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MEDIA
COLUMNA
Ya
no queda otro camino
Jorge
Morelli
@jorgemorelli1
La falla en la arquitectura de nuestra democracia de baja
gobernabilidad origina una y otra vez el conflicto de poderes.
Este se halla desbalanceado desde el
nacimiento de la República. Se le dio al Congreso un poder mucho mayor que al
Ejecutivo. Así, hasta hoy el Congreso puede vacar la Presidencia sin debido
proceso, censurar ministros e insistir en leyes observadas por el Ejecutivo con
solo la mitad de los votos de la única cámara. Que desde el prime De la politización de la
justicia, hemos pasado a la judicializción de la política. La dictadura del Congreso no pasó inadvertido ni el primer día. José María
de Pando escribió en enero de 1827 que “los pueblos americanos pasaron sin
transición intermediaria del despotismo de la época colonial directamente a la
dictadura del Congreso”.
Es falso, como creen muchos desavisados, que la
democracia mejora con el tiempo por sí misma. Nuestra democracia de baja
gobernabilidad no puede hacerlo. Con el tiempo, el desequilibrio patológico no
hizo sino agravarse. A fines del siglo XX, un mal diagnóstico de la
enfermedad condujo a un falso remedio.
Para resolver el conflicto de poderes
que el desequilibrio genera, se optó por convertir al Tribunal Constitucional en
árbitro del conflicto del poderes entre el Congreso y el Ejecutivo.
Y, creyendo despolitizar la justicia,
se hizo que los jueces y los fiscales supremos se nombraran entre sí sin
intervención alguna del Ejecutivo ni del Legislativo, mediante la Junta
Nacional de Justicia (ex Consejo Nacional de la Magistratura). Esto no existe
en ninguna parte del mundo. Para cerrar la trampa herméticamente en medio de la
trifulca de turno sobre el nombramiento de los miembros del TC, hoy no falta quien
propone que a los miembros del TC los nombre en adelante no ya el Congreso sino
la Junta Nacional de Justicia.
El resultado es lo que vemos hoy. Sobre el Congreso vino a
instalarse la dictadura de los jueces.
Desde que el TC se arrogó la condición de intérprete supremo
de la Constitución por su propia ley orgánica -no hay ningún lugar en la
Constitución que disponga tal cos- hemos reinventado el absolutismo contra el
cual nació la democracia. No en balde la elección de los
miembros del TC –titular del poder absoluto- provoca una crisis política mayor.
Hoy una resolución judicial emite una cautelar ordenando al Congreso “suspender”
la elección del TC argumentando
que la elección generaría incertidumbre jurídica por la eventualidad de que
mañana sea nula. El Congreso vota, no obstante, y acto seguido la Fiscalía abre
investigación a 80 congresistas por desacato.
De
la politización de la justicia, en suma, hemos pasado a la judicialización de
la política. Para corregir esto, sin embargo, no hace falta otra constitución.
Basta rediseñar el equilibrio de poderes. Ahora ya no queda otro camino.
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