miércoles, 7 de junio de 2017

ESTA NOCHE miércoles 7 junio 2017

ESTA NOCHE miércoles 7 junio 2017


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MEDIA COLUMNA
Solo la decisión política
repara un gobierno dividido


Jorge Morelli
@jorgemorelli1
jorgemorelli.blogspot.com


La nuestra es una democracia de baja gobernabilidad.

Este es un rasgo permanente de la mala arquitectura institucional de nuestra democracia, que ha establecido un equilibrio de poderes mal balanceado.

Es este estado de cosas lo que obliga al gobierno a tener siempre mayoría parlamentaria para hacer posible alguna gobernabilidad auqnue sea precaria.

Pero la situación da paso a una crisis política crónica cuando, como ahora, tenemos un gobierno dividido. Esto es, una situación en la que el poder Ejecutivo se halla en manos de un grupo político y la mayoría parlamentaria en manos de otro.

En estas circunstancias, el gobierno dividido desemboca irremediablemente en la parálisis del gobierno.

Lo he escrito decenas de veces y lo repetiré una vez más: es inaceptable que en una democracia la gobernabilidad dependa de que el partido en el gobierno tenga al mismo tiempo la mayoría en el Legislativo.

Por el contrario, la democracla es precisamente el sistema de gobierno que tiene que garantizar la gobernabilidad, especialmente cuando el gobierno no tiene mayoría parlamentaria.

Sin gobernabilidad, la democracia no puede resolver los problemas del pueblo. Lo que hace es postergarlos o debatirlos hasta su consunción, sin poder tomar una decisión política que los solucione.

Mediante acuerdos entre gobierno y oposición –como los que actualmente se reclama desesperadamente-, basados en la buena voluntad altruista, puede alcanzarse un remedo de gobernabilidad. Inevitablemente, esos acuerdos estarán limitados al corto plazo inmediato o a temas específicos sobre la base de caso por caso.

Pero esperar que de las fricciones de la dinámica política cotidiana entre gobierno y oposición pueda nacer una solución estable al problema del gobierno dividido, es pedir demasiado. No puede esperarse razonablemente que la virtud de las personas pueda suplir de manera permanente las carencias de una arquitectura institucional fallida.

Quienes creen que lo que nuestra democracia necesita es tiempo para ir mejorando se equivocan. Ninguna medida de tiempo puede corregir el problema por sí mismo.

Lo que hace falta es tomar la decisión política de rediseñar el equilibrio de poderes y  corregir la baja gobernabilidad para permitir a la democracia resolver los problemas del pueblo.   



REPORTE DE NOTICIAS en Internet
Las siguientes notas periodísticas de política y economía han sido seleccionadas, editadas y ordenadas
temáticamente. No se las debe citar como tomadas directamente de sus fuentes originales, las mismas que se indican sólo como una forma de reconocer el crédito y agradecer la cortesía.



GOBERNABILIDAD, DEMAGOGIA, AUTORITARISMO, DEMOCRACIA



Expreso
Piden su cabeza. “Alfredo Thorne debería dar un paso al costado”, sostuvo la congresista Cecilia Chacón.
También pidió la renuncia de Thorne el vocero del Frente Amplio, Marco Arana “Chantajear a favor de la empresa Kuntur Wasi a cambio de dar presupuesto a la Contraloría es inaceptable”, sostuvo.
El vocero aprista, Javier Velásquez, reiteró su pedido de interpelar a Thorne. Los audios probarían que el presidente Kuczynski no quiso firmar la transferencia de recursos mientras la Contraloría no se mostrara a favor de la obra con Kuntur Wasi.
Víctor Andrés García Belaunde (AP) sostuvo que la situación de Thorne utiliza la caja del Estado para favorecer el proyecto Chinchero.



El Comercio
La bancada de Fuerza Popular presentará hoy moción de interpelación al ministro del Interior, Carlos Basombrío, confirmaron el vocero alterno Daniel Salaverry y el legislador Héctor Becerril.
Acción Popular no firmará la moción de interpelación que presentará Fuerza Popular. “Si incluyen nuestras preguntas, bien”, dijo Yohny Lescano.


El Comercio
De manera sorpresiva, Kenji Fujimori ha informado a través de Twitter que ha pedido a la Comisión de Fiscalización que investigue la desaparición del informe Kroll. Según el congresista, los originales de esta investigación desaparecieron porque demostraban que su padre, el ex presidente Alberto Fujimori, no tenía cuentas en el extranjero.
El Informe Kroll es un documento que tiene una historia de idas y vueltas que se remonta hasta el 2002, cuando recién estaban empezando las investigaciones.
1. El origen
Según informó el propio Ministerio de Justicia (Minjus) ante el Congreso en octubre del 2005, la historia del Informe Kroll empezó el 17 de marzo del 2002. Ahí surgió la recomendación, en el gabinete de asesores del Minjus, de contratar a una empresa para rastrear los fondos que se suponía había sustraído Alberto Fujimori. El 10 de junio, con Fernando Olivera como ministro, se confirmó la selección de la empresa Kroll Inc. para esta investigación. El monto sería por 350 mil dólares para un plazo de seis meses de trabajo. El 10 de julio se firmó el contrato.
2. La confidencialidad
El contrato estableció que los adelantos parciales y el informe final iban a ser entregados directamente a la procuraduría ad hoc. Solo el reporte final iba a llegar al Minjus. Cuando Fausto Alvarado asumió el cargo de ministro de Justicia se crearon dos adendas (entre octubre y diciembre del 2002), en las cuales se indicó que los informes ya no irían a la procuraduría, sino también al Minjus. La investigación, fuera de estas entidades, no podía ser difundida.
3. Las primeras dudas
A lo largo de oficios emitidos el 7 de enero, 3 de febrero, 6 de marzo, 21 de abril y 19 de mayo del 2003, la procuraduría ad hoc consideró los informes que iba recibiendo de Kroll como "preliminares" y "basados en trascendidos". Por eso consideraron pertinente extender el plazo de investigación por seis meses más. Se firmó una tercera adenda y en octubre se aprobó la renovación del contrato con Kroll. El 11 de marzo del 2004 se firmó el contrato para obtener un informe final adicional.
4. La filtración de la información
La entonces fiscal de la Nación, Nelly Calderón, pidió el 17 de mayo del 2004 que el entonces ministro de Justicia, Baldo Kresalja, remita el Informe Kroll para incorporarlo en las investigaciones. Fue así como tres instancias tuvieron acceso a trabajo de Kroll (fiscalía, Minjus y procuraduría). El 14 de setiembre de ese año, el sucesor de Kresalja, Carlos Gamarra, resolvió el contrato porque la empresa no pudo sustentar formalismos. En el 2005, el Minjus detectó que, de los siete informes, solo había cinco originales. En ese contexto, en setiembre, parte del informe Kroll se filtró a la prensa. Durante el 2006, cuando la contraloría investigaba esta irregularidad, detectó que también se extraviaron los otros 5 tomos originales.
5. Lo que se supo
En medio del escándalo por la desaparición del Informe Kroll se conocieron algunas conclusiones preliminares a través de filtraciones a la prensa. La primera, y por la que el fujimorismo en el 2005 y en adelante pidió que se difundiera la investigación por completo, era favorable al ex mandatario: Kroll no identificó cuentas bancarias a nombre de Alberto Fujimori ni en Japón ni en otros países incluidos en la investigación.



El Comercio
El Ministerio de Justicia (Minjus) informó esta noche que dio por concluida la investigación sobre la búsqueda del informe Kroll, que buscaba presuntos fondos ilícitos de Alberto Fujimori en el extranjero.
En un comunicado, el Minjus indicó que el informe Kroll constaba de 6 reportes y un informe final y que, ante la solicitud de congresistas, la ministra Marisol Pérez Tello ordenó la búsqueda oficial del documento. 
Se informó que el rastreo se realizó en la procuraduría anticorrupción y el archivo central del Minjus. “Se recibió una copia del reporte confidencial 5, copia del reporte confidencial 6 y copia de lo que se entiende sería el informe final”, señaló.
El Ministerio agregó que, “al no recibir originales, se buscaron los antecedentes y se encontró que en el año 2005, mediante un informe de control (informe 003-2005-2-0281), ya se conocía que no existían los originales del reporte confidencial II e informe final”.
“Sin perjuicio de las acciones administrativas que se han dispuesto ante la pérdida del total del original del referido informe, se solicitó a la empresa Kroll Associates Inc. el envío de la copia del referido documento. Dicha empresa respondió, en mayo último, no contar con la documentación relacionada al pedido”, mencionó el Minjus.
Su comunicado concluye señalando que, como no ha podido acreditar la validez de los documentos hallados, el ministerio está dispuesto a entregar las copias que tiene al Congreso.



Expreso
El miembro del Pleno del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), Raúl Chanamé Orbe, reafirmó que la reforma electoral debe contemplar elecciones internas partidarias universales, simultáneas y con participación obligatoria de los organismos electorales.
Sostuvo que de ese modo se desarrollarán procesos internos transparentes e incuestionables, que se traducirán en una mejor selección de los candidatos a los cargos de elección popular y en el fortalecimiento de los partidos políticos.
Durante su exposición en el Seminario de Derecho Electoral: Reforma Electoral, organizado por el Colegio de Abogados de Lima (CAL), Chanamé opinó que se debería considerar el retiro de la organización política de la contienda electoral si no cumple con la democracia interna o  no acepta la participación de los organismos electorales en el marco de la nueva normativa.
Remarcó que las agrupaciones partidarias que sí cumplan con la normativa deberían contar con el financiamiento del Estado. “De qué vale que se financie a los partidos, que se implemente el voto electrónico, que se aplique la paridad, si no hay elecciones primarias universales y simultáneas”, enfatizó






LIBERTAD ECONOMICA, GLOBALIZACION, REFORMAS, INVERSION



Gestión
El fujimorismo retrocedió en su proyecto de ley que buscaba que las exsocias de Ode­brecht no puedan contratar con el Estado.
Como se recuerda, Karina Beteta, impulsora de la iniciativa, sustentó en mayo ante la Comisión de Constitución su planteamiento que busca modificar el Decreto de Urgencia 003 del Poder Ejecutivo.
Durante su exposición en dicha ocasión, afirmó que con su proyecto las exsocias de Odebrecht -que estén involucradas en corrupción y que no tengan sentencias- no podrán volver a licitar con el Estado (Gestión 24.05.17).
La empresa brasileña participó en más de 67 proyectos, en la mayoría de ellos sus socios fueron Graña y Montero, Iccgsa y JJC Contratistas, Andrade Gutiérrez, Compañía San Martín S.A. y Enagás.
Incluso, este diario se comunicó con la legisladora para consultarle sobre el pedido del premier Fernando Zavala a las consorciadas, para que no participen en el proceso de reconstrucción. Aquella vez, Beteta dijo que el oficialismo deberá apoyar su proyecto (Gestión 25.05.17).
Sin embargo, en dos semanas el fujimorismo cambió de parecer, pues ahora lo que busca la iniciativa es retener las utilidades de los exsocios de Odebrecht para asegurar la reparación civil al Estado.
“Se quiere ampliar la retención que solo se le hace a Odebrecht (con el decreto de urgencia). Ampliarlo a empresas que han sido socias de firmas que hayan admitido la comisión de un delito. Con respecto y únicamente al contrato, en el cual ya se ha reconocido que hubo coimas. Por lo tanto, se generan utilidades ilícitas”, explicó a Gestión el congresista Miguel Torres.
Consultado la presunción de inocencia de las empresas consorciadas, el presidente de la Comisión de Constitución dijo que no hay pruebas, pero “sí certezas de que las utilidades son ilícitas”.
“Se tienen que hacer las retenciones para asegurar la reparación civil al Estado. En ningún momento, hemos dicho que se les va a retener el 100%”, agregó el legislador.
Además, Torres estimó que el próximo martes presentará ante la comisión el dictamen sobre este proyecto con el fin de debatirlo y votarlo.



La República
El grupo Graña y Montero anunció que suscribió el contrato de la venta de la totalidad de su participación en la empresa Graña y Montero (GMD) a favor de la empresa Advent International Global Private Equity.
Graña y Montero precisó que la totalidad de acciones de GyM representan el 89.19% de acciones de GMD.
La operación se acordó el pasado 27 de marzo de 2017, cuando se acordó la venta de la totalidad de las acciones.
El valor acordado asciende a 84.7 millones de dólares.



El Comercio, editorial
Las alianzas políticas suelen ser efímeras y cambiantes. Los socios de un día pueden ser los acérrimos rivales del siguiente y viceversa. De hecho, una máxima que parecen seguir muchos políticos es aquella que dice: “Los enemigos de mis enemigos son mis amigos”, algo que motiva que agrupaciones ideológicamente en las antípodas se conviertan, por momentos, en cómplices de una causa antagónica común.
Solo así, quizás, se puede entender la colaboración que exhibieron recientemente dos grupos políticos tan enfrentados como el Frente Amplio (FA) y Fuerza Popular (FP). Nos referimos, en concreto, a sus roles como promotores y auspiciadores, respectivamente, de la derogación del Decreto Legislativo 1333, ley para la simplificación del acceso a predios para proyectos de inversión priorizados.
La norma en cuestión creaba una unidad especial en el interior de Pro Inversión, denominada Proyecto Especial de Acceso a Predios para Proyectos de Inversión Priorizados (APIP), la cual se encargaría de conducir o ejecutar, de manera más ágil y coordinada, todos los procedimientos conducentes a la identificación, saneamiento y expropiación de predios a los que se requiere tener acceso para avanzar con importantes obras, como la línea 2 del metro o la ampliación del aeropuerto Jorge Chávez, para mencionar dos casos.
Para entender la relevancia de esta norma, basta con observar los retrasos que sufren los proyectos de infraestructura en el país. Hoy en día, por ejemplo, acceder a un predio puede demandar hasta 739 días en labores tan básicas como la identificación del predio (182 días), la tasación del predio (172 días) o la liberación de interferencias (242 días).
Un país que mantiene todavía altos índices de pobreza, acostumbrado a bajos niveles de ejecución de la inversión pública, y en el que la inversión privada viene cayendo sostenidamente durante los últimos 3 años, ciertamente, no puede darse el lujo de tener más de US$47 mil millones de inversión en proyectos priorizados (aproximadamente 25% del PBI) pendientes de ejecución sin tomar cartas en el asunto.
Pese a ello y a que la norma pasó aprobatoriamente, con comentarios, el proceso de revisión de constitucionalidad del grupo de trabajo liderado por la congresista fujimorista Úrsula Letona, la Comisión de Constitución recomendó y el pleno del Congreso aprobó la derogación del Decreto Legislativo 1333.
La razón esgrimida primero por legisladores del Frente Amplio y luego respaldada por representantes de Fuerza Popular fue que esta norma vulneraría los derechos de las comunidades indígenas que tendrían propiedades en las zonas donde se desarrollan los proyectos de inversión. Un argumento infundado porque el decreto en cuestión no cambiaba las reglas de expropiación ya existentes ni tampoco suponía ignorar los procesos de consulta previa, cuando ello fuera aplicable.
Probablemente no llame tanto al asombro que los integrantes del conglomerado izquierdista se opongan a una ley que podría facilitar la inversión privada y el progreso económico. Pero sí resulta sugerente, por decir lo menos, que los parlamentarios de Fuerza Popular respalden un argumento falaz, bajo el cual hasta la propia Constitución Política de 1993 y las normas que componen el marco jurídico de expropiaciones que surgieron durante la década de los noventa serían consideradas atentatorias de los derechos de las comunidades indígenas.
El solo hecho de que durante el debate en el pleno se haya rechazado la posibilidad de incorporar precisiones al Decreto Legislativo 1333 para asegurar que este no pudiera afectar los derechos de las comunidades es elocuente sobre las pulsaciones políticas que condujeron hacia el desenlace ya conocido.
Desde la perspectiva de quien se siente parte de un juego político en el que hay que aprovechar cualquier oportunidad para asestar ataques al Ejecutivo, es posible que derogar un decreto legislativo haya sido una movida sagaz para el fujimorismo. Pero quizás en Fuerza Popular deberían cavilar con mayor cuidado al momento de escoger en qué materias deciden fungir como furgón de cola de sus otros rivales políticos, sobre todo cuando ello suponga detener el progreso económico del país.






ANTICORRUPCION,  PERSECUCIÓN, JUDICIALIZACION POLITICA



Expreso
El congresista Yonhy Lescano pedirá hoy a la Comisión de Fiscalización del Parlamento que investigue el audio que presuntamente vincularía al alcalde de Tarapoto, Walter Grundel, y al exlegislador nacionalista Víctor Isla con una supuesta transacción irregular por la cual este habría buscado transferir a una de las empresas de Grundel maquinaria pesada donada por dos firmas que anteriormente habrían sido favorecidas con millonarias licitaciones públicas.
El referido audio –que ya obra en poder de los miembros de la Comisión de Fiscalización–  se refiere a una conversación telefónica registrada entre Grundel y presuntamente Víctor Isla en 2013, cuando este último era presidente del Parlamento y a quien llamaremos el “interlocutor”. Las maquinarias mencionadas en la grabación tienen un valor en el mercado que supera los 450,000 dólares.
De acuerdo con la grabación, al burgomaestre de Tarapoto se le propone ingresar en una de sus empresas –Grupo las Brisas SAC, en la cual aparece como gerente general y representante legal según la ficha de Sunat la misma que es mencionada por el alcalde en el audio– varios cargadores frontales y volquetes que habían sido regalados por dos empresas, las mismas que habrían sido favorecidas en licitaciones con el Estado por 800 millones de soles.
El “interlocutor” le dice a Grundel que no se preocupe por el tema del lavado de activos ni de las investigaciones correspondientes en la medida en que todo estaba saneado. “No, no. Mira, hermano, yo ya estoy tanto tiempo en esta cuestión y todo está siendo totalmente cuidadoso, esto va a ser una adquisición de tu empresa”.
Es más, este le dice al alcalde que si su empresa no tiene el rubro que se necesita (el de la construcción) debía constituir otra firma, ello con el velado objetivo de disimular el ingreso de la maquinaria a fin de presentarla como si fuera una herramienta adquirida por la misma.
En la grabación, el “interlocutor” afirma que quien se iba a encargar de la operación era ni más ni menos que el gerente general de una de las empresas ganadoras de las licitaciones. “Él nos va a ayudar para la operación, es muy amigo mío, no te preocupes de eso, no va a haber ningún acto de lavados ni nada por el estilo, él documentariamente lo va a dar muy bien, estás hablando con todo un gerente general de la Scania, obviamente es un hombre muy conocido en el tema”, se escucha en el audio.
A lo que el alcalde responde: “se puede hacer por la empresa que ahorita tengo, Las Brisas SAC”. Otra coincidencia reside en que, en la grabación, el interlocutor le sugiere a Grundel que durante el día se contacte con un tal Félix, quien es “su brazo derecho”. Pues bien, Víctor Isla tenía como asesor en el Congreso a Félix Vicente Villalobos, quien percibía un sueldo superior a los 7,000 soles.
EXPRESO se comunicó con Víctor Isla para preguntarle si es él quien aparece en el citado audio, a lo cual ante lo cual respondió categóricamente que esa no es su voz.
“Señalo que ese audio, en el que hacen mención a Víctor Isla, no es mi voz, yo no soy. Es más estamos iniciando las acciones legales pertinentes, porque considero que he sido difamado por un informe [se refiere a una publicación periodística en Tarapoto] poco riguroso, porque si solamente hubiesen cruzado información, se hubieran dado cuenta que el interlocutor que ellos creían era Víctor Isla no soy yo”, insistió.
En ese sentido, precisó que va a solicitar una pericia de voz sobre la grabación. Sin embargo no quiso pronunciarse sobre el contenido del audio. “Considero que la única forma de demostrar fehacientemente lo que digo, es sobre la base de la ciencia a través de un peritaje de audio. Con la tecnología actual se puede determinar con absoluta claridad a quién pertenece esa voz”, enfatizó.
Aseguró que no conoce a los directivos de las empresas mencionadas en la grabación. “Yo no conozco ni a Scania ni a CAT, sería bueno que se haga una investigación de todo lo que se menciona en ese audio, que reafirmo no soy yo”, refirió.
Al preguntársele cuál sería la intención de difundir esta grabación, Isla respondió que ello tendría relación con la labor que realiza actualmente para construir un movimiento regional denominado ‘Loreto está primero’.
“No sé de dónde viene el ataque, pero los políticos decimos que en política no hay coincidencias. Espero que en el desarrollo de la investigación podamos determinar de dónde viene, yo no quiero ser ligero y no sabría decirlo”, concluyó.
Sobre este tema, el congresista Yonhy Lescano (AP) dijo que en la sesión de hoy de la Comisión de Fiscalización va a solicitar que el caso se investigue a fondo. “Tenemos un audio que revela graves irregularidades y creo que eso amerita un exhaustivo análisis”.
Sostuvo que solicitará que se invite tanto al alcalde de Tarapoto, Walter Grundel, como al excongresista Víctor Isla a la referida comisión para que esclarezcan este tema. Y además solicitará que el audio sea sometido a un peritaje de voz para verificar la identidad de las personas involucradas en la grabación. “No podemos tener ningún miramiento con la corrupción”, indicó



Expreso
Con el agua hasta el cuello. Entre marzo de 2016 y febrero del presente año, se lavaron activos por un total de 458 millones de dólares provenientes de delitos contra la administración pública, vale decir, enriquecimiento ilícito generado principalmente por el pago de coimas. La cifra está incluida en un informe emitido por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), que pinta de cuerpo entero el grado de corrupción que todavía subsiste en el país.
Pero los números oficiales revelan mucho más. De acuerdo con el informe consolidado de la UIF, la corrupción de funcionarios ocupa el tercer lugar en el listado de delitos que originan el lavado de activos. Así, en los últimos 10 años (enero de 2007 a febrero del presente año) se lavaron US$ 1,343 millones provenientes de actos dolosos cometidos por funcionarios públicos.
El informe de inteligencia revela también que –en términos generales– en esa década se lavaron activos por un monto total ascendente a los US$ 13,667 millones, dinero que provino del narcotráfico, la minería ilegal, defraudación de rentas de aduanas, contrabando, delitos contra el patrimonio, de orden financiero, defraudación tributaria, estafa, proxenetismo, financiamiento del terrorismo y trata de persona; además de corrupción de funcionarios.
En el último año –de marzo 2016 a febrero 2017– el lavado de activos por todo orden de delitos alcanzó los 812 millones de dólares; y solo en el caso de corrupción de funcionarios el monto involucrado, durante ese mismo periodo, es 50 % mayor al generado por las otras actividades delictivas.
Un informe anterior emitido por la Superintendencia de Banca y Seguros y AFP (SBS), correspondiente al periodo 2003-2010, nos permite hacer una comparación respecto a cómo se ha incrementado el lavado de activos por corrupción de funcionarios. En aquellos años este delito ocupaba el cuarto lugar con 101 millones de dólares.
El especialista en lavado de activos y asesor de empresas en esta materia, Marco Aurelio Padilla, aseguró a EXPRESO que el hecho de que en los últimos 10 años se haya lavado activos por 1,343 millones de dólares generados por corrupción de funcionarios explica en cierta forma las razones por las cuales Ollanta Humala, Nadine Heredia y Alejandro Toledo vienen siendo investigados por este delito.
“En este tema están involucrados Toledo, Nadine y compañía, en eso se sustentan las investigaciones por lavado de activos. Tengamos en cuenta que la corrupción de funcionarios es la tercera más grave en el ‘ranking’ de delitos. Creo que existe una aparente vista gorda con relación a estas personas”, opinó.
¿Pero qué se puede hacer para enfrentar con mayor eficacia a la corrupción? Al respecto el especialista manifestó que una de las salidas es crear juzgados ad hoc que se dediquen exclusivamente a procesar este tipo de casos que son muy importantes porque involucran a exjefes de Estado.
Respecto al procedimiento para lavar activos en el Perú, Marco Padilla explicó que un ejemplo básico es el que utilizó Alejandro Toledo. “Se crearon empresas panameñas para poder ingresar un dinero recibido por su socio, Josef Maiman, de parte de Odebrecht. A través de estas firmas procedió a la compra de inmuebles a nombre de terceras personas, en este caso, la suegra de Toledo”.
Otra modalidad se da con la compra de flotas de vehículos, con lo cual se ingresa el dinero obtenido por las coimas al círculo financiero. Por ello –indicó– en el caso de lavado de activos siempre es necesario investigar la ruta del dinero, es decir, de dónde vino, hacía dónde fue y cuáles fueron las empresas creadas en el camino.
“En el caso de Humala, con relación a los 3 millones dólares que Odebrecht afirma haberle dado, él se defiende al decir que esa fue una donación; pero nadie entrega nada sin recibir nada a cambio. Al final vimos cómo Odebrecht obtuvo una serie de obras gigantescas y ese simplemente fue el resultado de su inversión inicial”, aseguró.
Más adelante, Padilla aclaró que no se debe perder de vista que en el escalafón de delitos conexos al lavado de activos, la minería ilegal ocupa el segundo lugar con un monto ascendente a los US$ 4,469 millones en los últimos diez años, actividad delictiva que solo es precedida por el narcotráfico.
Los montos que proceden de la minería ilegal son lavados mediante cooperativas de ahorro y crédito que no están supervisadas por la SBS. Se están abriendo muchas de estas entidades en Madre de Dios y en otras zonas del país donde se registra esta actividad extractiva.
“Entonces, los ilegales aprovechan que no existe ese filtro para lavar activos. No olviden el caso Orellana, en donde se utilizaron cartas fianza en operaciones con el Estado que fueron emitidas por cooperativa, aun cuando esos documentos no tenían ningún respaldo porque fueron hechas por su misma gente”, sostuvo Padilla.
Las investigaciones de inteligencia revelan que para la instalación de estas cooperativas se utiliza a testaferros contratados por los mineros ilegales. “Como las cooperativas son una especie de asociaciones, se consiguen los documentos de identidad de varias personas para conformarlas. Muchos peruanos hasta desconocen que están en un padrón de una cooperativa determinada y terminan siendo investigadas por el delito de lavado de activos”, aseveró.
De igual manera, sostuvo que tampoco se puede dejar de investigar a los gobiernos regionales porque existen indicios de autoridades que habrían cedido a la corrupción a cambio de otorgar la buena pro para que ciertas empresas puedan ejecutar importantes obras, y por lo cual se habrían convertido en fuente de corrupción.
El problema con relación al lavado de activos reside en que los últimos gobiernos no dieron las herramientas necesarias para fortalecer el trabajo de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF).
Para Padilla, solo basta preguntarse quiénes tenían a su cargo las riendas del país durante los años en los que creció el lavado de activos, especialmente, por corrupción de funcionarios. “¿No fueron acaso los mismos e presidentes de la República que ahora son cuestionados por este delito?”, se preguntó.
Respecto a la UIF ha sucedido lo mismo que pasó con otras entidades, es decir, fueron creadas con un objetivo específico pero luego fueron dejadas en el olvido.
“La Unidad de Inteligencia Financiera tiene varios años de vigencia pero no ha sido fortalecida; recordemos que hace algún tiempo hubo un intento de facultar a la UIF para que tenga acceso al secreto bancario de los políticos pero eso no prosperó. Yo creo que esto jugó a favor de los políticos”, agregó.
EXPRESO se comunicó con la UIF para solicitar una entrevista con el superintendente adjunto, Sergio Espinoza, y preguntarle respecto a la actual situación de este importante órgano del Estado, además de consultarle sobre estas preocupantes cifras. Sin embargo, el área de comunicaciones de esta entidad nos respondió que el señor Espinosa no podía atendernos por problemas de agenda.
Otro tema vinculado es el de las operaciones sospechosas que también pueden evidenciar el lavado de activos. De acuerdo con el informe de la UIF, entre enero de 2007 y febrero de 2017 se recibieron 42,527 reportes de esta naturaleza. El mayor número de informes se registró en 2016 con 9,567.
Al respecto, Padilla explicó que se ha venido dictando una serie de normas que obligan a cierto tipo de entidades a reportar sus operaciones dudosas o sospechosas. Entre ellas están los bancos, organismos públicos, empresas de transferencia de fondos, compra y venta de vehículos, empresas administradoras de fondos colectivos, cajas municipales, construcción, empresas financieras, agentes de aduana, empresas mineras y otros.
“Las operaciones sospechosas pueden derivar en un lavado de activos, por ejemplo, si hay un tema de una persona natural que va a comprar diez inmuebles, esa es una operación sospechosa. Y si la misma paga en efectivo, la empresa está obligada a reportarlo a UIF. Se investiga a quienes han realizado la transacción y es allí donde se puede derivar una acción penal en su contra”, sostuvo el especialista.
Pero si la empresa no reporta este tipo de operaciones, entraría en un tema de investigación penal para determinar si esa operación se realiza con la intención de lavar dinero proveniente de un acto delictivo.
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) contaría –a marzo del presente año– con solo 80 personas para trabajar todo el tema de lavado de activos. De estos, ocho son funcionarios, 56 profesionales, 13 técnicos, dos auxiliares y uno contratado.
El lavado de activos, conocido también como blanqueo de capitales, está tipificado en nuestro Código Penal y el 26 de junio de 2002 se promulgó con el nombre de Ley Penal contra el Lavado de Activos (Ley 27765). Posteriormente, fue modificada mediante el Decreto Legislativo N° 1106, en abril de 2012.






IGUALDAD DE OPORTUNIDADES, CONOCIMIENTO, AYUDA SOCIAL



El Peruano
Convertir a los directores de los colegios públicos en líderes pedagógicos que promuevan la enseñanza moderna es el objetivo del Ministerio de Educación.
Por ello, ayer se presentó el plan ‘Escritorio limpio’, que tiene como tarea disminuir las actividades administrativas para darle más tiempo a las labores de aprendizaje.

La ministra del sector, Marilú Martens, presentó el plan en el colegio Alfonso Ugarte, de San Isidro, donde afirmó que la meta es que los directores sean los líderes pedagógicos de cada escuela y que no estén inmersos en trámites burocráticos, “a fin de que nuestras instituciones educativas logren la calidad de los aprendizajes que queremos para nuestros estudiantes”.
Se informó que esta simplificación administrativa reducirá la dispersión y la sobrerregulación normativa que obliga al director a la creación de 29 comisiones o equipos de trabajo y al envío de 28 informes y documentos a las Unidades de Gestión Educativa Local (UGEL). 

Con ese propósito se desactivarán definitivamente tres comisiones y se reorganizarán otras 18 en solo cuatro. Al mismo tiempo se elimina el envío obligatorio de 13 de 28 documentos a la UGEL.
La medida liberará potencialmente al director de hasta 26 horas de trabajo administrativo al mes.
Martens dijo que se busca brindar una mayor autonomía a las instituciones educativas en las que los directores serán los promotores.
El Ministerio de Educación informó que actualmente existen en el país 18,000 directores nombrados por concurso público y 18,000 encargados.

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