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MEDIA COLUMNA
Ver sin ser visto
Jorge Morelli
@jorgemorelli1
jorgemorelli.blogspot.com
Este recurso táctico, un clásico del militar peruano, parece explicar
la extraña respuesta del presidente Ollanta Humala a la situación en Arequipa.
Ha ordenado la intervención de las Fuerzas Armadas para controlar la
situación desbordada hace días tomando posesión de puntos estratégicos según un
plan de operaciones diseñado por Defensa, Interior y Justicia y aprobado por él
mismo.
La resolución suprema que dispone la intervención no dispone el estado
de emergencia, sin embargo, que es el marco constitucional del régimen de excepción (art.137°) en el que normalmente se produce la
intervención de las Fuerzas Armadas en apoyo de la Policía.
El Presidente tampoco ha dispuesto que las Fuerzas Armadas asuman el
control del orden interno, que permanece a cargo de la Policía.
Tampoco descarta la posibilidad de declarar el estado de emergencia. Significa,
en los hechos, que no hay suspensión de derechos expresamente señalados, como manda
la Constitución. Las manifestaciones entonces van a continuar.
La Ministra de Energía anunció que cuando el orden retorne a Arequipa
–¿por qué suena tan extraño?- se retomará el diálogo. Y, como para tomar al
enemigo por sorpresa, los tres ministros involucrados aparecen de improviso en
helicóptero en Matarani y se dirigen a Islay listos para retomar el
diálogo.
Como se ve, la estrategia del gobierno es una novedad. Nunca antes se
había practicado una combinación de acciones en direcciones opuestas al mismo
tiempo. Es la táctica del atarante. Aquella en la que nadie sabe a qué atenerse
y todo el mundo está en vilo, una manera de ver sin ser visto.
Ante esto, la lideresa de la oposición, Keiko Fujimori, le ha pedido al
Presidente que suspenda la intervención de las Fuerzas Armadas y que el
propio mandatario busque el consenso. En otras palabras, que aparezca encabezando
la búsqueda del consenso poniendo el peso de su autoridad en la balanza.
Es
decir que, para poder ver, sea visto.
REPORTE DE NOTICIAS en Internet
Las siguientes notas periodísticas de
política y economía han sido seleccionadas, editadas y ordenadas
temáticamente. No se las debe citar como
tomadas directamente de sus fuentes originales, las mismas que se indican sólo
como una forma de reconocer el crédito y agradecer la cortesía.
AGUA, MINERIA, CONFLICTOS AMBIENTALES,
REGIONALIZACION
Bankada prensa
La lideresa de Fuerza Popular,
Keiko Fujimori, manifestó esta tarde su opinión en redes sociales con respecto
al conflicto en Arequipa. En su cuenta de twitter (@KeikoFujimori)
publicó lo siguiente:
“Presidente Humala, los conflictos sociales se solucionan con la
presencia oportuna del Estado y no con el uso abusivo de la fuerza.
“¡Suspenda la intervención de las fuerzas armadas y busque usted mismo
el consenso!
“Sea responsable y no le saque la vuelta al
principio de autoridad. ¡Ud como militar sabe que paz a la fuerza no es paz,
sino más violencia!”.
El Comercio
El
cardenal Juan Luis Cipriani criticó hoy al Gobierno y las
autoridades de Arequipa por el manejo del conflicto en Islay, generado por la
oposición de un sector de la población al proyecto cuprífero Tía
María.
“Todo señor que ha sido elegido
tiene que dar cuenta a su pueblo. Creo que una llamada de atención a una
situación política que no ha sabido controlar las cosas”, expresó el arzobispo
de Lima en diálogo con RPP.
También consideró que “seguir
llamando diálogo” al intento de las autoridades por controlar las protestas en
Islay por el proyecto minero Tía María es “hacerles el juego
[a los azuzadores] o ser cobardes”.
“Hacer el juego a que el diálogo
es a pedradas no se puede. Decir que hay que seguir dialogando es decir: ‘No
quiero resolver el problema’. Estamos aceptando una trampa: el diálogo con
violencia o con chantaje no es diálogo”, añadió el cardenal.
Cipriani señaló que es imposible
buscar el diálogo con aquel sector de manifestantes que cierra carreteras y
comete actos violentos en Islay. “La violencia no es el camino para nada. Hay
que poner un marco [para negociar]”, apuntó al respecto.
En otro momento, Juan Luis
Cipriani lamentó
la muerte
del brigadier PNP Alberto Vásquez Durand, quien sufrió una grave
herida en el cerebro durante un enfrentamiento de la Policía contra opositores
a Tía María.
“Ellos [los policías] no son
sujetos de un problema. Mi reflexión es un mayor respeto a las instituciones
que están encargadas de velar por el orden público. Los policías son tan
peruanos como nosotros”, destacó.
La protesta contra el proyecto
cuprífero Tía María cumple hoy 48 días y el saldo hasta
ahora es de tres muertos –dos manifestantes y un agente–, así como 166 efectivos
y 80 civiles heridos. El foco de los enfrentamientos es la provincia de Islay.
El Comercio
El
congresista fujimorista Carlos Tubino criticó duramente la estrategia del
Ejecutivo frente al conflicto en la provincia de Islay,
Arequipa, por la oposición de un sector de la población al proyecto cuprífero Tía
María.
El legislador consideró que el Gobierno ha centrado sus
esfuerzos en “evitar que los revoltosos se victimicen”, pero no ha tomado
medidas adecuadas para erradicar la violencia en la zona, que deja hasta ahora
un saldo
de tres muertos, entre ellos un policía.
“La Policía sigue siendo enviada a la zona sin el
equipamiento adecuado: solo con la vara de ley y escudo; con eso no se pueden
hacer las cosas. Los policías van a la zona como carne de cañón, sin
equipamiento”, sostuvo en diálogo con RPP.
Carlos Tubino consideró que la forma en que el
Ejecutivo maneja el conflicto social en Islay pone al Perú como un “país del quinto
mundo”. “Eso no se ve en ningún otro país del mundo, no estamos en la Edad
Media”, agregó el parlamentario.
“El que ha fracasado [en Islay]
es el Gobierno, ha dejado a la empresa sola con la ciudadanía. El Gobierno
debió tener más presencia y hacer más obras”, añadió Carlos Tubino.
ANTICORRUPCION, PERSECUCION,
JUDICIALIZACION POLITICA
El Comercio
Un
demoledor informe que podría poner fin a la carrera del hoy suspendido fiscal
de la Nación Carlos Ramos Heredia se empezaría a debatir a partir del
próximo lunes en el seno de la Comisión de Procesos Disciplinarios del Consejo
Nacional de la Magistratura (CNM).
Este documento, remitido por Pablo Sánchez, actual
titular del Ministerio Público, recoge testimonios de colaboradores eficaces
que participan en la investigación fiscal a Rodolfo
Orellana. En ellos se da cuenta de que hubo más de una estrecha
relación entre el controvertido Carlos Ramos Heredia y este presunto cabecilla de una
gigantesca red de lavado de dinero.
Según fuentes de El Comercio, las declaraciones de
los colaboradores señalan que el suspendido fiscal de la Nación, cuando estaba
a cargo de la Fiscalía Suprema de Control Interno, puso su despacho al servicio
de los intereses de Orellana, quien intentaba apartar de su camino a los fiscales
que lo investigaban o denunciaban y que no se sometían a sus intereses
ilícitos.
Orellana necesitaba la influencia y poder que tenía Carlos
Ramos Heredia, pues como jefe de la Fiscalía Suprema de Control
Interno podía sancionar o separar a los fiscales provisionales incómodos de
esta presunta red criminal.
Estos favores, de acuerdo a los colaboradores eficaces
de la fiscalía, se hacían a cambio de cuantiosas sumas de dinero, que estarían
entre los US$10 mil y US$30 mil mensuales. Esta plata, según los testimonios,
era cobrada por César Ramos Torero, hijo del suspendido fiscal, quien iba
personalmente a la oficina del propio Rodolfo Orellana, en la avenida Guardia
Civil, San Isidro.
Varios de estos colaboradores afirman que vieron a
Ramos Torero, entre diciembre del 2013 y marzo del 2014, asistir en más de una
oportunidad a esa oficina, conocida también como el búnker de Orellana, donde
se editaba la revista "Juez justo", creada para difamar a los
detractores de esta red.
El Comercio
Rodolfo
Reyna no es el único personaje vinculado a Javier Velásquez Quesquén que
aparece en la lista de colaboradores de la red de Rodolfo
Orellana.
Además del ex asesor del congresista aprista, a quien
se acusa de haber participado en una estafa, se encuentra Olga Gonzales
Yaurivilca, hija del ex juez supremo Robinson
Gonzales y
recientemente apresada por sus conexiones a Rodolfo Orellana.
Ella registra contratos con el Estado por S/.26.000 en
el 2010, cuando Javier Velásquez Quesquén era la cabeza de la Presidencia del
Consejo de Ministros (PCM).
El trabajo de Olga Gonzales con la PCM que más llama la
atención fue el que realizó el 8 de setiembre del 2010 -cinco días antes de que
Javier Velásquez Quesquén dejara la jefatura de la PCM- cuando firmó una orden,
a la que accedió El Comercio, para "la
elaboración de un informe sobre los avances de los sectores del Poder Ejecutivo
en el cumplimiento del Plan Nacional Anticorrupción y sobre los aportes del
Poder Ejecutivo a la Comisión de Alto Nivel Anticorrupción". El precio:
S/.10.000.
Velásquez ha sido enfático en decir que no
conoce al ex vocal supremo Robinson Gonzales ni a su hija, y ha calificado como
"patraña" las acusaciones. Esto después de que Heriberto Benítez
señalara: "Robinson Gonzales siempre fue muy cercano a los integrantes de
la llamada Célula Judicial Aprista que lideraban el juez superior César Vega
Vega [fallecido] y el actual juez superior Ángel Romero Díaz".