MEDIA
COLUMNA
Se debió hacer
desde un
principio
Jorge Morelli
@jorgemorelli1
jorgemorelli.blogspot.com
Puesto que conocer la verdad sobre la corrupción
brasileña en el Perú no tiene precio, era inevitable la decisión política de
firmar el acuerdo con Odebrecht aunque fuera leonino, para conocerla.
Pero
hoy la situación parece otra. Todo contrato supone una contraprestación. Y esta
no se ha producido. Lo recibido no solo no ha sido toda la verdad, ni siquiera es
la parte más importante de la verdad. Los testimonios recogidos de los
funcionarios brasileños hasta hoy han reiterado en buena cuenta lo que los
investigadores ya conocían. No ha habido, que se sepa, acceso directo a los
servidores que guardan la información de detalle sobre los pagos indebidos en
el país. La nueva información relevante ha provenido de colaboradores eficaces
peruanos o de investigaciones periodísticas, como la que acaba de hacerse
pública, según la cual en el servidor
drousys aparecen los pagos del Gasoducto del Sur –17 transferencias por 3 millones 70
mil dólares realizadas en el 2014, poco después del
otorgamiento de la buena pro de la concesión al postor único- cuyos
destinatarios finales están aún ocultos bajo seudónimos. La
verdad sobre el megaproyecto -el mayor de todos- de 7,500 millones de dólares
ha sido escamoteada, ocultada, omitida.
En
virtud del acuerdo, el Perú es hoy un acreedor de Odebrecht. Pero otros
acreedores han llegado a la conclusión de que no existe otro camino que
incautar los activos de la empresa para hacerse pago de sus acreencias. Están
forzando una situación de hecho que precipita un escenario nuevo. El pago de la deuda no está garantizado. Depende de la
decisión de un juez brasileño, que podría declarar la liquidación de la
empresa. Aún si en esta ocasión la empresa consigue medidas cautelares que la
protejan por el momento, la situación volverá a presentarse en otros escenarios.
No basta ahora un papel firmado para garantizar el pago de los 200 millones de
dólares (en 15 años) que la empresa adeuda al Perú según el acuerdo. En lo
sucesivo la empresa será asediada por sus acreedores globalmente, y el Perú, con un acuerdo en la mano que no puede
materialmente garantizar el pago, ¿va a hacer cola para cobrar?
Si la
empresa naufraga, no debe arrastrarnos con ella. No es un problema en que los
peruanos tengamos que estar involucrados. A diferencia de otros acreedores, el Perú
tiene la posibilidad real y debe hacer
prevalecer su condición de Estado. Se justifica entonces debatir
serenamente cuál es la decisión política que el Perú debe tomar.
El
Perú cumplió lo que ofreció: le ha permitido a la empresa vender su activo
principal en el país –Chaglla- a terceros cuyos derechos ahora deberemos respetar.
En esto no hay vuelta atrás. Pero el Perú ha autorizado también a la empresa a
seguir funcionando en el país y esta, en cambio, es una obligación retractable.
El Perú podría retirarle a la empresa la autorización para seguir operando en
el país. No obstante, eso la quebraría sin beneficio alguno. Lo que puede hacer,
entonces, es anular el acuerdo. ¿Qué el acuerdo tiene rango de sentencia? El Ejecutivo
puede recurrir al Tribunal Constitucional, cuya jurisprudencia ha incluido la modificación
de sentencias en el pasado.
Preventivamente,
puede nombrar interventores en la empresa y, llegado el caso, tomar el control en
su momento de los 800 millones de dólares en activos e instalaciones que tiene
aún en el país. Algunos temen que el Perú sería denunciado ante tribunales
arbitrales internacionales. No perdería en buena lid un proceso contra una
empresa que ha redimensionado exponencialmente la corrupción en esta parte del
mundo. Y, aun en ese supuesto caso negado, como Jaime de Althaus dijo oportunamente,
cabría una contrademanda contra el Estado brasileño por su probada complicidad
política en los hechos.
Bien
pensado, es en realidad lo que se debió hacer desde un principio.
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