ESTA NOCHE viernes 2 junio 2017
ESTA NOCHE,
donde usted se entera no de todo lo que ocurre, sino de lo que necesita saber.
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MEDIA
COLUMNA
Indulto
a secas
Jorge
Morelli
@jorgemorelli1
jorgemorelli.blogspot.com
jorgemorelli.blogspot.com
El
presidente Kuczynski ha vuelto a hablar del indulto al ex presidente Alberto Fujimori.
No
descartó el camino de otra iniciativa legislativa, pero volvió a abrir la
puerta del indulto.
Admitió
esta vez -a instancias de la pregunta reiterada de Aldo Mariátegui- que, en
efecto, tiene la potestad de otorgar un indulto –al que llamó “straight”- que
no se halla sujeto a condición alguna y por su sola decisión como presidente de
la República.
No
obstante, acto seguido, desestimó esa decisión porque algunos no estarían de
acuerdo. Una vez más se refugió en la alternativa de un indulto humanitario.
El Presidente,
sin embargo, debería asumir la responsabilidad de la decisión de liberar a
Alberto Fujimori mediante un indulto a secas, porque su proceso y su condena fueron
sumamente dudosos y su prisión es injusta.
Es
este y no otra la decisión que le pide la vasta mayoría del pueblo peruano. El Presidente
no necesita apoyarse en una opinión médica para asumir su responsabilidad.
Si lo
hiciera, mostraría fortaleza, no debilidad.
REPORTE DE NOTICIAS en Internet
Las siguientes notas periodísticas de
política y economía han sido seleccionadas, editadas y ordenadas
temáticamente. No se las debe citar como
tomadas directamente de sus fuentes originales, las mismas que se indican sólo
como una forma de reconocer el crédito y agradecer la cortesía.
ANTICORRUPCION,
PERSECUCIÓN, JUDICIALIZACION POLITICA
El Comercio
Llegó el 1 de junio y lo que muchos esperaban sea “el fin
del mundo” para funcionarios y ex funcionarios peruanos, se ha convertido en un
escenario de incertidumbre.
Las confesiones de los 78 ejecutivos de Odebrecht que se acogieron a
la colaboración eficaz en Brasil ya no se harán públicas. La fiscalía de
nuestro país las podrá obtener, pero deberá manejarlas en absoluta reserva.
Según la justicia
brasileña, nuestro país ha realizado nueve solicitudes de cooperación judicial
que estaban a la espera del levantamiento del sigilo. Según pudo conocer este
Diario, la mayoría de pedidos los ha realizado el fiscal Germán Juárez Atoche,
quien ha enviado
cuatro o cinco solicitudes, todas referidas a
declaraciones y piezas procesales vinculadas a la investigación al ex
presidente Ollanta Humala y la ex primera dama Nadine Heredia por
presunto delito de lavado de activos.
Esto, es adicional
al trabajo que ha realizado Juárez Atoche para interrogar al empresario Marcelo
Odebrecht.
Otros dos
requerimientos han sido planteados por la fiscal Manuela Villar, quien
investiga al ex presidente Alejandro Toledo
y su esposa, Eliane Karp por el Caso Ecoteva.
Los dos pedidos restantes se mantienen en reserva en el Ministerio Público.
Los dos pedidos restantes se mantienen en reserva en el Ministerio Público.
El fiscal Hamilton Castro, quien dirige el equipo anticorrupción
del Caso Odebrecht, no ha planteado ningún requerimiento. Recordaron que el
fiscal Castro ya cuenta con las declaraciones de Jorge Barata y Ricardo Boleira
Sieiro Guimaraes.
Finalmente,
explicaron que la información que recibirá el Perú vendrá de dos fuentes. La
primera es la respuesta que realice la justicia brasileña a los pedidos que ya
se han realizado (estos son los nueve en total).
La segunda forma, es
la “cooperación espontánea”. Es decir, lo que los brasileños hallaron dentro de
sus investigaciones y que consideren que es interesante para el Perú. “Eso
también lo remitirán”, anotaron.
Todo ello, será
tramitado por el jefe de la Unidad de Cooperación Judicial a cargo del fiscal
Alonso Peña Cabrera Freyre -designado como el intermediario con Brasil por el
Ministerio Público- en coordinación directa con el fiscal de la Nación,
Pablo Sánchez Velarde.
Al ser consultados sobre
si la recepción de este material supondrá la firma de un convenio para que
ninguno de los funcionarios sea procesado en nuestro país, indicaron que
“veremos si es o no necesario. En su momento ya se informará”.
La República
La fiscalía no esperará sentada la información de Brasil. Los fiscales
Hamilton Castro Trigoso y Sergio Jiménez Niño ya se encuentran en Brasil desde el
lunes 29 de mayo y este 5 de junio viajará el fiscal Germán Juárez
Atoche.
Juárez Atoche viaja en el marco de la investigación al expresidente Ollanta Humala, para interrogar a seis nuevos testigos,
detenidos en ese país por el caso Lava Jato. El 5 de junio, Juárez interrogará
en Sao Paulo a uno de los principales delatores del caso “Lava
Jato”, el
cambista y cerebro financiero del entramado de corrupción de Petrobras, Alberto
Youssef. Además, a otros delatores claves en dicho país, Leonardo Meirelles,
encargado de blanquear dinero para Odebrecht y el español Ricardo Angulo López,
brazo derecho de Youseff.
La fiscalía espera que los tres den información sobre dinero entregado a
Humala o Nadine Heredia, no solo de Odebrecht, sino de otras constructoras
brasileñas.
Al día siguiente, martes 6 de junio, el fiscal Juárez se trasladará a
Salvador de Bahia para interrogar al publicista brasileño y exasesor del
expresidente Luiz Lula da Silva, Joao Santana, y su esposa Mónica
Maura.
Ambos han participado en campañas políticas en Latinoamérica por
indicaciones de Lula y con dinero de Odebrecht. Santana y Maura están detenidos
y se han acogido a la delación premiada.
El fiscal interrogará también al exrepresentante en el Perú de la
constructora OAS, Valfredo de Asis Ribeiro. Valfredo de Asis se relacionó con
la amiga de Nadine Rocío Calderón y, según un colaborador, el 2011 se reunió
con Heredia en el hotel Los Delfines.
Brasil ha reiterado que es clave para esta entrega el compromiso de no
procesar en el Perú a los delatores. Este compromiso debe realizarse antes de
la entrega de la información. Sin el compromiso de no procesar penal ni civil a Marcelo Odebrecht y sus ejecutivos, Perú no recibirá sus
declaraciones. Toda la información, clave para el proceso judicial, solo será
accesible con dicho compromiso.
El fiscal Alonso Peña, designado como enlace del Ministerio Público con
los procuradores del Brasil para la entrega de las delaciones premiadas de los
ejecutivos de Odebrecht, aseguró que esa información no será compartida con
otros sectores.
LIBERTAD ECONOMICA, GLOBALIZACION,
REFORMAS, INVERSION
El Comercio
El presidente, Pedro Pablo Kuczynski (PPK), informó que el Gobierno sigue evaluando cómo proceder
con la adenda del contrato de Chinchero y que en dos o tres días habría una
decisión.
"O seguimos con
lo que hay pero con modificaciones, o nos ponemos de acuerdo en un divorcio
amigable", dijo PPK a RPP.
Expreso
Entrevista a Juan Mendoza
-¿Qué le parece que el contrato
del proyecto sobre el aeropuerto de Chinchero siga vigente?
El
contrato es malo porque no establecía la tasa de interés y había que calcular
para pagarle al concesionario Kuntur Wasi; tampoco ponía una fecha límite para
que el concesionario consiga la plata para el proyecto. Su propuesta financiera
contemplaba una tasa de interés del 22 % que era inaceptable porque el Estado
peruano no se puede endeudar. ¿Qué sentido tendría un proyecto así? La
negociación tendría que haber girado sobre los aspectos en los cuales fallaba
el contrato, como son la tasa de interés y el cierre financiero. Había que
identificar el problema y resolverlo. Lo que la adenda hacía es convertir al
Estado en el banco de Kuntur Wasi porque con la adenda ya no tiene que
preocuparse en el financiamiento, en los riesgos, porque la plata la pone el
Estado, increíblemente a cambio de nada.
-¿Le parece preocupante que el
Gobierno persista en un contrato que le genera pérdidas políticas y económicas
al país?
A
mí me extraña la fijación con Chinchero. Primero, porque le genera un costo
político alto para el gobierno de PPK, pues ha propiciado la salida estrepitosa
del ministro Martín Vizcarra del MTC, también el enfrentamiento con la
Contraloría y con el Congreso. Hay mucha crispación política, mucha animosidad
sobre este proyecto, en el cual no veo que haya un beneficio claro para el
país. Es imposible que tantos críticos a la adenda se equivoquen al mismo
tiempo. La adenda, además, trae un adelanto de 40 millones de dólares al
concesionario y esto debilita la posición del Estado para un arbitraje
internacional y se sienta un mal precedente.
-El supuesto destrabe que
propuso el Gobierno se ha caído…
Yo
no sé qué es lo que motiva al Gobierno a realizar una negociación tan mala en
Chinchero. Se podría especular y decir que quizá se deba a la presión del
entorno, pero lo que ciertamente extraña es que el Gobierno pone en principio a
la Contraloría para que dirima finalmente el futuro del contrato, y cuando la
Contraloría encuentra irregularidades y emite su informe que revela que es
negativo para los intereses del país, el Gobierno –desde ese momento– se dedica
a atacar al contralor y descalificar a la Contraloría. Y eso es desconcertante
y cuestionable, más si hay muchísimos proyectos a destrabar.
-Si el contrato era pernicioso,
¿por qué se suscribiría una adenda al contrato del aeropuerto de Chinchero?
En
primer lugar porque la adenda estaba hecha a corte y medida del concesionario
Kuntur Wasi. Uno se pregunta entonces, ¿en qué consistió el proceso de destrabe
de la concesión? --¿Cómo así se puede
hacer una adenda en que no se cautele el interés público?
Sin duda el contrato
original era malo, pero el Estado tenía la sartén por el mango, pues tenía toda
la potestad para rechazar una propuesta financiera inconveniente.
(…)
Lo que uno podría inferir
es que el Gobierno tomó la decisión de firmar la adenda tal y como estaba
porque, primero, no puede lidiar con la presión política en el Cusco; segundo,
ha habido algún tipo de lobby. En ambos casos pierde el ciudadano, porque se da
la idea de un gobierno al cual se puede influenciar ya sea a través de la
protesta o del lobby. De hecho, uno se pregunta, ¿para qué se necesitaba a
Kuntur Wasi si, con la adenda, el grueso el riesgo financiero y de construcción
del proyecto recaía sobre el Estado?
-Sin duda alguna una decisión
desatinada…
La
adenda hubiera sentado un pésimo precedente para las APP. La razón es que si
hay un concesionario en problemas financieros, en otra APP en el futuro se
podría esperar que el Estado le saque las castañas del fuego, como en el caso
de Kuntur Wasi. Así, a lo que nos exponíamos con la adenda era a que hubiera
muchos pedidos similares en el futuro, amparados por el precedente Chinchero.
-¿Esto es perjudicial para otros proyectos?
El
fiasco de Chinchero hará harto difícil que el Gobierno destrabador tenga éxito
en destrabar otros proyectos paralizados. En lugar de estar trabajando en
destrabar de verdad, en el caso de Chinchero el Gobierno parecería haber estado
trabajando a favor del concesionario. El problema es que como la adenda de
Chinchero era tan mala, entonces casi todo lo que haga el Gobierno va a estar
sujeto a enorme escrutinio público, por la desconfianza.
La República
Sin garantías
Mirko Lauer
Es indispensable que Edgar Alarcón se retire o sea
retirado del cargo de Contralor. Los hitos discutibles de su trayectoria entre
lo público y lo privado son motivo suficiente. Pero además el funcionario ha
asumido una percepción de su cargo que afecta todo el proceso de la justicia en
que está enfrascado el país.
Una
consecuencia temible en la crisis de credibilidad puesta en marcha por el
volumen de los destapes de Lava Jato es la posibilidad de que el poder político
efectivo pase a manos del sistema judicial. Es lo que les viene sucediendo en
Brasil, y ese epicentro del problema todavía no encuentra la manera de volver a
una normalidad institucional.
El
peligro peruano es más grave. Pues al lado de la relativa unidad de la justicia
brasileña, la peruana rápido se ha fragmentado en bandos y figuras en
conflicto, con agendas propias. Los choques entre procuraduría y fiscalía son
el caso más claro, pero no el único. Todo esto parodia los usos de la política
convencional.
En
tiempo récord Alarcón se ha convertido en un símbolo de la fiscalización que
toma partido en los juegos del poder. Además ha elegido hacerlo con un altísimo
perfil, ubicándose al centro de la atención mediática. Ha logrado incluso
ganarle a los cazadores de primeras planas del Congreso, verdaderos
especialistas en el tema.
Pero
los mismos medios convocados le están escribiendo la biografía a gran
velocidad. La respuesta de Alarcón ha sido desafiar a todos y a todo, con lo
cual está incomodando incluso a sus defensores. Aunque en verdad no se oye más
defensa que el silencio. La mayoría del Congreso preferiría que se vaya solo, y
no tener que cesarlo.
Es
difícil imaginar que siga en el cargo un contralor sometido a la investigación
de las sospechas y denuncias que se acumulan en estos días, un proceso que no
va a ser corto. Por los frutos de su propio trabajo, que consiste en descubrir
y denunciar, van a resultar sospechosos. Definitivamente el daño está hecho.
De
modo que eso de que no piensa renunciar y prefiere más bien someterse a una
investigación del Congreso tiene todos los visos de ser la tontería llevada de
la mano por la viveza.
GOBERNABILIDAD, DEMAGOGIA, AUTORITARISMO,
DEMOCRACIA
Peru21
Entrevista
al congresista Miguel Angel Torres
-El Tribunal Constitucional (TC) ya admitió a trámite la demanda de un grupo de
congresistas en contra de algunos artículos de su reglamento interno, ¿cuál es
su reflexión?
(…)
…estamos
seguros de que la norma, que fue aprobada por varios partidos tanto en la
comisión como en el Pleno, es completamente constitucional y fortalece a los
grupos parlamentarios.
-Se
alega que la norma no puede sancionar un supuesto transfuguismo y que los
congresistas tienen el derecho de optar por unirse a una u otra bancada…
La
norma no habla de tránsfugas. Lo que hace es establecer que un congresista que
se retira de su grupo parlamentario no puede formar parte de otro por el cual
no ha sido elegido ni acceder a cargos directivos pero mantiene su derecho a
voto, a voz, a formar parte de una comisión…
-¿No
se les recorta el derecho de asociación? Los parlamentarios no están sujetos a
mandato imperativo.
-
Recordemos que hemos sido elegidos dentro de un partido político y esa es una característica
que debemos respetar del voto popular.
(…)
-¿Fuerza
Popular no busca con esta norma evitar la renuncia de algunos de sus
congresistas?
En lo
absoluto. Al contrario, la norma está impidiendo que vengan más congresistas a
nuestra bancada.
(…)
El Comercio
Insumos electorales
Kenji Fujimori Higuchi
Ha
llegado el momento de establecer las elecciones universales con supervisión de
la ONPE en
los partidos políticos.
Lo que debe existir en adelante son comicios internos donde cada militante tiene un voto. No debe haber en lo sucesivo, nunca más, elecciones indirectas con intermediación de delegados.
Lo que debe existir en adelante son comicios internos donde cada militante tiene un voto. No debe haber en lo sucesivo, nunca más, elecciones indirectas con intermediación de delegados.
Esa
práctica debe ser dejada de lado para siempre porque es fácilmente atacada por
la corrupción. Es de todos conocido el caso a escala global de la FIFA. Lo que
hizo posible por años la complicidad, el secretismo y la continuidad en los
cargos fue precisamente la elección a través de delegados designados desde la
cúpula. A escala local, el sistema de corrupción fue el mismo en la Federación
Peruana de Fútbol, a través de sus 24 delegados departamentales designados –no
elegidos–por la cúpula enquistada durante años por el inefable Manuel Burga,
hoy extraditado a Estados Unidos. En los últimos años, dentro de un nuevo marco
de transparencia en la lucha anticorrupción, algunos dirigentes –tanto a nivel
global como nacional– han sido finalmente apartados y procesados judicialmente.
La cúpula ha cambiado, pero el sistema continúa. Y el Perú sigue fracasando en
llegar al Mundial. Este es otro costo de tolerar la corrupción.
Hay que inclinarse ante la evidencia de que puede existir una falla en la arquitectura institucional de la elección por delegados como tal. Y es necesario alejar cuanto antes a los partidos políticos del peligro que ese arreglo institucional encierra. Por grande que sea el peligro de la influencia de recursos financieros de origen oscuro en elecciones directas, estas se evidencian ante los electores que las fiscalizan. El oscurantismo es siempre mayor en un sistema de elección indirecta, donde no es difícil digitar al gran elector intermedio: el delegado, que vota luego por consigna en unas elecciones internas para satisfacer el requisito formal de un proceso con apariencia de elecciones.
Hay que inclinarse ante la evidencia de que puede existir una falla en la arquitectura institucional de la elección por delegados como tal. Y es necesario alejar cuanto antes a los partidos políticos del peligro que ese arreglo institucional encierra. Por grande que sea el peligro de la influencia de recursos financieros de origen oscuro en elecciones directas, estas se evidencian ante los electores que las fiscalizan. El oscurantismo es siempre mayor en un sistema de elección indirecta, donde no es difícil digitar al gran elector intermedio: el delegado, que vota luego por consigna en unas elecciones internas para satisfacer el requisito formal de un proceso con apariencia de elecciones.
Ha
llegado la hora por lo mismo de que la Comisión de Constitución del Congreso de
la República, que preside el legislador Miguel Ángel Torres, que discute
actualmente la reforma electoral, considere debatir
una iniciativa relativa a las elecciones universales internas de los partidos
sin la intermediación de delegados y con supervisión de las autoridades
electorales. Estoy seguro de que el congresista Torres, a quien conozco desde
las aulas escolares, no dejará caer en saco roto este insumo que queremos
alcanzarle la enorme mayoría de los peruanos. De esta manera, los líderes de
los partidos llegarán a las elecciones del 2021 con la renovada legitimidad que
les proporcionará el voto de las bases de todo el Perú.
El
respeto a la persona, en especial a la mujer, es fundamental para nuestra
evolución como sociedad. Es por ello que no quiero dejar de expresar en esta
oportunidad mi solidaridad y respaldo a nuestra colega Patricia Donayre,
quien al frente de un grupo de trabajo multipartidario representando a Fuerza
Popular ha elaborado durante meses un proyecto de Código Electoral en la
Comisión de Constitución. Ese esfuerzo, tal como han reconocido especialistas
en materia electoral, se halla todavía a tiempo de ser debatido en su
integridad.
La reforma electoral debe ser atendida con responsabilidad, sin estrategia política, con una perspectiva amplia, no en función de elecciones inmediatas, hasta formar el círculo virtuoso que permita convocar nuevamente a los jóvenes a la política.
La reforma electoral debe ser atendida con responsabilidad, sin estrategia política, con una perspectiva amplia, no en función de elecciones inmediatas, hasta formar el círculo virtuoso que permita convocar nuevamente a los jóvenes a la política.
El Comercio
Los peligros del distrito uninominal
Iván Alonso
Una
cuestión que debería abordarse en el debate sobre la reforma electoral,
que se supone está próximo a iniciarse en base al proyecto de un grupo
parlamentario liderado por la congresista Patricia Donayre, es la conformación
de los distritos electorales. Existen dos opciones: distritos plurinominales,
en los que se elige varios congresistas que representan a una misma
circunscripción, como es ahora; o distritos uninominales, donde cada
circunscripción elige a uno y sólo uno (o una, obviamente). El magistrado José
Luis Sardón del Tribunal Constitucional es quien con mayor pasión y rigor
intelectual ha defendido la idea del distrito uninominal. Ésa es también la
posición editorial de este diario. En lo personal, no estamos seguros de que
sea la mejor opción.
La
supuesta superioridad del sistema uninominal sobre el plurinominal es que, en
el primero, cada ciudadano sabe quién lo representa. Puede, en principio,
individualizar la responsabilidad por defenderlo. Puede reclamarle que no está
cumpliendo cabalmente sus funciones. Sí, todo eso, en principio, es posible.
Pero es un principio un tanto lejano. El congresista elegido en un distrito
uninominal representaría, en promedio, a más de 100,000 electores. ¿Cómo
podríamos reclamarle que no nos representa bien, si hay otros 90,000 u 80,000
que –dirá en su descargo– sí se sienten bien representados?
Por otra parte,
¿cuál de los 100,000 levantará la voz? El viejo problema de costos concentrados
y beneficios difundidos disuade al ciudadano común y corriente de tomar la
iniciativa para reclamarle a “su” congresista, tanto como lo hace en un sistema
plurinominal. Lo más probable es que los congresistas terminen respondiendo,
más bien, a grupos de interés locales con capacidad de promover iniciativas que
inviertan esos términos: beneficios concentrados (para ellos) y costos
difundidos (entre los demás electores de su circunscripción y los de otras).
La
elección por distritos uninominales se parece demasiado al voto preferencial,
que tan nefastas consecuencias ha traído. Es un sistema propicio para
“emprendedores políticos”, a los que les basta dar con una causa o una frase
–los viejitos, trabajar por el deporte y cosas así– que suscite la emoción de
una mayoría relativa, ni siquiera del país entero, sino de una entre ciento
treinta circunscripciones, para hacerse de una curul. Con la diferencia de que
en el sistema uninominal no necesitan colgarse de una lista partidaria que
obtenga votos suficientes para que puedan ser ellos unos de los elegidos. En el
sistema uninominal esos emprendedores políticos pueden llegar al Congreso por sí
mismos, en tanto cumplan con los requisitos para inscribirse como candidatos en
un distrito. Salvo que…
Salvo que uno de
esos requisitos sea precisamente postular por un partido que presente
candidatos, como mínimo, en un determinado número de circunscripciones. Pero si
fuera ése el caso, cabría preguntarse si los electores estarían votando por una
persona que los represente o por un partido que los represente. Tal vez si se
plantea de esa manera, el sistema uninominal sirva para fortalecer a los
partidos políticos, que tampoco es un fin en sí mismo, sino un medio para que
los debates parlamentarios se parezcan más a una confrontación de ideas
maduradas en el tiempo que a un remolino de reacciones impulsivas.
NARCOTERRORISMO, INTELIGENCIA, FFAA, DDHH,
USO DE LA FUERZA
Expreso
Duro revés para las
Fuerzas Armadas y la Policía. El Poder Ejecutivo observó la ley que modifica el
Decreto Legislativo Nº 1133 y homologa las pensiones del personal militar y
policial en retiro, argumentando que las medidas previstas en la norma “carecen
de sustento en el marco de los principios constitucionales de sostenibilidad financiera”.
El
último miércoles, el Ejecutivo, a través del oficio Nº 150-2017-PR, le comunicó
a la presidenta del Congreso, Luz Salgado, que la norma congresal no va.
“Con
relación a la ley que modifica el Decreto Legislativo Nº 1133, decreto
legislativo para el ordenamiento definitivo del régimen de pensiones del
personal militar y policial, a fin de regular las pensiones de los pensionistas
del Decreto Ley Nº 19846, al respecto estimamos conveniente observar la misma”,
señala.
El
pasado 4 de mayo, el Pleno del Congreso aprobó, con 98 votos a favor, cero en
contra y 14 abstenciones, el ordenamiento del régimen de pensiones del personal
militar y policial, modificando así el Decreto Legislativo 1133 emitido durante
el Gobierno de Ollanta Humala.
El
proyecto de ley aprobado por el Parlamento tiene como finalidad que los
pensionistas del Decreto Ley Nº 19846, anteriores al 10 de diciembre de 2012,
también reciban los beneficios de la nueva estructura remunerativa militar
policial en actividad, según el grado remunerativo a base del cual perciben su
pensión.
“La
Constitución establece que no es factible efectuar modificaciones en los
regímenes previsionales si previamente no se ha demostrado su sostenibilidad
financiera y que cumplen con el requisito de no nivelación”, dice el texto de
Palacio. Prosigue señalando que la aplicación de la ley implicaría reforzar una
inequidad que ya existe entre militares y policías y las demás personas
afiliadas a los sistemas públicos de pensiones y el del sistema privado.
El Ejecutivo indica que la
ley aprobada por el Legislativo contraviene el artículo 79 de la Constitución,
el cual señala que los congresistas no tienen iniciativa legislativa para crear
ni aumentar gastos públicos
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