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Golpe
y contragolpe
Jorge
Morelli
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Luego de
un golpe y un contragolpe en el mismo día, de los tres planes políticos en
marcha ha prevalecido por el momento el plan caviar: sacar a Castillo para
poner a Boluarte, copar el Estado y quedarse hasta el 2026. Esto es, sin
adelanto de elecciones.
En
segundo lugar, el alambicado plan de la oposición, que consistia en vacar a
Castillo y sacar a Boluarte para poner en Palacio al presidente del Congreso,
José Williams -héroe de Chaví de Huantar- y convocar a elecciones adelantadas,
no es imposible aun, pero tenía fecha de caducidad. La ventana de
oportunidad se abría solo después de sacar a Boluarte, porque un país que ha atravesado
ya tres vacancias presidenciales en cinco años, dificilmente va a tolerar una
cuarta vacancia express.
El tercer
plan es el del Eje La Habana-Caracas-Evo-Cerrón. Consiste en sacar a Castillo,
a Boluarte y a Williams para generar el caos o, como ellos dicen, las condiciones
objetivas para la captura del poder. La falla crucial en ese plan no es solo que está fuera de la democracia, la
Constitución y el Estado de Derecho, sino que es inviable sin las fuerzas
armadas. En los últimos días ha quedado claro por fin, en cambio, que el Eje no ha podido
controlar a las fuerzas armadas. El Perú no es, pues, Cuba, ni Venezuela, ni
Bolivia.
Por eso mismo es que el plan del Eje -urdido por la inteligencia cubana- se adelantó a precipitar el escenario del golpe, para que hubiera un contragolpe.
Con 48 horas en el gobierno -no en el poder- Boluarte no ha hecho otra cosa que marchar con los militares y reunirse con bancadas del Congreso para hacer ver que esto es lo que sostiene a su gobierno, porque el Ejército no cayó en la trampa.
Este es el momento crítico. Si el conflicto incendia la pradera en el sur, el Perú puede caer en la órbita de La Habana y Caracas, que tiene detrás a Rusia y la guerra en Ucrania por el control de los mismos recursos naturales que el Perú abastecerá a la economía global del siglo XXI.
Esta no
es una guerra ideológica, ni étnica. Es una guerra por el control de la energía
y los recursos para distribuirla y transmiirla -cobre, oro, plata, litio- que
el Eje pretende disfrazar como un conflicto étnico de siglos para movilizar al
sur del Péru hacia la captura del poder.
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Cómplices
en
la
mentira
Jorge
Morelli
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Como hace 30 años, en 1992, el proyecto de ley del Presupuesto ha vuelto a ser el foco del conflicto de poderes. El Ejecutivo presentó su proyecto en setiembre, el Legislativo le añadió mil millones de soles que no estaban financiados.
Finalmente hubo acuerdo y la sangre no llegó al rio. Y esta vez sin aumentar el Presupuesto, gracias a las reglas establecidas en la Constittición del 93. La Constitución prohibe que el Presupuesto esté desbalanceado en sus ingresos y sus gastos. Y dispone también que, si para el 30 de noviembre no se ha aprobado la Ley de Presupuesto, entra en vigencia automáticamente el proyecto enviado por el Ejecutivo en el mes de setiembre. La Constitución prohíbe, además, la “iniciativa de gasto” al Congreso. Solo el Ejecutivo la tiene.
Esta vez, el Congreso trató de forzar al gobierno a financiar un gasto adicional sustrayéndolo de la llamada “reserva de contingencia”, una partida del Presupuesto de la que el Ejecutivo echa mano ante una emergencia previsible, ante un desastre natural u otra contingencia (un paro del sector público por aumentos salariales). Hay una reserva de contingencia “natural” y otra “social”. El viejo truco de la oposición es el mismo todos los años: dejar al Ejecutivo sin reserva de contingencia para forzarlo a aumentar el Presupuesto -en mil millones de soles hoy, por ejemplo- para hacer lugar así a las demandas de los representantes de la oposición.
En esta danza anual el Ejecutivo tiene hoy la sartén por el mango. Lo divertido de la farsa es que ambas partes saben que, salvo el pago de sueldos y salarios del Estado -que es sagrado-, el Presupuesto no llegará a ejecutarse en su totalidad, sino -digamos- solo en un 50 o un 75 por ciento en el mejor de los casos. Sucede que la capacidad de ejecución de inversión es tan pobre que el dinero al final no se gasta o se gasta mal para no devolverlo al Tesoro. No hablemos ya de inversión.
Este ballet
es un secreto en el que ambas partes -gobierno y oposición- son cómplices. El
gobierno para no desatar una guerra con las regiones y municipios. La oposición,
para no presentarse con las manos vacías en las elecciones siguientes y poder así
echarle al culpa al gobierno de no haber hecho nada por el pueblo.
Nadie se
engaña, todos mienten. Y disfrazados anualmente en el carnaval del Presupuesto esconden
su complicidad en esta mentira que el pueblo paga.
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La
madre de la corrupción
es
la marea global de dinero
Jorge
Morelli
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En las
últimas décadas se ha globalizado la corrupción junto con las comunicaciones, los
mercados y las monedas.
La
corrupción se ha globalizado al mismo tiempo en el ámbito público y en el privado,
tanto en el mundo emergente como en el desarrollado. La madre ha sido la
disponibilidad global ilimitada de dinero, un océano de crédito a bajísima tasa
de interés, que en los últimos 30 años convirtió en artificialmente viables un
vasto número de megainversiones estatales, privadas y público-privadas que no
eran necesarias y que habrían sido económica y financieramente imposibles de
otro modo.
En el
Perú, la refinería de Talara y el Gasoducto del Sur son casos emblemáticos.
El desarrollo es como la agricultura, no es una
máquina por destrabar. Pero se impuso la narrativa falsa de la supuesta liberación
de fuerzas productivas trabadas por intereses creados. Así se gestó en el mundo
emergente -el latinoamericano especialmente- una agenda orientada por la
decisión política y no por el mercado, ajena a la realidad y financiada con
recursos públicos y la complicidad mercantilista privada.
El
mecanismo de la corrupción instaló luego, país por país, sus cuatro patas hoy
ya conocidas por todos: la lista de los megaproyectos, los clubes de la
construcción, los operadores de la gestión para que las obras fluyan y,
finalmente, el financiamiento electoral de los partidos políticos que llegarían
al poder para que el ciclo recomenzara mientras la farsa del carnaval
democrático continuaba.
El proceso
perverso de la corrupción tiene raíces locales en todas partes, pero habría
sido imposible sin la marea de dinero barato que el sistema financiero global
generó para colocarlo luego a como diera lugar en proyectos inviables y papeles
sin valor ante los ojos de la ciudadanía asombrada por el truco de magia.
Los
síntomas se presentaron ya a inicios de los 80, el colapso de la deuda
impagable de América Latina trajo consigo la explosión de la corrupción, el
populismo y la demagogia en la región y fuera de ella la complicidad del
sistema financiero. Luego llegarían las burbujas globales, que se sucedieron
unas a otras hasta el colapso de la de 2008, la mayor de todas hasta esa fecha.
Lejos de frenar
la marea de dinero, la crisis de 2008 la multiplicó. Evitar la destrucción del
aparato productivo fue la consigna. Fue el precedente también del gasto público
en subsidios masivos durante la pandemia global de 2020 para impedir nuevamente
“la destrucción del aparato productivo”. Tampoco hubo críticos. Esto fue asumido
con resignación como un mandato moral en todas partes.
Hoy, la
inflación consecuente no deja a los bancos centrales otra salida que parar la
marea de dinero como sea. Sin el consuelo ya del discurso liberal de Thatcher y
Reagan siquiera, el alza brutal de la tasa de interés de la Fed está
destruyendo el aparato productivo. Ya no hay más remedio desde que esto no se
hizo de manera ordenada cuando se pudo.
Si el
mecanismo enfermo de la corrupción no se detiene hoy, la economía global seguirá
recayendo en el colapso de burbujas cada vez mayores y habrá más guerras
comerciales, monetarias y reales por el control de los recursos naturales.
Parece evidente
hoy la necesidad de un nuevo Bretton Woods que siente las bases para la economía
global del siglo XXI -como lo hizo Keynes en 1944 para la segunda mitad del
siglo XX-. El fundamento de este segundo Bretton Woods será un retorno al “patrón
oro”: atar las monedas globales al oro o a lo que haga sus veces en el futuro, lo
que permitirá una salida ordenada de la ficción del “patrón-dólar” y el restablecimiento
de un refugio global para el valor económico.
El
proceso que ha asolado la economía mundial por 50 años nació de la decisión política
de Richard Nixon de romper el vínculo del dólar con el oro a la tasa fija de 35
dólares por onza de oro. A causa de la marea de dinero que eso generó, hoy esa
misma onza de oro vale 1,700 dólares. En el camino de este proceso la
corrupción estalló para escapar luego de todo control.
No hay
que equivocarse. La corrupción es parte de la naturaleza humana. Si no se la
mantiene a raya, toma todas las instituciones. Castigar ejemplarmente a todos y
cada uno de los corruptos, sin embargo, no acabará con ella. No basta. Si el agua
se cuela dentro del bote, repara el casco, no culpes al agua.
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El
invitado de piedra
Jorge
Morelli
@jorgemorelli1
El Ministerio de
Trabajo ha creado un grupo de trabajo para reformar el Seguro Social (EsSalud).
Esta decisión política sorprende por el carácter público-privado de la composición
del grupo y por provenir justamente del ministerio autor de dos inciativas
populistas nocivas, la que limita la tercerización y la que promueve la
sindicalización.
El grupo de trabajo para
la reforma de EsSalud -al que Confiep ha dado la bienvenida- está conformado
por trece apóstoles. Siete provienen del Estado -incluido su presidente, el
ministro de Trabajo- y seis del sector privado, si se considera privado al
Seguro Social. Como debería, puesto que sus dueños son los pensionistas y no el
Estado.
Los siete del sector
público pertenecen al Ministerio de Trabajo. Los seis restantes, los del sector
“privado”, provienen de EsSalud. Dos representan a los empleadores (uno de la
mediana y gran empresa y otro de la pequeña y la micro); otros dos representan a
los trabajadores y pensionistas (obsérvese que los pensionistas, los verdaderos
dueños, tienen así un representante de un total de trece); y, finalmente, dos
representan a EsSalud.
El grupo de trabajo
puede, además -esto es discrecional- invitar a representantes de otras
instituciones públicas y privadas, y pedir asistencia técnica a la Organización
Internacional del Trabajo (OIT), y la Organización Iberoamericana de la
Seguridad Social (OISS). La secretaría técnica del grupo está, desde luego, a
cargo del Ministerio de Trabajo.
La función del grupo de
trabajo para la reforma del Seguro Social es elaborar un diagnóstico del estado
situacional de EsSalud y proponer lineamientos para su reforma. El grupo se
instala este 25 de noviembre y dispone de 60 días hábiles para producir su
informe.
Reformar la Seguridad
Social es una de las prioridades hoy no solo en el Perú, sino en el mundo. Sin
duda, un equipo público-privado verdaderamente paritario podría hacer un gran trabajo en ese objetivo. Pero los
indicios apuntan a otra parte. No cabe duda de que el Estado prevalecerá en él.
Es por eso mismo que , hasta los 90, el Seguro fue y vuelve a ser hoy el
organismo híbrido -ni publico ni privado- que por décadas permitió su saqueo.
También en esta
ocasión la participación privada -es decir, la que sería estrictamente tal- se
limita a ser la de un invitado (de piedra), cuya presencia es prescindible.
Ese es la
responsabilidad de la izquierda peruana. No importa de qué índole o magnitud
sea la iniciativa de un proyecto ni de dónde de provenga, para el pensamiento de
izquierda el protagonismo debe hallarse en manos del Estado. El
sector privado es un intruso, un estorbo sospechoso, al que hay que vigilar. Es
la empresa en el Perú, no el Estado, la que tiene un rol subsidiario en la
economía.
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Ni
vacancia ni disolución
Jorge
Morelli
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Las marchas
le han arrebatado limpiamente a la izquierda el monopolio de la calle, que tuvo
por 40 años.
Este es
un logro tan fundamental en sí mismo que resulta un error atarlo al objetivo ya inútil de
una tercera vacancia de la Presidencia.
Ho se se
comprende por fin que sería un gravísimo error remover inconstitucionalmente al
presidente mediante un golpe de la calle.
Pero es una
sátira amarga que, habiendo vacado la Presidencia ya dos veces en los últimos
cinco años, no se entienda que eso no ha servido para corregir ni uno solo de los
males del país y que hayamos descendido cada vez un peldaño más en dirección a un
peor estado de cosas.
Castillo
está en el gobierno, no en el poder. Cerrón se las arregla para recuperar espacios
cada vez que Castillo echa del gabinete a uno de sus hombres-cuota. Si de desestabilizar
se tratara, la censura ministerial sistemática sería un objetivo político para
el Congreso. Pero no basta desestabilizar por desestabilizar. La oposición debería
haber entendido cinco años atrás que el pueblo no acepta una discusión
bizantina cuando el hambre está en las puertas.
Los tres
movimientos políticos actuales: la izquierda, el liberalismo y la derecha -de
partidos ya ni hablemos- comparten el mismo error; su absoluta incapacidad de autocrítica.
Ninguno tiene nada que proponer.
La
izquierda empuja por enésima vez su revolución rancia, esta vez desde el
gobierno, sin ser capaz de preguntarse siquiera por qué sus intentos desembocan
una y otra vez en la misma pesadilla.
La
derecha plantea un listado de lavandería inorgánico para volver al estado de
cosas anterior a este desastre, como si eso fuera aceptable como programa. No
hay vuelta atrás.
El
liberalismo repite mecánicamente que el mercado resuelve sus fallas por sí
mismo. Eato, ante el fracaso clamoroso de los organismos reguladores constitucionalmente
empoderados para defender al ciudadano no solo ante la empresa privada sino
ante el Estado. El modelo económico falló porque las reguladoras fallaron, ya
sea por debilidad o complicidad con el mercantilismo público-privado. Contradiciendo
la esencia misma del liberalismon, ninguno de los centros privados de
pensamiento liberal dijo nada.
Y ahora,
como toda respuesta al intento de vacar por tercera vez la Presidencia, el
gobierno amenaza al Congreso con disolverlo con el viejo truco de la “negación
fáctica”.
En
América Latina, en el Perú especialmente, el conflicto de poderes se ha exacerbado.
Nadie escucha al otro y cada uno repite a gritos como un mantra su propia media
verdad, su mentira. Ambos lados esgrimen su bala de plata en una guerra de
trincheras en la que ya nada se mueve. Comienzan a sospechar que, como en toda guerra
fría, no habrá un ganador sino dos perdedores.
Qué va a
pasar, pregunta el ciudadano. No va a pasar nada. No habrá vacancia de la
Presidencia ni disolución del Congreso.
Cada vez
está más claro que la única salida de este entrampamiento es una tregua que
permita una convivencia hasta que sea posible el salto cualitativo para escapar
de la trampa de la democracia de baja gobernabilidad.
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¡Voluntariamente!
Jorge
Morelli
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Precisamente porque la invasión del tajo de Chalcobamba por la comunidad de Huancuire es hoy el más extremo de los conflictos mineros, es al mismo tiempo el caso emblemático a resolver en primer lugar.
Los comuneros de Huancuire han montado allí una operación minera
informal de pequeña escala en busca de cobre. Eso no es una solución para el
Perú, aunque lo sea para ellos. Lo que el Perú necesita ahí es una explotación de
gran escala, que permita abastecer la enorme demanda mundial de cobre que
vendrá en el siglo XXI, y que solo una gran empresa moderna -como la minera china
de Las Bambas- puede realizar.
Pero está claro que el caso tendrá que ser negociado pacíficamente para que los comuneros abandonen Chalcobamba voluntariamente. Es imposible hoy pensar en el uso de la fuerza pública para echarlos. Ese camino supone el peligro de pérdida de vidas humanas. Ningún gobierno tomará una decisión como esa, que generaría una interminable cadena de procesos penales. Este gobierno menos que ninguno.
Los comuneros lo saben. Lo que argumentan es que las 1,900 hectáreas del tajo de Chalcobamba fueron efectivamente vendidas por la comunidad de Huancuire a la empresa minera en 2013 y 2017 en 220 millones de soles. Es decir, se pagó 12 soles por metro cuadrado.
¿Fue un acuerdo equitativo? ¿Lo han sido acaso las transacciones
en que las empresas mineras han tenido que comprar hasta cinco veces la misma
tierra -como me confesó una fuente- engañadas por quienes tienen la superficie,
cuando estos tomaron conciencia del valor exponencialmente mayor de lo que
había debajo de ellas? ¿Es esta una manera transparente de negociar? ¿Hasta cuándo
va a continuar este mutuo engaño en el que unos compran por menos y otros no venden
sino a medias? ¿Así se formaliza la propiedad de la tierra? Este es un problema
político de primer orden y necesita una solución política de primer orden. No
es un asunto policial ni un pleito judicial como lo fue en otro siglo.
Precisamente por ser un tema político, el Perú tiene la oportunidad
de plasmar un nuevo modelo y sentar un precedente para resolver los conflictos mineros
no solo peruanos sino globales. Un modelo que permita destrabar los recursos
naturales hoy bloqueados en todo el planeta por quienes controlan la superficie
sobre ellos, pero no permitirán sacarlos hasta que exista una solución que las partes
encuentren equitativa.
Esa solución comienza por establecer objetivamente el valor de la
tierra sobre los recursos. Eso no lo puede decidir quien tiene el control de la
superficie, ni la empresa que tiene la concesión del recurso natural debajo, y menos
el Estado. Eso solo puede determinarlo el mercado global, no el mercado local. Solo
así ese valor podrá ser equitativo y aceptado por las partes. Cuando el precio
de la superficie pueda variar día a día junto con el precio de bolsa del
recurso natural debajo, allí no habrá ya ningún espacio para el conflicto.
Dotar a esas tierras de papeles que representen fehacientemente su
valor para las bolsas mundiales es lo que hace falta y, por difícil que esto pueda
parecer, ya no lo es hoy con la tecnología digital disponible.
Es lo que De Soto propone y lo que los comuneros de Huancuire le
piden hoy explicar en la propia China al propietario de la mina de Las Bambas, el
Estado chino. Suponer, en cambio, que De Soto se presta a legitimar los
intereses de unos invasores ilegales de tierras de la empresa o, peor aun, que
lo hace para su propio beneficio engañando a los comuneros, o que, a la
inversa, es víctima de una trampa astuta de los invasores que deberían ser desalojados por la fuerza
pública, muestra una estrecha visión de túnel como toda respuesta a la principal
de las trabas que mantienen al Perú atado a la miseria.
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