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MEDIA COLUMNA
La última ofensiva
Jorge Morelli
@jorgemorelli1
jorgemorelli.blogspot.com
Por
fin el Ministerio de Defensa ha aceptado lo que el almirante y congresista
Carlos Tubino viene reclamando incesantemente desde hace cinco años: ponerle fin
a la separación absurda y artificial por la cual las Fuerzas Armadas en el
VRAEM solo están autorizadas a luchar contra el terrorismo y la Policía Nacional
solo contra el narcotráfico.
El ministro de Defensa del pepekausismo ha tenido
el sentido común de reconocer en declaraciones públicas a un medio de
televisión que “no puede ser posible que
nosotros estemos habilitados para luchar contra el terrorismo y no contra el
narcotráfico”.
Consecuentemente,
anuncia que “en breve habría noticias al respecto. En unos 20 días podemos
tener algunos detalles”, precisa.
Habla, asimismo, del planeamiento de una nueva
ofensiva contra el narcoterrorismo en el VRAEM.
Es una decisión política de la mayor envergadura.
Lo mismo que la de poner en ejecución finalmente la
interceptación, aprobada por el Congreso peruano –también a iniciativa del
alimirante Tubino-, de las narcoavionetas que vienen al VRAEM desde Bolivia y
Brasil para transportar la droga al extranjero.
La interceptación, sin embargo, no se lleva a cabo hasta
la fecha. Basicamente, porque los aviones comprados a Corea para realizarla tienen
equipos de fabricación estadounidense y la ley norteamericana vigente prohíbe el
uso de tales equipos en aeronaves para la interceptación.
Se halla pendiente hasta el momento, porlo tanto, la
negociación necesaria para que EEUU acepte modificar su ley de modo que el Perú
pueda ejecutar la suya.
Esa negociación deberá llevarla a cabo el gobierno pepekausista
con la administración norteamericana que resulte de las elecciones del próximo noviembre.
Y esto solamente una vez que la actual situación del
acuerdo del gobierno de Colombia con las FARC se haya resuelto definitivamente.
REPORTE
DE NOTICIAS en Internet
Las
siguientes notas periodísticas de política y economía han sido seleccionadas,
editadas y ordenadas
temáticamente. No se las debe citar como
tomadas directamente de sus fuentes originales, las mismas que se indican sólo
como una forma de reconocer el crédito y agradecer la cortesía.
NARCOTERRORISMO, INTELIGENCIA, FFAA, DDHH,
USO DE LA FUERZA
Lamula.pe
El ministro de
Defensa, Mariano González, declaró a Willax
TV que “no puede ser posible que nosotros (las FFAA) estemos
habilitados para luchar contra el terrorismo y no contra el narcotráfico”.
“Estamos trabajando en ello y en breve creo que va
a haber noticias al respecto -añadió-. En unos 20 días podemos tener algunos
detalles”, dijo.
Sostuvo que los
remanentes de Sendero Luminoso en el VRAEM son aliados de las mafias de
narcotráfico que operan en la zona.
Esto lo dijo al
anunciar una nueva estrategia en el VRAEM con la finalidad de enfrentar la
“alianza
maligna” de los subversivos con el narcotráfico.
“No tienen ningún compromiso
ideológico, ni posición política de cuestionamiento al Estado de derecho [...] Bajo esta premisa, nos
resulta necesario replantear algunas estrategias”, manifestó. González precisó
que realizarán
ajustes en la estrategia con la intención de tener una ofensiva en la zona.
El funcionario
reconoció que uno de los riesgos en esta lucha es la corrupción en las fuerzas
del orden, y parte de la reestructuración será establecer procesos de control. “Se
hará lo posible para evitar que nuestros soldados caigan tentados por la
corrupción”, dijo.
Peru21
El ministro
de Defensa, Mariano González, confirmó que los recursos del Fondo de
Defensa están comprometido hasta el 2022 por las compras del gobierno de Ollanta
Humala.
Indicó
que al Estado no le queda más que honrar sus compromisos.
Reiteró
que la Contraloría realiza exámenes a las compras de la gestión anterior.
Señaló
que se dará mantenimiento a los equipos de las Fuerzas Armadas con “lo poco que
podamos disponer de lo que queda”.
GOBERNABILIDAD,
DEMAGOGIA, AUTORITARISMO, DEMOCRACIA
El
Comercio
“Nosotros
tenemos buenas relaciones con Brasil. Obviamente, estas acusaciones de
corrupción a ciertas empresas de construcción brasileñas son preocupantes y se
tienen que investigar, pero con el gobierno de Brasil llámese Temer o quién sea
presidente tenemos muy buenas relaciones, estoy seguro que voy a tener una
buena conversación con el señor Temer”, dijo desde Nueva York, donde mañana
participará en la Asamblea General de la ONU.
PPK
reiteró que su gobierno no tiene como prioridad la construcción del ferrocarril
interoceánico. “A los chinos les dije que ese proyecto hay que estudiarlo bien
por razones ambientales y porque tiene un alto costo. Es un tren cautivo que va
a llevar la soya a Paita o a Bayóvar, pero no va a tener carga de retorno. Es
un proyecto que hay que discutir, les dije que el tren de cercanías tiene mucha
más prioridad”, subrayó.
El Comercio
Una
diferencia de 0,3 puntos porcentuales es la que existe entre el estimado de
crecimiento del PBI para
el 2017 del MEF y el del BCR,
ahora que se conocen las revisiones más recientes de sus dos documentos de
proyecciones: el Marco Macroeconómico Multianual 2017-2019, revisado a finales
de agosto, y el Reporte de Inflación presentado el viernes pasado,
respectivamente.
La
cartera liderada por Alfredo Thorne espera un alza de la producción nacional de
4,8%, mientras que la autoridad monetaria presidida por Julio Velarde apunta a
un 4,5%.
¿Qué
importancia tienen tres décimas? En dinero, equivalen a poco más de S/2.200
millones. Pero más allá de eso, la pequeña discrepancia muestra tres cosas: un
BCR que baja proyecciones mientras el MEF las sube, diferencias más grandes
escondidas dentro del promedio y dos entidades que nuevamente se muestran más
optimistas que el resto del mercado.
Empecemos
por el último punto: según los sondeos que realiza el BCR, el consenso de
analistas económicos es más cauto que las dos instituciones responsables de la
política económica del país, pues espera un alza de 4,2% y no ha movido esa
expectativa a pesar del aumento en la confianza empresarial y del consumidor
tras la elección del nuevo gobierno.
Entre
el empresariado sí se ha dado un pequeño ajuste de proyecciones hacia arriba,
pero también más cauto que en los jirones Junín y Miró Quesada: el sistema
financiero espera un crecimiento económico de 4,2% y las empresas financieras
estiman un 4,1%; en junio, ambos segmentos esperaban un 4%.
Para
Jorge González Izquierdo, economista de la Universidad del Pacífico, obtener
las tasas de crecimiento que esperan las autoridades requiere una ‘performance’
de la inversión y el consumo superior al que se espera.
Javier
Gutiérrez, asociado senior de Estrategia de Inversión de Credicorp Capital,
sostiene que ello debería basarse, sobre todo, en la dinámica de la demanda
interna, con mayores impulsos de la manufactura no primaria –revirtiendo su
caída del 2016– y de la construcción.
El
segundo elemento para tomar en cuenta es que tres décimas de diferencia en un
promedio pueden esconder diferencias significativas en los componentes de este.
El ejemplo más llamativo es la proyección de crecimiento del sector pesca: una
discrepancia de 27 puntos porcentuales.
“Parte
del 4,8% de crecimiento que espera el MEF se basa en un alza de 50% de la
pesca. Nosotros lo tenemos aproximadamente en 30%”, explica Francisco Grippa,
economista principal de BBVA Research, cuya proyección es más cercana a la del
BCR.
El
MEF espera un crecimiento 0,9 puntos porcentuales mayor que el BCR en el sector
servicios. Suena a poco, pero dado que este rubro representa el 37,1% del PBI,
cada décima cuenta.
Ante
las diferencias entre las proyecciones oficiales y las privadas, importa la
trayectoria de las revisiones de las últimas semanas: el BCR corrige hacia
abajo, el MEF lo hace hacia arriba.
¿Deja
Velarde en ‘posición adelantada’ a Thorne?
El Comercio
El
portavoz de la bancada de Peruanos por el Kambio, Carlos Bruce,
sostuvo hoy que era lógico que el pedido de facultades del gobierno pase por
cuatro o cinco comisiones, pero no por diez.
Carlos Bruce dijo que esperar que la solicitud de
facultades se debata en el pleno, como máximo, el jueves 29 de setiembre.
Sobre
la reducción del Impuesto General a las Ventas (IGV), el ex ministro de
Vivienda afirmó que la oposición debe darle al gobierno de Pedro Pablo
Kuczynski “el beneficio de la duda”.
Correo
El exdirigente aimara Walter
Aduviri Calisaya, enjuiciado en Puno por presuntas responsabilidades en la
violenta gestar del Aimarazo en 2011, fue designado como encargado de la
Subgerencia de Promoción de la Inversión Privada en el Gobierno Regional de
Madre de Dios.
El Comercio
Informalidad peruana
Elmer Cuba
La reducción de la informalidad ha sido
escogida como una de las principales metas del gobierno. Pero la formalidad
tiene varias dimensiones. Dependiendo de qué transacciones se hacen de espaldas
a las normas legales vigentes, se habla de diversos tipos de informalidad.
En ese sentido, existe informalidad
empresarial, tributaria y laboral. A veces los tres tipos coinciden, otras no.
Es decir, existen empresas que no operan bajo la normatividad de su sector.
Otras que sí lo hacen, pero evaden impuestos y tienen trabajadores dependientes
al margen de las leyes laborales.
Cada tipo de informalidad tiene sus propias
causas. La informalidad minera, pesquera, industrial, de construcción y
servicios reflejan las normativas sectoriales, tributarias y laborales. Pero,
sobre todo, reflejan la productividad de las firmas y las personas.
Las metas gubernamentales se han planteado
sobre la formalización laboral. La meta anunciada por el presidente y
refrendada por el jefe del Gabinete es duplicar la misma, de tasas actuales de
30% de la fuerza laboral ocupada hasta un 60% hacia el 2021. El Ministerio de
Economía y Finanzas (MEF), en el pedido de facultades, acaba de reducir la meta
de formalización laboral. Ahora solo sería 40% al 2021. Mucho cambio en tan
pocas semanas.
La informalidad laboral tiene dos partes: la
de empleados dependientes y la de los trabajadores independientes. Los primeros
pueden trabajar tanto en empresas formales como informales. Si se trata de
empresas formales, entramos en el campo de la Sunafil. Si se trata de empresas
informales, entramos en el mundo desconocido. No existen para el Estado. No son
“multables”.
Si hablamos de los independientes informales,
estamos hablando de los que trabajan y no tienen RUC. Taxistas, estibadores de
mercado, recicladores, cobradores de combi, choferes, gasfiteros, obreros de
construcción civil, lavacarros, guardianes. ¿Con solo darles un RUC los vuelven
formales?
Los trabajadores dependientes informales son
cerca del 40% de la fuerza laboral. Casi la mitad de ellos trabaja en empresas
formales y la otra en empresas informales. Sin embargo, la mayoría (el 30%) son
trabajadores independientes. Esperemos que la meta del gobierno para duplicar
la formalización laboral haya tomado en cuenta esas disquisiciones.
La propuesta del gobierno es que con
diferentes esquemas tributarios (Impuesto a la Renta e IGV), las empresas se
formalicen primero y luego paguen sus impuestos y contraten con las leyes
laborales vigentes.
Según diversos estudios, se ha encontrado que
la formalidad está relacionada con la calidad de los servicios públicos, la
capacidad de hacer cumplir las leyes, marcos normativos rígidos, el capital
humano y el tamaño de la población rural y agrícola. Ahora bien, estas
asociaciones estadísticas no implican necesariamente causalidad.
En general, si las empresas y las personas
fuesen más productivas, las leyes menos rígidas y su cumplimiento menos
flexible, habría menos informalidad empresarial y laboral. Ese es el camino
correcto. Es largo, pero es el definitivo. Sobre la calidad de los servicios
públicos es más discutible la causalidad.
Por otro lado, también se puede decir que la
formalidad está muy correlacionada con el PBI per cápita. Pero de ahí no es
útil colegir que entonces con el crecimiento económico desaparecerá la
informalidad. Existen políticas que pueden influir directamente en la
formalidad, mientras que el desarrollo económico hace su trabajo.
Existen otros estudios que vinculan la
formalización con el crecimiento económico. Aquí la causalidad sí entra en
problemas. Ambos fenómenos parecen ir de la mano y, en todo caso, es más
plausible que vayan de crecimiento económico a la formalización y no a la
inversa. Si de pronto relajásemos toda la normatividad vigente que define la
informalidad misma, no ocurriría mucho sobre las firmas y los trabajadores
realmente existentes. En este sentido, parece excesiva la confianza del
gobierno sobre la meta del 5% de crecimiento durante el quinquenio gracias a la
formalización laboral.
El MEF ha publicado también unas estimaciones
acerca de los efectos de la formalización sobre los ingresos fiscales. Hay que
tener cuidado con ese tipo de resultados econométricos. Pueden estar
escondiendo la relación entre países desarrollados e ingresos tributarios. Si se
avanza 10 puntos porcentuales en formalizar a trabajadores de bajos ingresos en
firmas de subsistencia o a trabajadores independientes, es difícil pensar en
incrementos de recaudación del orden de US$2.800 millones y menos de US$6.400
millones, como sugieren esas estimaciones.
En definitiva, que la agenda de formalización
ocupe tan alto lugar entre las prioridades del gobierno entrante es algo que
tenemos que saludar. Está en el discurso de 28 de julio, en el del voto de
confianza del Gabinete de Fernando Zavala y en el Marco Macroeconómico
Multianual del MEF. Podríamos decir que así como el gobierno anterior acuñó la
frase “incluir para crecer”, este se definiría con la frase “formalizar para
crecer”.
Lamentablemente, los primeros instrumentos
anunciados no parecen ser los más poderosos, pero es un buen comienzo, si no
arriesgan los resultados fiscales.
ELECCIONES, PARTIDOS, ENCUESTAS, MEDIOS,
PSICOSOCIALES
El Comercio
La
Comisión de Constitución se alista a debatir esta semana un proyecto de ley
para sancionar a los congresistas que abandonen las bancadas que los llevaron
al Parlamento.
La
iniciativa del fujimorismo, presentada en agosto por Edwin Vergara, plantea que
aquellos legisladores que se aparten del partido por el que fueron elegidos
estén impedidos de crear nuevos grupos parlamentarios y de sumarse a alguno ya
existente. Tampoco podrían presidir comisiones ni asumir cargos en la Mesa
Directiva.
La
propuesta de Fuerza Popular no contempla excepciones a la regla ni por motivos
ideológicos ni por cuestiones éticas.
En
busca de llegar a un consenso, en la comisión se creó un grupo de trabajo
encargado de evaluar la propuesta y, eventualmente, mejorarla. Este lo integran
Miguel Castro (Fuerza Popular), Yonhy Lescano (Acción Popular) y Oracio Pacori
(Frente Amplio).
Castro
ratificó el proyecto de su colega de bancada.
Lescano
y Pacori elaboraron una propuesta alterna: quienes renuncien por razones
justificadas no deben ser sancionados. Así, buscan separar a tránsfugas de
disidentes, trazar una frontera normativa entre justos y pecadores. Concretamente,
Lescano y Pacori plantean que las sanciones propuestas por el fujimorismo son
justificadas en caso de que los parlamentarios renuncien por “motivaciones
económicas u otros beneficios”, pero no “en los casos de manifiesto cambio de
ideología o línea política [del partido]”.
Carlos Bruce propuso que se forme una comisión externa al
Congreso que analice en qué casos las renuncias a una bancada son por un tema
de consciencia y en qué casos no.
“Si
van por ese camino, esta ley contaría con el respaldo de Peruanos por el
Kambio”, subrayó.
El Comercio
El
congresista Javier
Velásquez Quesquén, vocero de la Célula Parlamentaria Aprista, anunció
que el Apra no aceptará el dinero proveniente del
financiamiento público directo porque cuenta con otras fuentes para conseguir
ingresos.
Según
cita la agencia Andina, Velásquez dijo que el Partido Aprista se financia de
forma transparente con los aportes de sus miles de militantes, así como por los
diversos servicios que presta en su local principal, como la ‘Botica del
Pueblo’ o el ‘Policlínico del Pueblo’.
“No
vamos a recibir ni un centavo de los recursos públicos porque así lo hemos
acordado, además es facultativo”, remarcó el legislador.
La
Oficina Nacional de Procesos Electorales solicitó un presupuesto adicional para
cumplir con la Ley de Financiamiento Público a los partidos y repartir casi
S/15 millones entre los partidos y alianzas políticas que llegaron al
Parlamento.
El Comercio
Nuevas circunscripciones (2)
Carlos Meléndez
El problema fundamental de la representación
política en el Perú no se resuelve con dictaminar bicameralidad o
unicameralidad. Una de las raíces de la crisis de representación se encuentra
en su base territorial, el primer paso para la conversión de votos en escaños.
No necesitamos más congresistas, sino más distritos electorales –y más
pequeños, obviamente– que guarden relación con las dinámicas económicas y
sociales del país. Una reforma institucional revolucionaria debe redibujar el
mapa con nuevas circunscripciones electorales, distinguiéndose de la división
política. Cualquier otra reforma solo hará cosquillas.
Propongo crear distritos electorales
alrededor de los clústeres económicos existentes. Ello implica identificar
microdistritos y macrodistritos electorales. Los primeros se constituyen sobre
ejes económicos al interior de los actuales departamentos o ejes que cruzan las
divisiones políticas uniendo provincias de departamentos distintos. Por
ejemplo, en Áncash se pueden identificar tres microdistritos conformados por
las provincias costeñas (Santa, Casma, Huarmey), las provincias del Callejón de
Huaylas y las restantes provincias orientales de Áncash y Huacaybamba (Huánuco)
conectadas en la práctica. Así, los cinco escaños asignados a los ancashinos se
distribuirían proporcionalmente con el tamaño de la población de estos tres
circuitos: dos, dos y uno, respectivamente.
Como se sabe, los distritos electorales
pequeños (binominales y uninominales) abonan a la reducción de partidos sin
afectar la territorialización de la representación. Se evitarían
tergiversaciones –agudizadas por la valla– como la sucedida en Cajamarca, donde
los votos fujimoristas en la provincia capital y en Contumazá (dos provincias
que forman un microdistrito electoral natural) terminaron asumiendo la
representación del resto del departamento –que votó mayoritariamente por
Democracia Directa–, dejando a estos sin escaños.
Para que la lógica de los microdistritos no
fragmente más el país, necesitamos asimismo macrodistritos que expresen
circuitos sociales macrorregionales. Paralelamente, se deben identificar
jurisdicciones electorales sobre ejes económicos transregionales como, por
ejemplo, la dinámica nororiental (Lambayeque, Cajamarca, Amazonas y San
Martín), la del trapecio andino (Ayacucho, provincias de Apurímac y de
Huancavelica) y la altiplánica (Puno, provincias altas de Tacna y Moquegua).
Estas unidades macrodistritales podrían elegir a dos o tres representantes,
según el tamaño de la población. La suma de congresistas no debería ser mucho
más de 130.
La virtud de este esquema es que no reemplaza
a la actual división política (gobernadores y alcaldes provinciales seguirían
eligiéndose por los límites actuales). Más bien, acerca el Congreso a la
ciudadanía (se funda en la dinámica cotidiana de la gente) y hace irrelevante
la dicotomía de una o dos cámaras. Congresistas de micro y macrodistritos
podrían convivir sin problema en un solo hemiciclo; respondiendo a orígenes de
representación distintos pero complementarios, enriquecerán el debate.
Para identificar rigurosamente los clústeres
estructurantes, necesitamos que un trabajo interdisciplinario (economistas,
demógrafos y antropólogos) anteceda a la mano del ‘reformólogo’, para asegurar
mayor correspondencia entre la propuesta y la evidencia empírica. Así también
acercamos al ‘reformólogo’ a la realidad, siendo posible superar credos
espurios –bicameralidad– que solo ahondan el rechazo a la política.
ANTICORRUPCION, PERSECUCION,
JUDICIALIZACION POLITICA
Expreso
En sus
trece. El polémico proyecto del Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) que
contempla ampliar sus facultades para el control disciplinario de jueces y
fiscales sigue dando que hablar, y las posiciones de las instituciones
involucradas parecen que se mantendrán por mucho tiempo.
EXPRESO conversó con el juez supremo César San
Martín, en representación del Poder Judicial, y con el presidente del CNM,
Guido Águila, quienes explicaron sus posiciones en contra y a favor de esta
iniciativa, que representaría – en opinión de los entendidos– un cambio
sustancial en el sistema judicial peruano.
Para
César San Martín, también expresidente de la Corte Suprema de Justicia, el
dejar el tema disciplinario de los magistrados en manos del CNM es peligroso,
pues se pondría en juego la independencia de los jueces.
“Como
miembro del Poder Judicial, quiero expresar mi total desacuerdo con esta
propuesta de extender las potestades íntegramente, sobre todo lo disciplinario.
Considero que entregar todo el ámbito disciplinario al CNM va a afectar el
gobierno judicial y fundamentalmente a la independencia de los jueces”,
refirió.
Y es
que San Martín sostiene que primero el CNM debe buscar solución a sus problemas
internos, que incluye la falta de probidad de sus integrantes, quienes –en su
opinión– no están capacitados para dirimir sobre aspectos disciplinarios en los
magistrados del PJ y el Ministerio Público.
“Creemos
que primero tiene que consolidarse la estructura institucional del CNM, ver
cuáles y cómo deben ser designados sus integrantes y de qué sectores deben
provenir. Tener criterios que incidan en la transparencia, la probidad y la
capacidad, como de los mecanismos para arbitrar procesos disciplinarios mucho
más transparentes, efectivos y céleres; cosa que tampoco se cumplen”, refiere.
Guido
Águila Grados, presidente del CNM, también habló con EXPRESO e insistió en que
si dicho organismo tuviese el control disciplinario total del Poder Judicial y
el Ministerio Público, “sería innecesario hacer las ratificaciones de jueces y
fiscales cada siete años (como se estila ahora), porque el control funcional de
estos sería permanente”.
El
abogado prefirió ser muy puntual respecto a este tema que ha provocado
posiciones diversas en algunos sectores, “porque la finalidad de nuestro
proyecto no es otro que lograr una mejor justicia (en el país)”.
Las
declaraciones del titular del CNM partieron de una interrogante bastante
elocuente, basado en que si dicho organismo tiene la potestad de aplicar
sanciones mayores como la destitución (la más grave) a jueces y fiscales
supremos, por qué no ejecutar las de menor rango (apercibimientos, multas,
etc.) a magistrados de otras instancias.
Águila
calificó como una incoherencia el hecho de que el CNM no tenga la potestad de
dictar las sanciones menores, por lo que consideró importante presentar una
propuesta para reformar la Constitución política, y buscar el consenso de todos
los sectores inmersos en el tema.
Nuevamente
César San Martín hizo hincapié en una situación que traería problemas en caso
se dé luz verde al proyecto que impulsa Guido Águila en el Parlamento. A su
entender, la autonomía de un poder del Estado como el Judicial se pone en
riesgo si se permite la participación de un órgano externo, en este caso el
CNM.
“Siempre
se dice que el espíritu de cuerpo es un obstáculo fundamental para una labor
disciplinaria, pero cuando uno está hablando del poder del Estado o cuando se
quiere garantizar la independencia judicial, entonces, lo que no es posible es
admitir la intervención de órganos externos a la magistratura. Ese es el
peligro que hay que combatir. Por eso es que somos nosotros fieles defensores
de la autonomía del Poder Judicial y de la independencia de los jueces. Decir
que ‘otorongo no como otorongo’ tiene pues un resabio de crítica global
indiscriminada que al final no ayuda”, opinó.
Yendo
más allá, el extitular de la Corte Suprema advirtió que una propuesta como la
del CNM además significaría un mayor presupuesto, además de mayor burocracia,
lo que de ninguna manera conviene al país.
“Presupuestalmente
esto va a exigir que la burocracia del CNM crezca en tres a cuatro veces,
porque tendrían que instituirse organizaciones con locales descentralizados en
todo el país. Además, la idea de que van a reducir los plazos no se ajusta a la
verdad”, puntualizó.
Respecto
a la excesiva burocracia que el proyecto traería, como lo advierte San Martín,
Guido Águila puntualizó que otro de los planes del CNM es contar en las 33
cortes superiores de justicia del país con igual número de oficinas
representativas de dicha institución, para tener directamente el control
disciplinario en cada una de ellas, lo cual no acarreará un mayor presupuesto
porque se podría utilizar –para esos efectos– el que utilizan las oficinas
desconcentradas de control de la magistratura, en las cortes de justicia del
interior.
Recordó
haber propuesto el fortalecimiento en la elección de los integrantes del CNM,
mediante el voto universal (horizontal y verticalmente) de todo ellos,
procedimiento que se aplica solo cuando los abogados eligen a su representante
ante el máximo organismo para nombrar, ratificar y destituir jueces y fiscales
del país.
Asimismo
ratificó que se buscará que quienes sean elegidos como consejeros del CNM sean
personas intachables e idóneas, porque tendrán la responsabilidad de elegir a
jueces y fiscales, motivo por el cual deberán ostentar el grado de doctor y una
hoja de vida sin sanciones. “Esto es una propuesta (nada más), que podrá ser
corregida o mejorada (en su momento)”, remarcó.
El
Consejo Nacional de la Magistratura presentó días atrás a la Comisión de
Constitución del Congreso un proyecto de reforma constitucional que busca
ampliar sus facultades para ejercer mayor control disciplinario sobre jueces y
fiscales, iniciativa que tuvo el inmediato rechazo del Poder Judicial y el
Ministerio Público. El Parlamento tiene la última palabra.
