ESTA NOCHE lunes 19 setiembre 2016

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MEDIA COLUMNA

La última ofensiva

                           

Jorge Morelli

@jorgemorelli1

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Por fin el Ministerio de Defensa ha aceptado lo que el almirante y congresista Carlos Tubino viene reclamando incesantemente desde hace cinco años: ponerle fin a la separación absurda y artificial por la cual las Fuerzas Armadas en el VRAEM solo están autorizadas a luchar contra el terrorismo y la Policía Nacional solo contra el narcotráfico.

El ministro de Defensa del pepekausismo ha tenido el sentido común de reconocer en declaraciones públicas a un medio de televisión que “no puede ser posible que nosotros estemos habilitados para luchar contra el terrorismo y no contra el narcotráfico”.

Consecuentemente, anuncia que “en breve habría noticias al respecto. En unos 20 días podemos tener algunos detalles”, precisa.

Habla, asimismo, del planeamiento de una nueva ofensiva contra el narcoterrorismo en el VRAEM.

Es una decisión política de la mayor envergadura.

Lo mismo que la de poner en ejecución finalmente la interceptación, aprobada por el Congreso peruano –también a iniciativa del alimirante Tubino-, de las narcoavionetas que vienen al VRAEM desde Bolivia y Brasil para transportar la droga al extranjero.

La interceptación, sin embargo, no se lleva a cabo hasta la fecha. Basicamente, porque los aviones comprados a Corea para realizarla tienen equipos de fabricación estadounidense y la ley norteamericana vigente prohíbe el uso de tales equipos en aeronaves para la interceptación.

Se halla pendiente hasta el momento, porlo tanto, la negociación necesaria para que EEUU acepte modificar su ley de modo que el Perú pueda ejecutar la suya.

Esa negociación deberá llevarla a cabo el gobierno pepekausista con la administración norteamericana que resulte de las elecciones del próximo noviembre. 

Y esto solamente una vez que la actual situación del acuerdo del gobierno de Colombia con las FARC se haya resuelto definitivamente.     

REPORTE DE NOTICIAS en Internet

 Las siguientes notas periodísticas de política y economía han sido seleccionadas, editadas y ordenadas

temáticamente. No se las debe citar como tomadas directamente de sus fuentes originales, las mismas que se indican sólo como una forma de reconocer el crédito y agradecer la cortesía.

NARCOTERRORISMO, INTELIGENCIA, FFAA, DDHH, USO DE LA FUERZA

Lamula.pe

El ministro de Defensa, Mariano González, declaró a Willax TV que “no puede ser posible que nosotros (las FFAA) estemos habilitados para luchar contra el terrorismo y no contra el narcotráfico”.

“Estamos trabajando en ello y en breve creo que va a haber noticias al respecto -añadió-. En unos 20 días podemos tener algunos detalles”, dijo.

Sostuvo que los remanentes de Sendero Luminoso en el VRAEM son aliados de las mafias de narcotráfico que operan en la zona.

Esto lo dijo al anunciar una nueva estrategia en el VRAEM con la finalidad de enfrentar la “alianza maligna” de los subversivos con el narcotráfico.

“No tienen ningún compromiso ideológico, ni posición política de cuestionamiento al Estado de derecho [...] Bajo esta premisa, nos resulta necesario replantear algunas estrategias”, manifestó. González precisó que realizarán ajustes en la estrategia con la intención de tener una ofensiva en la zona.

El funcionario reconoció que uno de los riesgos en esta lucha es la corrupción en las fuerzas del orden, y parte de la reestructuración será establecer procesos de control. “Se hará lo posible para evitar que nuestros soldados caigan tentados por la corrupción”, dijo.

Peru21

El ministro de Defensa, Mariano González, confirmó que los recursos del Fondo de Defensa están comprometido hasta el 2022 por las compras del gobierno de Ollanta Humala.

Indicó que al Estado no le queda más que honrar sus compromisos.

Reiteró que la Contraloría realiza exámenes a las compras de la gestión anterior.

Señaló que se dará mantenimiento a los equipos de las Fuerzas Armadas con “lo poco que podamos disponer de lo que queda”.

GOBERNABILIDAD, DEMAGOGIA, AUTORITARISMO, DEMOCRACIA

El Comercio

“Nosotros tenemos buenas relaciones con Brasil. Obviamente, estas acusaciones de corrupción a ciertas empresas de construcción brasileñas son preocupantes y se tienen que investigar, pero con el gobierno de Brasil llámese Temer o quién sea presidente tenemos muy buenas relaciones, estoy seguro que voy a tener una buena conversación con el señor Temer”, dijo desde Nueva York, donde mañana participará en la Asamblea General de la ONU.

PPK reiteró que su gobierno no tiene como prioridad la construcción del ferrocarril interoceánico. “A los chinos les dije que ese proyecto hay que estudiarlo bien por razones ambientales y porque tiene un alto costo. Es un tren cautivo que va a llevar la soya a Paita o a Bayóvar, pero no va a tener carga de retorno. Es un proyecto que hay que discutir, les dije que el tren de cercanías tiene mucha más prioridad”, subrayó.

El Comercio

Una diferencia de 0,3 puntos porcentuales es la que existe entre el estimado de crecimiento del PBI para el 2017 del MEF y el del BCR, ahora que se conocen las revisiones más recientes de sus dos documentos de proyecciones: el Marco Macroeconómico Multianual 2017-2019, revisado a finales de agosto, y el Reporte de Inflación presentado el viernes pasado, respectivamente.

La cartera liderada por Alfredo Thorne espera un alza de la producción nacional de 4,8%, mientras que la autoridad monetaria presidida por Julio Velarde apunta a un 4,5%.

¿Qué importancia tienen tres décimas? En dinero, equivalen a poco más de S/2.200 millones. Pero más allá de eso, la pequeña discrepancia muestra tres cosas: un BCR que baja proyecciones mientras el MEF las sube, diferencias más grandes escondidas dentro del promedio y dos entidades que nuevamente se muestran más optimistas que el resto del mercado.

Empecemos por el último punto: según los sondeos que realiza el BCR, el consenso de analistas económicos es más cauto que las dos instituciones responsables de la política económica del país, pues espera un alza de 4,2% y no ha movido esa expectativa a pesar del aumento en la confianza empresarial y del consumidor tras la elección del nuevo gobierno.

Entre el empresariado sí se ha dado un pequeño ajuste de proyecciones hacia arriba, pero también más cauto que en los jirones Junín y Miró Quesada: el sistema financiero espera un crecimiento económico de 4,2% y las empresas financieras estiman un 4,1%; en junio, ambos segmentos esperaban un 4%.

Para Jorge González Izquierdo, economista de la Universidad del Pacífico, obtener las tasas de crecimiento que esperan las autoridades requiere una ‘performance’ de la inversión y el consumo superior al que se espera.

Javier Gutiérrez, asociado senior de Estrategia de Inversión de Credicorp Capital, sostiene que ello debería basarse, sobre todo, en la dinámica de la demanda interna, con mayores impulsos de la manufactura no primaria –revirtiendo su caída del 2016– y de la construcción.

El segundo elemento para tomar en cuenta es que tres décimas de diferencia en un promedio pueden esconder diferencias significativas en los componentes de este. El ejemplo más llamativo es la proyección de crecimiento del sector pesca: una discrepancia de 27 puntos porcentuales.

“Parte del 4,8% de crecimiento que espera el MEF se basa en un alza de 50% de la pesca. Nosotros lo tenemos aproximadamente en 30%”, explica Francisco Grippa, economista principal de BBVA Research, cuya proyección es más cercana a la del BCR.

El MEF espera un crecimiento 0,9 puntos porcentuales mayor que el BCR en el sector servicios. Suena a poco, pero dado que este rubro representa el 37,1% del PBI, cada décima cuenta.

Ante las diferencias entre las proyecciones oficiales y las privadas, importa la trayectoria de las revisiones de las últimas semanas: el BCR corrige hacia abajo, el MEF lo hace hacia arriba.

¿Deja Velarde en ‘posición adelantada’ a Thorne?

El Comercio

El portavoz de la bancada de Peruanos por el Kambio, Carlos Bruce, sostuvo hoy que era lógico que el pedido de facultades del gobierno pase por cuatro o cinco comisiones, pero no por diez.

Carlos Bruce dijo que esperar que la solicitud de facultades se debata en el pleno, como máximo, el jueves 29 de setiembre.

Sobre la reducción del Impuesto General a las Ventas (IGV), el ex ministro de Vivienda afirmó que la oposición debe darle al gobierno de Pedro Pablo Kuczynski “el beneficio de la duda”.

Correo

El exdirigente aimara Walter Aduviri Calisaya, enjuiciado en Puno por presuntas responsabilidades en la violenta gestar del Aimarazo en 2011, fue designado como encargado de la Subgerencia de Promoción de la Inversión Privada en el Gobierno Regional de Madre de Dios.

El Comercio

Informalidad peruana

Elmer Cuba

La reducción de la informalidad ha sido escogida como una de las principales metas del gobierno. Pero la formalidad tiene varias dimensiones. Dependiendo de qué transacciones se hacen de espaldas a las normas legales vigentes, se habla de diversos tipos de informalidad.

En ese sentido, existe informalidad empresarial, tributaria y laboral. A veces los tres tipos coinciden, otras no. Es decir, existen empresas que no operan bajo la normatividad de su sector. Otras que sí lo hacen, pero evaden impuestos y tienen trabajadores dependientes al margen de las leyes laborales.

Cada tipo de informalidad tiene sus propias causas. La informalidad minera, pesquera, industrial, de construcción y servicios reflejan las normativas sectoriales, tributarias y laborales. Pero, sobre todo, reflejan la productividad de las firmas y las personas.

Las metas gubernamentales se han planteado sobre la formalización laboral. La meta anunciada  por el presidente y refrendada por el jefe del Gabinete es duplicar la misma, de tasas actuales de 30% de la fuerza laboral ocupada hasta un 60% hacia el 2021. El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), en el pedido de facultades, acaba de reducir la meta de formalización laboral. Ahora solo sería 40% al 2021. Mucho cambio en tan pocas semanas.

La informalidad laboral tiene dos partes: la de empleados dependientes y la de los trabajadores independientes. Los primeros pueden trabajar tanto en empresas formales como informales. Si se trata de empresas formales, entramos en el campo de la Sunafil. Si se trata de empresas informales, entramos en el mundo desconocido. No existen para el Estado. No son “multables”.

Si hablamos de los independientes informales, estamos hablando de los que trabajan y no tienen RUC. Taxistas, estibadores de mercado, recicladores, cobradores de combi, choferes, gasfiteros, obreros de construcción civil, lavacarros, guardianes. ¿Con solo darles un RUC los vuelven formales?

Los trabajadores dependientes informales son cerca del 40% de la fuerza laboral. Casi la mitad de ellos trabaja en empresas formales y la otra en empresas informales. Sin embargo, la mayoría (el 30%) son trabajadores independientes. Esperemos que la meta del gobierno para duplicar la formalización laboral haya tomado en cuenta esas disquisiciones.

La propuesta del gobierno es que con diferentes esquemas tributarios (Impuesto a la Renta e IGV), las empresas se formalicen primero y luego paguen sus impuestos y contraten con las leyes laborales vigentes.

Según diversos estudios, se ha encontrado que la formalidad está relacionada con la calidad de los servicios públicos, la capacidad de hacer cumplir las leyes, marcos normativos rígidos, el capital humano y el tamaño de la población rural y agrícola. Ahora bien, estas asociaciones estadísticas no implican necesariamente causalidad.

En general, si las empresas y las personas fuesen más productivas, las leyes menos rígidas y su cumplimiento menos flexible, habría menos informalidad empresarial y laboral. Ese es el camino correcto. Es largo, pero es el definitivo. Sobre la calidad de los servicios públicos es más discutible la causalidad.

Por otro lado, también se puede decir que la formalidad está muy correlacionada con el PBI per cápita. Pero de ahí no es útil colegir que entonces con el crecimiento económico desaparecerá la informalidad. Existen políticas que pueden influir directamente en la formalidad, mientras que el desarrollo económico hace su trabajo.

Existen otros estudios que vinculan la formalización con el crecimiento económico. Aquí la causalidad sí entra en problemas. Ambos fenómenos parecen ir de la mano y, en todo caso, es más plausible que vayan de crecimiento económico a la formalización y no a la inversa. Si de pronto relajásemos toda la normatividad vigente que define la informalidad misma, no ocurriría mucho sobre las firmas y los trabajadores realmente existentes. En este sentido, parece excesiva la confianza del gobierno sobre la meta del 5% de crecimiento durante el quinquenio gracias a la formalización laboral.

El MEF ha publicado también unas estimaciones acerca de los efectos de la formalización sobre los ingresos fiscales. Hay que tener cuidado con ese tipo de resultados econométricos. Pueden estar escondiendo la relación entre países desarrollados e ingresos tributarios. Si se avanza 10 puntos porcentuales en formalizar a trabajadores de bajos ingresos en firmas de subsistencia o a trabajadores independientes, es difícil pensar en incrementos de recaudación del orden de US$2.800 millones y menos de US$6.400 millones, como sugieren esas estimaciones.

En definitiva, que la agenda de formalización ocupe tan alto lugar entre las prioridades del gobierno entrante es algo que tenemos que saludar. Está en el discurso de 28 de julio, en el del voto de confianza del Gabinete de Fernando Zavala y en el Marco Macroeconómico Multianual del MEF. Podríamos decir que así como el gobierno anterior acuñó la frase “incluir para crecer”, este se definiría con la frase “formalizar para crecer”.

Lamentablemente, los primeros instrumentos anunciados no parecen ser los más poderosos, pero es un buen comienzo, si no arriesgan los resultados fiscales.

ELECCIONES, PARTIDOS, ENCUESTAS, MEDIOS, PSICOSOCIALES

El Comercio

La Comisión de Constitución se alista a debatir esta semana un proyecto de ley para sancionar a los congresistas que abandonen las bancadas que los llevaron al Parlamento.

La iniciativa del fujimorismo, presentada en agosto por Edwin Vergara, plantea que aquellos legisladores que se aparten del partido por el que fueron elegidos estén impedidos de crear nuevos grupos parlamentarios y de sumarse a alguno ya existente. Tampoco podrían presidir comisiones ni asumir cargos en la Mesa Directiva.

La propuesta de Fuerza Popular no contempla excepciones a la regla ni por motivos ideológicos ni por cuestiones éticas.

En busca de llegar a un consenso, en la comisión se creó un grupo de trabajo encargado de evaluar la propuesta y, eventualmente, mejorarla. Este lo integran Miguel Castro (Fuerza Popular), Yonhy Lescano (Acción Popular) y Oracio Pacori (Frente Amplio).

Castro ratificó el proyecto de su colega de bancada.

Lescano y Pacori elaboraron una propuesta alterna: quienes renuncien por razones justificadas no deben ser sancionados. Así, buscan separar a tránsfugas de disidentes, trazar una frontera normativa entre justos y pecadores. Concretamente, Lescano y Pacori plantean que las sanciones propuestas por el fujimorismo son justificadas en caso de que los parlamentarios renuncien por “motivaciones económicas u otros beneficios”, pero no “en los casos de manifiesto cambio de ideología o línea política [del partido]”.

Carlos Bruce propuso que se forme una comisión externa al Congreso que analice en qué casos las renuncias a una bancada son por un tema de consciencia y en qué casos no.

“Si van por ese camino, esta ley contaría con el respaldo de Peruanos por el Kambio”, subrayó.

El Comercio

El congresista Javier Velásquez Quesquén, vocero de la Célula Parlamentaria Aprista, anunció que el Apra no aceptará el dinero proveniente del financiamiento público directo porque cuenta con otras fuentes para conseguir ingresos.

Según cita la agencia Andina, Velásquez dijo que el Partido Aprista se financia de forma transparente con los aportes de sus miles de militantes, así como por los diversos servicios que presta en su local principal, como la ‘Botica del Pueblo’ o el ‘Policlínico del Pueblo’.

“No vamos a recibir ni un centavo de los recursos públicos porque así lo hemos acordado, además es facultativo”, remarcó el legislador.

La Oficina Nacional de Procesos Electorales solicitó un presupuesto adicional para cumplir con la Ley de Financiamiento Público a los partidos y repartir casi S/15 millones entre los partidos y alianzas políticas que llegaron al Parlamento.

El Comercio

Nuevas circunscripciones (2)

Carlos Meléndez

El problema fundamental de la representación política en el Perú no se resuelve con dictaminar bicameralidad o unicameralidad. Una de las raíces de la crisis de representación se encuentra en su base territorial, el primer paso para la conversión de votos en escaños. No necesitamos más congresistas, sino más distritos electorales –y más pequeños, obviamente– que guarden relación con las dinámicas económicas y sociales del país. Una reforma institucional revolucionaria debe redibujar el mapa con nuevas circunscripciones electorales, distinguiéndose de la división política. Cualquier otra reforma solo hará cosquillas.

Propongo crear distritos electorales alrededor de los clústeres económicos existentes. Ello implica identificar microdistritos y macrodistritos electorales. Los primeros se constituyen sobre ejes económicos al interior de los actuales departamentos o ejes que cruzan las divisiones políticas uniendo provincias de departamentos distintos. Por ejemplo, en Áncash se pueden identificar tres microdistritos conformados por las provincias costeñas (Santa, Casma, Huarmey), las provincias del Callejón de Huaylas y las restantes provincias orientales de Áncash y Huacaybamba (Huánuco) conectadas en la práctica. Así, los cinco escaños asignados a los ancashinos se distribuirían proporcionalmente con el tamaño de la población de estos tres circuitos: dos, dos y uno, respectivamente.

Como se sabe, los distritos electorales pequeños (binominales y uninominales) abonan a la reducción de partidos sin afectar la territorialización de la representación. Se evitarían tergiversaciones –agudizadas por la valla– como la sucedida en Cajamarca, donde los votos fujimoristas en la provincia capital y en Contumazá (dos provincias que forman un microdistrito electoral natural) terminaron asumiendo la representación del resto del departamento –que votó mayoritariamente por Democracia Directa–, dejando a estos sin escaños.

Para que la lógica de los microdistritos no fragmente más el país, necesitamos asimismo macrodistritos que expresen circuitos sociales macrorregionales. Paralelamente, se deben identificar jurisdicciones electorales sobre ejes económicos transregionales como, por ejemplo, la dinámica nororiental (Lambayeque, Cajamarca, Amazonas y San Martín), la del trapecio andino (Ayacucho, provincias de Apurímac y de Huancavelica) y la altiplánica (Puno, provincias altas de Tacna y Moquegua). Estas unidades macrodistritales podrían elegir a dos o tres representantes, según el tamaño de la población. La suma de congresistas no debería ser mucho más de 130.

La virtud de este esquema es que no reemplaza a la actual división política (gobernadores y alcaldes provinciales seguirían eligiéndose por los límites actuales). Más bien, acerca el Congreso a la ciudadanía (se funda en la dinámica cotidiana de la gente) y hace irrelevante la dicotomía de una o dos cámaras. Congresistas de micro y macrodistritos podrían convivir sin problema en un solo hemiciclo; respondiendo a orígenes de representación distintos pero complementarios, enriquecerán el debate.

Para identificar rigurosamente los clústeres estructurantes, necesitamos que un trabajo interdisciplinario (economistas, demógrafos y antropólogos) anteceda a la mano del ‘reformólogo’, para asegurar mayor correspondencia entre la propuesta y la evidencia empírica. Así también acercamos al ‘reformólogo’ a la realidad, siendo posible superar credos espurios –bicameralidad– que solo ahondan el rechazo a la política.

ANTICORRUPCION, PERSECUCION, JUDICIALIZACION POLITICA

Expreso

En sus trece. El polémico proyecto del Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) que contempla ampliar sus facultades para el control disciplinario de jueces y fiscales sigue dando que hablar, y las posiciones de las instituciones involucradas parecen que se mantendrán por mucho tiempo.

EXPRESO conversó con el juez supremo César San Martín, en representación del Poder Judicial, y con el presidente del CNM, Guido Águila, quienes explicaron sus posiciones en contra y a favor de esta iniciativa, que representaría – en opinión de los entendidos– un cambio sustancial en el sistema judicial peruano.

Para César San Martín, también expresidente de la Corte Suprema de Justicia, el dejar el tema disciplinario de los magistrados en manos del CNM es peligroso, pues se pondría en juego la independencia de los jueces.

“Como miembro del Poder Judicial, quiero expresar mi total desacuerdo con esta propuesta de extender las potestades íntegramente, sobre todo lo disciplinario. Considero que entregar todo el ámbito disciplinario al CNM va a afectar el gobierno judicial y fundamentalmente a la independencia de los jueces”, refirió.

Y es que San Martín sostiene que primero el CNM debe buscar solución a sus problemas internos, que incluye la falta de probidad de sus integrantes, quienes –en su opinión– no están capacitados para dirimir sobre aspectos disciplinarios en los magistrados del PJ y el Ministerio Público.

“Creemos que primero tiene que consolidarse la estructura institucional del CNM, ver cuáles y cómo deben ser designados sus integrantes y de qué sectores deben provenir. Tener criterios que incidan en la transparencia, la probidad y la capacidad, como de los mecanismos para arbitrar procesos disciplinarios mucho más transparentes, efectivos y céleres; cosa que tampoco se cumplen”, refiere.

Guido Águila Grados, presidente del CNM, también habló con EXPRESO e insistió en que si dicho organismo tuviese el control disciplinario total del Poder Judicial y el Ministerio Público, “sería innecesario hacer las ratificaciones de jueces y fiscales cada siete años (como se estila ahora), porque el control funcional de estos sería permanente”.

El abogado prefirió ser muy puntual respecto a este tema que ha provocado posiciones diversas en algunos sectores, “porque la finalidad de nuestro proyecto no es otro que lograr una mejor justicia (en el país)”.

Las declaraciones del titular del CNM partieron de una interrogante bastante elocuente, basado en que si dicho organismo tiene la potestad de aplicar sanciones mayores como la destitución (la más grave) a jueces y fiscales supremos, por qué no ejecutar las de menor rango (apercibimientos, multas, etc.) a magistrados de otras instancias.

Águila calificó como una incoherencia el hecho de que el CNM no tenga la potestad de dictar las sanciones menores, por lo que consideró importante presentar una propuesta para reformar la Constitución política, y buscar el consenso de todos los sectores inmersos en el tema.

Nuevamente César San Martín hizo hincapié en una situación que traería problemas en caso se dé luz verde al proyecto que impulsa Guido Águila en el Parlamento. A su entender, la autonomía de un poder del Estado como el Judicial se pone en riesgo si se permite la participación de un órgano externo, en este caso el CNM.

“Siempre se dice que el espíritu de cuerpo es un obstáculo fundamental para una labor disciplinaria, pero cuando uno está hablando del poder del Estado o cuando se quiere garantizar la independencia judicial, entonces, lo que no es posible es admitir la intervención de órganos externos a la magistratura. Ese es el peligro que hay que combatir. Por eso es que somos nosotros fieles defensores de la autonomía del Poder Judicial y de la independencia de los jueces. Decir que ‘otorongo no como otorongo’ tiene pues un resabio de crítica global indiscriminada que al final no ayuda”, opinó.

Yendo más allá, el extitular de la Corte Suprema advirtió que una propuesta como la del CNM además significaría un mayor presupuesto, además de mayor burocracia, lo que de ninguna manera conviene al país.

“Presupuestalmente esto va a exigir que la burocracia del CNM crezca en tres a cuatro veces, porque tendrían que instituirse organizaciones con locales descentralizados en todo el país. Además, la idea de que van a reducir los plazos no se ajusta a la verdad”, puntualizó.

Respecto a la excesiva burocracia que el proyecto traería, como lo advierte San Martín, Guido Águila puntualizó que otro de los planes del CNM es contar en las 33 cortes superiores de justicia del país con igual número de oficinas representativas de dicha institución, para tener directamente el control disciplinario en cada una de ellas, lo cual no acarreará un mayor presupuesto porque se podría utilizar –para esos efectos– el que utilizan las oficinas desconcentradas de control de la magistratura, en las cortes de justicia del interior.

Recordó haber propuesto el fortalecimiento en la elección de los integrantes del CNM, mediante el voto universal (horizontal y verticalmente) de todo ellos, procedimiento que se aplica solo cuando los abogados eligen a su representante ante el máximo organismo para nombrar, ratificar y destituir jueces y fiscales del país.

Asimismo ratificó que se buscará que quienes sean elegidos como consejeros del CNM sean personas intachables e idóneas, porque tendrán la responsabilidad de elegir a jueces y fiscales, motivo por el cual deberán ostentar el grado de doctor y una hoja de vida sin sanciones. “Esto es una propuesta (nada más), que podrá ser corregida o mejorada (en su momento)”, remarcó.

El Consejo Nacional de la Magistratura presentó días atrás a la Comisión de Constitución del Congreso un proyecto de reforma constitucional que busca ampliar sus facultades para ejercer mayor control disciplinario sobre jueces y fiscales, iniciativa que tuvo el inmediato rechazo del Poder Judicial y el Ministerio Público. El Parlamento tiene la última palabra.