ESTA NOCHE miércoles 7 junio 2017
ESTA NOCHE,
donde usted se entera no de todo lo que ocurre, sino de lo que necesita saber.
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MEDIA
COLUMNA
Solo la
decisión política
repara
un gobierno dividido
Jorge
Morelli
@jorgemorelli1
jorgemorelli.blogspot.com
jorgemorelli.blogspot.com
La
nuestra es una democracia de baja gobernabilidad.
Este
es un rasgo permanente de la mala arquitectura institucional de nuestra
democracia, que ha establecido un equilibrio de poderes mal balanceado.
Es
este estado de cosas lo que obliga al gobierno a tener siempre mayoría
parlamentaria para hacer posible alguna gobernabilidad auqnue sea precaria.
Pero
la situación da paso a una crisis política crónica cuando, como ahora, tenemos
un gobierno dividido. Esto es, una situación en la que el poder Ejecutivo se
halla en manos de un grupo político y la mayoría parlamentaria en manos de
otro.
En
estas circunstancias, el gobierno dividido desemboca irremediablemente en la
parálisis del gobierno.
Lo he
escrito decenas de veces y lo repetiré una vez más: es inaceptable que en una
democracia la gobernabilidad dependa de que el partido en el gobierno tenga al
mismo tiempo la mayoría en el Legislativo.
Por el
contrario, la democracla es precisamente el sistema de gobierno que tiene que
garantizar la gobernabilidad, especialmente cuando el gobierno no tiene mayoría
parlamentaria.
Sin
gobernabilidad, la democracia no puede resolver los problemas del pueblo. Lo
que hace es postergarlos o debatirlos hasta su consunción, sin poder tomar una
decisión política que los solucione.
Mediante
acuerdos entre gobierno y oposición –como los que actualmente se reclama
desesperadamente-, basados en la buena voluntad altruista, puede alcanzarse un
remedo de gobernabilidad. Inevitablemente, esos acuerdos estarán limitados al
corto plazo inmediato o a temas específicos sobre la base de caso por caso.
Pero
esperar que de las fricciones de la dinámica política cotidiana entre gobierno
y oposición pueda nacer una solución estable al problema del gobierno dividido,
es pedir demasiado. No puede esperarse razonablemente que la virtud de las
personas pueda suplir de manera permanente las carencias de una arquitectura
institucional fallida.
Quienes
creen que lo que nuestra democracia necesita es tiempo para ir mejorando se
equivocan. Ninguna medida de tiempo puede corregir el problema por sí mismo.
Lo que
hace falta es tomar la decisión política de rediseñar el equilibrio de poderes
y corregir la baja gobernabilidad para
permitir a la democracia resolver los problemas del pueblo.
REPORTE DE NOTICIAS en Internet
Las siguientes notas periodísticas de
política y economía han sido seleccionadas, editadas y ordenadas
temáticamente. No se las debe citar como
tomadas directamente de sus fuentes originales, las mismas que se indican sólo
como una forma de reconocer el crédito y agradecer la cortesía.
GOBERNABILIDAD, DEMAGOGIA, AUTORITARISMO,
DEMOCRACIA
Expreso
Piden su cabeza. “Alfredo
Thorne debería dar un paso al costado”, sostuvo la congresista Cecilia Chacón.
También
pidió la renuncia de Thorne el vocero del Frente Amplio, Marco Arana “Chantajear
a favor de la empresa Kuntur Wasi a cambio de dar presupuesto a la Contraloría
es inaceptable”, sostuvo.
El
vocero aprista, Javier Velásquez, reiteró su pedido de interpelar a Thorne. Los
audios probarían que el presidente Kuczynski no quiso firmar la transferencia
de recursos mientras la Contraloría no se mostrara a favor de la obra con
Kuntur Wasi.
Víctor Andrés García Belaunde (AP) sostuvo que la situación de Thorne utiliza la
caja del Estado para favorecer el proyecto Chinchero.
El Comercio
La bancada de Fuerza Popular presentará hoy moción de interpelación
al ministro del Interior, Carlos Basombrío,
confirmaron el vocero alterno Daniel Salaverry y el legislador Héctor
Becerril.
Acción Popular no firmará la moción de interpelación
que presentará Fuerza Popular. “Si incluyen
nuestras preguntas, bien”, dijo Yohny Lescano.
El Comercio
De manera sorpresiva, Kenji Fujimori ha informado a
través de Twitter que ha pedido a la Comisión de Fiscalización que investigue
la desaparición del informe Kroll. Según el congresista, los originales de esta
investigación desaparecieron porque demostraban que su padre, el ex presidente Alberto Fujimori, no tenía cuentas en el
extranjero.
El Informe Kroll es un documento que tiene una historia
de idas y vueltas que se remonta hasta el 2002, cuando recién estaban empezando
las investigaciones.
1.
El origen
Según
informó el propio Ministerio de Justicia (Minjus) ante el Congreso en octubre
del 2005, la historia del Informe Kroll empezó el 17 de marzo del 2002. Ahí
surgió la recomendación, en el gabinete de asesores del Minjus, de contratar a
una empresa para rastrear los fondos que se suponía había sustraído Alberto
Fujimori. El 10 de junio, con Fernando Olivera como ministro, se confirmó la
selección de la empresa Kroll Inc. para esta investigación. El monto sería por
350 mil dólares para un plazo de seis meses de trabajo. El 10 de julio se firmó
el contrato.
2.
La confidencialidad
El contrato estableció
que los adelantos parciales y el informe final iban a ser entregados
directamente a la procuraduría ad hoc. Solo el reporte final iba a llegar al
Minjus. Cuando Fausto Alvarado asumió el cargo de ministro de Justicia se
crearon dos adendas (entre octubre y diciembre del 2002), en las cuales se
indicó que los informes ya no irían a la procuraduría, sino también al Minjus.
La investigación, fuera de estas entidades, no podía ser difundida.
3. Las primeras
dudas
A lo largo de
oficios emitidos el 7 de enero, 3 de febrero, 6 de marzo, 21 de abril y 19 de
mayo del 2003, la procuraduría ad hoc consideró los informes que iba recibiendo
de Kroll como "preliminares" y "basados en trascendidos".
Por eso consideraron pertinente extender el plazo de investigación por seis
meses más. Se firmó una tercera adenda y en octubre se aprobó la renovación del
contrato con Kroll. El 11 de marzo del 2004 se firmó el contrato para obtener
un informe final adicional.
4.
La filtración de la información
La
entonces fiscal de la Nación, Nelly Calderón, pidió el 17 de mayo del 2004 que
el entonces ministro de Justicia, Baldo Kresalja, remita el Informe Kroll para
incorporarlo en las investigaciones. Fue así como tres instancias tuvieron
acceso a trabajo de Kroll (fiscalía, Minjus y procuraduría). El 14 de setiembre
de ese año, el sucesor de Kresalja, Carlos Gamarra, resolvió el contrato porque
la empresa no pudo sustentar formalismos. En el 2005, el Minjus detectó que, de
los siete informes, solo había cinco originales. En ese contexto, en setiembre,
parte del informe Kroll se filtró a la prensa. Durante el 2006, cuando la
contraloría investigaba esta irregularidad, detectó que también se extraviaron
los otros 5 tomos originales.
5.
Lo que se supo
En medio del
escándalo por la desaparición del Informe Kroll se conocieron algunas
conclusiones preliminares a través de filtraciones a la prensa. La primera, y
por la que el fujimorismo en el 2005 y en adelante pidió que se difundiera la
investigación por completo, era favorable al ex mandatario: Kroll no identificó
cuentas bancarias a nombre de Alberto Fujimori ni en Japón ni en otros países
incluidos en la investigación.
El Comercio
El Ministerio de Justicia (Minjus) informó esta noche
que dio por concluida la investigación sobre la búsqueda del informe Kroll, que
buscaba presuntos fondos ilícitos de Alberto Fujimori en el extranjero.
En un comunicado, el Minjus indicó que el informe Kroll constaba de 6 reportes y un informe final y que, ante la solicitud de congresistas, la ministra Marisol Pérez Tello ordenó la búsqueda oficial del documento.
Se informó que el rastreo se realizó en la procuraduría anticorrupción y el archivo central del Minjus. “Se recibió una copia del reporte confidencial 5, copia del reporte confidencial 6 y copia de lo que se entiende sería el informe final”, señaló.
El Ministerio agregó que, “al no recibir originales, se buscaron los antecedentes y se encontró que en el año 2005, mediante un informe de control (informe 003-2005-2-0281), ya se conocía que no existían los originales del reporte confidencial II e informe final”.
“Sin perjuicio de las acciones administrativas que se han dispuesto ante la pérdida del total del original del referido informe, se solicitó a la empresa Kroll Associates Inc. el envío de la copia del referido documento. Dicha empresa respondió, en mayo último, no contar con la documentación relacionada al pedido”, mencionó el Minjus.
Su comunicado concluye señalando que, como no ha podido acreditar la validez de los documentos hallados, el ministerio está dispuesto a entregar las copias que tiene al Congreso.
En un comunicado, el Minjus indicó que el informe Kroll constaba de 6 reportes y un informe final y que, ante la solicitud de congresistas, la ministra Marisol Pérez Tello ordenó la búsqueda oficial del documento.
Se informó que el rastreo se realizó en la procuraduría anticorrupción y el archivo central del Minjus. “Se recibió una copia del reporte confidencial 5, copia del reporte confidencial 6 y copia de lo que se entiende sería el informe final”, señaló.
El Ministerio agregó que, “al no recibir originales, se buscaron los antecedentes y se encontró que en el año 2005, mediante un informe de control (informe 003-2005-2-0281), ya se conocía que no existían los originales del reporte confidencial II e informe final”.
“Sin perjuicio de las acciones administrativas que se han dispuesto ante la pérdida del total del original del referido informe, se solicitó a la empresa Kroll Associates Inc. el envío de la copia del referido documento. Dicha empresa respondió, en mayo último, no contar con la documentación relacionada al pedido”, mencionó el Minjus.
Su comunicado concluye señalando que, como no ha podido acreditar la validez de los documentos hallados, el ministerio está dispuesto a entregar las copias que tiene al Congreso.
El congresista Kenji Fujimori,
en un pronunciamiento, anunció la presentación de una
moción en la que pide que el Pleno
dé a la Comisión de
Fiscalización facultades para investigar la “sustracción o pérdida” del informe
Kroll.
Expreso
El miembro del Pleno del
Jurado Nacional de Elecciones (JNE), Raúl Chanamé Orbe, reafirmó que la reforma
electoral debe contemplar elecciones internas partidarias universales,
simultáneas y con participación obligatoria de los organismos electorales.
Sostuvo
que de ese modo se desarrollarán procesos internos transparentes e
incuestionables, que se traducirán en una mejor selección de los candidatos a
los cargos de elección popular y en el fortalecimiento de los partidos
políticos.
Durante
su exposición en el Seminario de Derecho Electoral: Reforma Electoral,
organizado por el Colegio de Abogados de Lima (CAL), Chanamé opinó que se
debería considerar el retiro de la organización política de la contienda
electoral si no cumple con la democracia interna o no acepta la
participación de los organismos electorales en el marco de la nueva normativa.
Remarcó
que las agrupaciones partidarias que sí cumplan con la normativa deberían
contar con el financiamiento del Estado. “De qué vale que se financie a los partidos,
que se implemente el voto electrónico, que se aplique la paridad, si no hay
elecciones primarias universales y simultáneas”, enfatizó
LIBERTAD ECONOMICA, GLOBALIZACION,
REFORMAS, INVERSION
Gestión
El fujimorismo retrocedió en su
proyecto de ley que buscaba que las exsocias de Odebrecht no puedan contratar
con el Estado.
Como se recuerda, Karina Beteta,
impulsora de la iniciativa, sustentó en mayo ante la Comisión de Constitución
su planteamiento que busca modificar el Decreto de Urgencia 003 del Poder
Ejecutivo.
Durante su exposición en dicha
ocasión, afirmó que con su proyecto las exsocias de Odebrecht -que estén
involucradas en corrupción y que no tengan sentencias- no podrán volver a
licitar con el Estado (Gestión 24.05.17).
La empresa brasileña participó en más de 67 proyectos, en la mayoría de ellos sus socios fueron Graña y Montero, Iccgsa y JJC Contratistas, Andrade Gutiérrez, Compañía San Martín S.A. y Enagás.
La empresa brasileña participó en más de 67 proyectos, en la mayoría de ellos sus socios fueron Graña y Montero, Iccgsa y JJC Contratistas, Andrade Gutiérrez, Compañía San Martín S.A. y Enagás.
Incluso, este diario se comunicó
con la legisladora para consultarle sobre el pedido del premier Fernando Zavala
a las consorciadas, para que no participen en el proceso de reconstrucción.
Aquella vez, Beteta dijo que el oficialismo deberá apoyar su proyecto (Gestión
25.05.17).
Sin embargo, en dos semanas el
fujimorismo cambió de parecer, pues ahora lo que busca la iniciativa es retener
las utilidades de los exsocios de Odebrecht para asegurar la reparación civil
al Estado.
“Se quiere ampliar la retención
que solo se le hace a Odebrecht (con el decreto de urgencia). Ampliarlo a
empresas que han sido socias de firmas que hayan admitido la comisión de un
delito. Con respecto y únicamente al contrato, en el cual ya se ha reconocido
que hubo coimas. Por lo tanto, se generan utilidades ilícitas”, explicó a
Gestión el congresista Miguel Torres.
Consultado la presunción de
inocencia de las empresas consorciadas, el presidente de la Comisión de
Constitución dijo que no hay pruebas, pero “sí certezas de que las utilidades
son ilícitas”.
“Se tienen que hacer las
retenciones para asegurar la reparación civil al Estado. En ningún momento,
hemos dicho que se les va a retener el 100%”, agregó el legislador.
Además, Torres estimó que el
próximo martes presentará ante la comisión el dictamen sobre este proyecto con
el fin de debatirlo y votarlo.
La
República
El
grupo Graña y Montero anunció que suscribió el contrato de
la venta de la totalidad de su participación en
la empresa Graña y Montero (GMD) a favor de la empresa Advent International
Global Private Equity.
Graña y
Montero precisó
que la totalidad de acciones de GyM representan el 89.19% de acciones de
GMD.
La
operación se acordó el pasado 27 de marzo de 2017, cuando se acordó la venta de
la totalidad de las acciones.
El valor acordado
asciende a 84.7 millones de dólares.
El Comercio,
editorial
Las
alianzas políticas suelen ser efímeras y cambiantes. Los socios de un día
pueden ser los acérrimos rivales del siguiente y viceversa. De hecho, una
máxima que parecen seguir muchos políticos es aquella que dice: “Los enemigos
de mis enemigos son mis amigos”, algo que motiva que agrupaciones
ideológicamente en las antípodas se conviertan, por momentos, en cómplices de
una causa antagónica común.
Solo así, quizás, se
puede entender la colaboración que exhibieron recientemente dos grupos
políticos tan enfrentados como el Frente Amplio (FA) y Fuerza Popular (FP). Nos referimos, en concreto, a
sus roles como promotores y auspiciadores, respectivamente, de la derogación
del Decreto Legislativo 1333, ley para la simplificación del acceso a
predios para proyectos de inversión priorizados.
La norma en cuestión
creaba una unidad especial en el interior de Pro Inversión, denominada Proyecto
Especial de Acceso a Predios para Proyectos de Inversión Priorizados (APIP), la
cual se encargaría de conducir o ejecutar, de manera más ágil y coordinada,
todos los procedimientos conducentes a la identificación, saneamiento y
expropiación de predios a los que se requiere tener acceso para avanzar con
importantes obras, como la línea 2 del metro o la ampliación del aeropuerto
Jorge Chávez, para mencionar dos casos.
Para
entender la relevancia de esta norma, basta con observar los retrasos que
sufren los proyectos de infraestructura en el país. Hoy en día, por ejemplo,
acceder a un predio puede demandar hasta 739 días en labores tan básicas como
la identificación del predio (182 días), la tasación del predio (172 días) o la
liberación de interferencias (242 días).
Un país que mantiene
todavía altos índices de pobreza, acostumbrado a bajos niveles de ejecución de
la inversión pública, y en el que la inversión privada viene cayendo
sostenidamente durante los últimos 3 años, ciertamente, no puede darse el lujo
de tener más de US$47 mil millones de inversión en proyectos priorizados
(aproximadamente 25% del PBI) pendientes de ejecución sin tomar cartas en el
asunto.
Pese a ello y a que
la norma pasó aprobatoriamente, con comentarios, el proceso de revisión de
constitucionalidad del grupo de trabajo liderado por la congresista fujimorista
Úrsula Letona, la Comisión de Constitución recomendó y el pleno del Congreso
aprobó la derogación del Decreto Legislativo 1333.
La
razón esgrimida primero por legisladores del Frente Amplio y luego respaldada por representantes
de Fuerza Popular fue que esta norma vulneraría los
derechos de las comunidades indígenas que tendrían propiedades en las zonas
donde se desarrollan los proyectos de inversión. Un argumento infundado porque
el decreto en cuestión no cambiaba las reglas de expropiación ya existentes ni
tampoco suponía ignorar los procesos de consulta previa, cuando ello fuera
aplicable.
Probablemente no
llame tanto al asombro que los integrantes del conglomerado izquierdista se
opongan a una ley que podría facilitar la inversión privada y el progreso
económico. Pero sí resulta sugerente, por decir lo menos, que los
parlamentarios de Fuerza Popular respalden un argumento falaz,
bajo el cual hasta la propia Constitución Política de 1993 y las normas que
componen el marco jurídico de expropiaciones que surgieron durante la década de
los noventa serían consideradas atentatorias de los derechos de las comunidades
indígenas.
El solo hecho de que
durante el debate en el pleno se haya rechazado la posibilidad de incorporar
precisiones al Decreto Legislativo 1333 para asegurar que este no pudiera
afectar los derechos de las comunidades es elocuente sobre las pulsaciones
políticas que condujeron hacia el desenlace ya conocido.
Desde la perspectiva
de quien se siente parte de un juego político en el que hay que aprovechar
cualquier oportunidad para asestar ataques al Ejecutivo, es posible que derogar
un decreto legislativo haya sido una movida sagaz para el fujimorismo. Pero
quizás en Fuerza Popular deberían
cavilar con mayor cuidado al momento de escoger en qué materias deciden fungir
como furgón de cola de sus otros rivales políticos, sobre todo cuando ello
suponga detener el progreso económico del país.
ANTICORRUPCION,
PERSECUCIÓN, JUDICIALIZACION POLITICA
Expreso
El congresista Yonhy
Lescano pedirá hoy a la Comisión de Fiscalización del Parlamento que investigue
el audio que presuntamente vincularía al alcalde de Tarapoto, Walter Grundel, y
al exlegislador nacionalista Víctor Isla con una supuesta transacción irregular
por la cual este habría buscado transferir a una de las empresas de Grundel maquinaria
pesada donada por dos firmas que anteriormente habrían sido favorecidas con
millonarias licitaciones públicas.
El
referido audio –que ya obra en poder de los miembros de la Comisión de
Fiscalización– se refiere a una conversación telefónica registrada entre
Grundel y presuntamente Víctor Isla en 2013, cuando este último era presidente
del Parlamento y a quien llamaremos el “interlocutor”. Las maquinarias
mencionadas en la grabación tienen un valor en el mercado que supera los
450,000 dólares.
De
acuerdo con la grabación, al burgomaestre de Tarapoto se le propone ingresar en
una de sus empresas –Grupo las Brisas SAC, en la cual aparece como gerente
general y representante legal según la ficha de Sunat la misma que es
mencionada por el alcalde en el audio– varios cargadores frontales y volquetes
que habían sido regalados por dos empresas, las mismas que habrían sido
favorecidas en licitaciones con el Estado por 800 millones de soles.
El
“interlocutor” le dice a Grundel que no se preocupe por el tema del lavado de
activos ni de las investigaciones correspondientes en la medida en que todo
estaba saneado. “No, no. Mira, hermano, yo ya estoy tanto tiempo en esta
cuestión y todo está siendo totalmente cuidadoso, esto va a ser una adquisición
de tu empresa”.
Es
más, este le dice al alcalde que si su empresa no tiene el rubro que se
necesita (el de la construcción) debía constituir otra firma, ello con el
velado objetivo de disimular el ingreso de la maquinaria a fin de presentarla
como si fuera una herramienta adquirida por la misma.
En
la grabación, el “interlocutor” afirma que quien se iba a encargar de la
operación era ni más ni menos que el gerente general de una de las empresas
ganadoras de las licitaciones. “Él nos va a ayudar para la operación, es muy amigo
mío, no te preocupes de eso, no va a haber ningún acto de lavados ni nada por
el estilo, él documentariamente lo va a dar muy bien, estás hablando con todo
un gerente general de la Scania, obviamente es un hombre muy conocido en el
tema”, se escucha en el audio.
A
lo que el alcalde responde: “se puede hacer por la empresa que ahorita tengo,
Las Brisas SAC”. Otra coincidencia reside en que, en la grabación, el
interlocutor le sugiere a Grundel que durante el día se contacte con un tal
Félix, quien es “su brazo derecho”. Pues bien, Víctor Isla tenía como asesor en
el Congreso a Félix Vicente Villalobos, quien percibía un sueldo superior a los
7,000 soles.
EXPRESO
se comunicó con Víctor Isla para preguntarle si es él quien aparece en el
citado audio, a lo cual ante lo cual respondió categóricamente que esa no es su
voz.
“Señalo
que ese audio, en el que hacen mención a Víctor Isla, no es mi voz, yo no soy.
Es más estamos iniciando las acciones legales pertinentes, porque considero que
he sido difamado por un informe [se refiere a una publicación periodística en
Tarapoto] poco riguroso, porque si solamente hubiesen cruzado información, se
hubieran dado cuenta que el interlocutor que ellos creían era Víctor Isla no
soy yo”, insistió.
En ese sentido, precisó que va a solicitar una pericia de voz sobre la
grabación. Sin embargo no quiso pronunciarse sobre el contenido del audio.
“Considero que la única forma de demostrar fehacientemente lo que digo, es
sobre la base de la ciencia a través de un peritaje de audio. Con la tecnología
actual se puede determinar con absoluta claridad a quién pertenece esa voz”,
enfatizó.
Aseguró
que no conoce a los directivos de las empresas mencionadas en la grabación. “Yo
no conozco ni a Scania ni a CAT, sería bueno que se haga una investigación de
todo lo que se menciona en ese audio, que reafirmo no soy yo”, refirió.
Al
preguntársele cuál sería la intención de difundir esta grabación, Isla
respondió que ello tendría relación con la labor que realiza actualmente para
construir un movimiento regional denominado ‘Loreto está primero’.
“No
sé de dónde viene el ataque, pero los políticos decimos que en política no hay
coincidencias. Espero que en el desarrollo de la investigación podamos
determinar de dónde viene, yo no quiero ser ligero y no sabría decirlo”,
concluyó.
Sobre
este tema, el congresista Yonhy Lescano (AP) dijo que en la sesión de hoy de la
Comisión de Fiscalización va a solicitar que el caso se investigue a fondo.
“Tenemos un audio que revela graves irregularidades y creo que eso amerita un
exhaustivo análisis”.
Sostuvo
que solicitará que se invite tanto al alcalde de Tarapoto, Walter Grundel, como
al excongresista Víctor Isla a la referida comisión para que esclarezcan este
tema. Y además solicitará que el audio sea sometido a un peritaje de voz para
verificar la identidad de las personas involucradas en la grabación. “No
podemos tener ningún miramiento con la corrupción”, indicó
Expreso
Con el agua hasta el
cuello. Entre marzo de 2016 y febrero del presente año, se lavaron activos por
un total de 458 millones de dólares provenientes de delitos contra la
administración pública, vale decir, enriquecimiento ilícito generado
principalmente por el pago de coimas. La cifra está incluida en un informe
emitido por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), que pinta de cuerpo
entero el grado de corrupción que todavía subsiste en el país.
Pero
los números oficiales revelan mucho más. De acuerdo con el informe consolidado
de la UIF, la corrupción de funcionarios ocupa el tercer lugar en el listado de
delitos que originan el lavado de activos. Así, en los últimos 10 años (enero
de 2007 a febrero del presente año) se lavaron US$ 1,343 millones provenientes
de actos dolosos cometidos por funcionarios públicos.
El
informe de inteligencia revela también que –en términos generales– en esa
década se lavaron activos por un monto total ascendente a los US$ 13,667
millones, dinero que provino del narcotráfico, la minería ilegal, defraudación
de rentas de aduanas, contrabando, delitos contra el patrimonio, de orden
financiero, defraudación tributaria, estafa, proxenetismo, financiamiento del
terrorismo y trata de persona; además de corrupción de funcionarios.
En
el último año –de marzo 2016 a febrero 2017– el lavado de activos por todo
orden de delitos alcanzó los 812 millones de dólares; y solo en el caso de
corrupción de funcionarios el monto involucrado, durante ese mismo periodo, es
50 % mayor al generado por las otras actividades delictivas.
Un
informe anterior emitido por la Superintendencia de Banca y Seguros y AFP
(SBS), correspondiente al periodo 2003-2010, nos permite hacer una comparación
respecto a cómo se ha incrementado el lavado de activos por corrupción de
funcionarios. En aquellos años este delito ocupaba el cuarto lugar con 101
millones de dólares.
El
especialista en lavado de activos y asesor de empresas en esta materia, Marco
Aurelio Padilla, aseguró a EXPRESO que el hecho de que en los últimos 10 años
se haya lavado activos por 1,343 millones de dólares generados por corrupción
de funcionarios explica en cierta forma las razones por las cuales Ollanta
Humala, Nadine Heredia y Alejandro Toledo vienen siendo investigados por este
delito.
“En
este tema están involucrados Toledo, Nadine y compañía, en eso se sustentan las
investigaciones por lavado de activos. Tengamos en cuenta que la corrupción de
funcionarios es la tercera más grave en el ‘ranking’ de delitos. Creo que
existe una aparente vista gorda con relación a estas personas”, opinó.
¿Pero
qué se puede hacer para enfrentar con mayor eficacia a la corrupción? Al
respecto el especialista manifestó que una de las salidas es crear juzgados ad
hoc que se dediquen exclusivamente a procesar este tipo de casos que son muy
importantes porque involucran a exjefes de Estado.
Respecto
al procedimiento para lavar activos en el Perú, Marco Padilla explicó que un
ejemplo básico es el que utilizó Alejandro Toledo. “Se crearon empresas
panameñas para poder ingresar un dinero recibido por su socio, Josef Maiman, de
parte de Odebrecht. A través de estas firmas procedió a la compra de inmuebles
a nombre de terceras personas, en este caso, la suegra de Toledo”.
Otra
modalidad se da con la compra de flotas de vehículos, con lo cual se ingresa el
dinero obtenido por las coimas al círculo financiero. Por ello –indicó– en el
caso de lavado de activos siempre es necesario investigar la ruta del dinero,
es decir, de dónde vino, hacía dónde fue y cuáles fueron las empresas creadas
en el camino.
“En
el caso de Humala, con relación a los 3 millones dólares que Odebrecht afirma
haberle dado, él se defiende al decir que esa fue una donación; pero nadie
entrega nada sin recibir nada a cambio. Al final vimos cómo Odebrecht obtuvo
una serie de obras gigantescas y ese simplemente fue el resultado de su
inversión inicial”, aseguró.
Más
adelante, Padilla aclaró que no se debe perder de vista que en el escalafón de
delitos conexos al lavado de activos, la minería ilegal ocupa el segundo lugar
con un monto ascendente a los US$ 4,469 millones en los últimos diez años,
actividad delictiva que solo es precedida por el narcotráfico.
Los
montos que proceden de la minería ilegal son lavados mediante cooperativas de ahorro
y crédito que no están supervisadas por la SBS. Se están abriendo muchas de
estas entidades en Madre de Dios y en otras zonas del país donde se registra
esta actividad extractiva.
“Entonces,
los ilegales aprovechan que no existe ese filtro para lavar activos. No olviden
el caso Orellana, en donde se utilizaron cartas fianza en operaciones con el
Estado que fueron emitidas por cooperativa, aun cuando esos documentos no
tenían ningún respaldo porque fueron hechas por su misma gente”, sostuvo
Padilla.
Las
investigaciones de inteligencia revelan que para la instalación de estas
cooperativas se utiliza a testaferros contratados por los mineros ilegales.
“Como las cooperativas son una especie de asociaciones, se consiguen los
documentos de identidad de varias personas para conformarlas. Muchos peruanos
hasta desconocen que están en un padrón de una cooperativa determinada y
terminan siendo investigadas por el delito de lavado de activos”, aseveró.
De
igual manera, sostuvo que tampoco se puede dejar de investigar a los gobiernos
regionales porque existen indicios de autoridades que habrían cedido a la
corrupción a cambio de otorgar la buena pro para que ciertas empresas puedan
ejecutar importantes obras, y por lo cual se habrían convertido en fuente de
corrupción.
El problema con relación al lavado de activos reside en que los últimos
gobiernos no dieron las herramientas necesarias para fortalecer el trabajo de
la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF).
Para
Padilla, solo basta preguntarse quiénes tenían a su cargo las riendas del país
durante los años en los que creció el lavado de activos, especialmente, por
corrupción de funcionarios. “¿No fueron acaso los mismos e presidentes de la
República que ahora son cuestionados por este delito?”, se preguntó.
Respecto
a la UIF ha sucedido lo mismo que pasó con otras entidades, es decir, fueron
creadas con un objetivo específico pero luego fueron dejadas en el olvido.
“La
Unidad de Inteligencia Financiera tiene varios años de vigencia pero no ha sido
fortalecida; recordemos que hace algún tiempo hubo un intento de facultar a la
UIF para que tenga acceso al secreto bancario de los políticos pero eso no
prosperó. Yo creo que esto jugó a favor de los políticos”, agregó.
EXPRESO se comunicó con la UIF
para solicitar una entrevista con el superintendente adjunto, Sergio Espinoza,
y preguntarle respecto a la actual situación de este importante órgano del
Estado, además de consultarle sobre estas preocupantes cifras. Sin embargo, el
área de comunicaciones de esta entidad nos respondió que el señor Espinosa no
podía atendernos por problemas de agenda.
Otro
tema vinculado es el de las operaciones sospechosas que también pueden
evidenciar el lavado de activos. De acuerdo con el informe de la UIF, entre
enero de 2007 y febrero de 2017 se recibieron 42,527 reportes de esta
naturaleza. El mayor número de informes se registró en 2016 con 9,567.
Al
respecto, Padilla explicó que se ha venido dictando una serie de normas que
obligan a cierto tipo de entidades a reportar sus operaciones dudosas o
sospechosas. Entre ellas están los bancos, organismos públicos, empresas de
transferencia de fondos, compra y venta de vehículos, empresas administradoras
de fondos colectivos, cajas municipales, construcción, empresas financieras,
agentes de aduana, empresas mineras y otros.
“Las
operaciones sospechosas pueden derivar en un lavado de activos, por ejemplo, si
hay un tema de una persona natural que va a comprar diez inmuebles, esa es una
operación sospechosa. Y si la misma paga en efectivo, la empresa está obligada
a reportarlo a UIF. Se investiga a quienes han realizado la transacción y es
allí donde se puede derivar una acción penal en su contra”, sostuvo el
especialista.
Pero
si la empresa no reporta este tipo de operaciones, entraría en un tema de
investigación penal para determinar si esa operación se realiza con la intención
de lavar dinero proveniente de un acto delictivo.
La
Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) contaría –a marzo del presente año– con
solo 80 personas para trabajar todo el tema de lavado de activos. De estos,
ocho son funcionarios, 56 profesionales, 13 técnicos, dos auxiliares y uno
contratado.
El
lavado de activos, conocido también como blanqueo de capitales, está tipificado
en nuestro Código Penal y el 26 de junio de 2002 se promulgó con el nombre de
Ley Penal contra el Lavado de Activos (Ley 27765). Posteriormente, fue
modificada mediante el Decreto Legislativo N° 1106, en abril de 2012.
IGUALDAD DE
OPORTUNIDADES, CONOCIMIENTO, AYUDA SOCIAL
El Peruano
Convertir a los
directores de los colegios públicos en líderes pedagógicos que promuevan la
enseñanza moderna es el objetivo del Ministerio de Educación.
Por ello, ayer
se presentó el plan ‘Escritorio limpio’, que tiene como tarea disminuir las
actividades administrativas para darle más tiempo a las labores de aprendizaje.
La
ministra del sector, Marilú Martens, presentó el plan en el colegio Alfonso
Ugarte, de San Isidro, donde afirmó que la meta es que los directores sean los
líderes pedagógicos de cada escuela y que no estén inmersos en trámites
burocráticos, “a fin de que nuestras instituciones educativas logren la calidad
de los aprendizajes que queremos para nuestros estudiantes”.
Se informó que esta simplificación administrativa reducirá la dispersión y la sobrerregulación normativa que obliga al director a la creación de 29 comisiones o equipos de trabajo y al envío de 28 informes y documentos a las Unidades de Gestión Educativa Local (UGEL).
Con ese propósito se desactivarán definitivamente tres comisiones y se reorganizarán otras 18 en solo cuatro. Al mismo tiempo se elimina el envío obligatorio de 13 de 28 documentos a la UGEL.
La medida liberará potencialmente al director de hasta 26 horas de trabajo administrativo al mes.
Martens dijo que se busca brindar una mayor autonomía a las instituciones educativas en las que los directores serán los promotores.
El Ministerio de Educación informó que actualmente existen en el país 18,000 directores nombrados por concurso público y 18,000 encargados.
Se informó que esta simplificación administrativa reducirá la dispersión y la sobrerregulación normativa que obliga al director a la creación de 29 comisiones o equipos de trabajo y al envío de 28 informes y documentos a las Unidades de Gestión Educativa Local (UGEL).
Con ese propósito se desactivarán definitivamente tres comisiones y se reorganizarán otras 18 en solo cuatro. Al mismo tiempo se elimina el envío obligatorio de 13 de 28 documentos a la UGEL.
La medida liberará potencialmente al director de hasta 26 horas de trabajo administrativo al mes.
Martens dijo que se busca brindar una mayor autonomía a las instituciones educativas en las que los directores serán los promotores.
El Ministerio de Educación informó que actualmente existen en el país 18,000 directores nombrados por concurso público y 18,000 encargados.
