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MEDIA
COLUMNA
Aserrín
de cantina
Jorge
Morelli
@jorgemorelli1
jorgemorelli.blogspot.com
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El país se ahoga en su propio desperdicio. Necesitamos aserrín
para echar fuera la basura de esta cantina.
Lo que está a prueba acá -en el Brasil y en el Perú- es el
mecanismo jurídico de la colaboración eficaz con prisión preventiva. Es
el aserrín para limpiar la cantina.
Cuando se lo estrenó en el Perú fue pasto de la corrupción
política. Se uso la justicia para la persecución. Los daños colaterales en
vidas y empresas fueron enormes. El mecanismo es, pues, aun imperfecto e
insuficiente.
Dicen los japoneses que es mejor reparar el problema primero
y buscar al culpable después. Aqui hacemos lo contrario. Y la búsqueda de
culpables parece estar arrastrando nuevamente vidas y empresas enteras a la
quiebra.
Hace falta otro paso para separar el derecho retaliatorio –que
privilegia el castigo- del derecho restitutivo -que repara el daño-. Este se anticipa
y ataca las causas en su raíz. Entre nosotros aun no existe, está por construirse.
Hoy estamos reducidos apenas al clásico dilema del
prisionero. ¿Ambos cantan, o ninguno? ¿Cuál es el mal menor y para quién? Es el
ámbito del relativismo puro, donde no hay ya absolutos. Siglos atrás, la fe de una
mayoría todavía hacía posible una ética simple, basada en el temor a la
retaliación y en la esperanza de una restitución. Hoy ese ya no es un manto que
alcance a la mayoría.
Los valores, con ser permanentes, parecen abstractos a
los hombres de hoy. Ocupan un lugar en su vida, pero no la contienen. Cuando ningún valor es superior
a la vida humana, sin embargo, tampoco hay algo a lo que valga la pena dedicarla.
No basta pues echar la basura fuera con el aserrín de la colaboración
eficaz y prisión preventiva. En este momento oscuro, de desorientación y
desaliento para el Perú, de nosotros depende fundar entre todos algo más grande
que cada uno. Solo de allí provendrá el fundamento de un nuevo derecho
restitutivo.
El Perú fue la cuna de la civilización en esta parte del
mundo y un faro para otros pueblos. Una cierta idea de la grandeza es parte de su
herencia. Brasil bien podría aprender de ello una lección.
REPORTE DE NOTICIAS en Internet
Las siguientes notas periodísticas de
política y economía han sido seleccionadas, editadas y ordenadas
temáticamente. No se las debe citar como
tomadas directamente de sus fuentes originales, las mismas que se indican sólo
como una forma de reconocer el crédito y agradecer la cortesía.
ANTICORRUPCION,
PERSECUCION, JUDICIALIZACION POLITICA
El Comercio
Jorge
Barata, colaborador eficaz en la investigación que se sigue en nuestro país por
el Caso Odebrecht,
aseguró que las empresas peruanas Graña y Montero y JJC Contratistas Generales
estaban al tanto del acuerdo para presunto soborno de US$20 millones al ex
presidente Alejandro Toledo para que el consorcio que conformaban con la
empresa brasileña se adjudicara los tramos 2 y 3 de la carretera Interoceánica.
“El
pago ha sido por Odebrecht, pero el resto de empresas sí tenían conocimiento,
no detalles, pero sí sabían que existía el acuerdo”, declaró el ex director
ejecutivo de Odebrecht en el Perú al fiscal Hamilton Castro en el
interrogatorio que este le hizo el 24 de enero último en Brasil. Este
testimonio fue publicado ayer por el semanario “Hildebrandt en sus trece”.
Barata
agregó que el pago “se distribuyó entre los consorciados, no recuerdo la
fórmula exacta, esto lo verificaré. Esto fue más o menos así, ellos sabían que
habíamos pagado y sabían que tenían que asumir lo que les correspondería”.
A principios de febrero, el gerente general de Graña y Montero, Mario Alvarado Pflucker, aseguró ante la Comisión Lava Jato del Congreso que su compañía no tuvo conocimiento de los sobornos que Odebrecht entregó en el Perú.
A principios de febrero, el gerente general de Graña y Montero, Mario Alvarado Pflucker, aseguró ante la Comisión Lava Jato del Congreso que su compañía no tuvo conocimiento de los sobornos que Odebrecht entregó en el Perú.
Barata
hizo la confesión luego de explicar al fiscal cómo se afrontó el
cuestionamiento de la contraloría que decía que el consorcio no podía
adjudicarse la obra por tener juicios pendientes con el Estado.
“Recuerdo
que estaban presentes muchos ministros, la mayoría de los cuales eran abogados,
entonces comentaban que la sola presencia de procesos pendientes no podía
impedir que se firmara el contrato”.
Barata
agregó que “poco después hay una modificación de la ley, en donde se puntualiza
que solo tendrán en consideración a las empresas que hayan sido condenadas”.
La
empresa Graña y Montero se pronunció ayer, a través de un comunicado, sobre las
aseveraciones de Barata.“Negamos rotundamente dichas afirmaciones y reiteramos
que nuestra empresa o nuestros ejecutivos nunca conocieron, ni menos
gestionaron o realizaron pago alguno en relación a algún tipo de soborno o
reembolso por pagos de ese tipo, realizados por Odebrecht, tal como ellos han
declarado”, manifestó.
En
el breve comunicado, la empresa constructora peruana añadió: “Reiteramos
nuestra disposición para continuar colaborando ampliamente en las
investigaciones”.
El
Comercio trató de conocer también la posición de la empresa JJC Contratistas
Generales sobre lo dicho por Barata, pero no obtuvo respuesta.
“Si,
como dice Barata, hubo ese pago, tendría que haber huella de ese desembolso en
la constructora peruana. Si se comprueba, los responsables también serían
incluidos en la investigación preparatoria que ya se ha formalizado a
Barata, [Alejandro] Toledo y Josef Maiman”, indicó a El Comercio el
abogado penalista Carlos Caro.
El
Comercio
El
vocero de la bancada de Fuerza Popular, Luis Galarreta, precisó que será
necesario que el presidente del directorio de Graña y Montero, José Graña Miro
Quesada, sea citado ante la Comisión Lava Jato del Congreso, tomando en cuenta
que “en esta compañía están invertidos los fondos de los jubilados”.
“(Graña)
Tiene que dar una explicación al pueblo peruano, si no dice nada va a ser
peor”, añadió.
El
vocero alterno de Fuerza Popular, Daniel Salaverry, señaló también a El
Comercio que “ahora hay motivo más que suficiente” para que José Graña acuda.
El empresario estaba citado para este lunes y pidió una nueva fecha.
“No
basta con el comunicado que han emitido. El señor Graña le debe una explicación
al país. El haber sido socio de una empresa corrupta durante varios años los
envuelve en un velo de duda”, dijo.
En
igual sentido se pronunció el legislador acciopopulista Víctor Andrés García
Belaunde. “Esto es muy grave, siempre sostuve que era difícil imaginar que las
utilidades se repartían de manera proporcional, pero los gastos y las coimas
no. Eso era imposible de creer”, indicó. “José Graña debe acudir al
Congreso a aclarar esa situación”, expresó.
El
Comercio
Al
cierre del mercado del viernes, la acción de GyM en la bolsa de Nueva York cayó
34,97% y 33,33% en la local, tras las declaraciones de Jorge Barata.
El Comercio
Aldo
Ferrini, gerente general de AFP Integra, detalló a El Comercio que la exposición de los fondos de
esta AFP a las acciones de Graña y Montero es menor al 0,5%. Esto lo
señaló como respuesta a la caída de más de 30% que registraron estas
acciones en el mercado local, por las declaraciones hechas por el representante
de Odebrecht, Jorge Barata.
“Una
variación del tipo de cambio de S/3,30 a S/3,25 tiene mucho mayor impacto”,
pero de todos modos esto no resta importancia a lo sucedido a la empresa
peruana de construcción, precisó. El ejecutivo explicó que se trata de un
factor reputacional lo que ha impactado en el precio de la acción de Graña y
Montero. “Es muy difícil recuperar los factores reputacionales, sobre todo de
esta índole”, explicó.
De
ahí la importancia de la Junta General de Accionistas que Graña y Montero
realizará el próximo martes 28, pues se deberá aclarar en esa instancia la
situación de la compañía y su conocimiento de las actividades ilícitas de su
socia brasileña.
Expreso
Columna de Martha
Meier Miro Quesada
(…)
En las Jornadas Empresariales de Medios de Comunicación
(Buenos Aires, 1985) el entonces co-director del diario “El Comercio”,
Alejandro Miró Quesada Garland (1915-2011) dijo: “si los periodistas exigimos
amplia libertad estamos obligados a ofrecer honestidad e independencia, pues
así como el periodismo libre es vital para la democracia, la independencia es
esencial para el periodismo libre”.
En ese espíritu, el 8 de febrero último solicité al señor
José García Miró, actual presidente del directorio de “El Comercio”, interceder
ante los accionistas de Graña y Montero (GyM) que lo son del medio para que se
abstengan de nombrar representantes en la próxima junta.
GyM, lamentablemente, está inmersa en la corrupción de sus
pares brasileros: sobornos, lavado de activos y sobrecostos, entre
otros. Jorge Baratta, exrepresentante de Odebrecht, ha confesado que los
consorciados sabían de los sobornos y que aportaban para ellos, entre otras
cosas.
Un desubicado bloguero dijo que mi pedido -de higiene
empresarial y periodística intenta cambiar la correlación de fuerzas
al interior del directorio. Esto como si pudiera legitimarse una ‘mayoría’ (si
acaso) a la que le resulta irrelevante el daño moral y económico causado a
nuestro país por el consorcio Odebrecht-GyM, y la colisión con los intereses de
nuestra empresa mediática.
(…)
“El Comercio” vive un momento crítico y podría convertirse en
cómplice de delitos que rebasan al tribunal de la opinión pública para
convertirse en un complejo asunto legal de competencia de la justicia. Aquí no
hay “mayoría” que valga; hay decencia o no. Así de simple.
El Comercio
El
Ministerio Público realizó ayer por la tarde una diligencia en las oficinas de
la empresa Graña y Montero como
parte de las investigaciones que realiza por el Caso Gasoducto Sur Peruano
(GSP), indagación en la que también está incluida Odebrecht.
La
intervención fue conducida por el fiscal anticorrupcion Reynado Abia.
“Durante
la diligencia se recabó información sobre los contratos suscritos entre Graña y Montero y
la empresa Odebrecht”, destacó la fiscalía.
La República
El
prófugo ex presidente Alejandro Toledo habría recibido sobornos de
las otras empresas brasileñas que, al igual que Odebrecht, intervinieron en la
construcción de la Carretera Interoceánica,
según la Fiscalía.
Además
de Odebrecht,
que conformó el consorcio Conirsa junto a las peruanas Graña y Montero, JJ Camet e Ingenieros
Civiles y Contratistas, en la Interoceánica Sur también intervino el consorcio
Intersur, integrado por Andrade Gutiérrez, Camargo Correa y Queiroz Galvao.
De
acuerdo con la información parcial procedente de Suiza y
Brasil, desde offshores vinculadas a estas empresas también se han realizado
depósitos en una cuenta de Maiman en
el Citibank de Londres. Se espera que, pronto, la fiscalía suiza libere
información bancaria que dé mayores luces de estos pagos al ex presidente
Toledo.
En
estos documentos aparece el nombre de Marcos de Moura Wanderley,
representante legal de Camargo Correa durante las negociaciones de
la Interoceánica, y anotado a mano el nombre "Toledo".
El
Comercio
El
presidente, Pedro Pablo Kuczynski, se refirió hoy a los cuestionamientos en su
contra considerando que fue ministro de Economía del gobierno de Alejandro Toledo
durante el proceso en que se adjudicó la carretera Interoceánica al consorcio
integrado por Odebrecht.
“Yo
no firmé el famoso decreto del SNIP (Sistema Nacional de Inversión Pública), lo
que sí firmé fue una ley del Congreso cuando era premier y tenía que firmar las
leyes. Pero la Constitución dice que es el presidente el que implementa las
leyes. Si hubiera problemas, sería yo como presidente, no como ministro”, dijo.
PPK
se refirió al Decreto Supremo N°022-2005, del 9 de febrero del 2005. Era el ministro
de Economía por entonces, pero en ese momento quien estaba encargado del
despacho y firmó el documento fue Javier Sota Nadal, ministro de Educación. El
decreto exceptuó al proyecto de la aplicación de normas del SNIP referidas a la
fase de preinversión.
El
jueves 9 de febrero del año actual, cuando se ordenó 18 meses de prisión
preventiva al ex presidente Alejandro Toledo, el juez Richard Concepción
Carhuancho sostuvo que ese decreto significó un “salto con garrocha” y que el
ex mandatario “habría sentado las bases para el favorecimiento al consorcio que
ganó la Interoceánica”.
Kuczynski
también hizo alusión a la ley N° 28670, que el 2006 declaró de necesidad
pública e interés nacional diversos proyectos de inversión, entre ellos la
Interoceánica. Esa norma fue la que sí firmó. Sin embargo, el juez Concepción
manifestó que la ley “tuvo nombre propio” y significó “una suerte de blindaje
legal” respecto a la citada obra pública.
GOBERNABILIDAD, DEMAGOGIA, AUTORITARISMO,
DEMOCRACIA
El
Comercio
Por
aproximadamente una hora, el presidente Pedro Pablo Kuczynski (PPK)
realizó una ponencia titulada “Una nueva era para Latinoamérica” y respondió
preguntas del público que se dio cita en la Universidad de Princeton.
También
se refirió al caso Lava Jato, el escándalo de corrupción que ha sacudido a la
región; a la distribución de ingresos en América Latina, que calificó de pobre;
al comercio mundial que se ha vuelto más lento debido a la crisis financiera;
y, entre otros temas, al desafío que implica avanzar en educación y tecnología
para evitar un estancamiento. “Tenemos que abrirnos, la sirena de la protección
nos lleva a un abismo. No es una buena receta”, acotó.
Y
al referirse a nuestro país, aseguró: “Quiero hacer una revolución social en el
Perú”. Esto, precisó, en base al trabajo por el agua, la educación y servicios
de salud.
“La
única forma es a través del crecimiento. Ahorita es bien difícil generar
crecimiento, pero creo que lo vamos a lograr si podemos unir al país y que se
sumen a nuestras ideas. No es fácil hacerlo, porque muchas personas están
motivadas por su instinto político de corto plazo. Pero yo creo que sí podremos
hacerlo”, refirió.
Respecto
a la relación de su gobierno con el Congreso, de mayoría fujimorista, aseveró:
“No es fácil, pero está funcionando”.
Correo
El presidente de la
República, Pedro Pablo Kuczynski, recordó su encuentro de
ayer con el presidente Donald Trump quien le preguntó por sus
predecesores.
"Como me dijo el presidente
Trump ¿qué hay de tus
predecesores?, le dije uno
está preso que es Alberto Fujimori y otro creo que está encaminándose a la
cárcel también (en alusión a Toledo), pero las reformas iniciales fueron muy importantes porque
han permitido abrir la economía", sostuvo.
“El Perú ha crecido
gracias a las reformas que se hicieron en la década de los años 90, después del
primer gobierno de Alan
García que terminó en hiperinflación y una serie de problemas, estas reformas las
implementó el gobierno de Alberto Fujimori", precisó. Recordó
que luego hubo una segunda ola de reformas "donde nos abrimos a la
inversión en infraestructura lo que permitió abrir el sistema bancario".
"Desde el 2001, el Perú
ha tenido un crecimiento de 5% a 6% por año, actualmente estamos a un crecimiento
de 4% y esto se debe a este escándalo de corrupción", indicó.
También admitió que el escándalo
de corrupción del caso Lava Jato podría afectar el crecimiento económico, e
insistió en limpiar al Estado de este flagelo.
"Tenemos que superar
esta situación y limpiar. De lo contrario vamos a tener grandes problemas de
crecimiento", finalizó.
Peru21,
El Comercio
La
suerte del ministro de Transportes, Martín Vizcarra,
estaría echada. El vocero de Fuerza Popular,
Luis Galarreta, adelantó que propondrá a su bancada la interpelación al
ministro de Transportes, Martín Vizcarra, por la suscripción de la adenda del
contrato para la construcción del aeropuerto de Chinchero, en Cusco.
“La
Legislatura empieza el 1 de marzo, ese día habrá un pleno, por lo que del 2 de
marzo para adelante se realizará la reunión de bancada. Ya hemos conversado con
otros voceros y dejamos claro que hay que evaluar y plantear los hechos para la
interpelación. De manera personal, considero que sí debe ocurrir”, explicó.
Hasta
hace unos días, Galarreta declinaba fijar posición sobre el tema. Ayer, sin
embargo, declaró –a título personal– que Vizcarra “debe dar más explicaciones” del
caso Chinchero.
En
diálogo con Perú21, Galarreta recalcó que la
decisión final la tomará su bancada.
Consultado
sobre una eventual censura al vicepresidente, el vocero fujimorista refirió que
“algunos ministros como (Ana María) Romero-Lozada sí deberían renunciar, pero
en cuanto a Vizcarra y si después de la interpelación debe continuar, no lo
hemos evaluado”, dijo.
El
Comercio
Desde
Estados Unidos, el presidente Pedro Pablo Kuczynski (PPK)
se refirió a la reciente situación que atraviesa su vicepresidente. “Martín
Vizcarra es una persona de primer nivel, hay algunos que lo cuestionan sin
ninguna base y yo lo defiendo a rajatabla”, manifestó.
El Comercio
Vizcarra: póliza en riesgo
Erick Sablich
“Si me pasa algo, tengo dos pólizas de seguro:
Martincito y Mechita”. Poco antes de la segunda vuelta, medio en broma y medio
en serio, así respondía Pedro Pablo Kuczynski a quienes cuestionaban su
capacidad de ejercer la presidencia por su edad.
Destacar a sus más jóvenes acompañantes de plancha
constituía un buen recurso para un candidato proclive al desliz comunicacional
y cercano a los 80 años, bastante por encima de nuestros últimos presidentes.
La figura de Martín Vizcarra,
en especial, representó un activo importante para Kuczynski. Exitoso ex
gobernador de Moquegua, se le había voceado más de una vez como ministro de
Ollanta Humala, ofrecimiento que habría declinado con buen tino. Su gestión
recibió elogios luego de las mejoras obtenidas por los alumnos de su región en
las evaluaciones del Ministerio de Educación, por lo que fue reconocido con las
Palmas Magisteriales en el 2014.
También logró –en épocas de Congas y Tías Marías que no
van– un acuerdo entre ciudadanía y empresa para ejecutar el proyecto cuprífero
Quellaveco, cuyo inicio espera expectante el gobierno pues supone una inversión
de US$5 mil millones.
Cuando la campaña de Peruanos por el Kambio se sumía en
el caos y descendía al cuarto lugar de las preferencias, Vizcarra asumió
el timón de la misma y puso algo de orden y cordura. Mérito no menor por cuanto
el tiempo ha confirmado una y otra vez que estas cualidades no abundan en el
partido oficialista y su bancada congresal.
Una vez en el gobierno, sin embargo, al ministro de
Transportes y Comunicaciones le está costando repetir el éxito de su gestión en
Moquegua y retomar la serenidad mostrada durante la campaña. Dificultades que
enfrenta, en gran medida, al haber sido expuesto de manera prematura y
arriesgada por el propio Ejecutivo con la cuestionada firma de la adenda del
aeropuerto de Chinchero. Y es que con independencia de la posición que se tenga
sobre el proyecto, las marchas y contramarchas del Gobierno en relación con la
bendita adenda solo contribuyeron a mellar la imagen de Vizcarra. Lo que podría agravarse si la
contraloría plantea objeciones en dicha concesión o algún hecho de corrupción
se comprueba en el futuro.
Hoy, Vizcarra se
ha enfrascado en un pico a pico con el congresista García Belaunde –quien, por
cierto, se ha excedido en sus calificativos– y anuncia que lo denunciará ante
la Comisión de Ética. Un error que solo prolongará una disputa que lo desgasta.
La probable interpelación de Vizcarra en
el Congreso debilitará aun más a quien debería erigirse como uno de los puntales
del Gobierno, y el fantasma de una censura sobre quien también ejerce la
primera vicepresidencia de la República debería llevar al Ejecutivo a evaluar
sus responsabilidades. Sobre todo si se le ha encargado esa papa caliente y
despropósito llamado Panamericanos Lima 2019.
La
República
El
jefe del gabinete, Fernando
Zavala Lombardi, recibió en Palacio de Gobierno a los
directivos de la Asociación Civil
Transparencia, quienes le entregaron 16 tomos con 56,736 firmas de
ciudadanos de todo el país que respaldan las reformas institucionales
propuestas por esta asociación.
Estos
planteamientos se encuentran en un documento denominado Plan 32 y se refieren a reformas en el
sistemas de justicia, el sistema electoral y también en el funcionamiento del Congreso de la República.
El
presidente de Transparencia, Allan
Wagner Tizón, señaló la necesidad de que se ejecuten dichas
reformas institucionales mediante la unión de esfuerzos entre los poderes del
Estado y la sociedad civil.
En
cuanto a la labor de Transparencia,
informó que este año continuarán impulsando las reformas en el ámbito electoral
y que tienen que ver con el financiamiento de los partidos políticos en
campañas electorales y con la idoneidad de los candidatos.
"Esperamos
que el Congreso actúe con medidas legislativas que
eviten el ingreso de dinero sucio a las campañas electorales", demandó.
"Necesitamos
candidatos íntegros que participen en alianzas electorales serias, necesitamos
un Ejecutivo y
un Congreso transparente
que informe a la ciudadanía lo que hace y que esté más cerca de sus electores.
Necesitamos una administración pública más meritocrática donde estén realmente
los mejores. Necesitamos también una justicia independiente, transparente y
eficaz. Para conseguirlo necesitamos una gran reforma política
institucional", sostuvo Fernando Zavala, presidente del Consejo de Ministros.
Dijo que muchos ciudadanos no
creen en las instituciones ni en sus representantes y que cambiar esta
situación atañe a todos.
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