga actualmente el Estado por sus obligaciones externas de largo plazo

Gestión

El gobierno publicó un decreto de urgencia que encarga a Osinergmin contratar a un administrador que tendrá a su cargo el manejo de los bienes del Gasoducto Sur Peruano (GSP). El decreto busca preparar una próxima transferencia de los bienes al sector privado.

El Comercio

El acuerdo entre Odebrecht y el Ministerio Público, que esta última entidad hizo público el 5 de enero, se dio a iniciativa de la empresa brasileña implicada en casos de corrupción en el Perú. Así lo afirmó esta tarde Mauricio Cruz Lopez, representante de la transnacional en nuestro país, ante la Comisión Lava Jato del Congreso.

“La empresa buscó al Ministerio Público para demostrar la intención de colaborar con la justicia y a partir de ahí entró en un proceso de colaboración, que está bajo confidencialidad. A partir de ese momento, las acciones que hubieron no puedo explicar”, dijo el empresario, quien precisó que no tiene copia del documento y que el acuerdo se llevó en forma paralela con un grupo de abogados de la compañía.

Como se recuerda, el acuerdo contempló el pago de S/ 30 millones al Estado como adelanto por las coimas de US$29 millones que Odebrecht reconoció haber pagado en el Perú entre el 2004 y 2015.

El Comercio

La congresista Lourdes Alcorta (Fuerza Popular) cuestionó la “falta de voluntad” de las autoridades judiciales para enfrentar la corrupción en el país. Ello por la decisión del Ministerio Público de no autorizar al fiscal Hamilton Castro, quien investiga en Caso Lava Jato en el Perú, a asistir hoy ante la comisión del Congreso que indaga dicho caso.

Dijo que la máxima autoridad del Ministerio Público, Pablo Sánchez, “tiene la obligación” de acudir ante el Parlamento para explicar sobre el acuerdo adoptado con Odebrecht.

La República

En dos informes que suscribió la Contraloría General de la República antes y después de la firma del contrato entre el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) y el Consorcio Kuntur Wasi por la adjudicación del aeropuerto de Chinchero, advirtió que los intereses del Estado estaban en riesgo si no se introducían mejoras sustanciales.

Las recomendaciones que hizo la Contraloría antes que el 4 de julio del 2014 los representantes del MTC y del Consorcio Kuntur Wasi estamparan sus rúbricas, no fueron tomadas en cuenta por el gobierno de Ollanta Humala, indicaron fuentes del organismo fiscalizador, así como del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).

Uno de los cuestionamientos centrales del primer informe de la Contraloría respecto al contenido del contrato fue que el MTC no fijó una fecha de cierre financiero para que el consorcio privado obtuviera los 290 millones de dólares necesarios para dar comienzo a las obras del aeropuerto internacional de Chinchero. Al no contar con un tope, el proyecto de obra pública quedaba en el limbo al no tener la empresa privada una obligación contractual para arrancar con los trabajos en una fecha fija.

Proinversión, el organismo que organizó la licitación, al ser preguntado por la Contraloría sobre la ausencia de la fecha de cierre financiero, contestó que no lo exigió porque confiaba en la palabra del Consorcio Kuntur Wasi.

"(Proinversión) respondió que no se ha considerado necesario establecer una fecha para la presentación del Cierre Financiero, ya que el Concesionario tiene el incentivo de acreditar el Cierre Financiero cuanto antes, a fin de cumplir con todas las condiciones previas al inicio de las obras e iniciar la etapa de Ejecución de Obras lo antes posible a fin de tener mayor plazo para la explotación de la concesión", señaló la Contraloría en su informe.

Sin embargo, a la Contraloría le pareció que no era suficiente la promesa de la empresa privada y exigió a Proinversión que fijara la fecha de cierre financiero.

"Resulta necesario que Proinversión antes de la adjudicación de la buena pro evalúe pues la pertinencia de considerar un plazo definido para que el concesionario presente el Cierre Financiero", demandó la Contraloría.

Según fuentes del MEF, Proinversión no cumplió y se firmó el contrato sin señalarse el tope del cierre financiero.

El 11 de octubre del 2016, la Contraloría emitió una Hoja Informativa que contenía la evaluación del contrato suscrito entre el MTC y el Consorcio Kuntur Wasi. Los auditores se dieron con la sorpresa de que se había incumplido con lo que había recomendado en su reporte del 2014.

Debido a este problema, el contrato podría quedar sin efecto porque no se había definido –dos años después de la suscripción de la concesión a favor de Kuntur Wasi– la fecha del cierre financiero.

"El inicio de la etapa de ejecución de obras del nuevo aeropuerto internacional de Chinchero está condicionado al cierre financiero, el cual a su vez se encuentra directamente vinculado con la autorización del Endeudamiento Garantizado Permitido a cargo del Concedente (Ministerio de Transportes y Comunicaciones) y que a la fecha se encuentra pendiente debido a que no existe un consenso entre el Concedente (MTC) y el Concesionario (Kuntur Wasi) respecto a la metodología de cálculo de cofinanciamiento", indicó la Contraloría.

"De no autorizarse el Endeudamiento Garantizado Permitido, no habría cierre financiero y por tanto existe un riesgo potencial de que se produzca la caducidad de la referida concesión", alertaron los auditores.

Por contrato el Consorcio Kuntur Wasi estaba comprometido a invertir 265 millones de dólares para dar comienzo a las obras, y consiguió el financiamiento, pero a una tasa de interés 21 por ciento por 20 años, que fue considerado por las autoridades demasiado elevado, puesto que en el mercado internacional la tasa fluctúa entre el 7 y 8 por ciento. Al final, los 265 millones más los intereses superarían los 800 millones de dólares, un costo que al Ejecutivo le pareció inaceptable para afrontar.

De acuerdo con las fuentes del MEF, frente a la inexistencia de una fecha tope de cierre financiero, y el costosísimo financiamiento que había obtenido el consorcio privado, el Ejecutivo resolvió asumir los 265 millones de dólares para gatillar el proyecto.

De no haber recurrido a esta fórmula –que está contemplada en la adenda al contrato que el gobierno de Kuczynski tiene previsto suscribir con Kuntur Wasi–, el proyecto se suspendería indefinidamente y la empresa privada podría haber demandado por daños y perjuicios al Estado ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (CIADI). La medida la tomó el Ejecutivo porque no existía la fecha de cierre financiero.

Para las fuentes del MEF, la adenda al contrato original no altera el modelo de Asociación Público Privada (APP), en que se entregó la concesión a Kuntur Wasi. Alegan que el diseño, la construcción, la operación y el mantenimiento siguen en manos de la empresa privada, solo que con la adenda el financiamiento de inicio de obras estará a cargo del Estado.

En todo caso, la polémica que se ha desatado alrededor de la decisión del gobierno de Kuczynski de suscribir una adenda para destrabar el proyecto del aeropuerto de Chinchero ha despertado la atención de la Contraloría. El organismo fiscalizador ha anunciado que evaluará las modificaciones a las condiciones financieras del contrato de concesión. Sería mucho mejor si se hiciera antes de la firma de la adenda.

En punto

·         Chau. La ex presidenta de Ositrán Patricia Benavente renunció porque se opuso a la adenda al contrato con Kuntur Wasi.

·         Sustento. Buena parte de la argumentación de Benavente coincide con los informes del 2014 y 2016 de la Contraloría.

·         Beneficio. Benavente señaló en el sustento de su voto en contra de la adenda que esta favorecía al Consorcio Kuntur Wasi en desmedro de los recursos públicos al convertirse el Estado en el financista de los 265 millones de dólares que debió poner la empresa privada.

El Comercio

El ministro de Transportes Martín Vizcarra señaló que serán las autoridades de control y judiciales las que tendrán que determinar las sanciones para quienes resulten responsables de las irregularidades detectadas en el contrato del aeropuerto de Chinchero, en el Cusco.
"No sé si calificarlo de negligencia o falta administrativa, nosotros tenemos que encontrar la solución y hacer el proyecto. Es la Contraloría, es el Ministerio Público, es el Poder Judicial, los que tienen que calificar y determinar la sanción", respondió al ser consultado por este Diario si su despacho hará alguna denuncia al respecto.

Incluso recordó que la Contraloría había advertido de los riesgos del contrato de Chinchero a Proinversión antes de que este se firmara el 2014 durante el gobierno de Ollanta Humala.

Vizcarra agregó que este gobierno mira hacia adelante corrigiendo las deficiencias, como el hecho de que no se haya puesto tope a los intereses, y los hacía "exorbitantes". "Lo eliminamos completamente y continuamos con este contrato, la investigación está en manos de la Contraloría en la actualidad", aseveró instantes después de anunciar que la firma de la adenda del contrato, que fue suspendida hace dos días, se realizará este viernes en presencia del presidente Pedro Pablo Kuczynski.

Durante la conferencia de prensa ofrecida junto al primer ministro Zavala, Vizcarra también fue consultado si había preocupación de que se presente una censura en su contra por este tema. Este respondió: "Estamos haciendo llegar un documento a la presidenta del Congreso, poniéndonos a disposición de la Comisión Permanente para explicar que la modificación es para beneficiar al Estado".

Más temprano el legislador fujimorista Daniel Salaverry cuestionó que el ministro de Transportes y Comunicaciones haya “cambiado de discurso” con respecto a la obra del aeropuerto de Chinchero.

“Me causa mucha extrañeza el cambio de discurso del ministro Vizcarra, quien hasta hace 24 horas pedía que el Congreso le explique por qué no se debe firmar esta adenda, sin embargo, anoche dice que el contrato que firmó el gobierno de Humala es lesivo para los intereses del país, entonces, si es así tiene que reestructurarse todo. La adenda solo cambia la estructura del cierre financiero”, declaró en entrevista con TV Perú.

Expreso

Yonhy Lescano, congresista de Acción Popular, anunció que este viernes se firmará la adenda del contrato de concesión del aeropuerto internacional de Chinchero (Cusco) con la empresa Kuntur Wasi.

Como se  sabe, la firma de la adenda estaba programada para el 31 de enero, pero el Gobierno suspendió la suscripción un día antes. “Esas adendas eran perjudiciales a los intereses nacionales, porque casi todo el dinero lo pone el Estado, una obra que el mismo Estado podría hacer. Si esa obra y esa adenda está perjudicando al país, obviamente conllevaría a una interpelación también y responsabilidad política del ministro de Transportes”, dijo Yonhy Lescano.

Yonhy Lescano consideró también que se está haciendo un contrato a favor de los privados, considerando que casi todo el dinero de la inversión viene de parte del Estado. Del mismo modo, Víctor Andrés García Belaunde señala que el contrato con Kuntur Wasi tiene serias fallas.

“Esta empresa no ha cumplido con el cierre financiero, porque no tiene capacidad financiera. Es una empresa insolvente”, sostuvo. Sin  embargo, el parlamentario fujimorista Víctor Albrecht consideró que el tema no da para una interpelación al ministro Vizcarra. “Lo importante es que la decisión la tiene el Ejecutivo y que se tiene que oponer los pantalones para tomar las decisiones y hacer el aeropuerto que el Cusco requiere”, finalizó el parlamentario.

El Comercio

El vocero alterno de la bancada de Fuerza Popular, Daniel Salaverry, se pronunció hoy en contra de un pedido de interpelación contra el ministro de Transportes y Comunicaciones Martín Vizcarra, como deslizó el legislador Yonhy Lescano (AP) por cuestionamientos al contrato y adenda del aeropuerto de Chinchero, en Cusco.

Sobre si se justifica o no un pedido de esta naturaleza, Salaverry respondió a este Diario que "aún no hay una prueba o indicio de que haya habido actos de corrupción". Sí consideró que "obviamente hay cuestionamientos y nos parece muy extraño, por qué tantas ventajas hacia la empresa privada".

Durante la entrevista transmitida en vivo desde nuestra redacción, Daniel Salaverry se preguntó por qué se elaboró el contrato de esa manera. "Por qué el señor [Ollanta] Humala y sus ministros elaboraron un contrato que le permitía a la empresa cobrar más de 500 millones de dólares en intereses, donde no se especificaba el porcentaje de interés que iba a cobrar la empresa cada año, eso nos llama poderosamente la atención y amerita que más adelante se investigue", puntualizó.

Seguidamente subrayó que si bien su bancada no había tratado el tema, a título personal su opinión es que "es prematuro estar pidiendo interpelaciones para el ministro Vizcarra".

Consultado si iba a plantear una investigación del contrato de Chinchero, Daniel Salaverry respondió que en su momento se tomará la decisión.

Al respecto mencionó que un oficio del congresista Víctor A. Belaunde paralizó la firma de la adenda. "Imagínese si hoy yo anuncio que vamos a crear una comisión investigadora para investigar el contrato y la adenda, [el Ejecutivo] va a tener un pretexto para dejar sin aeropuerto a los cusqueños y nos va a culpar a nosotros, cosa que sería descabellado".

En esa línea reiteró: "Lo vamos a investigar pero su momento. Esperemos que la obra salga adelante, no queremos generar un conflicto social". Esto en alusión a la medida de fuerza que acataron los cusqueños por la suspensión de la firma de la adenda del proyecto. En la víspera el ministro Vizcarra anunció que esta se firmará mañana en dicha ciudad, en un acto donde estará presente el presidente Pedro Pablo Kuczynski.

El Comercio, editorial

Turbulencia antes del despegue

La decisión de modificar el contrato para la construcción del aeropuerto de Chinchero, concesionado al consorcio Kuntur Wasi durante el gobierno de Ollanta Humala, ha despertado algunas críticas y la atención por parte de la población cusqueña interesada en el proyecto y de la opinión pública en general.

Como se sabe, Kuntur Wasi tenía que asumir los costos de la construcción del aeropuerto con financiamiento privado y, al finalizar la obra, debía recibir un reembolso por parte del Estado ascendente a US$265 millones (correspondientes al pago anual por obras o PAO) más los intereses que hubiera pagado por dicho financiamiento. Sin embargo, cuando el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) recibió la propuesta de endeudamiento por parte de la concesionaria constató que los US$265 millones iniciales se convertían en aproximadamente US$800 millones por reembolsar al sumar los intereses del financiamiento.

Así, considerando el elevado costo que ello implicaba, el gobierno decidió proponer la adenda del contrato, de modo tal que el Estado le iría pagando al concesionario los US$265 millones en partes (por avance de obras) y antes de lo previsto, y evitaría tener que reembolsar un monto mucho mayor por concepto de intereses. Se trataba de una salida con ciertos costos (pues cambiaba algunas condiciones importantes del contrato de concesión y suponía que el Estado tuviera que desembolsar anticipadamente una buena cantidad de dinero), pero menos onerosa que no hacer nada al respecto.

Además, contrariamente a lo señalado por algunos representantes del Frente Amplio –incluyendo a su ex candidata presidencial Verónika Mendoza– y el parlamentario de Acción Popular Víctor Andrés García Belaunde, ‘anular’ la concesión (y convertirla en obra pública) alegando que el financiamiento propuesto por la concesionaria era muy costoso sencillamente no tenía asidero legal. De hecho, en el mes de octubre del año pasado, la Contraloría General de la República ya había revisado el contrato y advertido que, por su generalidad, no había límites al tipo de endeudamiento y tasas de interés que podía obtener la concesionaria. En este contexto, si el Estado pateaba el tablero, hubiera tenido, con seguridad, que lidiar con un arbitraje en una posición desfavorable y afrontar el pago de una millonaria indemnización a la concesionaria, además de sufrir la postergación de la construcción del aeropuerto por algunos años más.

Bien explicada la situación, entonces, resultaba evidente que la administración de Peruanos por el Kambio había optado por una alternativa imperfecta pero razonable, considerando la precaria circunstancia que había heredado de la administración nacionalista.

El video “explicativo” del presidente Kuczynski difundido el último lunes, sin embargo, poco aportaba a un esfuerzo clarificador. En medio de un mensaje muy enredado, el mandatario únicamente hizo referencia a un ahorro de US$590 millones de intereses, sin explicar su origen y obviando considerar en sus matemáticas el costo financiero que asumiría el Estado al pagar con antelación lo que inicialmente debía reembolsar luego de unos años.

Más preocupante aun fue que el Ejecutivo haya postergado la firma de la adenda y el inicio de la construcción del aeropuerto, previstos originalmente para el lunes pasado, so pretexto de una exhortación de parte de una comisión multipartidaria del Congreso. Pues ni el Congreso tiene potestad para impedir la celebración de un contrato por parte del Ejecutivo (y mucho menos una comisión parlamentaria), ni resulta lógico que el gobierno tenga que poner en ‘stand by’ sus actividades cada vez que enfrenta alguna objeción del Parlamento. Y si así fuera, entonces no tendría sentido el anuncio de que van “a ir adelante” con el proyecto sin “dejar[se] intimidar” como aludió el presidente Kuczynski en su mensaje audiovisual.

Ahora que el Ejecutivo ha vuelto sobre sus pasos y reprogramado la firma de la adenda del contrato del aeropuerto de Chinchero para este viernes, sería recomendable que muestre mayor estabilidad y deje de añadirle turbulencia política a un proyecto que recién está por despegar.

El Comercio

El jefe del Gabinete Ministerial, Fernando Zavala, sostuvo hoy que el Perú no estaba preparado para afrontar la serie de huaicos que se han producido en las últimas semanas no solo en Lima, sino en diferentes regiones del país. Agregó que el gobierno central está “desplegando el máximo esfuerzo” para ayudar a los damnificados.

“[La situación] es anómala, atípica. Definitivamente, no estábamos preparados como país para este tipo de cosas. Estamos desplegando el máximo esfuerzo y por lo tanto el trabajo de las Fuerzas Armadas ha sido tan importantes”, manifestó en declaraciones a la prensa en un visita que hizo esta mañana a la de Huaycoloro, en San Juan de Lurigancho.

Fernando Zavala también afirmó que la falta de obras de prevención ha originado un mayor daño en las ciudades afectadas por los desbordes de los ríos y los deslizamientos de tierra.

“Hemos encontrado en muchos lugares que no se habían hecho trabajos de prevención, no para este tipo de efectos climáticos”, subrayó.

Fernando Zavala indicó que Palacio de Gobierno se está enfocando en brindar apoyo a las gobiernos regionales y provinciales, pero sobre todo a la gente. “Este despliegue implica un trabajo adicional para los ministerios”, manifestó.

Recordó que junto con la ministra de Salud, Patricia García, y el titular de Defensa, Jorge Nieto, estuvieron en Piura, y dijo que resultaba necesario trabajar con los gobiernos regionales y locales para precaver futuros desastres.

“Hacemos prevención no solo para limpiar los cauces de los ríos, sino para prevenir una mayor afluencia de agua, con la finalidad de que el cauce trabaje normalmente”, añadió.

Por otro lado, Fernando Zavala exhortó al sector privado para que tenga tolerancia con los trabajadores que viven en las zonas afectadas por los huaicos, al tiempo que adelantó un programa destinado a la reconstrucción de las viviendas afectadas por las fuertes precipitaciones y desbordes de ríos.

"Al mismo tiempo es necesario trabajar en la prevención, una labor que implica que los alcaldes distritales emprendan una planificación para ver dónde se instalan las personas, a fin de que eviten asentarse en zonas peligrosas; esta es una llamada de atención para ellos", acotó.

El Comercio

Entrevista al congresista Moises Guía (PpK), quien pidió la vacancia presidencial

(…)

— Lo pueden expulsar de la bancada.
No. Yo creo que no, porque tenemos un debido proceso y un reglamento en el cual la sanción que me puedan dar es un castigo público o interno. La realidad también es que la bancada está dividida entre quienes apoyamos a los cristianos y otra parte que tiene otro pensamiento.

— ¿Quiénes son?
No te puedo decir porque los respeto y no quiero dar nombres, pero es claro y todo ciudadano lo sabe. Estamos mitad mitad casi.

(…)