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MEDIA COLUMNA
El magistrado valiente
Jorge Morelli
@jorgemorelli1
jorge.morelli1@blogspot.com
El magistrado Ernesto Alvarez está dando una solitaria batalla. Ha denunciado
que una mafia quiere controlar la Fiscalía.
Una mafia que, aparentemente, se apoderó primero del gobierno regional de Ancash,
lo que la Fiscalía por años omitió denunciar hasta que, inevitablemente, generó
en una ola de crímenes que tiene asombrado al país y ha desembocado finalmente en
el asesinato de un consejero regional y, luego, incluso del sicario que lo asesinó.
Lo que el magistrado Alvarez está dando a entender es que el tinglado armado
en el Consejo de la Magistratura para desembarcar fiscales opositores y
embarcar a otros complacientes no tenía otro propósito que elegir como Fiscal
de la Nación a la persona que garantizaría la continuidad de ese estado de
cosas en la Fiscalía.
El editorial de El Comercio de hoy advierte que el nombramiento del nuevo
Fiscal de la nación “ha pasado por una historia suficientemente sospechosa como
para que, unido a varias serias acusaciones de su pasado como fiscal, no le
permita asumir el puesto con la legitimidad que este requiere”. No se puede
decir más claro y fuerte. La prensa se está jugando la credibilidad en esto.
Cuando tres magistrados del Tribunal Constitucional resolvieron tomar
cartas en el asunto lo hicieron para anular el nombramiento de las dos fiscales
cuyos votos decidieron la elección del Fiscal de la Nación. Por votar como lo hicieron,
los tres magistrados –Ernesto Alvarez entre ellos- están siendo denunciados constitucional
y penalmente por el Consejo de la Magistratura. Argumentan que la sentencia del
Tribunal es un “golpe de Estado”.
Más gravemente aun, si cabe, el Tribunal se prepara ya para ponerse de
rodillas vergonzosamente y “rectificar” su propia sentencia –así lo ha dicho su
pusilánime presidente- desautorizando la sentencia del magistrado Alvarez y los
otros dos magistrados y alineando al Tribunal también con los intereses –sean lo
que sean- que coparon primero el gobierno regional de Ancash, se apoderaron luego
de la Fiscalía y después del Consejo de la Magistratura para perpetuarse en la
Fiscalía.
Si también el Tribunal Constitucional cayera en esas redes, solo quedará el
Congreso para poner alto a esta cadena de ilegitimidades, como la llama El
Comercio.
En la ciudadanía ya ha tomado forma una corriente de opinión que exigirá,
cada vez más fuertemente, que el electo Fiscal de la Nación no asuma el cargo.
He escrito muchas veces la opinión de que estas tres instituciones que hoy
se disputan el poder sin escrúpulos –el TC, el CNM y la Fiscalía- nunca
debieron existir, nacieron del despojo de la Corte Suprema y deben ser parte de
un verdadero sistema de justicia bajo la autoridad de la Corte Suprema.
Pero está claro que, en lo inmediato, es forzoso respaldar al único que está
dando la batalla, mostrando el trasfondo de esta historia y diciendo valientemente
lo que cree: el magistrado del Tribunal Constitucional Ernesto Alvarez.
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