ESTA NOCHE,
donde usted se entera no de todo lo que ocurre, sino de lo que necesita saber.
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PERU21
Hora
de mover el timón
Aldo
Mariátegui
Julio está a la vuelta de la esquina, mes en
que este gobierno cumplirá un año de gestión o el 20% de su mandato y ya habrá
agotado esos primeros 365 años de gracia que se le suele conceder a una
administración nueva, ventana de oportunidad preciosa en la que aún se cuenta
con la novedad y el capital político para insertar iniciativas, iniciar
reformas y encauzar la economía (por allí alguien dijo una vez que el primer
año se reforma y en el resto se administra y defiende).
Lamentablemente, poco de esto se ha hecho. Es
más, el gobierno tuvo la suerte de contar con un segundo aire a causa de El
Niño, pero no aprovechó ese momento y ya hemos vuelto de nuevo a esta mezcla de
crispación política con inmovilismo administrativo y frenazo económico. Cierto
es que tanto El Niño como Odebrecht le cayeron a PPK como pedrada en
ojo sano de tuerto, pero a veces uno se pregunta por qué tantas ganas de ser
presidente para tan solo mostrar esto: pareciese que PPK pensó que
iba a ser una especie de monarca constitucional y que su primer ministro iba a
ser el chambelán que cargase con el trabajo. Encima, ya es un hombre que frisa
los 80 años, así que tiene todo para arriesgar y nada para perder en el futuro.
Urge pues que tome decisiones de peso el
próximo 28 de julio (mejor sería antes). Eso pasa por hacer cambios en el
gabinete (Thorne ya lleva plomo en el ala por la grabación y no ha funcionado,
Marisol PT ha resultado un bluff, etc.), por solucionar de una vez el tema
Fujimori, por comenzar a mover la obra pública y por plantear, por lo menos, un
par de reformas de calado (la laboral urge especialmente). Pero para todo eso
se necesitan –como diría Patricia Donayre– “pantalones”. Ya es hora de que PPK se
los ponga o va a ser un FBT III. ¡Y a ver qué sucesor nos deja!
REPORTE DE NOTICIAS en Internet
Las siguientes notas periodísticas de
política y economía han sido seleccionadas, editadas y ordenadas
temáticamente. No se las debe citar como
tomadas directamente de sus fuentes originales, las mismas que se indican sólo
como una forma de reconocer el crédito y agradecer la cortesía.
GOBERNABILIDAD, DEMAGOGIA, AUTORITARISMO,
DEMOCRACIA
Expreso
La Contraloría General de
la República (CGR) emitió un Informe Previo a la operación de endeudamiento
externo bajo la modalidad de emisión internacional de bonos hasta por US$ 2,000
millones, a ser tramitada por Petroperú, para financiar el Proyecto de
Modernización de la Refinería Talara (PMRT).
El Informe Previo identifica
riesgos respecto al monto de la inversión final, la rentabilidad de la refinería
y otros temas.
La emisión de bonos
servirá para financiar parcialmente la fase EPC (Ingeniería Detallada, Procura
y Construcción) del proyecto, que tiene por objetivo la desulfurización de
diésel y gasolinas de niveles actuales de 5,000 y 1,00s0 partes por millón
(ppm) a un máximo de 50 ppm de azufre.
A la Contraloría no le fue
factible verificar el monto de inversión integral del proyecto considerando que los valores dados son solo referenciales.
Petroperú debe estimar aun el monto de inversión integral del PMRT, tomando en
cuenta todas las inversiones para el proyecto. Mientras esto no se determine
con certeza -montos definitivos de inversión y plazos- subsiste el riesgo de
que se generen aún mayores costos. Como Petroperú presenta montos referenciales
para todos sus componentes (Contrato EPC, unidades auxiliares e inversiones
complementarias), no le fue factible a la Contraloría verificar la rentabilidad
económica del proyecto.
Debido a la incertidumbre
en la determinación del monto de inversión final del PMRT, la Contraloría
considera que es necesario que Petroperú –de manera oportuna– incorpore su
efecto en el Modelo Económico Financiero, a fin de medir su impacto en la
rentabilidad.
El Comercio
La Contraloría General de la
República informó que no pudo verificar la rentabilidad
económica del Proyecto de Modernización de la Refinería de Talara (PMRT),
mediante un comunicado de prensa difundido esta mañana.
Dicho impedimento es advertido por la Contraloría como
uno de varios riesgos en la operación de endeudamiento externo bajo
la modalidad de emisión internacional de bonos hasta por un monto de US$2.000
millones de Petróleos del Perú (Petroperú) para financiar el PMRT.
Del 2 al 9 de junio pasado, su presidente, Luis García
Rosell, se reunió con inversionistas en el Perú, Chile, Reino Unidos y Estados
Unidos para ofertar los bonos de la mencionada emisión.
Expreso
Fue el presidente del
directorio de Petroperú quien solicitó el pasado 8 de mayo a la CGR la emisión
del Informe Previo, de acuerdo a lo establecido en la Ley N° 27785, respecto al
endeudamiento externo. El 24 de mayo, Petroperú remitió la información
complementaria solicitada por la CGR y el 31 de mayo la Contraloría emitió el
Informe Previo N° 00044-2017-CG/PREV, dentro del plazo de cinco días hábiles
siguientes de recibida la información complementaria.
El Comercio
En la emisión de bonos por
US$2.000 millones efectuada por Petro-Perú para financiar el Proyecto de
Modernización de la Refinería de Talara (PMRT) en los mercados internacionales,
Petroperú fue calificada para una
emisión sin garantía estatal.
La deuda adquirida representa 1%
del Producto Bruto Interno del Perú.
Los analistas dudan, sin embargo,
de que la operación se haya realizado sin respaldo del Estado. "El
inversionista extranjero deposita la confianza en el gobierno y no en
Petroperú", afirmaron.
El
Comercio
Alfredo Thorne retornará a Lima mañana desde España. Le espera el audio
en que se le oye conversar con el contralor general de la República, Edgar
Alarcón, sobre fondos adicionales para el órgano de control y el informe de esa
institución sobre la adenda del aeropuerto de Chinchero.
Se acusa al titular del MEF de ejercer presión política
para obtener un reporte positivo de la Contraloría. A pesar de ello, el
documento, finalmente, encontró responsabilidad penal en funcionarios del gobierno.
El vocero alterno de la bancada de Fuerza Popular,
Daniel Salaverry, enfatizó que tanto Thorne como Alarcón deberíann abandonar
sus cargos pues, por lo escuchado, se negoció mayor dotación de recursos a
cambio de un informe favorable.
Peru21
El
ministro del Interior, Carlos Basombrío, se presentará el próximo
miércoles 21 ante el Pleno del Congreso a responder un pliego interrogatorio de
39 preguntas.
Este
es el preacuerdo adoptado esta mañana por la Junta de Portavoces del
Legislativo, informaron fuentes parlamentarias. La decisión será ratificada
durante la sesión plenaria de esta semana. Previamente, la Mesa Directiva del
Congreso someterá a debate y votación la moción de interpelación este jueves 15
de junio.
Peru21
“He tenido una muy buena conversación con la presidenta del Congreso.
Coincidimos en trabajar juntos en beneficio de los ciudadanos”, afirmó Fernando Zavala en diálogo con la
prensa.
En una reunión privada de casi una hora, Luz Salgado recibió en su
despacho al presidente del Consejo de Ministros para atender temas prioritarios
en beneficio del país.
“Un primer tema tiene que ver con una propuesta pro empleo a nivel de
los jóvenes. Un segundo tema visto es una ley de medio ambiente que enmarca lo
que quiere hacer este Gobierno”, precisó el premier.
LIBERTAD ECONOMICA, GLOBALIZACION, REFORMAS,
INVERSION
El Comercio, Reuters
La Reserva Federal (Fed) de Estados Unidos dará a
conocer su decisión a las 14.00 hora EDT (1800 GMT) del miércoles al concluir
su reunión de política monetaria de dos días.
Economistas encuestados por Reuters esperan que la
Fed eleve su tasa de interés.
La Fed inició el ciclo de ajuste en diciembre del 2015.
La Fed inició el ciclo de ajuste en diciembre del 2015.
La medida preferida de la Fed de la inflación
subyacente se ha ralentizado a un 1,5 por ciento desde un 1,8 por ciento antes
del 2017.
También hay dudas sobre el tamaño y el alcance del estímulo fiscal que el Gobierno del presidente Donald Trump podría inyectar en la economía estadounidense.
También hay dudas sobre el tamaño y el alcance del estímulo fiscal que el Gobierno del presidente Donald Trump podría inyectar en la economía estadounidense.
Expreso
El ministro de Economía,
Alfredo Thorne, señaló que el Perú no se vería muy afectado por una eventual
alza de la tasa de interés en Estados Unidos.
Indicó que beneficia al
Perú lo que haga Estados Unidos para impulsar su propia economía, ya sea por un
estímulo a la infraestructura o al sistema tributario, incluso más que lo que
“podría hacer la señora (Janet) Yellen (presidenta de la FED) por el lado de
las tasas de interés”.
“Nosotros somos mucho más
sensibles al crecimiento del comercio y los precios de las materias primas que
a los aumentos de los tipos de interés”, afirmó Thorne.
“Hemos logrado bajar la
deuda, nuestra deuda neta es de 8 % del PBI y nuestra deuda bruta es de 24 %”,
explicó.
El Comercio
La autoridad monetaria señaló que
el déficit fue de S/2.045 millones, debido al aumento de 7,9% en los gastos del
gobierno.
"Este aumento se registró principalmente
en el mayor gasto corriente (9,5%) y, en menor medida, en el gasto de capital
(1,8%)", señaló.
En el periodo de enero a mayo de este año, el dato fue positivo en S/1.452 millones.
En el periodo de enero a mayo de este año, el dato fue positivo en S/1.452 millones.
Pes ingresos por IGV
(6,8%)", detalló el BCR.
El Comercio
¿Hemos
tocado fondo?
Roberto
Abusada
Dentro
de dos días se anunciará el dato del crecimiento de abril, y nuevamente sabremos que, por tercer mes
consecutivo, la economíacreció menos de 1% con respecto al mismo mes del año pasado
(el resultado probablemente esté más cercano a cero). Evidentemente, cualquier
tasa de crecimiento tan baja resulta en una caída del producto per cápita,
ya que la población crece más que el 1% por año.
A pesar de la baja cifra de abril, el Banco Central de Reserva (BCR) predice que el crecimiento en el segundo trimestre será igual al del primero (2,1%), lo que implicaría que la economía se aceleró en mayo y que también lo hará en junio. En efecto, existen varios indicios de que esto es correcto. Pero aun si la predicción del BCR resultase cierta, la aceleración durante la segunda mitad de este año tendría que ser sustancial para llegar a la meta oficial de 3% a la que aspira el gobierno. Si bien creo que es difícil llegar a esa meta, lo importante es saber si ya podemos avizorar una recuperación, es decir, si hemos, en efecto, tocado fondo.
La causa inmediata de la parálisis que vive la economía peruana es la prolongada caída en la inversión privada y pública. La primera viene cayendo sostenidamente en los últimos tres años y, en el primer trimestre del año, su evolución volvió a ser negativa (-5,6%); y la segunda cayó de manera estrepitosa durante los tres primeros meses del año (-16%). La buena noticia es que en el segundo trimestre la caída parece haberse detenido y es muy probable que crezca fuertemente en los dos últimos trimestres. Aunque parece difícil alcanzar el 15% que se propuso el gobierno, es muy probable que este cambio de tendencia, sumado al inicio de las obras de reconstrucción, termine produciendo un crecimiento del orden del 10% en la inversión pública. Sin embargo la inversión pública representa solo la quinta parte de la inversión total, por lo que ese aumento contribuirá únicamente alrededor de medio punto porcentual al crecimiento de este año. Después de haber tocado fondo, la economía podrá volver a crecer solo si se propicia un fuerte aumento de la inversión privada en todos los sectores de la economía, particularmente en minería, hidrocarburos e infraestructura.
A pesar de la baja cifra de abril, el Banco Central de Reserva (BCR) predice que el crecimiento en el segundo trimestre será igual al del primero (2,1%), lo que implicaría que la economía se aceleró en mayo y que también lo hará en junio. En efecto, existen varios indicios de que esto es correcto. Pero aun si la predicción del BCR resultase cierta, la aceleración durante la segunda mitad de este año tendría que ser sustancial para llegar a la meta oficial de 3% a la que aspira el gobierno. Si bien creo que es difícil llegar a esa meta, lo importante es saber si ya podemos avizorar una recuperación, es decir, si hemos, en efecto, tocado fondo.
La causa inmediata de la parálisis que vive la economía peruana es la prolongada caída en la inversión privada y pública. La primera viene cayendo sostenidamente en los últimos tres años y, en el primer trimestre del año, su evolución volvió a ser negativa (-5,6%); y la segunda cayó de manera estrepitosa durante los tres primeros meses del año (-16%). La buena noticia es que en el segundo trimestre la caída parece haberse detenido y es muy probable que crezca fuertemente en los dos últimos trimestres. Aunque parece difícil alcanzar el 15% que se propuso el gobierno, es muy probable que este cambio de tendencia, sumado al inicio de las obras de reconstrucción, termine produciendo un crecimiento del orden del 10% en la inversión pública. Sin embargo la inversión pública representa solo la quinta parte de la inversión total, por lo que ese aumento contribuirá únicamente alrededor de medio punto porcentual al crecimiento de este año. Después de haber tocado fondo, la economía podrá volver a crecer solo si se propicia un fuerte aumento de la inversión privada en todos los sectores de la economía, particularmente en minería, hidrocarburos e infraestructura.
Los
proyectos paralizados que se heredaron del gobierno anterior fueron vistos por
el gobierno del presidente Kuczynski como la gran cantera donde se encontraría
ese impulso de inversión que terminaría con la desaceleración que se inició a
fines del 2013. La experiencia en lo que va del gobierno ha demostrado lo
difícil que ha sido destrabar proyectos en medio de la infranqueable barrera
burocrática creada por la administración pública durante los últimos años.
Consciente de este grave problema, escribí en este mismo espacio dos días antes
de iniciarse el presente gobierno: “No pasará mucho tiempo después de iniciado
el gobierno para que el presidente y muchos de sus ministros descubran que el
timón con el que pensaban dirigir la nación ha sido desconectado de las ruedas
del Estado”. Esa desconexión es reflejo, entre otras cosas, de nuestra
debilidad institucional. A pesar de poner en marcha una buena reforma
regulatoria bajo la autoridad de las facultades delegadas, la burocracia con la
contraloría a la cabeza ha seguido haciendo de las suyas. Otros hechos, como la
derogación del decreto legislativo que facilitaba las expropiaciones para
acelerar los proyectos, han añadido una dificultad más.
Para graficar el enorme impacto en el crecimiento que tiene la parálisis de la inversión, el Instituto Peruano de Economía (IPE) ha identificado 32 proyectos de infraestructura concesionados y 8 proyectos mineros (entre ampliaciones y nuevas minas con estudio de impacto ambiental aprobado), y ha calculado el tiempo normal de ejecución de dichos proyectos. La inversión anual así identificada alcanza la suma de US$5.769 millones de dólares; US$1.688 millones en proyectos de infraestructura y US$ 4.081 millones en minería.
Estas inversiones aumentarían la inversión total del país en alrededor del 13% con un impacto equivalente a 2,8 puntos adicionales de crecimiento para este año. En otras palabras, en lugar de un probable crecimiento del 2,7%, la economía estaría creciendo 5,5%. Este es un estimado conservador ya que excluye los efectos multiplicadores que tal aumento en la inversión tendría en el resto de la economía.
Estaríamos hablando de tasas de crecimiento impensables en las actuales circunstancias, pero el ejemplo ilustra de manera dramática el costo social en que incurre toda la sociedad cuando se carece de niveles mínimos de eficacia administrativa y criterios fundamentales de concertación política.
Para graficar el enorme impacto en el crecimiento que tiene la parálisis de la inversión, el Instituto Peruano de Economía (IPE) ha identificado 32 proyectos de infraestructura concesionados y 8 proyectos mineros (entre ampliaciones y nuevas minas con estudio de impacto ambiental aprobado), y ha calculado el tiempo normal de ejecución de dichos proyectos. La inversión anual así identificada alcanza la suma de US$5.769 millones de dólares; US$1.688 millones en proyectos de infraestructura y US$ 4.081 millones en minería.
Estas inversiones aumentarían la inversión total del país en alrededor del 13% con un impacto equivalente a 2,8 puntos adicionales de crecimiento para este año. En otras palabras, en lugar de un probable crecimiento del 2,7%, la economía estaría creciendo 5,5%. Este es un estimado conservador ya que excluye los efectos multiplicadores que tal aumento en la inversión tendría en el resto de la economía.
Estaríamos hablando de tasas de crecimiento impensables en las actuales circunstancias, pero el ejemplo ilustra de manera dramática el costo social en que incurre toda la sociedad cuando se carece de niveles mínimos de eficacia administrativa y criterios fundamentales de concertación política.
ANTICORRUPCION,
PERSECUCIÓN, JUDICIALIZACION POLITICA
El Comercio
Hoy la Comisión de
Constitución del Congreso debatirá un proyecto de ley (PL)
presentado por la parlamentaria de Fuerza Popular Karina
Beteta, el que ha
despertado las alertas del sector construcción. “Es una bomba de neutrón
legislativa”, afirma Gonzalo Prialé, presidente de la Asociación para el
Fomento de la Infraestructura Nacional (AFIN).
La iniciativa de Beteta busca ampliar los alcances del Decreto de Urgencia
003 a las compañías que hayan sido socias de aquellas
empresas cuyos actos de corrupción ya estén comprobados.
Fue presentada con el respaldo de 14 firmas de
parlamentarios de Fuerza Popular y, según diversas fuentes consultadas por este
Diario, su dictamen se votaría hoy en la Comisión de
Constitución del Congreso, donde sería
aprobada por la mayoría parlamentaria, a pesar de los esfuerzos de gremios
empresariales y del propio Gobierno para que la iniciativa no prospere.
Como se recuerda, el decreto original emitido por el
Gobierno en febrero establece que las empresas condenadas por corrupción o
lavado de activos, así como aquellas que hubieran admitido estos delitos,
deberán destinar prioritariamente los recursos que obtengan de ventas de
activos o de pagos recibidos del Estado a un fideicomiso para atender las
reparaciones civiles. Asimismo, establece que las firmas en cuestión no podrán
transferir capitales al exterior.
La única empresa comprendida en el decreto 003
actualmente es Odebrecht. Pero de aprobarse el proyecto de Beteta, estas
restricciones se aplicarían también a empresas locales como Graña y Montero,
ICCGSA y JJC, sus socias en tres tramos de la Interoceánica Sur, uno de los
proyectos en los que la constructora brasileña ya ha reconocido
responsabilidad.
El proyecto de Beteta también estipula que, si una firma nacional o
extranjera decide adquirir alguna de las compañías socias, no podrá alegar una
compra de buena fe. En consecuencia, no podrá evadir la responsabilidad en caso
la empresa adquirida sea condenada y obligada a pagar una reparación civil.
Beteta explica que su iniciativa parte de la premisa de que
las empresas que formaron parte de consorcios para obras o proyectos donde hubo
corrupción habrían tenido conocimiento de los hechos delictivos por los que se
han beneficiado. “Hay que ser bien ingenuos para creer que ellos no sabían [la
manera en que] sus socios lograban las licitaciones”, sostiene la congresista.
No obstante, AFIN sostiene en un informe legal enviado
a Miguel Ángel Torres, presidente de la Comisión de Constitución del Congreso,
que la iniciativa de Beteta no solo violaría este precepto, sino también el debido
proceso, el derecho de defensa y tutela jurisdiccional, el derecho de propiedad
y la irretroactividad de la ley.
“Acá hay un nivel alto de concentración y son frecuentes los consorcios. Hay 40 empresas en el Perú que pueden tener el 70% de las grandes obras públicas”, explica Gudo Valdivia.
“Acá hay un nivel alto de concentración y son frecuentes los consorcios. Hay 40 empresas en el Perú que pueden tener el 70% de las grandes obras públicas”, explica Gudo Valdivia.
“Soy escéptico de que puedan venir nuevas empresas
extranjeras a llenar el vacío que dejarían las empresas impedidas de
participar. Instalarse no es tan fácil, porque hay que mover maquinaria pesada
y contratar recursos humanos”, argumenta Diego Macera, gerente general del
Instituto Peruano de Economía. Fernando Cáceres, presidente de Contribuyentes
por Respeto, agrega que el efecto práctico de este proyecto de ley sería
impedir que todas las empresas que alguna vez tuvieron relación con las
brasileñas puedan contratar con el Estado. “No podrían participar en la
reconstrucción, porque de hacerlo los montos a pagárseles serían retenidos”,
dice.
Beteta afirma que las empresas socias de Odebrecht
podrán seguir licitando con el Estado. También sostiene que dependerá del
Ejecutivo que sean parte de la reconstrucción.
El Comercio
Construcción sin Lava Jato
Guido Valdivia
La Cámara Peruana de la Construcción (Capeco) comparte los objetivos del
Decreto de Urgencia 003-2017 (que asegura la continuidad de proyectos de
inversión para la prestación de servicios públicos y cautela el pago de la
reparación civil a favor del Estado en casos de corrupción) y del proyecto de
ley 1410 (que modifica el Decreto de Urgencia 003-2017), de proteger los
intereses del Estado, asegurar la continuidad de las obras públicas como de las
alianzas público-privadas y evitar la ruptura de la cadena de pago que podría
afectar a trabajadores, proveedores y subcontratistas.
Sin embargo, estos propósitos no se cumplirán si es que –como se propone en la versión del proyecto de ley hasta ahora vigente– se considera como “vinculada” a una empresa por el solo hecho de haberse consorciado con otra que ha sido condenada o ha confesado un delito contra la administración pública o de lavado de activos. Este planteamiento vulnera derechos constitucionales como el de la presunción de inocencia, la libre contratación y se afecta la seguridad jurídica de la institución del contrato de consorcio.
El proyecto de ley no solo perjudica a empresas no condenadas con la retención de sus márgenes de ganancia, sino que también afecta gravemente su posición ante el sistema financiero, lo que encarece su acceso al crédito, poniendo en riesgo injustificadamente su permanencia en el mercado y el cumplimiento de las obligaciones asumidas en otras obras contratadas con el Estado y con entidades privadas.
Capeco ha estimado preliminarmente que, en relación con los casos actualmente en investigación por el escándalo Lava Jato, se afectaría a empresas nacionales que gestionan 255 proyectos a nivel nacional, emplean a casi 40 mil trabajadores y que solo en lo que va del año han efectuado compras a más de 10 mil proveedores por aproximadamente 1.500 millones de soles.
Como las restricciones establecidas en el decreto de urgencia y el proyecto de ley no se limitan únicamente a Lava Jato, sino que se extienden a todas las contrataciones de obra en donde se haya condenado –o eventualmente se condene– a alguna empresa contratista, el daño económico y social puede alcanzar a toda la industria de la construcción, que viene de dos años consecutivos de caída.
Además de los cuestionamientos constitucionales y legales al proyecto de ley, que muy probablemente impulsará a las empresas perjudicadas a impugnarlos en el ámbito judicial, este propone crear una serie de trámites administrativos que involucran a entidades no necesariamente familiarizadas con la obra pública como el Ministerio de Justicia, los Registros Públicos y el Registro Central de Valores y Liquidaciones. Esto generaría más dificultades y demoras en la aplicación de las ya complicadas normas vigentes de contratación pública.
Es importante resaltar que tanto Capeco como la Federación de Trabajadores en Construcción Civil del Perú solicitaron públicamente la conformación de una mesa de trabajo para discutir alternativas que corrijan estos excesos del proyecto de ley. Afortunadamente, este pedido fue recogido por el presidente de la Comisión de Constitución, Miguel Torres, debiendo destacarse su posición abierta al diálogo y a la búsqueda de consenso. Confiamos en que se podrá encontrar un texto que permita cumplir eficientemente las finalidades de la norma y respetando el ordenamiento jurídico vigente.
Sin embargo, estos propósitos no se cumplirán si es que –como se propone en la versión del proyecto de ley hasta ahora vigente– se considera como “vinculada” a una empresa por el solo hecho de haberse consorciado con otra que ha sido condenada o ha confesado un delito contra la administración pública o de lavado de activos. Este planteamiento vulnera derechos constitucionales como el de la presunción de inocencia, la libre contratación y se afecta la seguridad jurídica de la institución del contrato de consorcio.
El proyecto de ley no solo perjudica a empresas no condenadas con la retención de sus márgenes de ganancia, sino que también afecta gravemente su posición ante el sistema financiero, lo que encarece su acceso al crédito, poniendo en riesgo injustificadamente su permanencia en el mercado y el cumplimiento de las obligaciones asumidas en otras obras contratadas con el Estado y con entidades privadas.
Capeco ha estimado preliminarmente que, en relación con los casos actualmente en investigación por el escándalo Lava Jato, se afectaría a empresas nacionales que gestionan 255 proyectos a nivel nacional, emplean a casi 40 mil trabajadores y que solo en lo que va del año han efectuado compras a más de 10 mil proveedores por aproximadamente 1.500 millones de soles.
Como las restricciones establecidas en el decreto de urgencia y el proyecto de ley no se limitan únicamente a Lava Jato, sino que se extienden a todas las contrataciones de obra en donde se haya condenado –o eventualmente se condene– a alguna empresa contratista, el daño económico y social puede alcanzar a toda la industria de la construcción, que viene de dos años consecutivos de caída.
Además de los cuestionamientos constitucionales y legales al proyecto de ley, que muy probablemente impulsará a las empresas perjudicadas a impugnarlos en el ámbito judicial, este propone crear una serie de trámites administrativos que involucran a entidades no necesariamente familiarizadas con la obra pública como el Ministerio de Justicia, los Registros Públicos y el Registro Central de Valores y Liquidaciones. Esto generaría más dificultades y demoras en la aplicación de las ya complicadas normas vigentes de contratación pública.
Es importante resaltar que tanto Capeco como la Federación de Trabajadores en Construcción Civil del Perú solicitaron públicamente la conformación de una mesa de trabajo para discutir alternativas que corrijan estos excesos del proyecto de ley. Afortunadamente, este pedido fue recogido por el presidente de la Comisión de Constitución, Miguel Torres, debiendo destacarse su posición abierta al diálogo y a la búsqueda de consenso. Confiamos en que se podrá encontrar un texto que permita cumplir eficientemente las finalidades de la norma y respetando el ordenamiento jurídico vigente.
ELECCIONES, PARTIDOS, ENCUESTAS, MEDIOS,
PSICOSOCIALES
El
Comercio
Mauricio Mulder podría ser el próximo segundo vicepresidente del
Congreso de la República. Así lo reveló el vocero de la bancada aprista, Javier Velásquez Quesquén, al señalar que
su agrupación apoyará esa candidatura.
"Apoyaremos la candidatura de Mauricio [Mulder] a
la vicepresidencia del Congreso. Hemos tomado esa decisión como bancada",
reveló Javier Velásquez Quesquén a El Comercio.
En las últimas semanas ya se hablaba sobre la
posibilidad de que Mauricio Mulder forme parte de la Mesa Directiva del
Congreso. Sin embargo, el Apra no había definido su apoyo como bancada al
parlamentario.
La decisión de la bancada aprista ahora deberá ser
consensuada con Fuerza Popular, partido con el cual ya existe un acuerdo
político. Como fruto de ese pacto, Luciana León fue elegida para ocupar la
actual Mesa Directiva como tercera vicepresidenta del Congreso.
"Si se mantiene el acuerdo político con ellos, no
van a poner ningún cuestionamiento. Mauricio Mulder le dará brillo a la nueva mesa", concluyó Javier Velásquez Quesquén.
Peru21
Por
unanimidad, la Comisión de Constitución del Congreso
aprobó este martes el cronograma electoral que regiría los próximos comicios
municipales y regionales de octubre de 2018.
Una de
las novedades es una fecha límite para que el Jurado Nacional de Elecciones (JNE)
resuelva las tachas a los candidatos, que se ha fijado en 30 días antes del
proceso electoral.
Se ha
dispuesto que las autoridades electorales cumplan con ese plazo “bajo
responsabilidad”, lo que implica que, de no hacerlo, puedan ser sujeto de
denuncias penales por presunto delito de omisión de funciones.
La
norma, asimismo, establece que el retiro de listas y las renuncias de
candidatos podrán efectuarse hasta 60 días antes del proceso electoral.
Igualmente,
para contrarrestar el efecto del llamado voto golondrino, el dictamen prevé el
cierre del padrón electoral un año antes de los procesos electorales.
El Comercio,
editorial
La controversia surgida la semana pasada entre los
legisladores fujimoristas Patricia Donayre y Miguel Torres, a propósito del debate en la Comisión de Constitución
del Congreso –que preside este último– sobre la reforma electoral, puso en entredicho el real compromiso de Fuerza
Popular en esta materia.
En efecto, pese a que sacar adelante la reforma había sido la tarea inicialmente encomendada al grupo de trabajo multipartidario que presidió Donayre, cuando este presentó su informe final con una propuesta de una nueva ley electoral, Torres advirtió que esta sería solo un “insumo” para el trabajo de la Comisión de Constitución. Y luego, cuando finalmente se inició el debate en la comisión, los primeros temas que se discutieron no fueron –según denunció Donayre– los propuestos por el grupo ni por las bancadas, sino otros que más bien apuntarían a que nuevamente se cometa el error de impulsar, en palabras de la legisladora fujimorista, “una reforma por pedacitos”.
En efecto, pese a que sacar adelante la reforma había sido la tarea inicialmente encomendada al grupo de trabajo multipartidario que presidió Donayre, cuando este presentó su informe final con una propuesta de una nueva ley electoral, Torres advirtió que esta sería solo un “insumo” para el trabajo de la Comisión de Constitución. Y luego, cuando finalmente se inició el debate en la comisión, los primeros temas que se discutieron no fueron –según denunció Donayre– los propuestos por el grupo ni por las bancadas, sino otros que más bien apuntarían a que nuevamente se cometa el error de impulsar, en palabras de la legisladora fujimorista, “una reforma por pedacitos”.
En los
últimos días, sin embargo, el impasse parece haber sido superado. A través de
su cuenta de Twitter, Donayre compartió el último viernes una carta enviada por
Torres en la que este le señala que, atendiendo a las recomendaciones de varios
grupos parlamentarios y con base en la propuesta del grupo de trabajo, la
comisión ahora comenzará a revisar asuntos importantes como el calendario
electoral, el financiamiento de los partidos y los requisitos e impedimentos
para ser candidatos, entre otros. Estas discusiones, detalla Torres en el documento, constituirán “los primeros pasos en el
proceso de una reforma electoral integral”. Aunque, advierte, la tarea completa
demandará “un esfuerzo continuo que sin duda abarcará la siguiente
legislatura”.
El mismo ánimo pudo percibirse de parte de Torres tanto en una entrevista televisada transmitida ese mismo día (“nuestra gran meta es hacer una reforma electoral integral que nos lleve a un código electoral”), como en otra que concedió a este Diario dos días después (“sería un tremendo error de parte nuestra [ser esquivos con la reforma electoral]”). En esta última, además, el parlamentario aseguró que el incidente con Donayre había quedado del todo superado.
El desenlace es sin duda positivo, no solo por haberse dejado atrás una controversia que se había convertido en una nueva traba para la reforma, sino porque lo señalado por Torres sugiere que ahora la Comisión de Constitución se enfocará en un trabajo de largo aliento que, si bien priorice lo urgente, no deje de lado todo lo importante.
Ello supone aprovechar el trabajo de varios meses del grupo multipartidario encabezado por Donayre como piedra angular de una reforma suficientemente comprensiva, y que incorpore al debate algunas de las propuestas señaladas por otras instancias. Como, por ejemplo, las relativas a exigir una mayor transparencia de los partidos y candidatos contenidas en el proyecto de ley que al respecto remitió el Ejecutivo hace algunas semanas (que propone ideas como que la sola inscripción de una persona como candidata en un proceso electoral habilite el levantamiento de su secreto bancario, reserva tributaria y bursátil), así como las sugeridas por la asociación civil Transparencia en el Plan 32 (entre ellas, exigir que los partidos realicen sus elecciones internas con la supervisión de los organismos electorales, y eliminar el tan perjudicial voto preferencial). Y, por supuesto, en el mediano plazo, incorporar otras demandas tan relevantes como la creación de distritos uninominales para la elección de los parlamentarios y el retorno a la bicameralidad.
En lo que respecta a lo inmediato, no obstante, resulta alentadora esta primera señal que ha dado Fuerza Popular de haber comprendido la importancia de la materia a la que están abocados. Después de todo, si hay algo que ese partido debe tener siempre presente sobre su rol como primera mayoría parlamentaria, es que este no se limita únicamente a ser oposición del Ejecutivo. De ellos también esperamos resultados.
El mismo ánimo pudo percibirse de parte de Torres tanto en una entrevista televisada transmitida ese mismo día (“nuestra gran meta es hacer una reforma electoral integral que nos lleve a un código electoral”), como en otra que concedió a este Diario dos días después (“sería un tremendo error de parte nuestra [ser esquivos con la reforma electoral]”). En esta última, además, el parlamentario aseguró que el incidente con Donayre había quedado del todo superado.
El desenlace es sin duda positivo, no solo por haberse dejado atrás una controversia que se había convertido en una nueva traba para la reforma, sino porque lo señalado por Torres sugiere que ahora la Comisión de Constitución se enfocará en un trabajo de largo aliento que, si bien priorice lo urgente, no deje de lado todo lo importante.
Ello supone aprovechar el trabajo de varios meses del grupo multipartidario encabezado por Donayre como piedra angular de una reforma suficientemente comprensiva, y que incorpore al debate algunas de las propuestas señaladas por otras instancias. Como, por ejemplo, las relativas a exigir una mayor transparencia de los partidos y candidatos contenidas en el proyecto de ley que al respecto remitió el Ejecutivo hace algunas semanas (que propone ideas como que la sola inscripción de una persona como candidata en un proceso electoral habilite el levantamiento de su secreto bancario, reserva tributaria y bursátil), así como las sugeridas por la asociación civil Transparencia en el Plan 32 (entre ellas, exigir que los partidos realicen sus elecciones internas con la supervisión de los organismos electorales, y eliminar el tan perjudicial voto preferencial). Y, por supuesto, en el mediano plazo, incorporar otras demandas tan relevantes como la creación de distritos uninominales para la elección de los parlamentarios y el retorno a la bicameralidad.
En lo que respecta a lo inmediato, no obstante, resulta alentadora esta primera señal que ha dado Fuerza Popular de haber comprendido la importancia de la materia a la que están abocados. Después de todo, si hay algo que ese partido debe tener siempre presente sobre su rol como primera mayoría parlamentaria, es que este no se limita únicamente a ser oposición del Ejecutivo. De ellos también esperamos resultados.
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