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MEDIA
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Recuerdos
del Chino
Jorge
Morelli
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El
diario brasileño Folha de Sao Paulo publicó el pasado jueves la noticia de que
en octubre de 1993 Alberto Fujimori anuló una licitación de Chavimochic, de 100
millones de dólares, porque descubrió en ella una sobrefacturación de 54
millones de dólares. “Redujimos el costo de la obra en 54 millones de dólares”,
dijo entonces el Presidente a la periodista que vino desde Sao Paulo a
entrevistarlo. Y añadió directamente, en respuesta a su pregunta, que la
empresa contratista “sí, fue Odebrecht”.
La
noticia fue desestimada por los medios de Lima, y solo mereció unas líneas, que
lo honran, del diario Correo. Pero es una ocasión para recordar el gobierno de
Alberto Fujimori.
Muchos no olvidarán nunca el “shock” que en
agosto de 1990 detuvo en seco la hiperinflación. La expresión del entonces premier,
Juan Carlos Hurtado Miller -“que Dios nos ayude”-, es el símbolo de esa decisión
política. Pero lo que pocos conocen es que la decisión no se limitó solo al sinceramiento
de los precios.
Un análisis de El Comercio ayer sobre aquellos
hechos lo destaca. Recuerda que, mpás allá de eso,“quedaron atrás las fuentes
de la hiperinflación: los subsidios, los controles de precios y de divisas, que
distorsionaban los incentivos y la asignación de recursos; el crónico
desbalance fiscal financiado por el BCR; el intervencionismo estatal en todos
los campos de la economía; y, sobre todo, ese concepto que los economistas
llaman “emisión inorgánica de moneda” y que en el Perú recibió el popular
apelativo de la ‘maquinita’. Esto es lo que ha mantenido la inflación a raya desde
entonces.
En 1997 la inflación bajó por fin de los dos dígitos.
El análisis lo atribuye a Julio Velarde, por entonces a la cabeza del equipo técnico
que lo logró. Por fortuna, Velarde conduce hasta hoy el Banco Central de Reserva
y no ha olvidado un ápice de todo eso. Su buen consejo técnico no habría sido
puesto en práctica jamás, no obstante, si no fuera por la decisión política de
Alberto Fujimori, sostenida a lo largo del tiempo hasta convertirla en un
hábito que ningún gobierno posterior se ha atrevido a romper en 27 años.
Cuando hacia el final de su desastroso gobierno,
el humalismo dejó un desbocado déficit fiscal, este gobierno lo tuvo que corregir,
con el respaldo de la opinión pública y del diario EXPRESO.
En ese entonces Fujimori tomó no solo la
decisión política correcta, sin embargo, sino que, para acabar con el peligro
para siempre, consagró en la Constitución principios que nos rigen hasta hoy. Uno,
maravillosamente simple, para poner al Perú a salvo para siempre de todo dirigismo
estatista: “la iniciativa privada es libre”. El otro, operativamente práctico, prohibió
para siempre al Banco Central de Reserva de prestarle dinero al gobierno. Desde
entonces y hasta hoy, quienes conocen de finanzas públicas saben lo que
significa que Fujimori, por primera vez en la historia de la República, tuviera
el valor de ponerle “candado a la maquinita”.
Parece sencillo. No lo es. Esa decisión política
suponía que el Estado peruano pusiera límites a su propio poder. Renunciara libre
y voluntariamente al poder desmedido que, a lo largo de décadas y décadas de la
República, había permitido al gobierno recurrir a este mecanismno maligno cada
vez que, en medio de la desesperación de la crisis económica, necesitaba echar
mano de un dinero inexistente para salir de cualquier modo de la crisis política.
Nadie ha tenido hasta hoy el valor de tomar
decisiones políticas como esas. Limitando su propio poder, Fujimori no solo dio
ejemplo, estableció un parámetro que nos gobierna hasta hoy.
Preso injustamente, Fujimori sigue orientando
a los gobiernos del Perú con sus decisiones. En la soledad de su celda, su retribución
es la eterna gratitud de los peruanos.
REPORTE DE NOTICIAS en Internet
Las siguientes notas periodísticas de
política y economía han sido seleccionadas, editadas y ordenadas
temáticamente. No se las debe citar como
tomadas directamente de sus fuentes originales, las mismas que se indican sólo
como una forma de reconocer el crédito y agradecer la cortesía.
GOBERNABILIDAD, DEMAGOGIA, AUTORITARISMO,
DEMOCRACIA
El Comercio
“Con
este billete, hace cinco años, usted se hubiera podido comprar una casa de
US$40.000”, dijo el entonces primer ministro y titular de Economía, Juan Carlos
Hurtado Miller, en un mensaje a la nación, mientras sostenía un billete de
quinientos mil intis con ambas manos. Buscaba trasmitir, de manera dramática,
la pérdida de valor de la moneda peruana durante el primer gobierno de Alan
García.
Era el
8 de agosto de 1990 y el Perú experimentaba una hiperinflación que carcomía la
economía y mantenía a los peruanos en tensa incertidumbre. Tras anunciar el
temido ‘shock’, una liberalización de precios que disparó el costo de varios
productos de primera necesidad a la estratósfera, el mensaje de Hurtado Miller
terminó con cuatro palabras que pasaron a la historia: “Que Dios nos ayude”.
No se
puede concluir que Dios nos ayudara, pero sí que el regreso a criterios básicos
de racionalidad económica luego de décadas de heterodoxia y distorsiones logró
controlar la rienda de la hiperinflación. Con el ‘shock’ quedaron atrás las
fuentes de la hiperinflación: los subsidios, controles de precios y de divisas
que distorsionaban los incentivos, y la asignación de recursos; el crónico
desbalance fiscal financiado por el BCR; el intervencionismo estatal en todos
los campos de la economía; y, sobre todo, ese concepto que los economistas
llaman “emisión inorgánica de moneda” y que en el Perú recibió el popular
apelativo de la ‘maquinita’.
Pero
el ‘shock’ no se llevó consigo a la inflación de más de un dígito. Al menos no
inmediatamente. Como recordó esta semana el Banco Central de Reserva (BCR), fue
recién en febrero de 1997 que la inflación anualizada bajó hasta 9,4%. Este mes
se cumplen 20 años de aquel logro.
Para
Gustavo Yamada, director del Centro de Investigación de la Universidad del
Pacífico y actual vicepresidente del BCR, el papel de Hurtado Miller fue clave
para el inicio de la estabilización, pero también la de Julio Velarde, actual
presidente del ente emisor.
“Él ha
estado en el directorio desde los años 90 y estuvo en las discusiones para
diseñar la estabilización”, rememora Yamada. De hecho, como ha recordado el
economista Ricardo V. Lago, en 1990 el presidente oficial del BCR, Jorge
Chávez, estaba terminando su doctorado en Oxford, por lo que fue Velarde quien
lideró el equipo que paró en seco la inflación.
Para salir
de la hiperinflación fueron claves el ‘shock’ y las políticas de estabilización
que controlaron el déficit fiscal y apagaron la ‘maquinita’ que lo financiaba.
Pero
llevar la inflación a un solo dígito y mantenerla allí por dos décadas requirió
otras medidas. Según el economista Juan José Marthans, uno de los factores
clave fue la modificación en la ley orgánica del Banco Central de la Reserva
(BCR), que le dio autonomía constitucional a la entidad para que pudiera
manejarse con independencia. “El directorio del BCR estaba aparentemente
politizado”, recuerda Marthans. Desde entonces, lo que ha primado en su
conformación es un perfil con formación económica, especializado en política
monetaria o con experiencia bancaria.
Además,
el trauma de la hiperinflación le dejó al BCR una obsesión. “Nuestro banco
central tiene la particularidad de que solo se preocupa por la inflación”,
explica Diego Macera, gerente general del Instituto Peruano de Economía. Otros
bancos centrales, como la Reserva Federal de EE.UU., tienen mandatos
adicionales, como procurar el pleno empleo.
Finalmente,
un último avance fue establecer metas explícitas de inflación en el 2002, con
lo cual se fija un objetivo de alza de precios conocido por el público. Ello
permite anclar las expectativas inflacionarias.
“Una
de las razones por las que estudié Economía era porque quería entender por qué
los precios subían todos los días. Y no solo algunos precios, sino todos los
precios todo el tiempo”, recuerda Yamada. Ahora, enseña a sus alumnos lo que
hizo el Perú para cortar de raíz con ese problema.
El
Comercio, EFE
El
gobernador encargado de la regulación financiera de la Reserva Federal (Fed),
Daniel Tarullo, anunció hoy que dejará el banco central en abril, una semana
después de que el presidente de EE.UU., Donald Trump, prometiera dar mar ha
atrás a la reforma financiera.
Tarullo, quien fue designado por el expresidente Barack Obama (2009-2017) en
2009, saldrá del banco central estadounidense "en torno al 5 de
abril".
"Dan
lideró el trabajo de la Fed para
crear un nuevo marco que asegurara la seguridad y salud de nuestro sistema
financiero tras la crisis", señaló Janet Yellen, presidenta de la Fed.
Tarullo,
de 64 años, era miembro con voto permanente en las reuniones de política
monetaria del banco central estadounidense. Su salida facilita que Trump
remodele la Fed.
Trump
firmó una orden ejecutiva la pasada semana en la que iniciaba la revisión de la
reforma financiera conocida como "Ley Dodd-Frank", impulsada por el
presidente Obama.
El Comercio
Cómo reactivar la economía
José Carlos Saavedra, director en Apoyo Consultoría
El Caso Odebrecht definitivamente va a afectar el
crecimiento económico y la generación de empleo este año. La situación de
partida no ayuda, pues la economía está débil, y a eso se suma el impacto de
los huaicos en algunas ciudades.
Lamentablemente, el impacto de los escándalos de
corrupción no está limitado a su efecto directo sobre la economía, generado por
la paralización o retraso de proyectos de inversión (que se estima en más de
US$1.000 millones menos de inversión o 0,5% del PBI solo este año). El impacto
indirecto puede ser mucho más importante y duradero debido a la incertidumbre y
la cautela que genera el entorno actual. Hay empresas con buenos proyectos de
inversión que los postergarán porque no saben cómo todo esto afectará sus
negocios. Hay bancos que decidirán no financiar o encarecer el financiamiento
de iniciativas rentables. Hay funcionarios que no firmarán documentos por temer
ser el último eslabón de una cadena de decisiones, cuyo origen podría ser
irregular. La parálisis es la respuesta más probable a un entorno como el
actual.
Esto genera el riesgo de que sigamos creciendo a tasas mediocres, insuficientes
para generar empleo de calidad, ensanchar la clase media y mejorar el bienestar
de las familias. La economía peruana seguirá subutilizando su potencial y esto
generará costos elevados a la sociedad. Varias empresas seguirán operando con
capacidad ociosa, con lo que tendrán poca necesidad de realizar inversiones o
de contratar mayor personal. El mercado laboral seguirá débil y probablemente
la mayoría de personas que ingresen al mercado tendrán que conformarse con un
empleo informal, mal remunerado y sin derechos. Muchos egresados trabajarán
haciendo algo que no rentabilice lo que estudiaron.
¿Qué pueden hacer el Ejecutivo y el Congreso para
evitar que esta mala situación se consolide? Primero, tratar de reducir la
incertidumbre lo más pronto posible. Las empresas, los bancos, los trabajadores
del Estado y la población necesitan separar “la paja del trigo” para poder
subcontratar a una constructora, para poder prestarle a una empresa o para
poder firmar la licitación de una obra pública sin temor a que luego aparezca
un esqueleto en el clóset.
Segundo, se justifica una mayor expansión del gasto
público. El ajuste fiscal del cuarto trimestre del año pasado –intencionalmente
o no– fue muy fuerte e hizo daño a la economía. Pero si hay que ver el vaso
medio lleno, este ajuste fiscal también ha generado espacio para que el
gobierno gaste más, manteniendo la deuda pública en niveles bajos, siempre y
cuando se asegure que este mayor gasto tenga un impacto real en el crecimiento
económico.
Lamentablemente, la experiencia señala que anunciar un
mayor presupuesto no asegura poder gastarlo. Por eso, los esfuerzos deben estar
concentrados en los proyectos de obra pública que tengan todos los estudios
listos para poder ser ejecutados lo antes posible.
Pero además quizá sea momento de evaluar mecanismos
alternativos no convencionales pero más directos para asegurar el impacto en la
actividad económica. Una opción es un programa de incentivos para dinamizar el
mercado de viviendas sociales, nuevas y formales, con mecanismos de mercado, a
través de Techo Propio o incluso Mivivienda (recordemos que, en parte, los
huaicos son muy dañinos debido a la falta de viviendas formales). Otra opción
es dar incentivos a la contratación formal de trabajadores, de manera agresiva
y temporal. La ventaja es que estas dos políticas solo generarían costo fiscal
si es que un peruano tiene una casa nueva y segura, o un nuevo empleo formal, por
lo que el impacto estaría garantizado.
Incrementar más el gasto público probablemente generará
un mayor déficit fiscal en el corto plazo, pero el costo que esto podría
generar es mucho menor al riesgo de dejar que la economía se quede atascada en
un crecimiento mediocre hasta las próximas elecciones.
Peru21
La Comisión de
Fiscalización del
Congreso pediría facultades especiales al Pleno del Legislativo para investigar
el contrato para la construcción del aeropuerto de Chinchero,
en Cusco, durante el gobierno de Ollanta Humala.
Las indagaciones alcanzarían también a la adenda del
referido contrato suscrita días atrás por el gobierno de Pedro Pablo Kuczynski.
El presidente de Fiscalización, Héctor Becerril,
precisó que la próxima semana ese grupo de trabajo debatirá y votará el pedido de
que se indague sobre este tema. “No hay ninguna duda de que hay irregularidades
en el contrato, hay indicios gravísimos de corrupción porque nadie entrega una
obra a concesión por cuarenta años a una empresa privada”, comentó Becerril.
Consultado
sobre el eventual respaldo del fujimorismo a la moción de interpelación contra
Vizcarra, Becerril respondió escuetamente que este asunto será analizado la
próxima semana. Otras fuentes del grupo naranja revelaron a este diario que no
habría consenso aún para respaldar una interpelación contra el primer
vicepresidente.
El
vocero de Acción Popular, Yonhy Lescano, por su parte, informó que su grupo
evalúa presentar una moción de censura contra Vizcarra.
El Comercio
La decepción al cuadrado
Carlos Meléndez
(…)
…la indignación silente del peruano promedio.
Somos una suerte de perdedores profesionales de la política, hemos normalizado
la decepción. Nos es inevitable. La constatación recurrente del fraude ya no
hiere sino profundiza la desafección. No hay odio, sino indiferencia. El
escándalo se convierte en la broma de moda y da paso al olvido, esa estrategia
cotidiana de supervivencia que nos lleva a perder nuestra capacidad de
reivindicación cívica. Nuestra clase media –colectivo que normalmente se moviliza
por causas republicanas como la “anticorrupción”– no le debe su ubicación de
clase al Estado ni a la política. Por lo tanto, no hay reclamo sino
comprobación: “Todos son iguales” y es mejor no comprarse el floro electoral de
cada cinco años.
Esta seguidilla de estadistas corruptos no va
a generar necesariamente la oportunidad política para un candidato antisistema
tradicional. Para el ciudadano promedio no está en cuestión el “modelo” –a
pesar de que no ha mostrado superioridad en prevenir la corrupción–. Tampoco
está ávido de un moralizador que inyecte ánimo ante la escasez de ideas. Malas
noticias para Verónika Mendoza y Julio Guzmán, respectivamente. Más bien se
abre la cancha para la posibilidad del retorno del pragmatismo clientelar. Es
decir, para quien reparta la torta con más eficiencia y cinismo. En una
sociedad donde la coima se ha institucionalizado –faenón para los de arriba,
clientelismo para los de abajo–, el populismo está más cerca que la
regeneración de la clase política.
