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MEDIA COLUMNA
Hablemos claro
Jorge Morelli
@jorgemorelli1
El déficit fiscal llegará a 9.5 o 10 por ciento del
PBI en 2020, estima un banco privado. Y su financiamiento llevará la deuda
pública a un 34 por ciento del PBI.
Ibamos a volver el 2021 al uno por ciento de
déficit que ordena la regla fiscal, y la deuda -que hasta hace poco era de 26
por ciento del PBI- no iba a pasar de 30. Nada de esto sirve ya. Estamos ante
una nueva “normalidad”. El déficit fiscal de Italia, por ejemplo, será de 12
por ciento este año, y el de Estados Unidos de 15 por ciento. Ni el FMI, ni
ninguna clasificadora de riesgo va a reclamar nada ante semejante escenario.
No obstante, ya hemos estirado la pita hasta donde no
da más. En marzo, el gasto aumentó 12 por ciento y el ingreso cayó -19. Y habrá
que gastar todavía más para aplanar la curva del contagio y evitar la quiebra
de las empresas y la pérdida del empleo de sus trabajadores.
Consecuentemente, el gobierno piensa ahora en un nuevo impuesto que,
tomado de un proyecto del Frepap, se aplicaría a los ingresos -no está claro si
de más de un millón de soles anuales o
de diez mil soles mensuales- con una tasa creciente. La decisión, sin
embargo, es del Congreso. Tendrá que delegarle facultades al gobierno, que ya anunció
que las pedirá. Muchos creen que
el nuevo Congreso aprobará el impuesto para “millonarios” por la misma razón
que aprobó la ley que permitiría el retiro del 25 por ciento del fondo de los
pensionistas del Perú: porque el populismo es su divisa y su capacidad para la
demagogia se encuentra intacta.
Hay,
no obstante, otra solución. Depende de los bancos y sus AFP -que manejan el
fondo de los pensionistas del Perú- y de la decisión política del Estado
peruano.
El
fondo de pensiones –el privado y el público- fueron creados para invertir en el
largo plazo. En recursos que se hallan debajo del suelo -mineros y energéticos-
o sobre el suelo –bosques e infraestructura de agua-. No en papeles en las
bolsas globales que no tienen bienes detrás, o en constructoras dudosas, como
el penoso caso de todos conocido.
Pero
han salido a la luz pública 400 mil pequeños mineros agrupados en federaciones en
Arequipa, Puno, Ayacucho, Madre De Dios, Ica, La Libertad, Ancash, Cajamarca y
Huánuco, de quienes dependen más de un millón de empleos directos e indirectos.
El valor de su producción alcanza los 3 mil millones de dólares al año. Han
tomado la decisión de capitalizar sus operaciones.
En reciente
manifiesto señalan: “provenimos de las clases populares del Perú y casi todos
somos o estamos asociados a los que habitan la superficie de los grandes
yacimientos mineros”. “Hemos estudiado el plan propuesto por el doctor Hernando de Soto y
estamos convencidos de que la ley
y convenios y tratados internacionales amparan nuestros derechos y títulos”. Lo
que falta es retirar las trabas que impiden capitalizar, señalan. Eso no
depende solo del Estado peruano, sino de los bancos y sus AFP, para que se pueda
invertir el fondo de pensiones en el largo plazo en el Perú. Si las superficies
son activos sin papeles que puedan transarse en Nueva York, hay que dárselos. De
eso se trata. Los bancos saben cómo hacerlo.
Todo
el secreto de la propuesta de De Soto consiste en consolidar la propiedad de la
superficie sobre los recursos naturales, hoy bajo control de quienes no tienen
los papeles que hacen falta para tener propiedad verdadera. La propuesta ha
sido endosada públicamente por Antauro Humala, cuyo partido se halla hoy en el
Congreso. Y ha sido expuesta hace muy poco por el propio De Soto nada menos que
en el aula magna de la Universidad de Huamanga a invitación de los profesores
huamanguinos y los comuneros de la región. Incluso Ezequiel Atacusi se
pronunció una vez a favor de estas ideas.
Esa
propuesta es el modo en que miles de comuneros, mineros y agricultores del Perú
que tienen las superficies pueden crear capital en base al derecho de propiedad. Es, al mismo tiempo, el modo de
incluir a millones de comuneros en el fondo de los pensionistas del Perú y así romper
el cerco que hoy limita su crecimiento.
“Estamos
sentados sobre reservas mineras probadas que tienen un valor 18 veces mayor que
el Presupuesto del Estado peruano”, dice el manifiesto. “Nosotros
los mineros somos parte importante de la solución”, aseguran. Tienen toda la razón.
El PBI del Perú es de unos 250 mil millones de dólares. El Presupuesto del 2020, de unos 50 mil millones de
dólares. El déficit fiscal del 2020, de 10 por ciento del
PBI, llegaría a unos 25 mil millones de dólares.
Pero el valor de los
recursos naturales bloqueados bajo la tierra solo en el Perú es de un millón de
millones de dólares, cuatro veces el tamaño del PBI. ¿Estamos claros?
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