ESTA NOCHE jueves 2 febrero 2017
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MEDIA
COLUMNA
¿Compras caro
y pagas el doble?
Jorge Morelli
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Los peruanos ya sabemos que el consorcio de Odebrecht ganó la
licitación del Gasoducto solo porque el otro postor fue sacado a la mala de la competencia.
Pero eso no es sino la parte visible del iceberg de la corrupción.
La oferta que ganó la licitación fue de unos 7,300 millones
de dólares para un proyecto que, años antes, se había valorizado en 1,300
millones de dólares, la sexta parte. Pero eso tampoco es lo peor.
En artículo publicado en EXPRESO hoy, jueves 2 de febrero,
Jorge Peschiera señala que el Estado podría haber tomado un préstamo de 7,300
millones de dólares a una tasa de 5% -que era el interés del mercado en ese
momento-, pagar el proyecto entero al contado y cancelar cada año unos 450
millones por los intereses, por 34 años.
Pero lo que el gobierno de Humala hizo fue firmar en favor de
la corrupta empresa brasileña, por si la operación no resultaba rentable, una
garantía por 900 millones de dólares al año por 34 años.
Peschiera ha descubierto que, en lugar de una tasa de 5%, el gobierno
firmó un contrato con Odebrecht con una tasa de descuento de 12%.
Como consecuencia de esta criollada, el proyecto le costaría al
Perú el doble de los 7,300 millones: 14,600 millones de dólares. “Compra un
proyecto en 7,300 millones y véndelo en 14,600 millones –dice Peschiera-. Duplicas
tu plata solamente “arbitrando” la tasa de descuento”.
Increiblemente, este es el contrato que el gobierno de
Kuczynski pretende volver a licitar, tal cual. No es posible.
REPORTE DE NOTICIAS en Internet
Las siguientes notas periodísticas de
política y economía han sido seleccionadas, editadas y ordenadas
temáticamente. No se las debe citar como
tomadas directamente de sus fuentes originales, las mismas que se indican sólo
como una forma de reconocer el crédito y agradecer la cortesía.
GOBERNABILIDAD, DEMAGOGIA, AUTORITARISMO,
DEMOCRACIA
El Comercio
La
fiscalía abrió una investigación al ex ministro de Energía y Minas Eleodoro
Mayorga por
el presunto favorecimiento a la empresa brasileña Odebrecht en la adjudicación del Gasoducto Sur
Peruano.
Según
detalló el diario "Correo", un informe remitido por el
fiscal anticorrupción Reynaldo Abia ante el despacho del fiscal de la Nación,
Pablo Sánchez, señala que el ex ministro del gobierno nacionalista fue socio de
la firma de abogados que asesoró a la constructora brasileña en la referida
licitación.
Según
"Cuarto Poder", en el proceso de licitación participaron 23 empresas,
de las cuales 21 se quejaron del poco tiempo para presentar toda la
documentación requerida y una de las dos que quedaron finalmente en carrera
quedó fuera del mismo una hora antes que se abrieran los sobres del
concurso.
Al
final, las empresas Odebrecht y Enagas ganaron la buena pro de la obra,
valorizada en 7.300 millones de dólares.
Mayorga fue interpelado por el Congreso,
que intentó censurarlo, pero la bancada del Partido Nacionalista lo evitó
con sus votos.
Expreso
Gasoducto del Sur: un gran negocio financiero
Jorge Peschiera
Según
los términos del contrato del gasoducto del sur, el postor
ganador sería aquel que ofreciera el menor “costo del servicio”, expresado en
una sola cifra, que incluía tanto la inversión para diseñarlo y construirlo,
como el costo de operarlo por todos los años de la concesión. La oferta
ganadora fue por aproximadamente 7,300 millones de dólares.
La recuperación de
la inversión debía provenir de los ingresos obtenidos por transportar el gas.
El monto anual requerido para recuperar el mencionado costo de servicio se
estimó en aproximadamente 900 millones de dólares al año por todo el plazo de
la concesión. Esa cifra se utilizó para establecer el monto mínimo de ingresos
anuales garantizados por el Estado.
¿Cómo se relaciona
el “costo del servicio” de 7,300 millones con los 900 millones de dólares al
año? La clave está en la tasa de descuento aplicada al flujo de pagos futuros.
De acuerdo al contrato, esa tasa es 12 % al año. El flujo de 900 millones al
año por 34 años, descontado a la tasa de 12 %, resulta en una cifra cercana a
los 7,300 millones.
En la tabla se
aprecia, en la segunda columna, el flujo de pagos de 900 millones al año y en
la tercera se ve ese mismo flujo descontado a una tasa de 12 %. Por ejemplo, el
valor descontado del pago del primer año es 804 millones, cifra que se obtiene
dividiendo 900 entre 1.12. El pago del segundo año se valoriza en 717 millones,
al dividir 900 entre 1.12 dos veces consecutivas. Y así sucesivamente por todo
el plazo de la concesión. La pregunta más importante es: ¿por qué se usó una
tasa de descuento de 12 %? Examinemos bien este tema. Si se trata de un flujo
de pagos garantizados por el Estado, ¿cómo se justifica aplicar una tasa de
descuento que refleja un riesgo mayor? ¿Por qué no usar la tasa de interés de
mercado, aplicada al resto de las obligaciones del Estado?
En junio de 2014,
cuando se llevó a cabo la licitación del gasoducto, la tasa de
interés de mercado, aplicada a la deuda externa de largo plazo del Perú, se
encontraba por debajo de 5 %. Si usamos esa tasa de descuento, el valor
descontado de los 900 millones al año, garantizados por el Estado es, aproximadamente, 14,600 millones. ¿Y
esto a qué se debe? Sucede que cuanto menor es la tasa de descuento, mayor es
el valor de los pagos que efectúa el Estado.
En la cuarta columna
de la tabla se ve, por ejemplo, que en el primer año el pago se valoriza en 857
millones. Esta cifra, que se obtiene dividiendo 900 entre 1.05, es muy superior
a los 804 millones obtenidos aplicando una tasa de 12 %. La diferencia aumenta
exponencialmente conforme crece el plazo de los pagos.
Visto de otro modo,
si en lugar de 12 % el contrato del gasoducto hubiera aplicado la tasa de 5 %, que era la
tasa de interés a la cual el mercado estaba dispuesto a financiar al Estado,
los pagos garantizados hubieran sido de 450 millones al año, en lugar de 900.
En otras palabras, el Estado podría haber pagado al contado los 7,300 millones,
tomando para ello un préstamo por el cual hubiera pagado solamente 450 millones
al año, en lugar de 900.
Asumiendo que el “costo del servicio” del gasoducto ofertado por el concesionario en realidad
reflejaba el monto de la inversión y operación del gasoducto, entonces este era un negocio
principalmente financiero. Compra un proyecto en 7,300 millones y véndelo
en 14,600 millones; duplicas tu plata solamente “arbitrando” la tasa de
descuento.
Costó mucho trabajo
recuperar el crédito externo en 1997 y, gracias a ello, el Perú puede obtener
hoy financiamientos a tasas bajas. No debemos desperdiciar esa ventaja
aceptando financiamientos disfrazados, donde se apliquen tasas de interés
lesivas para el país, que otorgan ventajas descomunales a los inversionistas.
El Estado debe
meditar muy bien si licitará nuevamente el proyecto y la forma como lo haría.
Cualquiera sea la decisión que se adopte, si para este proyecto, o para
cualquier otro, se vuelve a usar una tasa de descuento para descontar flujos de
pagos garantizados por el Estado, la tasa deberá ser cercana a la que paga
actualmente el Estado por sus obligaciones externas de largo plazo
Gestión
El gobierno publicó un decreto de
urgencia que encarga a Osinergmin
contratar a un administrador que tendrá a su cargo el manejo de los bienes del Gasoducto
Sur Peruano (GSP).
El decreto busca preparar una próxima transferencia de los bienes al sector
privado.
El Comercio
El
acuerdo entre Odebrecht y el Ministerio Público, que esta
última entidad hizo público el 5 de enero, se dio a iniciativa de la empresa
brasileña implicada en casos de corrupción en el Perú. Así lo afirmó esta tarde
Mauricio Cruz Lopez, representante de la transnacional en nuestro país, ante la
Comisión Lava
Jato del
Congreso.
“La
empresa buscó al Ministerio Público para demostrar la intención de colaborar
con la justicia y a partir de ahí entró en un proceso de colaboración, que está
bajo confidencialidad. A partir de ese momento, las acciones que hubieron no
puedo explicar”, dijo el empresario, quien precisó que no tiene copia del
documento y que el acuerdo se llevó en forma paralela con un grupo de abogados
de la compañía.
Como
se recuerda, el acuerdo contempló el pago de S/ 30 millones al Estado como
adelanto por las coimas de US$29 millones que Odebrecht reconoció haber pagado
en el Perú entre el 2004 y 2015.
El Comercio
La
congresista Lourdes
Alcorta (Fuerza Popular) cuestionó la “falta de
voluntad” de las autoridades judiciales para enfrentar la corrupción en el
país. Ello por la decisión del Ministerio Público de no autorizar al fiscal
Hamilton Castro, quien investiga en Caso Lava Jato en el Perú, a asistir hoy
ante la comisión del Congreso que indaga dicho caso.
Dijo
que la máxima autoridad del Ministerio Público, Pablo Sánchez, “tiene la
obligación” de acudir ante el Parlamento para explicar sobre el acuerdo
adoptado con Odebrecht.
La República
En
dos informes que suscribió la Contraloría General de la República antes y
después de la firma del contrato entre el Ministerio de Transportes y
Comunicaciones (MTC) y
el Consorcio Kuntur Wasi por la adjudicación del aeropuerto de Chinchero,
advirtió que los intereses del Estado estaban en riesgo si no se introducían
mejoras sustanciales.
Las
recomendaciones que hizo la Contraloría antes que el 4 de
julio del 2014 los representantes del MTC y
del Consorcio Kuntur Wasi estamparan sus rúbricas, no fueron tomadas en cuenta
por el gobierno de Ollanta Humala, indicaron fuentes del organismo
fiscalizador, así como del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).
Uno
de los cuestionamientos centrales del primer informe de la Contraloría respecto
al contenido del contrato fue que el MTC no fijó una fecha de cierre financiero
para que el consorcio privado obtuviera los 290 millones de dólares necesarios
para dar comienzo a las obras del aeropuerto internacional de Chinchero. Al no
contar con un tope, el
proyecto de obra pública quedaba en el limbo al no tener la empresa privada una
obligación contractual para arrancar con los trabajos en una fecha fija.
Proinversión, el organismo que organizó la licitación, al ser preguntado por la
Contraloría sobre la ausencia de la fecha de cierre financiero,
contestó que no lo exigió porque confiaba en la palabra del Consorcio Kuntur
Wasi.
"(Proinversión)
respondió que no se ha considerado necesario establecer una fecha para la
presentación del Cierre Financiero, ya que el Concesionario tiene el incentivo
de acreditar el Cierre Financiero cuanto antes, a fin de cumplir con todas las
condiciones previas al inicio de las obras e iniciar la etapa de Ejecución de
Obras lo antes posible a fin de tener mayor plazo para la explotación de la
concesión", señaló la Contraloría en su informe.
Sin
embargo, a la Contraloría le pareció que no era suficiente la promesa de la
empresa privada y exigió a Proinversión que fijara la fecha
de cierre financiero.
"Resulta
necesario que Proinversión antes de la adjudicación de la buena pro evalúe pues
la pertinencia de considerar un plazo definido para que el concesionario
presente el Cierre Financiero", demandó la Contraloría.
Según
fuentes del MEF, Proinversión no cumplió y se firmó el contrato sin señalarse
el tope del cierre financiero.
El
11 de octubre del 2016, la Contraloría emitió una Hoja Informativa que
contenía la evaluación del contrato suscrito entre el MTC y el Consorcio Kuntur
Wasi. Los auditores se dieron con la sorpresa de que se había incumplido con lo
que había recomendado en su reporte del 2014.
Debido
a este problema, el contrato podría quedar sin efecto porque no se había
definido –dos años después de la suscripción de la concesión a favor de Kuntur
Wasi– la fecha del cierre financiero.
"El
inicio de la etapa de ejecución de obras del nuevo aeropuerto internacional de
Chinchero está condicionado al cierre financiero, el cual a su vez se encuentra
directamente vinculado con la autorización del Endeudamiento Garantizado Permitido
a cargo del Concedente (Ministerio de Transportes y Comunicaciones) y que a la
fecha se encuentra pendiente debido a que no existe un consenso entre el
Concedente (MTC) y el Concesionario (Kuntur Wasi)
respecto a la metodología de cálculo de cofinanciamiento", indicó la
Contraloría.
"De
no autorizarse el Endeudamiento Garantizado Permitido, no
habría cierre financiero y
por tanto existe un riesgo potencial de que se produzca la caducidad de la
referida concesión", alertaron los auditores.
Por
contrato el Consorcio Kuntur Wasi estaba comprometido a invertir 265 millones
de dólares para dar comienzo a las obras, y consiguió el financiamiento, pero a
una tasa de interés 21 por ciento por 20 años, que fue considerado por las
autoridades demasiado elevado, puesto que en el mercado internacional la
tasa fluctúa entre el 7 y 8 por ciento. Al final, los 265 millones más los
intereses superarían los 800 millones de dólares, un costo que al Ejecutivo le
pareció inaceptable para afrontar.
De
acuerdo con las fuentes del MEF, frente a la inexistencia de una fecha tope
de cierre financiero, y el costosísimo
financiamiento que había obtenido el consorcio privado, el Ejecutivo resolvió
asumir los 265 millones de dólares para gatillar el proyecto.
De
no haber recurrido a esta fórmula –que está contemplada en la adenda al
contrato que el gobierno de Kuczynski tiene
previsto suscribir con Kuntur Wasi–, el proyecto se suspendería indefinidamente
y la empresa privada podría haber demandado por daños y perjuicios al Estado
ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones
(CIADI). La medida la tomó el Ejecutivo porque no existía la fecha de cierre
financiero.
Para
las fuentes del MEF, la adenda al contrato original no altera el modelo de
Asociación Público Privada (APP), en que se entregó la concesión a Kuntur Wasi.
Alegan que el diseño, la construcción, la operación y el mantenimiento siguen
en manos de la empresa privada, solo que con la adenda el financiamiento de
inicio de obras estará a cargo del Estado.
En
todo caso, la polémica que se ha desatado alrededor de la decisión del gobierno
de Kuczynski de
suscribir una adenda para destrabar el proyecto del aeropuerto de Chinchero ha
despertado la atención de la Contraloría. El organismo fiscalizador ha
anunciado que evaluará las modificaciones a las condiciones
financieras del
contrato de concesión. Sería mucho mejor si se hiciera antes de la firma de la
adenda.
En punto
·
Chau. La ex presidenta de Ositrán Patricia Benavente renunció porque se
opuso a la adenda al contrato con Kuntur Wasi.
·
Sustento. Buena parte de la
argumentación de Benavente coincide con los informes del 2014 y 2016 de la
Contraloría.
·
Beneficio. Benavente señaló en el
sustento de su voto en contra de la adenda que esta favorecía al Consorcio
Kuntur Wasi en desmedro de los recursos públicos al convertirse el Estado en el
financista de los 265 millones de dólares que debió poner la empresa privada.
El Comercio
El
ministro de Transportes Martín Vizcarra señaló que serán las autoridades de
control y judiciales las que tendrán que determinar las sanciones para quienes
resulten responsables de las irregularidades detectadas en el contrato del
aeropuerto de Chinchero,
en el Cusco.
"No sé si calificarlo de negligencia o falta administrativa, nosotros tenemos que encontrar la solución y hacer el proyecto. Es la Contraloría, es el Ministerio Público, es el Poder Judicial, los que tienen que calificar y determinar la sanción", respondió al ser consultado por este Diario si su despacho hará alguna denuncia al respecto.
"No sé si calificarlo de negligencia o falta administrativa, nosotros tenemos que encontrar la solución y hacer el proyecto. Es la Contraloría, es el Ministerio Público, es el Poder Judicial, los que tienen que calificar y determinar la sanción", respondió al ser consultado por este Diario si su despacho hará alguna denuncia al respecto.
Incluso
recordó que la Contraloría había advertido de los riesgos del contrato de Chinchero a Proinversión antes de que este se
firmara el 2014 durante el gobierno de Ollanta Humala.
Vizcarra
agregó que este gobierno mira hacia adelante corrigiendo las deficiencias, como
el hecho de que no se haya puesto tope a los intereses, y los hacía
"exorbitantes". "Lo eliminamos completamente y continuamos con
este contrato, la investigación está en manos de la Contraloría en la
actualidad", aseveró instantes después de anunciar que la firma de la
adenda del contrato, que fue suspendida hace dos días, se realizará este
viernes en presencia del presidente Pedro Pablo Kuczynski.
Durante
la conferencia de prensa ofrecida junto al primer ministro Zavala, Vizcarra
también fue consultado si había preocupación de que se presente una censura en
su contra por este tema. Este respondió: "Estamos haciendo llegar un
documento a la presidenta del Congreso, poniéndonos a disposición de la
Comisión Permanente para explicar que la modificación es para beneficiar al
Estado".
Más
temprano el legislador fujimorista Daniel Salaverry cuestionó que el ministro
de Transportes y Comunicaciones haya “cambiado de discurso” con respecto a la
obra del aeropuerto de Chinchero.
“Me
causa mucha extrañeza el cambio de discurso del ministro Vizcarra, quien hasta
hace 24 horas pedía que el Congreso le explique por qué no se debe firmar esta
adenda, sin embargo, anoche dice que el contrato que firmó el gobierno de
Humala es lesivo para los intereses del país, entonces, si es así tiene que
reestructurarse todo. La adenda solo cambia la estructura del cierre
financiero”, declaró en entrevista con TV Perú.
Expreso
Yonhy
Lescano,
congresista de Acción Popular, anunció que este viernes se firmará la adenda
del contrato de concesión del aeropuerto internacional de Chinchero (Cusco) con
la empresa Kuntur Wasi.
Como
se sabe, la firma de la adenda estaba programada para el 31 de enero,
pero el Gobierno suspendió la suscripción un día antes. “Esas adendas eran
perjudiciales a los intereses nacionales, porque casi todo el dinero lo pone el
Estado, una obra que el mismo Estado podría hacer. Si esa obra y esa adenda
está perjudicando al país, obviamente conllevaría a una interpelación también y
responsabilidad política del ministro de Transportes”, dijo Yonhy Lescano.
Yonhy
Lescano consideró
también que se está haciendo un contrato a favor de los privados, considerando
que casi todo el dinero de la inversión viene de parte del Estado. Del mismo
modo, Víctor Andrés García Belaunde señala que el contrato con Kuntur Wasi
tiene serias fallas.
“Esta empresa no ha cumplido con el cierre financiero, porque no tiene
capacidad financiera. Es una empresa insolvente”, sostuvo. Sin embargo,
el parlamentario fujimorista Víctor
Albrecht consideró
que el tema no da para una interpelación al ministro Vizcarra. “Lo importante
es que la decisión la tiene el Ejecutivo y que se tiene que oponer los
pantalones para tomar las decisiones y hacer el aeropuerto que el Cusco requiere”,
finalizó el parlamentario.
El Comercio
El
vocero alterno de la bancada de Fuerza Popular, Daniel Salaverry,
se pronunció hoy en contra de un pedido de interpelación contra el ministro de
Transportes y Comunicaciones Martín Vizcarra, como deslizó el legislador Yonhy
Lescano (AP) por cuestionamientos al contrato y adenda del aeropuerto de
Chinchero, en Cusco.
Sobre
si se justifica o no un pedido de esta naturaleza, Salaverry respondió a este
Diario que "aún no hay una prueba o indicio de que haya habido actos de
corrupción". Sí consideró que "obviamente hay cuestionamientos y nos
parece muy extraño, por qué tantas ventajas hacia la empresa privada".
Durante
la entrevista transmitida en vivo desde nuestra redacción, Daniel Salaverry se preguntó por
qué se elaboró el contrato de esa manera. "Por qué el señor [Ollanta]
Humala y sus ministros elaboraron un contrato que le permitía a la empresa
cobrar más de 500 millones de dólares en intereses, donde no se especificaba el
porcentaje de interés que iba a cobrar la empresa cada año, eso nos llama
poderosamente la atención y amerita que más adelante se investigue",
puntualizó.
Seguidamente
subrayó que si bien su bancada no había tratado el tema, a título personal su
opinión es que "es prematuro estar pidiendo interpelaciones para el
ministro Vizcarra".
Consultado
si iba a plantear una investigación del contrato de Chinchero, Daniel Salaverry respondió que en
su momento se tomará la decisión.
Al
respecto mencionó que un oficio del congresista Víctor A. Belaunde paralizó la
firma de la adenda. "Imagínese si hoy yo anuncio que vamos a crear una
comisión investigadora para investigar el contrato y la adenda, [el Ejecutivo]
va a tener un pretexto para dejar sin aeropuerto a los cusqueños y nos va
a culpar a nosotros, cosa que sería descabellado".
En esa
línea reiteró: "Lo vamos a investigar pero su momento. Esperemos que la
obra salga adelante, no queremos generar un conflicto social". Esto en
alusión a la medida de fuerza que acataron los cusqueños por la suspensión de
la firma de la adenda del proyecto. En la víspera el ministro Vizcarra anunció
que esta se firmará mañana en dicha ciudad, en un acto donde estará presente el
presidente Pedro Pablo Kuczynski.
El Comercio, editorial
Turbulencia antes del despegue
La decisión de modificar el contrato para la
construcción del aeropuerto de
Chinchero, concesionado al consorcio Kuntur Wasi
durante el gobierno de Ollanta Humala, ha despertado algunas críticas y la
atención por parte de la población cusqueña interesada en el proyecto y de la
opinión pública en general.
Como se sabe, Kuntur Wasi tenía que asumir los costos
de la construcción del aeropuerto con financiamiento privado y, al finalizar la
obra, debía recibir un reembolso por parte del Estado ascendente a US$265
millones (correspondientes al pago anual por obras o PAO) más los intereses que
hubiera pagado por dicho financiamiento. Sin embargo, cuando el Ministerio de
Transportes y Comunicaciones (MTC) recibió la propuesta de endeudamiento por
parte de la concesionaria constató que los US$265 millones iniciales se
convertían en aproximadamente US$800 millones por reembolsar al sumar los
intereses del financiamiento.
Así, considerando el elevado costo que ello implicaba,
el gobierno decidió proponer la adenda del contrato, de modo tal que el Estado
le iría pagando al concesionario los US$265 millones en partes (por avance de
obras) y antes de lo previsto, y evitaría tener que reembolsar un monto mucho
mayor por concepto de intereses. Se trataba de una salida con ciertos costos
(pues cambiaba algunas condiciones importantes del contrato de concesión y
suponía que el Estado tuviera que desembolsar anticipadamente una buena
cantidad de dinero), pero menos onerosa que no hacer nada al respecto.
Además, contrariamente a lo señalado por algunos representantes
del Frente Amplio –incluyendo a su ex candidata presidencial Verónika Mendoza–
y el parlamentario de Acción Popular Víctor Andrés García Belaunde, ‘anular’ la
concesión (y convertirla en obra pública) alegando que el financiamiento
propuesto por la concesionaria era muy costoso sencillamente no tenía asidero
legal. De hecho, en el mes de octubre del año pasado, la Contraloría General de
la República ya había revisado el contrato y advertido que, por su generalidad,
no había límites al tipo de endeudamiento y tasas de interés que podía obtener
la concesionaria. En este contexto, si el Estado pateaba el tablero, hubiera
tenido, con seguridad, que lidiar con un arbitraje en una posición desfavorable
y afrontar el pago de una millonaria indemnización a la concesionaria, además
de sufrir la postergación de la construcción del aeropuerto por algunos años
más.
Bien explicada la situación, entonces, resultaba
evidente que la administración de Peruanos por el Kambio había optado por una
alternativa imperfecta pero razonable, considerando la precaria circunstancia
que había heredado de la administración nacionalista.
El video “explicativo” del presidente Kuczynski
difundido el último lunes, sin embargo, poco aportaba a un esfuerzo
clarificador. En medio de un mensaje muy enredado, el mandatario únicamente
hizo referencia a un ahorro de US$590 millones de intereses, sin explicar su
origen y obviando considerar en sus matemáticas el costo financiero que
asumiría el Estado al pagar con antelación lo que inicialmente debía reembolsar
luego de unos años.
Más preocupante aun fue que el Ejecutivo haya
postergado la firma de la adenda y el inicio de la construcción del aeropuerto,
previstos originalmente para el lunes pasado, so pretexto de una exhortación de
parte de una comisión multipartidaria del Congreso. Pues ni el Congreso tiene
potestad para impedir la celebración de un contrato por parte del Ejecutivo (y
mucho menos una comisión parlamentaria), ni resulta lógico que el gobierno
tenga que poner en ‘stand by’ sus actividades cada vez que enfrenta alguna
objeción del Parlamento. Y si así fuera, entonces no tendría sentido el anuncio
de que van “a ir adelante” con el proyecto sin “dejar[se] intimidar” como
aludió el presidente Kuczynski en su mensaje audiovisual.
Ahora que el Ejecutivo ha vuelto sobre sus pasos y
reprogramado la firma de la adenda del contrato del aeropuerto de Chinchero
para este viernes, sería recomendable que muestre mayor estabilidad y deje de
añadirle turbulencia política a un proyecto que recién está por despegar.
El Comercio
El
jefe del Gabinete Ministerial, Fernando Zavala,
sostuvo hoy que el Perú no estaba preparado para afrontar la serie de huaicos
que se han producido en las últimas semanas no solo en Lima, sino en diferentes
regiones del país. Agregó que el gobierno central está “desplegando el máximo
esfuerzo” para ayudar a los damnificados.
“[La
situación] es anómala, atípica. Definitivamente, no estábamos preparados como país
para este tipo de cosas. Estamos desplegando el máximo esfuerzo y por lo tanto
el trabajo de las Fuerzas Armadas ha sido tan importantes”, manifestó en
declaraciones a la prensa en un visita que hizo esta mañana a la de Huaycoloro,
en San Juan de Lurigancho.
Fernando Zavala también afirmó que la falta de obras de
prevención ha originado un mayor daño en las ciudades afectadas por los
desbordes de los ríos y los deslizamientos de tierra.
“Hemos
encontrado en muchos lugares que no se habían hecho trabajos de prevención, no
para este tipo de efectos climáticos”, subrayó.
Fernando Zavala indicó que Palacio de Gobierno se está
enfocando en brindar apoyo a las gobiernos regionales y provinciales, pero
sobre todo a la gente. “Este despliegue implica un trabajo adicional para los
ministerios”, manifestó.
Recordó
que junto con la ministra de Salud, Patricia García, y el titular de Defensa,
Jorge Nieto, estuvieron en Piura, y dijo que resultaba necesario trabajar con
los gobiernos regionales y locales para precaver futuros desastres.
“Hacemos
prevención no solo para limpiar los cauces de los ríos, sino para prevenir una
mayor afluencia de agua, con la finalidad de que el cauce trabaje normalmente”,
añadió.
Por
otro lado, Fernando Zavala exhortó
al sector privado para que tenga tolerancia con los trabajadores que viven en
las zonas afectadas por los huaicos, al tiempo que adelantó un programa
destinado a la reconstrucción de las viviendas afectadas por las fuertes
precipitaciones y desbordes de ríos.
"Al
mismo tiempo es necesario trabajar en la prevención, una labor que implica que
los alcaldes distritales emprendan una planificación para ver dónde se instalan
las personas, a fin de que eviten asentarse en zonas peligrosas; esta es una
llamada de atención para ellos", acotó.
El Comercio
Entrevista al congresista Moises Guía (PpK),
quien pidió la vacancia presidencial
(…)
— Lo
pueden expulsar de la bancada.
No. Yo creo que no, porque tenemos un debido proceso y un reglamento en el cual la sanción que me puedan dar es un castigo público o interno. La realidad también es que la bancada está dividida entre quienes apoyamos a los cristianos y otra parte que tiene otro pensamiento.
No. Yo creo que no, porque tenemos un debido proceso y un reglamento en el cual la sanción que me puedan dar es un castigo público o interno. La realidad también es que la bancada está dividida entre quienes apoyamos a los cristianos y otra parte que tiene otro pensamiento.
—
¿Quiénes son?
No te puedo decir porque los respeto y no quiero dar nombres, pero es claro y todo ciudadano lo sabe. Estamos mitad mitad casi.
No te puedo decir porque los respeto y no quiero dar nombres, pero es claro y todo ciudadano lo sabe. Estamos mitad mitad casi.
(…)
